TA CAQ - 18001-33-40-004-2016-00023-01-(19-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril diecinueve (19) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosalino León Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-40-004-2016-00023-01

Tema: Emboscada a uniformados por parte de las FARC en desplazamiento desde el Municipio de Cartagena del Chairá hasta el Municipio de Florencia. Falla del servicio.

Acta número 27.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Rosalino León, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Archivo 01, pág. 75.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosalino León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

1 Archivo 01, pág. 75.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosalino León Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-40-004-2016-00023-01

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1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractualmente responsable de los perjuicios c ausados como consecuencia de la muerte del patrullero Gustavo Adolfo León González.

1. Como consecuencia de la anterior declaración, se paguen los siguientes

perjuicios:

a. Morales. El equivalente a 100 SMLMV.

b. Materiales – lucro cesante. La suma de $573.319.236 «que equivalen a los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por GUSTAVO ADOLFO LEÓN GONZÁLEZ, desde la fecha de su muerte hasta la edad probable de vida (...), teniendo en cuenta que a la fecha de su muerte tenía 29 añ os, teniendo como base el salario que devengaba en su condición de patrullero de la policía nacional que equivale a $1.165.283».

1.1.2. Hechos.

El demandante fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Era el padre de Gustavo Adolfo León González.

1. El 8 de abril de 2014, Gustavo Adolfo León falleció en una emboscada cuando se trasladaba entre los Municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil en cumplimiento de órdenes de sus superiores.

1. Los hechos se originaron cuando la noche del 7 de abril de 2014, miembros de

se trasladaba entre los Municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil en cumplimiento de órdenes de sus superiores.

1. Los hechos se originaron cuando la noche del 7 de abril de 2014, miembros de la Policía Nacional capturaron a Derlinson Arias por infringir la Ley 30 de 1986, es decir, por incurrir en delitos de porte y tráfico de sustancias psicoactivas. Por esto, los superiores ordenaron su traslado para ponerlo a disposición de la autoridad competente, función que fue cumplida por el señor León González.

1. Para el cumplimiento de la misión, se dio la orden de usar el vehículo Toyota, tipo Land Cruiser de placas RMR 634 de Bogotá, a cargo del alcalde del Municipio de Cartagena del Chai rá. Media hora después de haber tomado la ruta, en el kilómetro 52, justo unos metros antes de empezar la carretera pavimentada, el automotor fue atacado por miembros de las FARC, quienes causaron la muerte de Gustavo Adolfo León, un compañero y el detenido.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. El patrullero no era un policía con funciones específicas de policía judicial, no pertenecía a la SIJIN o DIJIN para prestar el servicio de traslado de detenidos.

1.2. Contestación de la demanda.2

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que i) en ningún momento

pertenecía a la SIJIN o DIJIN para prestar el servicio de traslado de detenidos.

1.2. Contestación de la demanda.2

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que i) en ningún momento se cometieron errores tácticos, toda vez que se destinaron los elementos logísticos que permitieran garantizar la seguridad de los uniformados y del capturado; ii) la utilización del vehículo perteneciente a la alcaldía se dio por el mismo motivo, pues no presentaba ningún logotipo o color que lo vinculara a alguna institución estatal y, además, el automotor contaba con blindaje; iii) el patrullero pertenecía a la Unidad Básica de Investigación Criminal DecaqDijin, según se demuestra en la constancia de cargos desempeñados y en la Resolución 00912 de 2009, esto quiere decir que para el día de los hechos, el señor León González estaba cumpliendo funciones propias de la especialidad a la cual se encontraba asignado; iv) tanto el patrullero como sus compañeros estaban entrenados en maniobras de combate abierto, defensa de instalaciones, manejo de armas de todo calibre y estaban equipados para hacer frente a ataques que pudiera n sufrir en desarrollo de la tarea; y v) no se tenía conocimiento previo del ataque terrorista; si bien se presume la presencia de la guerrilla, «fue una total sorpresa que se encontraran en la vía donde transitaría el vehículo con los uniformados».

1.3. Sentencia de primera instancia3.

En la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 , el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEn la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 , el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL es administrativa y patrimonial responsable por las lesiones causadas al señor GUSTAVO ADOLFO LEÓN GONZÁLEZ (qedp).

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL, a pagar en favor de los accionantes las siguientes sumas de dinero así:

 Por perjuicios morales:

Demandantes Calidad en que comparecen SMLMV

ROSALINO LEON Padre 100

TERCERO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuesta en la parte motiva de la presente sentencia.

2 C1, archivo 01, pág. 49. 3 Archivo 6, págs. 2 y ss.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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CUARTO: Sin condena en costas o agencia en derecho en la instancia.

(...)

Luego de pronunciarse sobre el marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual del Estado y el régimen jurisprudencial del riesgo propio y de actividades peligrosas, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, relacionó las pruebas aportadas y sostuvo:

extracontractual del Estado y el régimen jurisprudencial del riesgo propio y de actividades peligrosas, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, relacionó las pruebas aportadas y sostuvo:

1. Está probado el daño con la muerte del señor Gustavo Adolfo León González el 8 de abril de 2014, cuando se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional en la Unidad Básica de Investigación UBIC SUBJE, como investigador criminal.

1. Si bien en principio podría afirmarse que la muerte fue la consecuencia directa de la prestación de sus servicios, lo cierto es que está probado que el Departamento de Policía Caquetá había informado a través de distintos medios que los desplazamientos en las vías del departamento se encontraban prohibidos debido al plan de acción delincuencial de los miembros de las FARC y, en caso de realizarse, se debía contar con la autorización expresa de los Comandantes del Departamento DECAQ, Operativo de Seguridad Ciudadana y del Distrito Uno de Policía de Florencia – DECAQ, así como con la colaboración interinstitucional de los miembros del Ejército Nacional, a fin de garantizar la protección de los policiales.

1. Está demostrado que el comandante de la Estación del Municipio de Cartagena del Chairá emitió una orden de servicio para el desplazamiento, también una orden de marcha y la anotación en la minuta del libro de salida para la fecha de los hechos; sin embargo, de acuerdo con las pruebas, las únicas personas con la facultad para ordenar los desplazamie ntos de los policías eran los comandantes antes mencionados, no el de la estación de policía. Eso implicó el desconocimiento de la

sin embargo, de acuerdo con las pruebas, las únicas personas con la facultad para ordenar los desplazamie ntos de los policías eran los comandantes antes mencionados, no el de la estación de policía. Eso implicó el desconocimiento de la cadena de mando y si bien vía WhatsApp y telefónica se informó a los competentes, no hay prueba de ello «y en caso de que se dé por cierto lo allí registrado, no es posible establecer que dicho canal de comunicación sea el habilitado para tal fin o que le perteneciera a estos y que cumpliera con las formalidades para ello según los protocolos (...), ni se evidencia la autorización previa o aval dada por estos ante dicho reporte, para la realización del desplazamiento».

1. De las declaraciones practicadas en el proceso disciplinario, se puede deducir que los comandantes competentes no dieron la autorización y desconocían elSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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desplazamiento ordenado por el comandante de la Estación de Policía del Municipio de Cartagena del Chairá.

1. De lo anterior surge la responsabilidad a título de falla en el servicio , pues de un lado, el comandante de la estación del Municipio de Cartagena del Chairá omitió el cumplimiento de los protocolos, ordenes establecidas y señaladas por el Comando de Departamento de la Policía, las cuales eran de su conocimiento; y de otro, hizo caso omiso a la articulación interinstitucional que había sido advertida, toda vez que

cumplimiento de los protocolos, ordenes establecidas y señaladas por el Comando de Departamento de la Policía, las cuales eran de su conocimiento; y de otro, hizo caso omiso a la articulación interinstitucional que había sido advertida, toda vez que omitió solicitar el apoyo al Ejército Nacional, «pues era claro que tanto las fuerzas militares, la Policía Nacional y las organizaciones civiles y gubernamentales se encontraban en constante hostigamiento por parte de los grupos al margen de la ley que operaban en la región». Por este actuar negligente e imprudente el señor Gustavo Adolfo León González fue expuesto a un riesgo superior al que estaba en el deber jurídico de soportar.

1. El hecho de que los policías y el detenido se desplazaran en un vehículo con blindaje que había sido suministrado por la Alcaldía del Municipio de Cartagena del Chairá, no subsana en ninguna forma la omisión.

A continuación, procedió a reconocer los perjuicios morales en la cuantía plasmada en la parte resolutiva y frente al lucro cesante, manifestó que no era procedente el pago, comoquiera que no se acreditó la dependencia económica del demandante para con su hijo.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y, adicionalmente, sustentó que:

1. El a quo afirmó que la omisión radicó en no solicitar la autorización por parte del comando de departamento, es decir, asumió que la autorización para el traslado de

contestación de la demanda y, adicionalmente, sustentó que:

1. El a quo afirmó que la omisión radicó en no solicitar la autorización por parte del comando de departamento, es decir, asumió que la autorización para el traslado de los funcionarios y el capturado emanaba únicamente del comandante, sin embargo, los poligramas son claros en informar que todo desplazamiento debía ser coordinado y autorizado mediante «COMAN coma SUBCO o EL SUSCRITO» , es

4 C1, archivo 23.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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decir, el comandante de seguridad ciudadana DECAQ, luego la aprobación no debía ser dada por las 3 dependencias, sino por una de ellas.

1. El comandante operativo de seguridad ciudadana DECAQ sí fue informado y dio el aval para el transporte del capturado , pues así lo afirmó el teniente David Adrián Arce Cuenca y se demuestra con los documentos que reposan en la sanción disciplinaria. En todo caso, se allegaron los mensajes de WhatsApp que permitieron corroborar la oportuna solicitud de autorización por parte del comandante de la estación, aunado a que no existe ningún protocolo para informar sobre el traslado, por lo tanto, era totalmente viable dicho medio.

1. Es inviable «tan solo imaginar» que la Policía Nacional deba solicitar el acompañamiento del Ejército Nacional, pues la entidad está capacitada para realizar cualquier tipo de procedimiento sin que exista la obligación legal de solicitar el

1. Es inviable «tan solo imaginar» que la Policía Nacional deba solicitar el acompañamiento del Ejército Nacional, pues la entidad está capacitada para realizar cualquier tipo de procedimiento sin que exista la obligación legal de solicitar el apoyo. El traslado se «llevó a cabo en un vehículo no uniformado, así mismo los funcionarios se encontraban de civil, por lo tanto qué sentido tendría solicitar acompañamiento del Ejército nacional, es por ello que la mencionada articulación se deben realizar de manera potestativa, en razón a lo expuesto no puede catalogarse el no dar aviso al ejército como una falla del servici o, si fuese así cualquier movimiento de miembros policiales sin la presencia militar estaría catalogada como una falla en el servicio», máxime porque ello no tuvo injerencia en el resultado.

1. Para el día de los hechos no existía información de inteligenci a u otra fuente de datos que permitiera vislumbrar un posible atentado. En el Departamento del Caquetá siempre han existido alertas de inteligencia y presencia de grupos al margen de la ley, pero ello no quiere decir que la Policía Nacional haya omitido su deber constitucional.

1. Todas las pruebas dan cuenta de que se dio cumplimiento de cada uno de los postulados internos para el desplazamiento de unidades policiales. La entidad no cuenta con aeronaves para realizar ese tipo de traslados, por tanto, el único medio de transporte disponible era el terrestre, así lo plasmó en su momento el comandante de la Estación de Policía del Municipio de Cartagena del Chairá.

1. Se debe tener en cuenta que el capturado debía ser puesto a disposición del juez de control de garantías dentro del término de 36 horas, por ello era imperioso queSentencia de segunda instancia

1. Se debe tener en cuenta que el capturado debía ser puesto a disposición del juez de control de garantías dentro del término de 36 horas, por ello era imperioso queSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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se realizara el desplazamiento hasta el Municipio de Florencia, «toda vez que el juez de control de garantías de Cartagena del Chairá se encontraba con compensatorio».

1. Para el día de los hechos, el patruller o Gustavo León González se encontraba cumpliendo funciones propias del servicio, enmarcadas dentro de las labores propias de la especialidad a la cual estaba asignado.

1. El patrullero no fue sometido a un riesgo excepcional ni se presentó la falla del servicio, «ya que los hechos se registraron dentro del espectro de sus funciones y tareas cotidianas en el normal discurrir de sus labores profesionales, toda vez que el ámbito de sus funciones se haya el realizar la investigación de delitos, apoyar en labores de Policía Judicial, judicialización, dejar a disposición capturados y hacer frente de forma permanen te a grupos armados ilegales o delincuenciales en búsqueda del mantenimiento del orden público interno y buscando garantizar que los habitantes de Colombia convivan en paz».

1. No tiene asidero la solicitud de los perjuicios materiales en la modalidad de lu cro cesante, toda vez que el patrullero no era el encargado de la manutención del actor.

1.5. Trámite de segunda instancia5.

1. No tiene asidero la solicitud de los perjuicios materiales en la modalidad de lu cro cesante, toda vez que el patrullero no era el encargado de la manutención del actor.

1.5. Trámite de segunda instancia5.

En auto del 21 de enero de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 6 Hasta el término de ejecutoria de la sentencia, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

5 C2, archivo 05. 6 Carpeta segunda instancia, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractualmente responsable del daño causado a l demandante por la muerte del patrullero Gustavo Adolfo León González ocurrida el 8 de abril de 2014 cuando, en ejercicio

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractualmente responsable del daño causado a l demandante por la muerte del patrullero Gustavo Adolfo León González ocurrida el 8 de abril de 2014 cuando, en ejercicio de las órdenes impartidas por su superior, se desplazaba hacia el Municipio de Florencia para poner a disposición de la autoridad competente a una persona capturada.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y en particular cuando se trata de miembros de la policía que ingresaron voluntariamente a la in stitución; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imput ación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional,

en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.7

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la

7 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede , o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal,

carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»9(Resaltado fuera de texto)

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-2003-00450-01 (37497) y ponencia del co nsejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo t ítulo de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que

vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extra contractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

8 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 9 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

9 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado cuando se trata de miembros de la policía que ingresaron voluntariamente a la institución.

El Consejo de Estado, por ejemplo, en la sentencia proferida el 1 de junio de 2020 con ponencia del consejero Nicolás Yepes Corrales (expediente 45437), explicó la responsabilidad del Estado cuando se trata de miembros de la fuer za pública, se examina conforme a la vinculación con que ejercía su función, es decir, si era de forma voluntaria u obligatoria. Al respecto sostuvo:

En este sentido, cuando se trata de personal que voluntaria o profesionalmente ingresa a las fuerzas de seguridad del Estado, se ha estudiado la responsabilidad del Estado desde la óptica de la falla del servicio, fundamentada en una conducta negligente de la administración que coloca al personal en situación de indefensión o cuando eleva los riesgos propios del servicio, esto es, cuando se somete al militar o policía a un riesgo excepcional diferente o mayor al que deban soportar los demás miembros que ejerzan la misma actividad.

Esto quiere decir que no existe responsabilidad del Estado cuando el daño antijurídico se presenta bajo la concreción de un riesgo propio del servicio, visto este como aquel que el agente asume voluntariamente mediante su vinculación

Esto quiere decir que no existe responsabilidad del Estado cuando el daño antijurídico se presenta bajo la concreción de un riesgo propio del servicio, visto este como aquel que el agente asume voluntariamente mediante su vinculación a la fuerza pública o que se produce en ejerci cio de las funciones propias del servicio militar o de policía, el cual implica peligros superiores a los que ordinariamente asume la ciudadanía, y se justifican en la necesidad y las condiciones de su misión.

A la sazón, ha de advertirse que la protecció n legal de las contingencias que surjan en la concreción de los riesgos propios del servicio a que son sometidos los miembros de la fuerza pública se haya dispuesta mediante la indemnización a forfait, entendida esta como una prestación social especial, d e carácter laboral, que opera por virtud de la ley en favor de los miembros de la fuerza pública cuando les sobrevienen graves lesiones, o la muerte, en el cumplimiento de los actos del servicio

Al respecto, la Sala ha considerado que “se establece un rég imen prestacional especial, que reconoce la circunstancia del particular riesgo a que se somete a todo aquel que ingresó voluntaria y profesionalmente, a lo que se agrega que dicho régimen se encuentra ligado a la presencia de una vinculación o relación laboral para con la institución armada. Esto llevará a que se active la denominada “indemnización a for-fait”, lo que no excluye la posibilidad que pueda deducirse la responsabilidad y por tanto la obligación de reparar el daño causado”.

Entonces, cuando se trata de uniformados vinculados voluntariamente a las fuerzas armadas, el título de imputación sobre el cual se debe examinar cada caso es el de falla

por tanto la obligación de reparar el daño causado”.

Entonces, cuando se trata de uniformados vinculados voluntariamente a las fuerzas armadas, el título de imputación sobre el cual se debe examinar cada caso es el de falla en el servicio, partiendo del supuesto de la negligencia por colocar al personal en situación de indefensión o elevar los riesgos propios del servicio. Bajo esa óptica, no podrá endilgarse la responsabilidad cuando el daño se presente por la concreción del riesgo propio del servicio, es decir, en el cumplimiento de sus funciones.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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A partir de los presupuestos antes expuestos y el título de imputación de falla en el servicio se analizará el caso concreto.

2.4. Hechos probados.

En el plenario están acreditados los siguientes:

 Proceso penal.

1. Gustavo Adolfo León González, funcionario de la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN – ESCAR capturó al señor Delinson Arias por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; informó que sería trasladado al Municipio de Florencia «a primera hora del día 08-04-2014».10

1. En el reporte de iniciación se anotó:11

EL DIA DE HOY, SIENDO LAS 08.00 HORAS INFORMAN QUE EN EL KILOMETRO 52 DE LA VIA PAUJIL CARTAGENA DEL CHAIRA, FUERON ULTIMADOS CON

1. En el reporte de iniciación se anotó:11

EL DIA DE HOY, SIENDO LAS 08.00 HORAS INFORMAN QUE EN EL KILOMETRO 52 DE LA VIA PAUJIL CARTAGENA DEL CHAIRA, FUERON ULTIMADOS CON ARMA DE FUEGO DOS POLICÍAS ADSCRITOS A