TA CAQ - 18001-33-40-004-2016-00959-01-(12-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Carlos Samuel García Ortiz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-40-004-2016-00959-01

Tema: Privación Injusta de la libertad. Preclusión de la investigación por indemnización a la víctima. Violencia intrafamiliar. Perspectiva de género.

Acta número 25.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 26 de marzo de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Carlos Samuel García Ortiz; Natalia, Andry Fabiana y Johan Sebastián García Carrillo; Luz Esneda Ortiz Dominguez; y Edilson García Ortiz, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

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Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Carlos Samuel García Ortiz y otros

y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

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Medio de control: Reparación Directa Demandante: Carlos Samuel García Ortiz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

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1. Se declare que la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial son patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a los demandantes, derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Samuel García Ortiz desde el 7 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2014 por cuenta del Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia con funciones de garantías y el Juzgado Cuarto Penal Muni cipal de Florencia con funciones de conocimiento, cuando fue sindicado del delito de violencia intrafamiliar dentro del proceso 180016000553 -2014-00445, el cual terminó a su favor con preclusión de la investigación.

1. Como consecuencia de lo anterior, s e paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. De acuerdo con el informe del 6 de marzo de 2014 presentado por la Policía Nacional a la Fiscalía Primera Local de Florencia, «siendo las 3:50 horas en momento en que se encontraba realizando labores de patrullaje en el sector del

1. De acuerdo con el informe del 6 de marzo de 2014 presentado por la Policía Nacional a la Fiscalía Primera Local de Florencia, «siendo las 3:50 horas en momento en que se encontraba realizando labores de patrullaje en el sector del centro, fue requerida su presencia en el Banco Agrario, al llegar al lugar, (...) se acerca una mujer que manifestó llamarse YURI PATRICIA CARRILLO REY, quien mencionó que momentos antes su compañero permanente la había agredido físicamente ocasionándole lesiones en s u rostro, ante los señalamientos de la víctima fue capturado un hombre quien se identificó como CARLOS SAMUEL GARCÍA ORTIZ (...) presunto autor del delito de Violencia

Intrafamiliar».

1. Ese día, la Fiscalía Primera Local de Florencia solicitó las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento en contra del señor García Ortiz. Estas fueron realizadas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y la Fiscalía imputó la conducta punible de violencia i ntrafamiliar, sin aceptación de cargos; igualmente, solicitó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Sentencia de segunda instancia

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1. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, decretó la legalidad de la captura, impartió la aprobación a la imputación jurídica

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1. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, decretó la legalidad de la captura, impartió la aprobación a la imputación jurídica y aceptó la petición de la Fiscalía en lo concerniente a la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, de conformidad con el artículo 307-a de la Ley 906 de 2004 ; sin embargo, no realizó el estudio de la situación particular.

1. El 1 de abril de 2014, la Fiscalía Primera Local presentó el escrito de acusación, el cual fue conocido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia.

1. El 8 de agosto de 2014, el abogado defensor del señor García Ortiz presentó una petición de audiencia de preclusión de la investigación. El 2 de septiembre de 2014, se solicitó la aplicación del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, toda vez que no se podía continuar el ejercicio de la acción penal , dado que Yury Patricia Carrillo Rey, en su calidad de víctima, había sido indemnizada integralmente por el indiciado; «la petición de la defensa es avalada por la Fiscalía, apoderado de víctimas y la misma víctima».

1. El juez impartió aprobación a la solicitud de preclusión de la investigación y ordenó la libertad inmediata. Esta decisión no fue impugnada, de manera que quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2014.

1. El señor García Ortiz permaneció en prisión física desde el 7 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2014.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Rama Judicial.2

1. El señor García Ortiz permaneció en prisión física desde el 7 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2014.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Rama Judicial.2

Manifestó que i) el proceso penal inició en vigencia de la Ley 906 de 2004 , lo que quiere decir que el juez de control de garantías deberá asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de las víctimas; ii) el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías impartió legalidad a la captura de Carlos Samuel García Ortiz, también a la imputación e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, lo que quiere decir que las actuaciones tuvieron el respaldo legal de los artículos 310 y 312 ibidem; iii) la decisión del juez de

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conocimiento estuvo ajustada al principio de legalidad que debía rodear las actuaciones, al punto de verificar el cumplimiento de los requisitos para la estructuración de la causal normativa; y iv) el demandante recobró la libertad por la solicitud presentada por su abogado defensor, en razón a que la v íctima consideró que se encontraba indemnizada integralmente por los perjuicios ocasionados, lo que quiere decir que el proceso judicial no terminó porque el actor no haya cometido el ilícito o que no fue su autor o copartícipe.

defensor, en razón a que la v íctima consideró que se encontraba indemnizada integralmente por los perjuicios ocasionados, lo que quiere decir que el proceso judicial no terminó porque el actor no haya cometido el ilícito o que no fue su autor o copartícipe.

Propuso las excepciones de «inexistencia de perjuicios»; «inexistencia de nexo de causalidad»; y «culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero».

1.2.2. Fiscalía General de la Nación.3

Contestó la demanda de forma extemporánea.

1.3. Sentencia de primera instancia.

En sentencia de 26 de marzo de 2021 , el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.

Luego de pronunciarse sobre la legitimación de las partes y el marco norm ativo y jurisprudencial aplicable, procedió a resolver el caso concreto. Argumentó que:

1. El señor Carlos Samuel García Ortiz fue capturado en flagrancia por la comisión del delito de violencia intrafamiliar por los hechos ocurridos el 6 de abril de 2014, por tal motivo, una vez fue puesto en conocimiento ante el juez de control de garantías se legalizó la captura y se impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Estas decisiones quedaron en firme porque no se presentaron los recursos de ley.

1. El 1 de abril de 2014, la Fiscalía Local Primera CAVIF presentó el escrito de acusación y en la audiencia realizada el 10 de julio de 2014, el apoderado del imputado solicitó que se declarara la preclusión de la investigación, bajo el argumento de que la

acusación y en la audiencia realizada el 10 de julio de 2014, el apoderado del imputado solicitó que se declarara la preclusión de la investigación, bajo el argumento de que la víctima informó que había sido indemnizada integralmente, situación a la que se opuso la Fiscalía y la víctima, quien al ser interrogada por el juez, manifestó su inconformismo con el archivo del proceso. Se fijó una nueva audiencia para el 21 de octubre de 2014. El 2 de

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septiembre de 2014, se realizó la audiencia de preclusión en virtud de una solicitud presentada por el procesado. En esta se resolvió decretarla.

1. La decisión tomada por la Fiscalía respecto a la medida de aseguramiento fue ajustada a derecho, «sin que haya lugar a un error jurisdiccional por parte de dicha funcionaria, aunado a ello, el apoderado del actor, no ejerció oposición a la decisión tomada por el Juez de Control de Garantías, pues no presentó recurso legal alguno ante dicha resolución».

1. Los elementos materiales probatorios y evidencia física mostraban la comisión del delito de violencia intrafamiliar y, a partir de estos, el operador judicial en el ejercicio de valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica estimó que se infería la existencia de dicha conducta punible.

delito de violencia intrafamiliar y, a partir de estos, el operador judicial en el ejercicio de valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica estimó que se infería la existencia de dicha conducta punible.

1. No se puede predicar una privación injusta de la libertad por el simple hecho de que el demandante indemnizó de manera integral a la víctima, pues si bien la acción penal terminó con la declaratoria de preclusión, lo cierto es que no se demostró que el ilícito no existió, porque no lo haya cometido o porque la conducta no fuera típica.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestó que:

1. El señor Carlos Samuel García nunca gozó del derecho constitucional de presunción de inocencia que se encuentra consagrado en la Constitución Política, pues desde el inicio de la investigación fue tratado como responsable del delito de violencia intrafamiliar, «tanto así que en diligencia preliminar se le privó de su libertad con medida de aseguramiento intramuros».

1. El 4 de septiembre de 2014, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia con funciones de conocimiento, profirió auto de preclusión de la investigación y absolvió al señor Carlos Samuel García de los cargos de violencia intrafamiliar.

1. Carlos Samuel García, sin aceptar la responsabilidad penal, decidió reparar a la supuesta víctima, debido a la incertidumbre que vivía tras estar injustamente privado de su libertad, «pues cualquier persona pudiendo realizar una acción que le libre de una situación

4 C1, archivo 06.Sentencia de segunda instancia

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libertad, «pues cualquier persona pudiendo realizar una acción que le libre de una situación

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engorrosa, no duda en hacerlo y más en la que se encontraba el señor GARCÍA, no está demás, indicar que el señor realizó la reparación de la víctima sin que eso constituya aceptación de la responsabilidad penal».

1. El delito por el cual fue imputa do no admitía desistimiento de la parte denunciante, pues está en la lista de los delitos investigables de oficio según el Código Penal, en ese sentido, para poder precluir la investigación se debían cumplir los requisitos de los artículos 331 y siguientes del Código Penal.

1. La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación con base en el numeral 1º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal y, por ello, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia profirió auto de preclusión de la investigación.

1. «(...) no es del recibo (...) que el despacho esté desacuerdo con la fiscalía general de la Nación – Rama judicial del poder público, quienes argumentan que el señor CARLOS SAMUEL GARCÍA debió soportar la investigación. De ser esto cierto, debió la Fiscalía General de la Nación continuar con el normal curso de la investigación, pero por el contrario con su actuar y con la solicitud elevada ante un juez de la república para precluir la investigación, demuestra que no contaba con los materiales de prueba suficientes para

General de la Nación continuar con el normal curso de la investigación, pero por el contrario con su actuar y con la solicitud elevada ante un juez de la república para precluir la investigación, demuestra que no contaba con los materiales de prueba suficientes para llevar hasta el juez de conocimiento más allá de toda duda razonable y logar declarar al señor CARLOS SAMUEL GARCÍA responsable penalmente».

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 1 5 de diciembre de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Samuel García Ortiz.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad. Marco normativo y jurisprudencial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.6

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad,

aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.6

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros7.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 2018 8 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 7 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp.

48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 8 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Sentencia de segunda instancia

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injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 9 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funciona rio judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 10-11. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima12.

De conformidad con lo anterior, la Cort e Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un

que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima12.

De conformidad con lo anterior, la Cort e Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declar ación de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».13

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ause ncia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 14 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños deri vados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de

9 Ibídem. Acápite 117 y 118. 10 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen

en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de

9 Ibídem. Acápite 117 y 118. 10 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 11Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 12 Ibidem. Acápite 124. 13 Ibidem. Acápite 105. 14 Ibidem. Acápite 106.Sentencia de segunda instancia

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responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación15:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artíc ulo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta vi able la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos

constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta , procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención’.

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…).

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida

(…).

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

15 Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E), 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001 -23-31-0002011-00029-01(50173).Sentencia de segunda instancia

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En atención a lo afirmado por la Corte Cons titucional en sentencias C-037 de 1996 y SU072 de 201816, el Consejo de Estado17 ha mencionado que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de

ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla del servicio, la responsabilidad se analiza por un régimen objetivo (daño especial); iv) en cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay sustento para decla rar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen de falla o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

Bajo los anteriores parámetros normativos y jurisprudenciales, la Sala analizará en caso de proceder, la eventual responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en el caso concreto.

2.4. Hechos probados.

Conforme a las pruebas válidamente allegadas -principalmente la documental trasladada de otras actuaciones-, se tienen en lo pertinente, para el análisis propuesto, los siguientes:

1. El 6 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación solicitó la audiencia preliminar para agotar la legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento contra el señor Carlos Samuel García Ortiz por el delito de violencia intrafamiliar,18 la cual se hizo el mismo día. En el acta se consignó:19

(...)

3.- MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.

medida de aseguramiento contra el señor Carlos Samuel García Ortiz por el delito de violencia intrafamiliar,