TA CAQ - 18001-33-33-005-2020-00024-01-(09-12-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Cuarta de DecisiónMagistrado Ponente: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA N°204

Expediente número: 18001-33-40-004-2016-00701-01

Medio de control: Reparación directa Demandante: WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS y otros Autoridad demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Asunto: Privación de la libertad.

Habiendo ingresado el proceso al Despacho Segundo del Tribunal Administrativo del Caquetá, proveniente del despacho de la magistrada YANNETH REYES VILLAMIZAR, como consecuencia de la derrota de ponencia que fuera presentada, procede la Sala Cuarta de Decisión de esta Corporación, con ponencia del magistrado que le sigue en turno en orden alfabético, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 29 de junio de 2.018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, por la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor YEISON STIVEN HINCAPIE ROJAS y otros , en nombre propio y en ejercicio del medio de control de reparación directa, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la NACIÓNRAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL

El señor YEISON STIVEN HINCAPIE ROJAS y otros , en nombre propio y en ejercicio del medio de control de reparación directa, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la NACIÓNRAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de que se las declare patrimonial y administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados con la detención injusta de la que -se afirmafue objeto el señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS durante el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2.011 y el 03 de junio de 2014; y como consecuencia se las condene a pagar los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados en los montos relacionados en la demanda.

Como hechos que sustentan las pretensiones, se indicaron, en síntesis, los siguientes:

Se afirmó que el 22 de julio de 2.011 el señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS, junto con otras 2 personas, fue capturado por los delitos de asonada, violencia contra servidor público y perturbación en servicio de transporte público colectivo y oficial.

Que al día siguiente se llevaron a cabo las audiencias preliminares, legalizándose la captura, se formuló imputación de cargos y, a solicitud de la Fiscalía, se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, ordenando su reclusión en el EPMSC El Cunduy.

1 Fs. 40-63, C.1.Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

Acción: Reparación Directa Accionante: Wilfer Esneyder Torres Rojas y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Acción: Reparación Directa Accionante: Wilfer Esneyder Torres Rojas y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

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Se refirió que el 29 de septiembre del mismo año el procesado suscribió preacuerdo con la fiscalía respecto del delito de asonada, siendo condenado por el mismo el 28 de noviembre a 12 meses de prisión, concediéndose en su favor la suspensión condicional de la ejecución de la pena; beneficio que no pudo materializarse toda vez que en su contra continuaba impuesta la medida de aseguramiento por los delitos de violencia contra servidor público y perturbación en servicio del transporte público oficial, por lo que continuó privado de la libertad.

Que el 26 de diciembre de 2.011 la defensa del encartado solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento por detención domiciliaria, la cual fue decretada por el juez de control de garantías.

Se indicó que la Fiscalía General de la Nación solicitó el 23 de mayo de 2.014, ante el Juez Segundo Penal del Circuito, la preclusión de la investigación en favor del señor TORRES ROJAS, argumentando que se presentaban las causales contenidas en los numerales 4 y 5 del artículo 332 de la ley 906 de 2.004; a lo cual accedió el juzgado de conocimiento en audiencia del 03 de junio de 2.014.

1.2. Contestación.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación2

Señaló que no se presentó una falla en el servicio en la actividad desplegada por el ente acusador al momento de solicitar la medida de aseguramiento, dado que se contaban con los fundamentos jurídicos y facticos para ello; que el hecho de que no

Señaló que no se presentó una falla en el servicio en la actividad desplegada por el ente acusador al momento de solicitar la medida de aseguramiento, dado que se contaban con los fundamentos jurídicos y facticos para ello; que el hecho de que no se hubiera proferido sentencia condenatoria en contra del procesado, no significaba per se una falla en el servicio, máxime cuando correspond ía al juez valorar si se cumplían o no los presupuestos de procedencia.

Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta e iii) inexistencia de daño antijurídico.

1.2.2. Rama Judicial3.

Argumentó que no se p odía endilgar responsabilidad a la entidad por cuanto la privación de la libertad de la que fue objeto el señor WILFER SNEYDER TORRES fue en virtud de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 308, numerales 2 y 3, y 313, numeral 2, en concordancia con los artículos 310 y 312 de la ley 906 de 2.004

Consideró que las actuaciones y decisiones tomadas en el curso del proceso penal fueron emitidas en cumplimiento a la ley y la Constitución Política ; que la medida de aseguramiento decretada en contra del procesado, se tomó c on fundamento en los elementos probatorios e información legalmente obtenida, exhibida por la Fiscalía General de la Nación, no existiendo nexo de causalidad entre el daño antijurídico irrogado a los demandantes y las actuaciones d e la entidad, máxime que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia declaró la preclusión de la investigación , a

General de la Nación, no existiendo nexo de causalidad entre el daño antijurídico irrogado a los demandantes y las actuaciones d e la entidad, máxime que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia declaró la preclusión de la investigación , a solicitud de la fiscalía.

2 Folios 58-70, C. 1 3 Folios 100-105, C. 1Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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Formuló como excepciones: i) inexistencia de perjuicios, ii) inexistencia de nexo de causalidad, iii) culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero.

1.3. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 29 de junio de 20184 dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación-Fiscalía General de la Nación , conforme lo antes expuesto.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la Nación-Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, es patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados al señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS, por la privación injusta de la libertad que fue objeto, conforme lo demostrado en la presente litis.

administrativamente responsable por los perjuicios causados al señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS, por la privación injusta de la libertad que fue objeto, conforme lo demostrado en la presente litis.

CUARTO: como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACIÓNRAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes, los siguientes conceptos:

• En la modalidad de daño moral:

• Daño Material en la modalidad de lucro cesante:

En favor del señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS , la suma de VEINTIT SEÍS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($26.172.347) a favor del señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS.

QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

(…)”

Como soporte de la decisión, consideró la a quo que aparecía demostrado el daño sufrido por la parte actora, calificándolo como una privación injusta, al haber generado la pérdida temporal de la libertad del señor TORRES ROJAS, quien estaba en la obligación de soportar una investigación penal por el delito imputado más no la restricción injusta de su libertad.

Indicó que el proceso penal se adelantó en vigencia de la ley 906 de 2004, siendo la decisión relacionada con la privación de la libertad adoptada únicamente por el funcionario judicial, concluyendo que la responsabilidad recaía sobre la rama judicial; resaltando que en la procedencia e imposición de la medida de aseguramiento, la

decisión relacionada con la privación de la libertad adoptada únicamente por el funcionario judicial, concluyendo que la responsabilidad recaía sobre la rama judicial; resaltando que en la procedencia e imposición de la medida de aseguramiento, la fiscalía no indujo en error al Juez.

4 Folios 151-158, C.2

DEMANDANTE PARENTESCO SMMLV

WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS Directo Perjudicado 90

SIMEON ROJAS Tío del DP 31,5

YEISON STEVEN HINCAPIE ROJAS Hermano DP 45

CONSUELO ROJAS Madre DP 90

MARÍA CLEOFE ROJAS LOSADA Abuela DP 45Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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1.4. Apelación.

1.4.1. Rama Judicial5.

Expone que las pruebas recaudadas y exhibidas por la fiscalía fueron conducentes inicialmente para demostrar que el demandante era responsable de los delitos de asonada, violencia contra servidor público y perturbación del transporte público colectivo u oficial , teniendo como base el informe presentado por la policía tras la captura en flagrancia y demás elementos exhibidos por el ente fiscal.

Que se reunieron los requisitos, tanto de carácter objetivo como subjetivo, en tanto, en primer lugar, se satisfacía la exigencia establecida en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal cuando el mínimo de la pena prevista por la ley fuera o excediera de los cuatro años de prisión , que de acuerdo a la dosificación reseñada en la

en primer lugar, se satisfacía la exigencia establecida en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal cuando el mínimo de la pena prevista por la ley fuera o excediera de los cuatro años de prisión , que de acuerdo a la dosificación reseñada en la imputación se refirió a una pena a imponer de 8 años de prisión , cifra que resulta acorde con los limites allí previstos; que, igualmente, se satisfacían los requisitos del artículo 308 ibídem, configurándose el elemento subjetivo, como quiera que , de los elementos probatorios puestos por la Fiscalía, podía inferirse que er a el autor de la conducta delictiva imputada; por lo que al encontrase satisfechos los presupuestos endilgados por la fiscalía era procedente restringir provisionalmente el derecho de libertad.

A su juicio, recae sobre la fiscalía la responsabilidad, indicando que fue el juez quien profirió la decisión de preclusión de la investigación, la cual sobrevino de la petición de la entidad acusadora al no encontrar la responsabilidad del sindicado. Que en el evento de no acceder a lo anterior se modifique la sentencia objeto de apelación y se determine el porcentaje a imponer a cada una de las entidades demandadas.

1.5. Antecedentes procesales de la segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial fue admitido por esta corporación mediante proveído del 7 de noviembre de 2.0186. Con auto del 16 del mismo mes y año se surtió el traslado para alegar de conclusión 7; término que transcurrió en silencio8.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

mismo mes y año se surtió el traslado para alegar de conclusión 7; término que transcurrió en silencio8.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas contra la sentencia de primera instancia.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico se identifica con determinar si existe o no responsabilidad a cargo de la N ación - Rama Judicial y /o Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la

5 Folios 160-162, C. 2 6 Folio 1171, C. 2 7 Folio 175, C. 2 8 Folio 178, C. 2Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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privación injusta de la libertad de la que -se afirmafue víctima el señor WILFER ESNEYDER TORRES ROJAS durante el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2.011 y el 03 de junio de 2.014, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de violencia contra servidor público y perturbación en servicio del transporte público colectivo u oficial.

De la respuesta que se dé al referido problema, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, modifique o revoque.

2.3. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad.

De la respuesta que se dé al referido problema, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, modifique o revoque.

2.3. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado deberá res ponder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados ya sea por acción u omisión de las autoridades públicas.

Tratándose de la privación injusta de la libertad, la Ley Estatutaria 270 de 1.996, al desarrollar la referida norma constitucional, dispuso en el artículo 65 lo siguiente:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”

(…) (Se resalta)

Por su parte, el artículo 68 ibídem y ya en concreto en relación con la privación injusta de la libertad, preceptúa:

“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD . Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad, entre otros, del referido artículo 68, en sentencia C -037 de 2.006 señaló que en los casos de privación injusta de la

perjuicios.”

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad, entre otros, del referido artículo 68, en sentencia C -037 de 2.006 señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se hace necesario entrar a examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de la libertad, en tanto no procede la reparación automática de los perjuicios por el solo hecho de que la persona finalmente result e absuelta, toda vez que se debe determinar si dicha medida resultó injusta, a la vez que generadora de un daño antijurídico imputable a la administración. Al respecto, indicó:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6°, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es elExpediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los pará metros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…)

“Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”. (Se resalta)

Ahora bien, es de observar que en lo concerniente al régimen de responsabilidad aplicable en los eventos que se demanda indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía indicando que era de naturaleza objetiva.

Así, en sentencia de unificación de Sala Plena de la Sección Tercera de fecha 28 de

injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía indicando que era de naturaleza objetiva.

Así, en sentencia de unificación de Sala Plena de la Sección Tercera de fecha 28 de agosto de 2.014 9 se indicó que se trataba del régimen objetivo, imponiéndose la responsabilidad en todos los casos en los que el procesado finalmente resultara absuelto o se precluyera la investigación a su favor, o cuando se determinara que el hecho no existió o el sindicado no lo cometió, o la conducta resultaba atípica; al igual que en aquellos eventos en los cuales no se lograra demostrar la culpab ilidad del procesado y se lo absolviera en aplicación del principio universal del in dubio pro reo, así la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa del Estado debidamente adelantada. Pero, igualmente, también se precisó que cuando se encontrara acreditado que la privación de la libertad se debió

9 Radicado No. 36.149. “(…) En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido priv ado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido priv ado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada9 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales s e causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos , cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinan te de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva9.Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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al hecho exclusivo y determinante de la víctima, no había lugar a derivar responsabilidad alguna.

Se hizo tránsito, en consecuencia, a un régimen objetivo, en donde el elemento determinante de la responsabilidad estaba en la detención preventiva, y a partir de ella correspondía acreditar si se produjo o no un daño antijurídico, sobre el cual debía establecerse si era imputable a la administración de justicia.

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 2.018 indicó que no era procedente acordar una única fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, debiéndose establecer en cada caso el régimen de imputación aplicable; además que el juez administrativo, al momento de valorar si la privación de la libertad podía calificarse como injusta, deb ía llevar a cabo las respectivas valoraciones que superaran el simple juicio de causalidad, en tanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la ley 270 de 1996 imponía considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarcaba o no en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Al respecto precisó:

“104. Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica

legalidad. Al respecto precisó:

“104. Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del com pendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.

El artículo 90, debe reiterarse, establece un régimen general de responsabilidad definiendo exclusivamente la naturaleza del daño que es resarcible –que debe ser uno antijurídico-, dejando a salvo los demás supuestos constatables a la hora de

El artículo 90, debe reiterarse, establece un régimen general de responsabilidad definiendo exclusivamente la naturaleza del daño que es resarcible –que debe ser uno antijurídico-, dejando a salvo los demás supuestos constatables a la hora de definir la responsabilidad, esto es, la necesidad de acreditar que se presentó un hecho o una omisión atribuible al Estado o a uno de sus agentes, elementos cuya relación se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación.

(…)

De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.Expediente número: 18-001-33-40-004-2016-00701-01

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105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

(…)

resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

(…)

106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reoexigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.

(…)

Así las cosas, el Consejo de Estado al aplicar la regla creada a partir de la sentencia de unificación mencionada consistente en definir una fórmula estricta de responsabilidad para decidir ciertos casos de privación de la libertad e interpretar las normas en las cuales sustenta tal determinación, desconoció un precedente constitucional con efecto erga omnes y, en ese orden, incurrió en un defecto sustantivo con la consecuente vulneración de los derechos al debido proceso y a la igualdad, los cuales están necesariamente vinculados al respeto de los precedentes constitucionales sobre un ley estatutaria a los cuales, como se expuso en los primeros acápites de este fallo, se les ha reconocido prevalencia y carácter obligatorio.

109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicialdel artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir

109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicialdel artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia10, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante.”11 (Se resalta)

Así mismo, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de agosto de 2.01812 modificó y unificó su jurisprudencia en relación con el régimen de responsabilidad o título de imputación aplicable en los casos en los cuales se reclama la reparación de daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca dicha medida. Al respecto señaló:

“…la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo

10 El juez conoce el derecho. En la sentencia T -577 de 2017 se entendió que: “ corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta del derecho”.

10 El juez conoce el derecho. En la sentencia T -577 de 2017 se entendió que: “ corresponde al juez la aplicación del derecho