TA CAQ - 18001-33-40-004-2016-00972-01-(26-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Sebastián González Clavijo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-40-004-2016-00972-01

Tema: Lesiones conscripto. Lesión en rodilla izquierda.

Acta número 30.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Sebastián González Clavijo; Ricardo, María Elice nia González González; Ana Ydover González; Án gela Lucero Clavijo González; y Mery Consuelo Clavijo, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable por las lesiones, afecciones y pérdida de la capacidad laboral de Sebastián González

Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable por las lesiones, afecciones y pérdida de la capacidad laboral de Sebastián González

1 C1, carpeta expediente físico, pág. 58.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Sebastián González Clavijo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-40-004-2016-00972-01

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Clavijo durante la prestación del servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería de Selva 35 Héroes del Guepí.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a pagar las

siguientes sumas:

a. Perjuicios morales.

Demandante Calidad Monto en SMLMV Sebastián González Clavijo Lesionado 100 Mery Consuelo Clavijo González Madre 100 Ricardo González González Padre 100 Kevin David González Clavijo Hermano 50 Nicolás González Clavijo Hermano 50 María Elicenia González Abuela 50 Ángela Lucero Clavijo Tía 50

b. Materiales – lucro cesante. A favor de Sebastián González Clavijo, más de $160.000.000 por la pérdida de capacidad laboral, lo cuales se deberán tasar con las fórmulas establecidas por el Consejo de Estado.

c. Daño a la salud. A favor de Sebastián González Clavijo, el equivalente a 400 SMLMV y, a los demás demandantes, las mismas cuantías de los perjuicios morales.

c. Daño a la salud. A favor de Sebastián González Clavijo, el equivalente a 400 SMLMV y, a los demás demandantes, las mismas cuantías de los perjuicios morales.

1. Se actualicen las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la decisión definitiva, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y s.s. del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Sebastián González Clavijo fue incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería de Selva 35 Héroes del Guepí.

Fue sometido a los exámenes físicos y psicológicos, en los cuales se encontró que estaba en óptimas condiciones de salud.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Durante el tiempo que estuvo reclutado, fue sometido a intensas actividades físicas y militares de largas jornadas, así como a prestar el turno de centinela y cargar objetos pesados como costales de arena.

1. Cuando se encontraba en la etapa de instrucción y entrenamiento haciendo la prueba de pista de infantería que consistía en pasar unos obstáculos y terminando el último en un muro de 10 metros, cayó aparatosamente al suelo y se golpeó la

1. Cuando se encontraba en la etapa de instrucción y entrenamiento haciendo la prueba de pista de infantería que consistía en pasar unos obstáculos y terminando el último en un muro de 10 metros, cayó aparatosamente al suelo y se golpeó la pierna izquierda. E llo le impidió seguir con el entrenamiento y lo remitieron al dispensario médico, donde tan solo le dieron unos medicamentos para calmar el dolor.

1. Pese al dolor que lo aquejaba en la rodilla izquierda, continuó con la prestación del servicio militar y, para el 27 de enero de 2016, fue remitido al Centro de Salud del Municipio de La Montañita. Allí le diagnosticaron «trastorno interno rodilla izquierda». Posteriormente, fue atendido en el Hospital María Inmaculada, donde le diagnosticaron «desgarro de meniscos, presente».

1. «A partir de entonces, (...) ha venido asistiendo a controles médicos con la finalidad de recuperar su estado de salud pero ha sido infructuoso ya que el dolor se incrementa en su pie en momentos en que realiza una actividad física que requiera fuerza, su estado emocional se ha venido agravando, así como sufre de stres postraumático pues tiene su autoestima muy baja, ya que no puede caminar normalmente».

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que i) no obran en el plenario pruebas suficientes que acrediten que las lesiones y disminución de la capacidad laboral se causaran con ocasión del servicio militar obligatorio; y ii) no se acreditó que el demandante hubiese realizado las actuaciones tendientes a obtener la práctica de la Junta Médico Laboral.

y disminución de la capacidad laboral se causaran con ocasión del servicio militar obligatorio; y ii) no se acreditó que el demandante hubiese realizado las actuaciones tendientes a obtener la práctica de la Junta Médico Laboral.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

2 C1, carpeta expediente físico, pág. 91. 3 C1, archivo 17.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 , el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Luego de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a los conscriptos, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, reseñó las pruebas aportadas al plenario y sostuvo que:

1. El hecho dañoso sufrido por los demandantes, como fue la disminución de la capacidad laboral del 10% de Sebastián González Clavijo, está acreditado.

1. En asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, no siempre que se produce una lesión hay lugar a ordenar la indemnización de perjuicio s, toda vez que se deben valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, así como la relación con la prestación del servicio militar obligatorio.

1. En el formato de concentración e incorporación, se indicó que era apto para prestar

deben valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, así como la relación con la prestación del servicio militar obligatorio.

1. En el formato de concentración e incorporación, se indicó que era apto para prestar el servicio militar obligatorio; no obstante, en la ficha médica unificada se dejaron las anotaciones de «ANTECEDENTES TRAUMATICOS HOSPITALARIOS FX de pie derecho con yeso» y «SEÑALES PARTICULARES Si región dorsal irregular región distal muslo derecho y rodilla derecha».

1. La parte demandante adujo que el daño fue producido por la presunta caída del actor al estar en entrenamiento e instrucción militar, pero «en el proceso brilla por su ausencia prueba alguna que permita al Despacho tener como cierta tal afirmación, máxime si se tiene en cuenta que no se estableció una fecha del presunto accidente».

1. Únicamente está demostrado que, dados los síntomas que presentó el actor, l a entidad demandada hizo todo lo posible para que fuera valorado por medicina general y especializada en ortopedia, se le practicaron exámenes, resonancias magnéticas y se le suministraron los medicamentos necesarios, todo lo cual permite concluir que se h izo lo necesario para atender la patología «con la que salió el soldado regular».

1. Ante tales circunstancias, «se descarta -por falta de prueba que demuestre lo contrarioque la causa eficiente del daño sufrido por el actor haya sido la prestación del servicio militar, pues se itera dentro del plenario no se logró acreditar cual fue el origen de sus afecciones, pues no hay informativo administrativo por lesiones, ni

contrarioque la causa eficiente del daño sufrido por el actor haya sido la prestación del servicio militar, pues se itera dentro del plenario no se logró acreditar cual fue el origen de sus afecciones, pues no hay informativo administrativo por lesiones, ni hay informes del actor, ni declaración de terceros que den fe de lo sucedido, de talSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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manera que no hay certeza del accidente que según la parte actora le produjo las lesiones al señor SEBASTIÁN GONZÁLEZ CLAVIJO».

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte actora presentó el recurso de apelación. Manifestó que:

1. Existe una indebida apreciación probatoria frente al caso concreto, pues se omitió hacer el estudio de responsabilidad del Estado conforme al título de imputación de daño especial, pues «al tratarse de conscriptos donde su voluntad se ve doblegada, es decir su vinculación con el Ejército Nacional es obligatoria y no por voluntad propia se debió analizar bajo el régimen objetivo que no requiere exigencia probatoria especial o particular como lo pretende el ad-quo».

1. El a quo realizó un estudio del caso concreto basado en la falla del servicio, pero le dio un alcance diferente al caso particular, pues exigió unas pruebas especiales para poder acceder a las pretensiones de la demanda; además, desconoció la

1. El a quo realizó un estudio del caso concreto basado en la falla del servicio, pero le dio un alcance diferente al caso particular, pues exigió unas pruebas especiales para poder acceder a las pretensiones de la demanda; además, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la cual se debe presumir que se hicieron todos los exámenes de incorporación conforme a la Ley 48 de 1993.

1. No es válido que el a quo haya indicado que la enfermedad no tenía vínculo con el servicio, pues con las pruebas se demuestra que sí ocurrió durante el término de instrucción militar, el cual es de 3 o 4 meses de ejercicios de alta intensidad y entrenamientos riesgosos, «término en el cual no se tiene permiso para salir del cuartel sino hasta después del juramento de bandera, por lo que se puede inferir sin lugar a dudas que ocurrió por razones del servicio, por otra parte, el hecho que no exista una informe administrativo por lesión no es óbice para descartar lo afirmado anteriormente, téngase en cuenta que el golpe sufrido en su rodilla izquierda puede generar daños instantáneamente porque se pueden agravar por el tiempo, y a ciencia cierta para la entidad, un golpe sufrido por un soldado no va a ser objeto de un informe administrativo por lesión y eso no quiere decir que a la larga y con los ejercicios de alta intensidad no se vaya a deteriorar o agravar el daño inicial».

1. La sentencia citada por el a quo es completamente diferente a nivel fáctico que el sub lite, luego no podía aplicarse al caso concreto, máxime porque no se trató de

4 C1, archivo 18.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

sub lite, luego no podía aplicarse al caso concreto, máxime porque no se trató de

4 C1, archivo 18.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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una enfermedad común sino de una patología generada por un accidente y que se agravó con el pasar del tiempo.

1. El hecho de que la Junta Médico Laboral hubiese clasificado la enfermedad como común no significa que no sea imputable jurídicamente a la entidad demandada, toda vez que dicho dictamen es una valoración médica que, dependiendo del tipo de enfermedad, adecúa las definiciones establecidas en el Decreto 94 de 1989.

1. Tampoco se tuvo en cuenta que se trató de una enfermedad progresiva, «puesto que estuvo más de 6 meses con los dolores y dificultad para caminar, seguidamente fue remitido por el Ejército para valoración médica con un diagnóstico de trastorno interno de rodillas el 27 de enero del 2016, así las cosas tuvo que esperar 3 meses más para que el Ejército lo remitiera por ortopedia y traumatología al hospital María Inmaculada, donde finalmente fue diagnosticado con desgarro de meniscos, fecha en la cual el soldado SEBASTIÁN GONZÁLEZ había perdido notablemente la movilidad de la rodilla teniendo que usa muletas y bordón para poder caminar, de lo cual se avizora la demora y falta de guarda y protección en que incurrió el Ejército

movilidad de la rodilla teniendo que usa muletas y bordón para poder caminar, de lo cual se avizora la demora y falta de guarda y protección en que incurrió el Ejército Nacional para con el conscripto, pues pese a que se encontraba vulnerable con la patología de su rodilla, lo obligó a seguir cumpliendo el servicio militar y lo sometió a las actividades propias del régimen castrense durante un tiempo prolongado, agravando la situación hasta ser diagnosticado con Condromalac ia Patelar tal y como se desprende del concepto por ortopedia del dictamen pericial de l Tribunal médico laboral».

1. Se debe partir de la presunción legal de que al joven González Clavijo le fue practicado cada uno de los exámenes médicos para su incorporación y como consecuencia de esto fue declarado apto. Y, si bien con posterioridad apareció una lesión antigua, «quiere decir entonces que hay una falla en el servicio en la incorporación (...), lo cual desconoce abiertamente el Juez de primera instancia, pues no se hizo un estudio y análisis correspondiente de los sujetos de especial protección como lo son los soldados regulares que prestan su servicio militar obligatorio y lo único que hace el Despacho es atribuir responsabilidad por una supuesta orfandad probatoria».

1.5. Trámite de segunda instancia.

En el auto proferido el 21 de enero de 2022 y en cumplimiento de la Ley 2080 de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 30 deSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Sebastián González Clavijo y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Medio de control: Reparación directa

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septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia. 5 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la lesión sufrida por Sebastián González Clavijo cuando prestaba el servicio militar obligatorio.

Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración en relación con conscriptos; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo

indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado7.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo so bre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»8

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001 -23-31-000-2003-00450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual

(37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de im putación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

6 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

7 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 8 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa pete ndi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurí dico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con los conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños

imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con los conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que sean ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar de acuerdo con las circunstancia en las que se produjo el daño antij urídico. Al respecto ha precisado lo siguiente:

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –, y de otro lado, el de l a falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada. (…)

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que

debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta atribuible al Estado, con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación que se vienen de enunciar.”9

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 05001-23-25-000-1994-0002001(19031). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Referencia: Accion de Reparación DirectaSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la reali zación de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servicio si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

ocasionó con ocasión de la reali zación de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servicio si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

Lo anterior se permite, dado que los conscriptos no ingresan de manera voluntaria a las Fuerzas Militares o de Policía, lo hacen con el fin de cumplir el servicio militar obligatorio como un deber que les impone la Constitución Política y cuyo fin es defen der la independencia nacional y las instituciones públicas10. Por ser de esta manera, los títulos de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les ocasionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

Ello es así, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, al someter a los conscriptos a la obligación de prestar el servicio militar y, por ende, limitar su libertad individual, entabla con estos una relación de especial sujeción que lo convierte en garante de su estado físico y mental y, en consecuencia, lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos11. Al respecto, ha señalado el Consejo de

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, y la que surge de los daños padecidos por un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente. Esta distinción tiene su

perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, y la que surge de los daños padecidos por un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente. Esta distinción tiene su fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar o policial les es impuesta a los ciudadanos por el orden jurídico, en el segundo evento las personas ingresan al servicio por iniciativa propia, con lo que asumen los riesgos i nherentes al desempeño de la carrera militar o policial. (…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del sold ado o el policía en la medida en que es una persona sometida a su custodia y cuidado, lo que implica que debe responder por los daños que le sean causados en la ejecución de la función pública. En otras palabras, la administración debe reintegrar a los soldados conscriptos a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio (…).12

10 Artículo 216 de la Constitución Política «(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas». 11 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente: 19849. C.P. Enrique Gil Botero. 12 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera (3º). Subsección B. Sentencia proferida el 5 de marzo de 2015.

Rad. 25000-23-26-000-2003-00693-01(34671). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Sebastián González Clavijo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-40-004-2016-00972-01

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Cabe precisar que la responsabilidad del Estado queda sin fundamento cuando se logre comprobar que el daño antijurídico se produjo por el hecho exclusivo de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero. De ser así, el daño no será imputable al Estado, dado que se