TA CAQ - 18001-33-33-004-2018-00640-01-(05-05-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, mayo cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Elver Andrés Muñoz Valencia y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-004-2018-00640-01

Tema: Privación Injusta de la libertad.

Acta número 34.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 29 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Jefferson, Shirley y Elver Andrés Gutiérrez Muñoz; Estefanía Cortés Ríos, Jhoan Alexis Gutiérrez Cortés, Blanca Evila Muñoz Valencia, y Lucely Valencia Muñoz a través de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C. 1, archivo 01, pág. 100-112.Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Jefferson Gutiérrez Muñoz y otros

1 C. 1, archivo 01, pág. 100-112.Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Jefferson Gutiérrez Muñoz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

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1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Jefferson Gutié rrez Muñoz, desde el 17 de abril de 2015 hasta el 28 de noviembre de 2017, dentro del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de acto s sexuales violentos en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, que culminó con sentencia absolutoria del 28 de noviembre de 2017.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Según informe de Policía Judicial, el día 16 de abril de 2015 mientras la señora Dulfenis Trujillo Cabrera se encontraba en vía pública del barrio La Amazonia de Florencia, en compañía de sus tres menores hijos, fue abordada por dos sujetos quienes la intimidaron con arma blanca, la despojaron de sus pertenencias, la obligaron a retirarse su ropa interior la cual fue tomada de forma morbosa por

Florencia, en compañía de sus tres menores hijos, fue abordada por dos sujetos quienes la intimidaron con arma blanca, la despojaron de sus pertenencias, la obligaron a retirarse su ropa interior la cual fue tomada de forma morbosa por los agresores, y además le realizaron tocamientos en sus senos.

1. Al percatarse de la presencia del esposo de la víctima, los sujetos armados emprendieron la huida por caminos diferentes, sin embargo, la comunidad logró interceptar a uno de los presuntos delincuentes, aprehendiéndolo hasta la llegada de agentes de Policía, quienes procedieron con la captura en flagrancia.

1. Para ese día, el señor Jefferson Gutiérrez Muñoz presentaba una limitación física en su pie izquierdo y debía desplazarse con el apoyo de muletas.

1. El 17 de abril de 2015 , se realizaron ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia con Funciones de Control de Garantías, las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. El juez decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia ; no obstante, el demandante siempre manifestó su inocencia, sin que se haya logrado acreditar algún comportamiento que ameritara un juicio de reproche en su contra.Sentencia de segunda instancia

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Demandante: Jefferson Gutiérrez Muñoz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

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1. Una vez formulada la acusación y desarrollada la audiencia preparatoria, el 28 de noviembre de 2017 se realizó la audiencia de juicio oral, en la que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia con funciones de conocimiento decidió absolver al señor Jefferson Gutiérrez Muñoz, y por tanto, ordenar su libertad inmediata.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación.2

Argumentó que i) la imposición de la medida de detención en el lugar de residencia, estuvo soportada en los requisitos que exige el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que las pruebas aportadas hasta ese momento suponían una inferencia razonable de participación en el delito de parte del capturado, quien podría resultar pe ligroso para la víctima y la sociedad misma ; ii) fue el juez quien analizó si la medida cumplía los fines previstos por la ley para justificar su imposición, por lo que el papel del ente fiscal se limitaba a elevar la solicitud para que el juez con funciones de control de garantías decidiera sobre la privación de la libertad del demandante; iii) no se encuentra acreditada falla en el servicio, en la medida en que la actuación de la Fiscalía General de la Nación, desde un principio, estuvo fundada en los ele mentos materiales de pruebas que acreditaban la inferencia razonable, por tanto, dicha entidad cumplió con la carga pro cesal; iv) en cuanto a la

en la medida en que la actuación de la Fiscalía General de la Nación, desde un principio, estuvo fundada en los ele mentos materiales de pruebas que acreditaban la inferencia razonable, por tanto, dicha entidad cumplió con la carga pro cesal; iv) en cuanto a la discapacidad a la que se hace alusión en la demanda, refiere que no existe prueba siquiera sumaria de ello, por lo que debe descartarse cualquier aceptación de dicha situación; y v) no existe sustento para la pretensión de indemnización por concepto de daño a la vida de relación, en tanto dicho perjuicio debe estar soportado en la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, sin embargo, no existe prueba alguna de ello.

Propuso las excepciones de «falta de legitimación por pasiva»; y «medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta (Ley 906 de 2004)».

2 C1, archivo 01, pág. 140.Sentencia de segunda instancia

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1.2.2. Rama Judicial.3

Sostuvo que i) la actuación del juez de control de garantías se concretó en decretar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente recaudada, como garantía del cumplimiento de los fines previstos en el artículo 250 de la Constitución

medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente recaudada, como garantía del cumplimiento de los fines previstos en el artículo 250 de la Constitución Política; ii) las audiencia s se realizaron con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del procesado; y iii) en la etapa de conocimiento, el Juez Segundo Penal del Circuito decidió absolver al demanda nte por la solicitud perentoria de la misma fiscalía al evidenciarse un proceso huérfano de pruebas.

Propuso las excepciones de «inexistencia de perjuicios», «inexistencia de nexo de causalidad» y «culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero».

1.3. Sentencia de primera instancia.4

En sentencia de 29 de junio de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por las entidades demandadas, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR solidariamente responsables administrativa y patrimonialmente a la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL , por los perjuicios causados al señor JEFFERSON GUTIERREZ MUÑOZ , por la privación injusta de la libertad de que fue objeto, conforme a lo demostrado en la presente litis, en las circunstancias y proporciones señaladas en las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la

conforme a lo demostrado en la presente litis, en las circunstancias y proporciones señaladas en las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes, los siguientes conceptos:

• En la modalidad de daño moral:

3 C1, archivo 01, pág. 126. 4 C1, archivo 12.Sentencia de segunda instancia

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• Daño Material en la modalidad de lucro cesante

En favor del señor TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($30.356.384,84), a favor del señor JEFFERSON GUTIERREZ MUÑOZ.

CUARTO: la parte demandante podrá perseguir el pago del 100% de la condena impuesta en esta sentencia ante cualquiera de las entidades demandas, con la prevención de que la entidad que pague la totalidad de la condena podrá repetir contra la otra, de conformidad con los siguientes porcentajes, 50% a cargo de la Fiscalía General de la Nación y 50% a cargo de la Rama Judicial.

QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones

contra la otra, de conformidad con los siguientes porcentajes, 50% a cargo de la Fiscalía General de la Nación y 50% a cargo de la Rama Judicial.

QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuesta en la parte motiva de la presente sentencia.

(...)

Luego de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable, procedió a desatar el caso concreto. Para tal efecto, examinó cada uno de los elementos así:

1. Del daño antijurídico.

Lo encontró demostrado, toda vez que según la certificación expedida por e l Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia, Jefferson Gutiérrez Muñoz estuvo privado de la libertad por espacio de 2 años, 7 meses y 11 días.

Así mismo, determinó que la absolución decretada en favor del demandante le otorga la connotación de antijurídico al daño sufrido por la pérdida de su libertad en la medida que no estaba obligado a soportar esta carga.

1. La imputabilidad al Estado y nexo de causalidad.

El a quo sostuvo que, si bien en la etapa preliminar tan solo es exigida inferencia razonable de la comisión del delito para la procedencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que con posterioridad se desarrolló la etapa de juicio, en la cual se solicitó la absolución del procesado al no contar con elementos materiales de pruebas, es decir, no se probó la responsabilidad penal, lo que generó que la privación de la libertad fuera injusta sin necesidad de hacer un análisis de las actuaciones de cada uno de los funcionarios de las entidades a título de falla en el servicio, porque lo que se reprocha es la imposición de una

responsabilidad penal, lo que generó que la privación de la libertad fuera injusta sin necesidad de hacer un análisis de las actuaciones de cada uno de los funcionarios de las entidades a título de falla en el servicio, porque lo que se reprocha es la imposición de una carga que la persona no estaba en la obligación de soportar porque no se desvirtuó la presunción de inocencia que lo amparaba.Sentencia de segunda instancia

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A continuación, procedió determinar a qué entidad le era imputable la responsabilidad. Indicó que tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación deben indemnizar a los demandantes, toda vez que la primera fue la que tomó la decisión privativa de la libertad y la segunda allegó los elementos de pruebas con los cuales el juez de control de garantías consideró la imposición de la medida.

1. Perjuicios.

Sostuvo que -) por acreditarse la calidad en la que comparecen los demandantes, procede el reconocimiento de los perjuicios morales dentro de las límites que establece la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por el Consejo de Estado ; -) no así el reconocimiento del daño a la vida de relación y bienes con stitucionalmente protegidos, como quiera que no existen pruebas sobre su causación; y -) el lucro cesante debe ser reconocido a partir de la presunción de que el actor devengaba un salario mínimo por

como quiera que no existen pruebas sobre su causación; y -) el lucro cesante debe ser reconocido a partir de la presunción de que el actor devengaba un salario mínimo por concepto de prestaciones sociales por espacio de 2 años, 7 meses y 11 días que estuvo privado de la libertad.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1. Rama Judicial.5

Manifestó que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía fueron conducentes inicialmente para demostrar que el demandante era el responsable de los delitos de actos sexuales violentos en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.

Recordó que el caso se consolidó en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo que quiere decir que la Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento y, d esde el punto de vista subjetivo, la medida se mostraba necesaria, comoquiera que se vislumbraba que se cumplía con lo reglado en el artículo 308 ibidem, esto es, que de todos los elementos probatorios y evidencia física se podía inferir razonablemente que el imputado podía ser el autor de la conducta delictiva y que no comparec ería al proceso, pues se trataba de «una pena alta». Adicionalmente, consideró que las actuaciones del juez de control de garantías se ajustaron a derecho y ninguna responsabilidad s e le puede endilgar, de modo que el pago de la indemnización debe recaer únicamente en la Fiscalía General de la Nación.

5 C1, archivo 16.Sentencia de segunda instancia

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5 C1, archivo 16.Sentencia de segunda instancia

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1.4.2. Fiscalía General de la Nación.6

Aseguró que la sentencia de primera instancia no realizó un análisis de fondo a la actuación del ente acusador, de manera que se acreditara que la solicitud ante el juez de control de garantías se fundó en criterios ilegales, irrazonables o injustos.

Insistió en que su actuación se contrajo a solicitar al juez de control de garantías la legalización de la captura y de la medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en centro carcelario , con fundamento en el material probatorio aportado en su momento y que daban una base razonable a la inferencia de la responsabilidad del demandante, aunado a que su captura en flagrancia evidenciaba con alta probabilidad su relación con la conducta punible imputada.

Resaltó que la simple solicitud de detención que realiza la Fiscalía General de la Nación no ata al juez, pues le corresponde analizar si se cumplen los requisitos y en su sana crítica y autonomía jurisdiccional, acoger o no la petición del ente investigador.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 4 de abril de 2022, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por ambas entidades contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por

Mediante el auto proferido el 4 de abril de 2022, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por ambas entidades contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia .7 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

6 C1, archivo 14. 7 C2, archivo 03.Sentencia de segunda instancia

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General d e la Nación y la Rama Judicial s on extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jefferson Gutiérrez Muñoz.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) análisis de la Sala. Caso concreto; iv) conclusión; y v) costas.

2.3. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad. Marco normativo y jurisprudencial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.8

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros9.

en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros9.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 9 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.Sentencia de segunda instancia

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Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201810 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que s e estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionad a de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 11 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcion ario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 12-13. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima14.

De conformidad con lo anterior, la Cor te Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la decla ración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin

objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».15

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de aus encia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 16 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños der ivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

10 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 11 Ibídem. Acápite 117 y 118. 12 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 13Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad]

definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 14 Ibídem. Acápite 124. 15 Ibídem. Acápite 105. 16 Ibídem. Acápite 106.Sentencia de segunda instancia

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En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se apli que, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación:17

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio l ugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el

los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención’.

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…).

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libe rtad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un d año antijurídico imputable a la administración.

17 Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E), 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001 -23-31-0002011-00029-01(50173).Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Jefferson Gutiérrez Muñoz y otros

2011-00029-01(50173).Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Jefferson Gutiérrez Muñoz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-004-2018-00640-01

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En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C -037 de 1996 y SU072 de 201818, el Consejo de Estado19 ha mencionado que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica sub