TA CAQ - 18001-33-33-004-2020-00387-01-(12-07-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Uldarico Viuche Yate Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Expediente: 18001-33-33-004-2020-00387-01

Tema: Reajuste salarial del 20% a soldado profesional. No vulneración del derecho a la igualdad.

Acta número 53.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones

Uldarico Viuche Yate, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se inaplique por inconstitucional el inciso 1 del artículo 1º del Decreto 1794 de

2000.

1 C1, Archivo 02.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Uldarico Viuche Yate

2000.

1 C1, Archivo 02.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Se declare la nulidad del acto administrativo 20183172528041 MDN -COGFM-- COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10. del 27 de diciembre de 2018, mediante el cual se «negó el derecho solicitado».

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene al Ministerio d e Defensa – Ejército Nacional, a reliquidar retroactivamente el salario básico aumentándolo en un 20%, es decir, que se reconozca el salario mínimo con el incremento del 60%, así como los factores salariales y prestaciones sociales desde el 31 de diciembre de 2013, fecha en la cual ingresó a las Fuerzas Militares.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Fundó las pretensiones en los siguientes:

1. Luego de terminar el curso de formación, ingresó a las Fuerzas Militares en el año 2013 como soldado profesional.

1. Su régimen salarial se inició bajo la aplicación de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, luego su asignación ha sido de 1 salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.

1. El 14 de diciembre de 2018, solicitó la reliquidación salarial teniendo en cuenta

2000, luego su asignación ha sido de 1 salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.

1. El 14 de diciembre de 2018, solicitó la reliquidación salarial teniendo en cuenta la diferencia que percibía frente a los soldados que fueron voluntarios y que en la actualidad fungen como profesionales; la petición fue negada mediante el acto demandado.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Citó como normas violadas los artículos 4, 13, 48, 53 y 93 de la Constitución Política; 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ; 10 del Código Sustantivo del Trabajo; y los artículos 2 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para sustentar la nulidad del acto, afirmó que:

1. La Ley 131 de 1985 establecía la posibilidad de incorporación como soldados voluntarios y luego, en virtud de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, estos fueronSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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trasladados a la categoría de soldado profesional para así integrar un mismo régimen salarial y prestacional.

1. El Consejo de Estado unificó la jurisprudencia a través de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2016, en la cual se explicó que el 20% para los soldados voluntarios era un derecho adquirido; sin embargo, esta providencia trajo consigo un efecto

25 de agosto de 2016, en la cual se explicó que el 20% para los soldados voluntarios era un derecho adquirido; sin embargo, esta providencia trajo consigo un efecto colateral en los soldados que ingresaron directamente como profesionales, toda vez que para ellos no existe aplicación de dicha sentencia de unificación y, por lo tanto, su sueldo básico se sigue liquidando sobre 1 SMLMV incrementado en un 40%. Además, a pesar de que en el auto aclaratorio de esta se afirmó que no existía trasgresión del derecho a la igual dad, esto vulnera los «artículos 13 y 53 » de la Constitución Política.

1. Se transgredía el derecho a la igualdad en la medida en que sus compañeros que ostentan la misma categoría de soldados profesionales perciben un 20% más a título de sueldo básico.

1.2. Contestación de la demanda2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que el demandante no tiene derecho al incremento salarial del 20%, toda vez que nunca fue incorporado como soldado voluntario.

1.3. Sentencia de primera instancia3

En la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda.

Citó la Ley 131 de 1985, los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 para decir que a los soldados voluntarios que estaban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales les asiste el derecho al pago de la diferencia del 20% del salario dejado de percibir como soldados voluntarios.

voluntarios que estaban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales les asiste el derecho al pago de la diferencia del 20% del salario dejado de percibir como soldados voluntarios.

Luego resolvió el caso concreto. Indicó que el demandante ingresó al Ejército Nacional el 12 de junio de 2010 hasta el 12 de noviembre de 2011 con el fin de cumplir con el servicio militar obligatorio; después se desempeñó como soldado profesional desde el 31 de

2 C1, Archivo 12. 3 C1, Archivo 25.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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diciembre de 2013 hasta el 10 de septiembre de 2020, luego no tiene derecho al incremento salarial, toda vez que se vincul ó bajo los presupuestos de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, es decir, no ostentó la calidad de soldado voluntario.

En lo que tiene que ver con la vulneración del derecho a la igualdad sostuvo que el requisito para devengar el incremento del 60% es haber contado con la calidad de soldado voluntario, el cual no se cumple en el sub lite ; agregó que no se evidenciaba una discriminación en materia salarial y prestacional de los soldados voluntarios hoy profesionales, con los soldados incorporados como profesi onales, pues las situaciones fácticas y jurídicas son diferentes y el trato desigual solo se puede alegar frente a iguales.

discriminación en materia salarial y prestacional de los soldados voluntarios hoy profesionales, con los soldados incorporados como profesi onales, pues las situaciones fácticas y jurídicas son diferentes y el trato desigual solo se puede alegar frente a iguales.

Finalmente, frente al principio de favorabilidad indicó que este se aplicaba únicamente en los casos en que surgía una duda en rela ción con la aplicación de la norma en un caso específico, situación que no tenía lugar en el proceso de la referencia, toda vez que la disposición normativa no estaba en controversia.

1.4. Recurso de apelación4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Manifestó que:

1. Es necesario aplicar el juicio integrado de igualdad diseñado por la Corte Constitucional, pues los soldados que ingresaron como voluntarios antes de la vigencia del Decreto 1794 de 2000 y que se trasladaron a la categoría de profesionales, a la fecha poseen idénticas funciones, responsabilidades, derechos, deberes y garantías a aquellos que ingresaron directamente al escalafón.

1. Si bien la sentencia del Consejo de Estado protegió los derechos de los soldados voluntarios, trajo consigo un efecto colateral en los soldados que ingresaron directamente como profesionales, comoquiera que para ellos no existe aplicación específica, por lo cual, el sueldo básico se sigue liquidando sobre 1 SMLMV incrementado en el 40%.

1. La afirmación del auto aclaratorio de la sentencia que refiere que no se vulnera el derecho a la igualdad contraviene los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, así como los convenios internacionales sobre protección del salario, en tanto sí

1. La afirmación del auto aclaratorio de la sentencia que refiere que no se vulnera el derecho a la igualdad contraviene los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, así como los convenios internacionales sobre protección del salario, en tanto sí existe violación de la igualdad.

4 C1, Archivo 27.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. A pesar de exi stir normas transitorias frente a los soldados voluntarios, desde la funcionalidad del servicio, tareas y deberes, se trata de grupos que al unísono se encuentran con un igual ropaje; «en otras palabras existen diferencias transitorias, pero las mismas no son justificaciones constitucionalmente válidas que permitan reconocer un salario mayor a un grupo de soldados profesionales en comparación con el restante de sus compañeros».

1. No procedía la condena en costas en la primera instancia toda vez que no existe prueba sumaria de los gastos en que se pudo haber incurrido para ejercer la defensa judicial.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto proferido el 31 de mayo de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recur so de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el señor Uldarico Viuche Yate, tiene derecho a que se le reajuste y pague la diferencia salarial del 20% dado que el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 es inconstitucional.

Para desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial del régimen de los soldados voluntarios y profesionales; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

5 C2, Archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de los soldados voluntarios y profesionales

En la Ley 131 de 1985 «Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario », se

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de los soldados voluntarios y profesionales

En la Ley 131 de 1985 «Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario », se estableció la posibilidad de que , quienes hubieran prestado su servicio militar obligatorio, manifestaran su deseo de seguir vinculados a la Fuerza Pública, bajo la modalidad del servicio militar voluntario, así:

Artículo 2º. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiend o prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

Y en el artículo 3º dispuso que las personas a que se refiere el artículo 2º quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, entre otras cosas, al régimen prestacional de los soldados de las fuerzas militares.

Sobre la situación salarial y prestacional de los soldados voluntarios, los artículos 4 a 6 de la Ley 131 de 1985 establecieron que los soldados voluntarios percibirían una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente incrementada en un 60%, el cual no podría pasar los haberes correspondientes a un cabo segundo, marinero o suboficial técnico cuarto.

Posteriormente, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1793 de 2000 «Por el cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares », reglamentación que integró como soldados profesionales a quienes, antes del 31 de diciembre de 2000 , se encontraban prestando el servicio

cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares », reglamentación que integró como soldados profesionales a quienes, antes del 31 de diciembre de 2000 , se encontraban prestando el servicio voluntario consagrado en la Ley 131 de 1985; pero para ello debían expresar al comandante de fuerza su intención de incorporarse como soldados profesionales y obtener su aprobación.6

Entonces, se tiene que quienes estando vinculados a las Fuerzas Militares como soldados voluntarios antes del 31 de dicie mbre de 2000 manifestaran su voluntad de incorporarse

6 ARTÍCULO 5. SELECCIÓN. Los aspirantes que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo anterior, se someterán a un proceso de selección previa realizado por un comité multidisciplinario, el cual será nombrado por el Director de Reclutamiento de cada Fuerza. En la selección a que se refiere el presente artículo, tendrán prelación los reservistas de primera clase a los cuales se refiere el literal f) del artículo anterior. PARAGRAFO. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anteriori dad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Uldarico Viuche Yate

que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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como soldados profesionales, serían vinculados en esa calidad a partir del 1 de enero de 2001, sin desmejorar los derechos adquiridos.

Como consecuencia de dicho mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 cuyos artículos 1º y 2º definieron las condiciones y el monto de la asignación salarial mensual que devengarían los soldados profesionales, tanto los que iban a ingresar por primera vez como los que venían de ser voluntarios, así:

Articulo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un s esenta por ciento (60%).

Artículo 2. Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial

Artículo 2. Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá unos seis puntos cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder de los cincuenta y ocho puntos cinco por ciento (58.5%).

Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.

En suma, en relación con los soldados profesionales, exist en 2 circunstancias que se pueden presentar de acuerdo con la fecha de vinculación; por un lado, los que se incorporaron al servicio por primera vez en calidad de soldado profesional a partir de la vigencia del Decreto 1794 de 2000, quienes tienen derecho a devengar mensualmente un salario mínimo incrementado en un 40% y, de otro, aquellos que fueron voluntariamente incorporados como soldados profesionales, quienes devengan un salario mínimo incrementado en un 60%.

2.3.2. Sobre las sentencias de unificación jurisprudencial

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las

incrementado en un 60%.

2.3.2. Sobre las sentencias de unificación jurisprudencial

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y evitar procesos judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Así entonces y en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política, se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o so cial o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia ; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 12 85 de 2009.

A su vez, el artículo 10 de esta misma codificación previó:

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”7

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.

Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado

15 de julio de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, reconocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha juri sdicción, en el marco de la

7Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes d e las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Criterio que fue reiterado en la Sentencia C-539 de 2011:

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Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Criterio que fue reiterado en la Sentencia C-539 de 2011:

5.2.3. La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P. -; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.

Por tanto, si existe una interpretación institucional vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha interpretación.

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

De lo anterior se concluye que la función unificadora del Consejo de Estado que nace de la Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la interpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.3.3. Sobre la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016

En la sentencia proferida el 25 de agosto de 2016 con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso 85001 -33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CESUJ2 No. 003/16, se explicó lo siguiente:

En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador, que el Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario 1794 de 2000,78 en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985,79 cuyo artículo

dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985,79 cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.

De esta manera , se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4º de la Ley 131 de 1985, es decir, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.

Para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos Soldados profesionales, antes voluntarios, no tienen derecho a percibir un sueldo básico equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, dado que a su juicio, al vincularse a la planta de per sonal de las Fuerzas Militares como soldados profesionales, se les aplica íntegramente el régimen propio de estos últimos.

Ello por cuanto, la interpretación adecuada del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, 8 derivada de la literalidad de d icha norma y de la aplicación del principio constitucional de respeto a los derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 1992 9 y el Decreto Ley 1793 de 2000, 10 consiste en que los soldados voluntarios que luego fueron inco