TA CAQ - 18001-33-33-004-2018-00722-01-(23-11-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

SALA CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR Página 1 de 17

Florencia, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2.022)

Sentencia No. 164

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 18001-33-33-004-2018-00722-01

Demandante: Deivis de Jesús Navarro Castro

Demandado: Nación – Mindefensa – Armada Nacional Sistema e Instancia: Oral – Segunda Instancia Tipo de expediente: Físico Acta No.: 72 de la fecha

Tema: Infante de Marina Profesional retirado del servicio por facultad discrecional del comandante de la fuerza.

ASUNTO.

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 30 de junio de 2020, mediante la cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, conforme a la facultad de proferir decisiones atendiendo a la naturaleza de los asuntos, otorgada en el artículo 1151 de la Ley 1395 de 2010.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA2.

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la OAP No. 0841 del 25 de julio de 2018, por el cual se retira absolutamente del servicio al

I.1. LA DEMANDA2.

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la OAP No. 0841 del 25 de julio de 2018, por el cual se retira absolutamente del servicio al Infante de Marina DEIVIS DE JESUS NAVARRO CASTRO, y la nulidad de la comunicación de fecha 25 de julio de 2018.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene el reintegro del actor al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría, ordenando el pago de todos los emolumentos salariales, prestacionales, de seguridad social e indemnizatorios dejados de

1 Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. 2 Folios 1 al 32 del cuaderno principal No. 1 -Físico-Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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cancelar desde el momento del retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, sin solución de continuidad.

Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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cancelar desde el momento del retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, sin solución de continuidad.

Como aspectos fáctico relevante señaló que el demandante ingresó a la Armada Nacional como Infante de Marina a través de OAP No. 041 del 13 de enero de 2012, y fue retirado del servicio mediante OAP No. 0841 del 25 de julio de 2018.

Se señalaron como normas violadas los artículos 1, 2, 25, 46, 53 y 90 de la Constitución Política; Ley 1826 de 2017; artículo 140 de la Ley 1437 de 2011; artículo 16 de la ley 446 de 1998; artículos 2, 6 y 90 del Código Civil ; artículos 94, 97, 103 y 104 del Código Penal ; y artículos 13, 39 y 40 de la ley 48 de 1993.

Como concepto de violación hizo referencia a los siguientes cargos, así:

• Violación de la Constitución: Afirma que con la expedición del acto administrativo de retiro se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 25, 29 40 y 53 de la Constitución Política, al desconocer la obligación pública de proteger el trabajo , el debido proceso , vida digna, salud, principio de favorabilidad entre otros.

• Falsa motivación: Indica que en el acto administrativo acusado no se individualiza de forma clara la falta que se i mputa al demandante, no obstante, hace referencia a la pérdida de la confianza como fundamento motivacional para el retiro del servicio activo

• Falsa motivación: Indica que en el acto administrativo acusado no se individualiza de forma clara la falta que se i mputa al demandante, no obstante, hace referencia a la pérdida de la confianza como fundamento motivacional para el retiro del servicio activo del Infante de Marina , situación que contraría las normas legales y las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-172 de 2015.

• Desviación de poder : Refiere que el acto de retiro se dio bajo el arbitrio de la administración, sin tener en cuenta los presupuestos legales , las reglas jurisprudenciales, las pruebas y el conducto regular, incurriendo en una vulneración al debido proceso del demandante. Afirma que se imposibilitó al señor D eivis de Jesús Navarro Castro , de hacer uso de su derecho constitucional de defensa y de los recursos ordinarios de ley en contra del acto de retiro, y por ello se configura la desviación de poder.

I.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA3.

La entidad accionada señala que no está demostrado que se haya incurrido en algunas de las causales de nulidad invocadas por el demandante, siendo que se dio aplicación a las normas vigentes aplicables al caso concreto: Decreto 1793 de 2000.

Hace un análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la facultad discrecional, resaltando que las normas que regentan el asunto dispusieron como generalidad una estabilidad mínima de 15 años de servicios, los cuales el actor ya cumplió, aunado a ello, citó exten sos pronunciamientos del Consejo de Estado que apoyan la tesis de la defensa.

años de servicios, los cuales el actor ya cumplió, aunado a ello, citó exten sos pronunciamientos del Consejo de Estado que apoyan la tesis de la defensa.

3 Folios 113 al 133 del cuaderno principal No. 1 -Físico-Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Tuvo como sustento legal los artículos 7, 8 y 13 del Decreto 1793 de 2000 y la sentencia de la Corte Constitucional C-758 de 2013, en la cual se declaró la exequibilidad condiciona da del artículo 13 ibídem, “en el entendido que previo a la solicitud de desvinculación debe efectuarse un análisis de la hoja de vida y del motivo del retiro, semejante al que realiza la Junta asesora y los comités de evaluación respecto de los oficiales y suboficiales.”

Luego de examinar las pruebas obrante s en el expediente, consideró que “ (…) una vez analizado el acto administrativo acusado (…) en ella no se vislumbra que haya sido producto de la actuación caprichosa del comandante de la fuerza, sino que por el contrario de la misma se desprende que se realizó con fundamento en los informes suscritos por el comandante del

de la actuación caprichosa del comandante de la fuerza, sino que por el contrario de la misma se desprende que se realizó con fundamento en los informes suscritos por el comandante del Grupo de Asalto Fluvial Arpón2, el comandante GOF “Arpón2”, por qué comandante grupo de operaciones fluviales “Sagitario”, y por los IMP LÓPEZ SÁNCHEZ LUIS CARLOS . IMP ACOSTA RAMOS JUAN DAVID y CSCIM TRIVIÑO JIMÉNEZ SERGIO , en los cuáles se refieren al comportamiento desafiante y desobligante del accionante para con la fuerza militar, así como de la conclusión del acta general por la cual se discutió la permanencia del actor en las FFMM, debido a la pérdida de confianza en él , como consecuencia de sus actuaciones, su insubordinación con sus superiores y el ingerir bebidas alcohólicas durante el servicio e inobservando las normas de seguridad que lo ponen en riesgo a él y a sus compañeros , lo que genera una debilidad dentro de los planes de penetración del enemigo, poniendo en alto riesgo la seguridad de él y toda la compañía.”

I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN5.

La parte demandante, inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de alzada argumentando los siguientes inconformismos:

(i) La facultad discrecional en ningún caso puede ser confundida con arbitrariedad. La discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, los cuales deben ser verificables, y atender a un fin e special: el buen servicio. Agrega que el acto de retiro adolece de l concepto previo por parte comité de evaluación o la junta

parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, los cuales deben ser verificables, y atender a un fin e special: el buen servicio. Agrega que el acto de retiro adolece de l concepto previo por parte comité de evaluación o la junta asesora, vertiendo en una decisión arbitraria carente de legalidad y que desborda los límites de la facultad discrecional.

(ii) Desviación de poder por no otorgar la oportunidad de inter poner recursos: El acto de retiro desconoció “los presupuestos legales y jurisprudenciales pertinentes al caso en concreto, así como también las pruebas importantes y el conducto regular, vertiendo en una violación al debido proceso”. Afirma que no se le dio la oportunidad al demandante de hacer uso de su derecho de contradicción en contra del acto de retiro.

4 Folios 349 al 356 del cuaderno principal No. 3 -Físico5 Folios 360 al 373 del cuaderno principal No. 3 -físico-Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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(iii) No se aporta concepto previo emitido por la Junta Asesora del Comité de Evaluación: La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha señalado que el acto de retiro de un miembro de la fuerza pública debe estar precedido por el concepto emitido por la respectiva junta, y ella no avizora en el presente proceso.

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

ha señalado que el acto de retiro de un miembro de la fuerza pública debe estar precedido por el concepto emitido por la respectiva junta, y ella no avizora en el presente proceso.

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

1.5.1. La entidad accionada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitando confirmar la sentencia de primera instancia.

1.5.2. La parte demandante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme lo regulado en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia-, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

II.2. ACTOS ACUSADOS.

• Orden Administrativa de Personal No. 0841 del 25 de julio de 2018 por la cual se modifica parcialmente el artículo primero de la Orden Administrativa de Personal No 041 del 13 de enero de 2012 y se retira del servicio activo por decisión del comandante al infante de marina DEIVIS DE JESUS NAVARRO CASTRO.

• Oficio de fecha 25 de julio de 2015 , por medio del cual, se notificó al infante de marina DEIVIS DE JESUS NAVARRO CASTRO del contenido de la OAP No. 0841 del 25 de julio de 2018.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS.

De conformidad con el recurso de apelación instaurado por el apoderado de la parte actora, la Sala deberá analizar, si:

del 25 de julio de 2018.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS.

De conformidad con el recurso de apelación instaurado por el apoderado de la parte actora, la Sala deberá analizar, si:

a. ¿El acto de retiro del servicio desbordó los límites de la discrecionalidad?

b. ¿Era necesario que mediara recomendación del comité de evaluación o la junta asesora?

c. ¿El acto demandado debía dar la oportunidad de interponer los recursos ordinarios de ley?Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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II.4. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.

En el año 2000, se expidió la Ley 578 por la cual se confirieron facultades extraordinarias al presidente de la República para que, entre otras cosas, expidiera el Estatuto del Soldado Profesional.

En ejercicio de tales facultades, el presidente de la República, profirió el Decreto 1793 de 2000 "Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares".

Luego, el Capítulo III del citado Decreto, reguló la forma en que los soldados profesionales se desprenden del servicio, lo cual se conoce como retiro, y lo clasificó en dos: retiro temporal con pase a la reserva, y retiro absoluto, así:

“ARTICULO 7. RETIRO. Es el acto mediante el cual el Comandante de la Fuerza

con pase a la reserva, y retiro absoluto, así:

“ARTICULO 7. RETIRO. Es el acto mediante el cual el Comandante de la Fuerza respectiva, dispone la cesación del servicio de los soldados profesionales.”

“ARTICULO 8. CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los soldados profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:

a. Retiro temporal con pase a la reserva

1. Por solicitud propia.

2. Por disminución de la capacidad psicofísica.

3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario.

b. Retiro absoluto:

1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.

2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.

3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

4. Por condena judicial.

5. Por tener derecho a pensión.

6. Por llegar a la edad de 45 años.

7. Por presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos suministrados al momento de su ingreso.

8. Por acumulación de sanciones

Cabe anotar que el retiro del servicio del demandante se hizo en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 13 del Decreto 1793 de 2000:

“ARTICULO 13. RETIRO POR DECISIÓN DEL COMANDANTE DE LA FUERZA. En cualquier momento, por razones del servicio y en ejercicio de su facultad discrecional, el Comandante de la Fuerza podrá retirar del servicio a los soldados profesionales, a solicitud de los Comandantes de la Unidad Operativa respectiva.”

cualquier momento, por razones del servicio y en ejercicio de su facultad discrecional, el Comandante de la Fuerza podrá retirar del servicio a los soldados profesionales, a solicitud de los Comandantes de la Unidad Operativa respectiva.”

La Corte Constitucional, mediante sentencia C -758 de 2013 declaró la exequibilidad condicionada del artículo precitado, bajo el entendido de “que previo a la solicitud deSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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desvinculación debe efectuarse un análisis y valoración de la hoja de vida y del motivo del retiro, semejante al que realizan la junta asesora y los comités de evaluación respecto de los oficiales y suboficiales del ejército”.

En dicha providencia, la Corte consideró que no es necesario que exista una junta o comité que tome la decisión, así como tampoco es violatoria de los derechos fundamentales de los soldados, que se permita retirarlos del servicio cuando se pierde la confianza en ellos, pues esto puede llegar a afectar la preservación del Estado mismo:

“Para la Sala, los soldados profesionales habida consideración de su delicada misión de ejecutores de operaciones militares, para la conservación y restablecimiento del orden público, están en una especial situación que presupone un altísimo grado de confianza en el cumplimiento de sus deberes. En Colombia, la frecuente afectación del orden público, exige de sus directos guardianes las más excelsas calidades. Por ende, la evidencia de cualquier tacha sobre su idoneidad o pulcritud profesional, no

confianza en el cumplimiento de sus deberes. En Colombia, la frecuente afectación del orden público, exige de sus directos guardianes las más excelsas calidades. Por ende, la evidencia de cualquier tacha sobre su idoneidad o pulcritud profesional, no solamente puede comprometer a la institución armada, sino a la estabilidad del Estado mismo. No pocas de las misiones llevadas a cabo en el teatro de operaciones, comprometen la vida e integridad de los miembros del grupo armado, con lo cual, el nivel de responsabilidad y compromiso requerido, no es el ordinario de cualquier servidor público.

En tales circunstancias, los comandantes deben contar con un instrumento jurídico que les permita subsanar, a la mayor brevedad posible, las dificultades derivadas de subalternos cuya condición se torne en obstáculo para el logro de los cometidos constitucionales referidos. No es un secreto, que, infortunadamente miembros de la institución se han visto involucrados en hechos reprobables como ejecuciones extrajudiciales encaminadas a presentarse como logros del quehacer militar. Tampoco es un secreto que miembros de la institución son objeto de investigación en la Justicia Penal Militar o en la jurisdicción ordinaria, en razón de la comisión de conductas punibles que deterioran la imagen del cuerpo armado frente a la opinión pública, comprometiendo con frecuencia la responsabilidad patrimonial del Estado.

El retiro discrecional se ofrece como el mecanismo adecuado para atender con prontitud la necesidad de separar del grupo a aquellas personas cuya conducta no se corresponde con las condiciones propias de quien debe velar por la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional.

prontitud la necesidad de separar del grupo a aquellas personas cuya conducta no se corresponde con las condiciones propias de quien debe velar por la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional.

Para el Tribunal Constitucional, de conformidad con la jurisprudencia acopiada en el capítulo 5 del presente proveído, la facultad discrecional, no es un poder omnímodo, se trata de una prerrogativa que debe orientarse a los fines establecidos en la Carta Política, de un lado, los específicos establecidos en el inciso 2º del artículo 217 y, de otro, los generales consagrados en el artículo 2º del referido Texto Superior; ello sin perjuicio de los que legítimamente pueda el principio democrático, en desarrollo de la Constitución, establecer.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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Los poderes discrecionales, ha dicho Eduardo García de Enterría, comportan la presencia de “elementos reglados suficientes como para no justificarse de ninguna manera una abdicación total del control sobre los mismos”. Esta Corporación, como se puede verificar en la jurisprudencia citada, ha deslindado la arbitrariedad de la discrecionalidad y ha explicado que esta última es controlable en sede judicial. Por ende, no es de recibo un argumento que califique, sin más, la discrecionalidad como arbitraria.

Para el actor, la solicitud hecha por el Comandante de la Unidad Operativa respectiva,

Por ende, no es de recibo un argumento que califique, sin más, la discrecionalidad como arbitraria.

Para el actor, la solicitud hecha por el Comandante de la Unidad Operativa respectiva, al Comandante de la Fuerza, en el sentido de excluir a un soldado profesional, implica el uso del poder público al servicio de los intereses particulares. Tal afirmación, no pasa de ser una suposición que no se desprende del enunciado legal. Del hecho que una norma pueda ser transgredida, no se puede concluir su inconstitucionalidad.

Otro aspecto de singular interés en este juicio, hace relación, a la inexistencia de una junta o comité que conceptúe sobre la solicitud de retiro discrecional, para el caso de los soldados profesionales. Para la Sala, la ausencia de tal organismo, no conduce necesariamente a la arbitrariedad. La presencia de este tipo de entes, tampoco garantiza la transparencia de los procedimientos. Por ello, todas las actuaciones de la Administración resultan controlables en sede judicial, puesto que los poderes públicos no son infalibles. Se entiende entonces que no puede tener lugar una suerte de declaratoria condicionada, encaminada a crear un organismo que lleve a cabo la tarea de conceptuar previamente al retiro discrecional del soldado profesional como parece anhelarlo el demandante. La creación de tales entes, es del resorte del legislador y no del Tribunal Constitucional.

Encuentra sí la Corte que, resulta exigible en aras de la realización efectiva del derecho de defensa, de quien es excluido de las fuerzas militares, la consideración exhaustiva de los logros y fallos consignados en su hoja de vida. Dichos elementos se constituyen en factores a tener en cuenta por el Comandante de Unidad Operativa

de defensa, de quien es excluido de las fuerzas militares, la consideración exhaustiva de los logros y fallos consignados en su hoja de vida. Dichos elementos se constituyen en factores a tener en cuenta por el Comandante de Unidad Operativa que solicita la exclusión del soldado de turno. Adicionalmente y, de conformidad con las diversas jurisprudencias acopiadas en el apartado 5 de la parte considerativa de este pronunciamiento, también deberá analizarse de manera juiciosa el motivo por el cual se eleva la solicitud a quien deberá decidir la procedencia o improcedencia del retiro pedido.

Estos requerimientos preservan la facultad de retiro discrecional por parte de los mandos militares, pero, a su vez, protegen el debido proceso y, en particular, el derecho de defensa de las personas que prestan el servicio militar en calidad de soldados profesionales.

Esta corporación considera que el retiro discrecional del soldado profesional, está mediado por un procedimiento, el cual se inicia con la solicitud del Comandante de la Unidad Operativa y se cierra con la decisión del Comandante de la Fuerza. Ambos funcionarios están sometidos al ordenamiento jurídico y, son los fines establecidos en la Constitución y la Ley expedida en desarrollo de la Carta, los que deben signar sus actuaciones.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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Adicionalmente, el precepto cuestionado, establece que los móviles del retiro son las razones del servicio. Entre dichas causas, en concreto, se tienen la mentada

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Adicionalmente, el precepto cuestionado, establece que los móviles del retiro son las razones del servicio. Entre dichas causas, en concreto, se tienen la mentada evaluación de la hoja de servicios del soldado profesional, así como el estudio del motivo que conduce al respectivo Comandante de la Unidad Operativa a pedir la exclusión de su subalterno. Entiende la Corte que esta exigencia normativa, expuesta igualmente por la jurisprudencia, proscribe el interés particular como motivo que explique el retiro discrecional de un soldado profesional y, en caso de quebrantarse, serán los jueces los que deban ordenar la reparación del eventual agravio causado.

Para el Tribunal Constitucional, no hay una única forma de buscar la realización del debido proceso y del derecho de defensa en las actuaciones administrativas. En la baraja de opciones, el legislador estimó que para el caso de los soldados profesionales, lo contemplado en la disposición cuestionada es lo adecuado. En tanto la vía fijada por el legislador no vulnere la Constitución, no resulta aceptable declarar la inexequibilidad del texto legal, lo que si corresponde es consignar la interpretación derivada del enunciado, cuyo vigor compagine la potestad discrecional de retiro con el derecho de defensa del posible afectado.

Además, para el Tribunal Constitucional, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, el uso de la prerrogativa del retiro discrecional, supone el acatamiento de la regla, según la cual, una decisión discrecional debe adecuarse a los fines de la norma que autoriza el ejercicio de la potestad y, debe ser proporcional a los hechos que la motivan, esta proporcionalidad se alcanza con las condiciones que en esta decisión se

regla, según la cual, una decisión discrecional debe adecuarse a los fines de la norma que autoriza el ejercicio de la potestad y, debe ser proporcional a los hechos que la motivan, esta proporcionalidad se alcanza con las condiciones que en esta decisión se fijan a la actividad del Comandante de Unidad Operativa al pedir el retiro del soldado. Esta estipulación en materia de decisiones discrecionales, no solo tiene asidero jurisprudencial, sino que cuenta con soporte legal, recogido en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con lo dicho, no encuentra la Corte razones para predicar el quebrantamiento del derecho de defensa. Para la Sala el desconocimiento del citado derecho, no se desprende de lo establecido por el principio democrático, sino justamente de inobservar lo establecido en la Ley y lo mandado por la Constitución. Así, por ejemplo, el actor manifiesta que la falta de notificación del acto, es un elemento que viola el derecho de defensa, pero se advierte que, en esa hipótesis, se estaría vulnerando el principio de publicidad consagrado como uno de los faros de la función administrativa en el artículo 209 de la Carta.

Como una nuda declaración de exequibilidad podría comportar una interpretación del texto legal estudiado que, implique la vulneración del derecho de defensa de los soldados profesionales cuya separación se solicita por parte del Comandante de Unidad Operativa, el Tribunal Constitucional, procederá a conservar el enunciado dentro del ordenamiento jurídico, con la condición que en adelante se entienda que la facultad de retiro discrecional supone, previamente a la solicitud de desvinculación, un análisis y valoración de la hoja de vida y del motivo del retiro, semejante al que

ordenamiento jurídico, con la condición que en adelante se entienda que la facultad de retiro discrecional supone, previamente a la solicitud de desvinculación, un análisis y valoración de la hoja de vida y del motivo del retiro, semejante al que realizan la junta asesora y los comités de evaluación respecto de los oficiales y suboficiales del ejército. Encuentra la Corte que este entendimiento del artículo 13 del Decreto Ley 1793 de 2000, resulta admisible no solo por atender el principioSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-004-2018-00722-01 Deivis de Jesús Navarro Castro contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

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democrático, contenido en la Carta y en el principio de conservación del derecho, sino, también, por avenirse con los mandatos del Texto Superior.”

Del material probatorio obrante en el expediente se observa OAP No. 0841 del 25 de julio de 2018, por la cual se modifica parcialmente el artículo primero de la orden administrativa de personal 041 del 13 de enero de 2012 y se retira del servicio activo por decisión del comandante de la fuerza al Infante de Marina Profesional de la Armada Nacional DEIVIS DE

JESÚS NAVARRO CASTRO.

En dicho documento quedó consignado que mediante señal No. 2018428210440443/MDNCGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-JEMIM-EMIM1-SCIMP-29.60 de fecha 30 de abril de 2018, la jefatura de Estado Mayor de Infantería de Marina remitió la solicitud de retiro por decisión

CGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-JEMIM-EMIM1-SCIMP-29.60 de fecha 30 de abril de 2018, la jefatura de Estado Mayor de Infantería de Marina remitió la solicitud de retiro por decisión del Comandante de la Fuerza del Infante de Marina Profesional DE IVIS DE JESÚS NAVARRO CASTRO. Así mismo se dejó señalado que:

Mediante Oficio 0388 del 12 de abril de 2018, el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 3, relata los siguientes hechos.

1. Que mediante oficio sin número (…) de fecha 21 de julio de 2017, suscrito por el Comandante del Grupo de Operaciones Fluviales “SAGITARIO”, informó que el día 20 de julio de 2017 , recibió reportes de dos suboficiales a quienes la población civil les relató que el día 17 de julio de 2017 el Infante de Marina profesional Navarro Castro Deivis de Jesús, ingresó a una discoteca de la inspección Remolinos del Caguán sin autorización, en la que tomó asiento en una mesa, ingirió licor y permitió la manipulación e incluso hizo entrega de su fusil de dotación a una persona civil.

2. Que mediante informe de fecha 20 de julio de 2017 , suscrito por el Comandante de Puesto de Inspección y Control Fluvial “PEÑAS COLORADAS”, manifestó que el día 17 de julio de 2017, mientras verificaba una embarcación artesanal que arribó al muelle de Remolinos del Caguán le ordenó al Infante de Marina profesional Navarro Castro Deivis de Jesús quedarse

que el día 17 de julio de 2017, mientras verificaba una embarcación artesanal que arribó al muelle de Remolinos del Caguán le ordenó al Infante de Marina profesional Navarro Castro Deivis de Jesús quedarse en la rampa asegurando el perímetro, sin embargo al terminar la maniobra , éste se encontraba en la esquina de la cuadra siguiente sin autorización de sus superiores manifestando que un civil lo había llamado para darle una información de inteligencia.

3. Que mediante oficio sin número de fecha 27 de octubre de 2017 , el