TA CAQ - 18001-33-33-753-2014-00141-01-(12-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Johany Vargas Jara y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-753-2014-00141-01

Tema: Lesiones conscripto. Lesión en las rodillas.

Acta número 25.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Yohany Vargas Jara; Leidy Johana Antury; Evangelina Jara Robayo; Angélica Yuliana y Marly Xiomara Tobar Jara; y Edgar Sthiven Vargas Huertas , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados a los demandantes «por los hechos ocurridos el 15 de

1 C1, archivo 01, pág. 91.Sentencia de segunda instancia

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados a los demandantes «por los hechos ocurridos el 15 de

1 C1, archivo 01, pág. 91.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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noviembre de 2012 y el 17 de diciembre del mismo año durante la prestación del servicio militar obligatorio del joven Johany Vargas Jara».

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los

perjuicios así:

a. Morales.

Demandante Calidad Monto en SMLMV Johany Vargas Jara Víctima 100 Evangelina Jara Robayo Madre 100 Leidy Johana Antury Compañera permanente 100 Angélica Yuliana Tobar Jara Hermana 50 Edgar Sthiven Vargas Huertas Hermano 50

b. Daño a la salud. A favor de Johany Vargas Jara el equivalente a 100 SMLMV, «puesto que las graves lesiones físicas que padece (...) se afectará gravemente el desarrollo (sic) de sus actividades diarias y se verá privado del normal desarrollo de las relaciones interpersonales y sociales».

c. Materiales – lucro cesante. A favor de Johany Vargas Jara por lo que dejará de producir en razón a la merma de su capacidad laboral; para tal efecto, la liquidación se deberá hacer con el salario mínimo legal con el incremento del 25%

c. Materiales – lucro cesante. A favor de Johany Vargas Jara por lo que dejará de producir en razón a la merma de su capacidad laboral; para tal efecto, la liquidación se deberá hacer con el salario mínimo legal con el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales; la vida probable; y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

1. Se actualicen las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la decisión definitiva, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y s.s. del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Johany Vargas Jara fue incorporado al Ejército Nacional en calidad de soldado regular el 23 de octubre de 2012 en el Batallón de Ingenieros 12 “General Liborio Mejía”. Al momento de su ingreso, gozaba de óptimas condiciones de saludSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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física y mental, tal como con sta en las actas de los exámenes médicos de ingreso.

1. El 15 de noviembre de 2012, se encontraba en las instalaciones del batallón y luego de haber desarrollado un práctica excesiva de actividad física (consistente en trote, cuclillas y 200 saltarines de caballería), quedó con un fuerte dolor en la

luego de haber desarrollado un práctica excesiva de actividad física (consistente en trote, cuclillas y 200 saltarines de caballería), quedó con un fuerte dolor en la dos rodillas (con mayor intensidad en la izquierda). Se le suministraron algunos calmantes y en los días siguientes se le obligó a continuar en la instrucción físico militar porque se pensó que la lesión no era de gravedad.

1. El 17 de diciembre de 2012, se encontraba en las instalaciones del Centro de Instrucción Militar en Larandia. Ese día iba trotando por órdenes del subintendente Jair Pardo Peña, cuando volvió a sentir un intenso dolor en las rodillas (con mayor intensidad en la derecha) que lo hizo tirarse al suelo. En ese instante fue auxiliado por el soldado Romero Ome, persona que lo ayudó a levantar, le llevó el fusil y equipo hasta el sitio donde recibirían la instrucción militar.

1. Durante los días siguientes continuó con el dolor y, a pesar de ello, fue sometido a intensas jornadas de ejercicio, sin que le tuvieran consideración por las dolencias.

1. El 21 de diciembre de 2012 no resistió más los dolores en las rodillas y a partir de esa fecha fue relevado de la instrucción e inició a recibir atención médica en el Dispensario de Larandia, donde inicialmente le suministraron medicamentos para el dolor e inició sesiones de terapia física . La actitud de los galenos fue negligente, toda vez que se tardaron más de 4 meses en remitirlo al especialista en traumatología.

1. El 3 de mayo de 2013 fue valorado en la Clínica Medilaser del Municipio de Florencia por el ortopedista Manuel Amaya, quien al percatarse del grave

en traumatología.

1. El 3 de mayo de 2013 fue valorado en la Clínica Medilaser del Municipio de Florencia por el ortopedista Manuel Amaya, quien al percatarse del grave deterioro de la salud física, ordenó la incapacidad total y la remisión urgente a nivel 3 o 4 del Hospital Militar por tener lesiones internas en las rodillas.

1. Con motivo de lo anterior, el comandante del batallón emitió el informativo administrativo por lesiones 022 del 7 de diciembre de 2013, en el cual se expuso que las lesiones se produjeron en el servicio, por causa y razón del mismo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. A raíz de la excesiva actividad física, se generó una grave y crónica lesión con limitación funcional en las articulaciones de sus rodillas, denominada osteocondritis disecante grado 3. En forma tardía fue operado de las dos rodillas, sin que la cirugía hubiese representado mejoría alguna, pues está impedido para caminar y padece diariamente de dolores severos de las rodillas.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que no se demostró la falla en el servicio de la entidad , pues no existen los elementos que permitan afirmar que las enfermedades que padece el soldado regular se ocasionaron por la prestación del servicio militar obligatorio.

Manifestó que no se demostró la falla en el servicio de la entidad , pues no existen los elementos que permitan afirmar que las enfermedades que padece el soldado regular se ocasionaron por la prestación del servicio militar obligatorio.

Mencionó que la osteocondritis disecante es una condición común en la que un pedazo de cartílago, junto con una capa delgada del hueso debajo de ella, se suelta desde el extremo de un hueso; además, se presenta en mayor frecuencia en hombres jóvenes, especialmente después de una lesión en una articulación. Por esta razón, le correspondía a la parte actora demostrar la verdadera causa que le generó la enfermedad, toda vez que las practicas o ejercicios que desarrolló fueron las mismas de los demás.

Consideró que los hermanos del afectado no están legitimados por activa, toda vez que son mayores y en capacidad de sostenerse, es decir, no se demostró la dependencia económica, los lazos de unión, fraternidad y amor. Añadió que tampoco está legitimada Leidy Johana Antury, pues de las pruebas no se puede extraer su vínculo como compañera permanente.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 , corregida mediante el auto del 15 de diciembre de 2020,4 el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por las lesiones padecidas por el soldado regular JOHANY VARGAS JARA.

2 C1, archivo 01, pág. 116. 3 C1, archivo 06.

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por las lesiones padecidas por el soldado regular JOHANY VARGAS JARA.

2 C1, archivo 01, pág. 116. 3 C1, archivo 06. 4 C1, archivo 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNESE a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar las siguientes sumas de

dinero:

Por perjuicios morales:

• Para JOHANY VARGAS JARA en calidad de directo perjudicado el equivalente a 20 smlmv. - Para Evangelina Jara Robayo en calidad de madre el equivalente a 20 sm mlv. - Para Leidy Johana Antury, en calidad de compañera permanente el equivalente a 20 smmlv. - Para Edgar Sthiven Vargas Huertas, Marly Xiomara Tobar Jara y Angélica Yuliana Tobar Jara, en calidad de hermanos el equivalente a 10 smmlv, para cada uno de ellos.

Por daño a la salud

• Para JOHANY VARGAS JARA en calidad de directo perjudicado el equivalente a veinte (20) smmlv.

Por perjuicios materiales a título de lucro cesante:

- Para JOHANY VARGAS JARA la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

Por perjuicios materiales a título de lucro cesante:

- Para JOHANY VARGAS JARA la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTADOS M/CTE

($52’749.492,95=).

TERCERO. CONDENAR en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por secretar ía liquídense en los términos del artículo 365 del CGP, siempre y cuando aparezcan acreditadas en el expediente. Igualmente se fijan como agencias en derecho en la suma de cuatro millones cuatrocientos setenta mil pesos m/cte ($4’470.000.oo).

(...)

Luego de pronunciarse sobre el título de imputación aplicable -daño especial-, procedió a resolver el caso concreto así:

1. Está acreditado el daño con el informativo por lesiones y el acta de junta médica laboral, pues Johany Vargas Jara, en la prestación del servicio militar obligatorio, sufrió de artroscopia rodilla por lesión osteocondrial artrosis gonalgia secundaria.

1. El demandante se encontraba en estado de conscripción al momento de presentar el trauma en sus rodillas, lo cual conllevó a la pérdida de la capacidad laboral en un 19.50% como consecuencia del diagnóstico artroscopia rodilla por lesión osteocondrial artrosis gonalgia secundaria.

1. A pesar de que la Junta Médica Laboral estableció que era una enfermedad común y que la padecía con anterioridad al ingreso a la prestación del servicioSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

1. A pesar de que la Junta Médica Laboral estableció que era una enfermedad común y que la padecía con anterioridad al ingreso a la prestación del servicioSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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militar, en el expediente está demostrado que la lesión ocurrió cuando ya estaba en la institución, incluso así se comunicó en el informativo por lesiones.

1. Las personas que cumplen la obligación constitucional tienen derecho a que el Estado los proteja en su vida e integridad para devolverlos a la sociedad en las mismas condiciones que ingresaron, de mane ra que los contratiempos que incidan en la salud y vida de los conscriptos son plenamente imputables a la institución castrense.

Finalmente, procedió a reconocer los perjuicios en las cuantías plasmadas en la parte resolutiva. Mencionó que la señora Leidy Johana Antury demostró su calidad de compañera permanente con los testimonios de Ayner Antonio Villa Antury y Yulieth Marcela Saldarriaga Antury.

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, la entidad demandada presentó el recurso de apelac ión.

Manifestó que:

1. Del material probatorio allegado no se deriva la certeza ni se vislumbra que se presentó una falla en el servicio por acción o por omisión a cargo de la entidad, por lo tanto, es inexistente la responsabilidad.

1. Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones

presentó una falla en el servicio por acción o por omisión a cargo de la entidad, por lo tanto, es inexistente la responsabilidad.

1. Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley; así se aplica desde el derecho romano.

1. En materia de apreciación de las pruebas, el juzgador debe tener en cuenta los sistemas de convicción, tarifa legal y sana crítica , según el cual, las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, aspectos por lo que el juez siempre debe exponer razonadamente el mérito que se le debe asignar a cada prueba.

1. Las lesiones padecidas por el demandante no se produjeron al realizar las actividades de trote, cuclillas y saltarines, por cuanto venía padeciendo de la afección antes de ser incorporado y así se indicó en l a historia clínica; se trataba de una enfermedad común, luego era irresistible e imprevisible para la entidad.

5 C1, archivo 11.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. No procedía la condena en costas de primera instancia.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.6

En el auto proferido el 22 de octubre de 2021, se admitió el recurso de apelación presentado

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.6

En el auto proferido el 22 de octubre de 2021, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia el 19 de mayo de 2020.

1.5.2. Alegatos de conclusión.

El 15 de diciembre de 2021 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Guardó silencio.

1.5.2.2. Parte demandante. 7 Solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, pues sí se demostró la responsabilidad de la entidad accionada.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por las lesiones sufridas por Johany Vargas Jara cuando prestaba el servicio militar obligatorio.

Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por las lesiones sufridas por Johany Vargas Jara cuando prestaba el servicio militar obligatorio.

6 C2, archivo 04. 7 C2, archivo 11.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración en relación con conscriptos; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.8

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado9.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»10

8 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»10

8 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 9 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 10 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las au toridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el

cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa pete ndi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como

demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa pete ndi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurí dico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que sean ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar de acuerdo con las circunstancia en las que se produjo el daño antijurídico. Al respecto ha precisado lo siguiente:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –,

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –, y de otro lado, el de la falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada. (…)

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bie n porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta atribuible al Est ado, con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación que se vienen de enunciar.”11

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servicio si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

Lo anterior se permite, dado que los conscriptos no ingresan de manera voluntaria a las Fuerzas Militares o de Policía, lo hacen con el fin de cumplir el servicio militar obligatorio como un deber que les impone la Constitución Política y cuyo fin es defender la independencia nacional y las instituciones públicas12. Por ser de esta manera, los títulos de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les ocasionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

Ello es as í, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, al someter a los conscriptos a la obligación de prestar el servicio militar y, por ende, limitar su libertad individual, entabla con estos una relación de especial sujeción que lo convierte en

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 05001-23-25-000-1994-0002001(19031). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Referencia: Accion de Reparación Directa

01(19031). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Referencia: Accion de Reparación Directa 12 Artículo 216 de la Constitución Política «(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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garante de su estado físico y mental y, en consecuencia, lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos13. Al respecto, ha señalado el Consejo de

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, y la que surge de los daños padecidos por un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente. Esta distinción tiene su fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar o policial les es impuesta a los ciudadanos por el orden jurídico, en el segundo evento las personas ingresan al servicio por iniciativa propia, con lo que asumen los ries gos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. (…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o el policía en la medida en

acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o el policía en la medida en que es una persona sometida a su custodia y cuidado, lo que implica que debe responder por los daños que le sean causados en la ejecución de la función pública. En otras palabras, la administración debe reintegrar a lo s soldados conscriptos a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio (…).14

Cabe precisar que la responsabilidad del Estado queda sin fundamento cuando se logre comprobar que el daño antijurídico se produjo por el hecho exclusivo de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero. De ser así, el daño no será imputable al Estado, dado que se rompe el nexo causal.