TA CAQ - 18001-33-33-004-2019-00397-01-(27-07-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Cristhian Alexander Navarro Ramírez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-004-2019-00397-01

Tema: Delito de lesa humanidad. Caducidad del medio de control.

Acta número 057.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, que declaró probada la excepción de caducidad.

2.1. ANTECEDENTES

2.2. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Cristhian Alexander Navarro Ramírez; José Ramiro y Luis Alfonso Puentes Vargas; Amanda, Carlos Hernán, Ivan Camilo, Esperanza y Consuelo Reyes Martínez; Laura Natalia, Sergio Alejandro y Kevin Leonardo Manjarres Reyes; Adrián Esneider Reyes Moreno, Miguel Ángel Reyes Silva, Sebastián Rodríguez Reyes, Vianey Reyes Alvira ; Maryoli y Verney Hidalgo Reyes; Leidy Yanith, Edinson y Edwin Celis Reyes; Yesica Lorena Gutiérrez Reyes, Mauricio Parra Reyes y Bildad Toledo Reyes por conducto de apoderado

Maryoli y Verney Hidalgo Reyes; Leidy Yanith, Edinson y Edwin Celis Reyes; Yesica Lorena Gutiérrez Reyes, Mauricio Parra Reyes y Bildad Toledo Reyes por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo

1 Archivo 1, pág. 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Cristhian Alexander Navarro Ramírez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-004-2019-00397-01

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140 del Código de Procedim iento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por la muerte del señor Osires José Reyes Santos en hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2006 en el caserío La Ilusión Vereda Maticuru del Municipio de Milán, Caquetá.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los perjuicios morales en la suma equivalente a 95 SMLMV para los demandantes Bildad Toledo Reyes; Maryoli y Verney Hidalgo Reyes, y 150 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.

1. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 16 de septiembre de 2006, el señor Osires José Reyes Santos se trasladaba en su motocicleta desde su finca «El Mirador» ubicada en la Vereda Maticuru,

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 16 de septiembre de 2006, el señor Osires José Reyes Santos se trasladaba en su motocicleta desde su finca «El Mirador» ubicada en la Vereda Maticuru, hacia el caserío La Ilusión del Municipio de Milán, cuando fue interceptado por tropas del Ejército Nacional que lo obligaron a detenerse e internarse en la zona boscosa donde lo asesinaron en completo estado de indefensión.

1. La muerte del señor Osires José Reyes Santos fue una ejecución extrajudicial o «falso positivo » como muchas de las ocurridas en el país en razón de una política sistemática que dio el carácter de delito de lesa humanidad.

1. El Juzgado Promiscuo del C ircuito de Belén de los Andaquíes condenó a los militares que participaron en la operación por el delito de homicidio en persona protegida. El Tribunal Superior de Florencia confirmó la condena en segunda instancia.

1. Los militares condenados por la muerte del señor Osires José Reyes Santos, se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, circunstancia que acredita la violación grave de derechos humanos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. La muerte del señor Reyes Santos se constituyó como una grave violación a los derechos humanos, por lo cual, mediante sentencia de segunda instancia del 14

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1. La muerte del señor Reyes Santos se constituyó como una grave violación a los derechos humanos, por lo cual, mediante sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso con radicado 1800133310022006 00077 – acumulado 1800013331001200700330, se declaró la responsabilidad de la N ación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y se condenó al pago de los perjuicios causados.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional manifestó que i) la demanda se presentó luego de haber operado la caducidad, pues los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2006 y la radicación de esta data del año 2019, sin que pueda alegarse imposibilidad de conocer que la muerte del señor Osires José Reyes Santos ocurrió en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, ya que algunos familiares habían iniciado proceso de reparación directa por los mismos hechos; ii) no se aportó prueba que acredite la falla en el servicio; y iii) se evidenció la participación activa de la víctima en la causación del daño, quien se encontraba realizando actividades ilícitas, por lo cual el ejército actuó en legítima defensa.

Propuso las excepciones de «caducidad del medio de control»; «falta de legitimación material por activa»; y «culpa exclusiva de la víctima».

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 , el Juzgado Cuarto Administrativo

material por activa»; y «culpa exclusiva de la víctima».

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 , el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia i) declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada; y ii) condenó en costas a la parte demandante.

Indicó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, estableció las oportunidades para acudir a la administración de justicia en procesos donde se ventile la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, so pena de caducidad, esto es, que el término inicia «desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».

2 Archivo 3. 3 Archivo 32.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Conforme a dicho precedente, aseguró que las pruebas aportadas al proceso dan cuenta del conocimiento efectivo de la participación del Ejército Naciona l en la muerte del señor Osires José Reyes Santos desde la misma ocurrencia de los hechos (16 de septiembre de 2006) en virtud de la manifestación efectuada en la demanda –acápite de hechos-.

Osires José Reyes Santos desde la misma ocurrencia de los hechos (16 de septiembre de 2006) en virtud de la manifestación efectuada en la demanda –acápite de hechos-.

Así mismo, refirió que al plenario se aportó copia de la sentencia del 25 de noviembre de 2014, a través de la cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos y en favor de otros demandantes , y la decisión de archivo del proceso disciplinario de fecha 6 de marzo de 2007 adelantado en contra de los militares que participaron en la operación, es decir, la demanda presentada en el año 2019 lo fue mucho después de haber transcurrido el término de dos años establecido en el literal i, numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Indicó que, de conformidad a lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las acciones derivadas de los delitos de lesa humanidad no caducan ni penal ni administrativamente.

Refirió que la muerte del señor Osires José Reyes Santos fue producto del proceder sistemático de los militares que ha cobrado la vida de más de diez mil civiles durante ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos», circunstancia que se constituye como un delito de lesa humanidad por el cual debe declararse responsable al Estado.

Finalmente, luego de efectuar un recuento jurisprudencial in extenso, concluy ó que la muerte del señor Osires José Reyes Santos fue un delito de lesa humanidad y , por tanto,

delito de lesa humanidad por el cual debe declararse responsable al Estado.

Finalmente, luego de efectuar un recuento jurisprudencial in extenso, concluy ó que la muerte del señor Osires José Reyes Santos fue un delito de lesa humanidad y , por tanto, debe revocarse la decisión de primera instancia y en su lugar conocerse de fondo y acceder a las pretensiones de la demanda.

1.4.1. Admisión del recurso de apelación.5

En auto del 4 de abril de 2022 y en cumplimiento de la Ley 2080 de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la demandada contra la sentencia proferida el 30 de

4 Archivo 34. 5 C2, archivo 3.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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septiembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia. Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si operó el término de caducidad del medio de control y, en caso negativo, determinar si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es extracontractual y patrimonialmente resp onsable de los perjuicios causados a los demandantes por la muerte del señor Osires José Reyes Santos.

Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se abordará la caducidad en el medio de control de reparación directa y específicamente en casos de delitos de lesa humanidad ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre la caducidad en el medio de control de reparación directa.

La ley establece un término para el ejercicio del medio de control de reparación directa, de manera que al no promoverse oportunamente se produce el fenómeno de la caducidad. Esta opera por la inactividad del interesado en acudir en término a los medios judiciales previstos por el legislador, los cuales garantizan la seguridad jurídica y el interés general, y representan el límite dentro del cual se debe reclamar determinado derecho.6

6 Para mayor ilustración ver: DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso.

representan el límite dentro del cual se debe reclamar determinado derecho.6

6 Para mayor ilustración ver: DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso.

Bogotá: Editorial ABC, 1981, tomo I, p. 10. QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis 2000, p. 460.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Entonces, la caducidad es el plazo perentorio para acudir a la jurisdicción y su incumplimiento se presume como la falta de interés del demandante en el impulso del medio de control y, por tanto, impide tramitarlo.

El literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, frente a la caducidad en el medio de control de reparación directa, dispuso:

ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda

deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad

término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 15 de septiembre de 2016 en el proceso con radicación número 15000 -2336-000-201400270-01, con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa explicó el fenómeno de la caducidad bajo los siguientes términos:

La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal obtiene soporte y fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política. Dicho fundamento constitucional determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social.

2.2.- Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un

social.

2.2.- Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un lapso habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales. En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal.

2.3.- Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales 7 . En este sentido, las consecuencias

7Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999, M. P.: Carlos Gaviria Díaz: “De otro lado, resulta necesarioSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda c aducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública.

del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda c aducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública.

2.4.- De manera concreta, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa dispone el artículo 164.2 literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Entonces, la ley consagró un término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión administrativa que dio lugar al daño, o cuando se tiene conocimiento del daño por parte del afectado, período que, como se dijo, una vez vencido, impide a la aparte que promueve el litigio solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

2.3.2. Sobre la caducidad en procesos por delitos de lesa humanidad.

De antaño el precedente judicial fue reiterado en torno a la inaplicabilidad de la caducidad de la acción cuando esta deriva de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ello en virtud de la interpretación de los artículos 2 , 29 y 93 de la Carta Política y la regla de universalidad del derecho internacional público en torno a las normas de protección de los

virtud de la interpretación de los artículos 2 , 29 y 93 de la Carta Política y la regla de universalidad del derecho internacional público en torno a las normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.8

No obstante, en reciente sentencia de unificación, el Consejo de Estado estableci ó la caducidad de las pretensiones indemnizatorias impetradas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar

dotar de firmeza a las determinaciones ofic iales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de

puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia , precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos –y es algo en lo que se debe insistir– está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: ‘El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exonerac ión del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”. 8 Véase, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado de fecha 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio

resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”. 8 Véase, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado de fecha 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092), y 12 de junio de 2017, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. 500123-3100020060053701 (42.693).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, distintos de la desaparición forzada –por tener disposición legal precisa-, en los siguientes términos:

En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de l as pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta

formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la p articipación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.9

En similares conclusiones, la Corte Constitucional en sentencia SU 312 del 13 de agosto de 2020, precisó:

Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que

Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad mater ial de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

Así, la postura jurisprudencial vigente supone la presentación de la demanda dentro del término de dos años contabilizados desde cuando los convocantes conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de

9 Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Rad. 85001-33-33-002-2014-0014401(61033)A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Cristhian Alexander Navarro Ramírez y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

01(61033)A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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imputarle responsabilidad patrimonial, so pena de caducidad, y tan solo excepcionalmente, desde cuando los afectados pudieron acceder a la administración de justicia, siempre que se acredite la imposibilidad de hacerlo antes.

2.4. Hechos probados.

En el plenario se encuentran los siguientes:

1. Osires José Reyes Santos falleció el 14 de septiembre de 2006.10

1. El 14 de septiembre de 2006 se llevó a cabo la operación Furia 34-25, en la cual, tropas del Ejército Nacional sostuvieron contacto armado con integrantes de la Cuadrilla 49 de las ONT FARC, en la Vereda La Ilusión del Municipio de Milán, Caquetá; en dicho operativo se dio muerte a dos supuestos terroristas y se incautó material de guerra.11

1. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Osires José Reyes Santos, a través de sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014, y condenó al pago de los perjuicios causados a los familiares que demandaron en el proceso con radicado 180013331002200600077 – acumulado 1800013331001200700330.12

25 de noviembre de 2014, y condenó al pago de los perjuicios causados a los familiares que demandaron en el proceso con radicado 180013331002200600077 – acumulado 1800013331001200700330.12

1. El 14 de septiembre de 2016 el Tribunal Administrativo del Caquetá modificó el quantum de la decisión de primera instancia y mantuvo la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Osires José Reyes Santos.13

1. El 2 de agosto de 2017 la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad transitoria a los militares que participaron en la operación en la cual perdió la vida el señor Osires José Reyes Santos, quienes se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz.14

10 Archivo 1, pág. 45. 11 Archivo 3, pág. 36. 12 Archivo 1, pág. 93. 13 Archivo 1, pág. 113. 14 Archivo 2, pág. 112.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto.

Se observa que el señor Osires José Reyes Santos falleció el 14 de septiembre de 2006 , sin que se hubiere acreditado la imposibilidad de conocer de su muerte por parte de los aquí demandantes desde el mismo momento del acaecimiento.

Se observa que el señor Osires José Reyes Santos falleció el 14 de septiembre de 2006 , sin que se hubiere acreditado la imposibilidad de conocer de su muerte por parte de los aquí demandantes desde el mismo momento del acaecimiento.

Así, conforme al precedente de unificació