TA CAQ - 1800123-31-000-2022-000110-00-(08-03-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Primera de Decisión –

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

SENTENCIA N° 025

Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

Medio de Control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto demandado: Acuerdo municipal No. 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021 proferido por el Concejo Municipal de Belén de los

Andaquíes, Caquetá.

Asunto: Facultad para modificar impuesto predial.

I. OBJETO DE DECISIÓN.

Procede la Sala Primera de Decisión a resolver sobre la observación de ilegalidad formulada por el gobernador del departamento del Caquetá, en relación con el acuerdo municipal No. 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021 proferido por el concejo municipal de Belén de los Andaquíes “Por medio del cual se establece el estatuto tributario del municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá”.

II. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LEGALIDAD.

El gobernador del Caquetá1, conforme a la facultad establecida en los artículos 119 y 120 del Decreto Ley 1333 de 1.986, remitió a esta corporación, para que se ejerza el respectivo control de legalidad, el acuerdo municipal No. No. 200-02-01-20 del 14

y 120 del Decreto Ley 1333 de 1.986, remitió a esta corporación, para que se ejerza el respectivo control de legalidad, el acuerdo municipal No. No. 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021 proferido por el concejo municipal de Belén de los Andaquíes “Por medio del cual se establece el estatuto tributario del municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá”, al considerar que adolece de vicios que afectan su validez.

Como fundamento de la revisión de legalidad , refiere que el acuerdo cuestionado presenta vicios jurídicos por encontrarse algunas objeciones consistentes en la violación de los artículos 313 y 315 Constitucionales y 4° de la Ley 44 de 1.990, modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2.011.

Lo anterior por cuanto sostiene que el concejo municipal mediante el acuerdo acusado facultó al alcalde para efectuar un cobro excesivo del impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo, al acordar que no podrá exceder el doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, comoquiera que el monto liquidado legalmente permitido es el 25% , excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o

1 Estante digital. Archivo en PDF N° 1 del expediente electrónico.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

Medio de Control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto demandado: Acuerdo municipal No. 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021 - Belén de los Andaquíes

Medio de Control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto demandado: Acuerdo municipal No. 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021 - Belén de los Andaquíes Asunto: Facultad para modificar impuesto predial.

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económicos que se identifiquen en los procesos de actualización del catastro cuando la tarifa de dicho impuesto debe ser fijado por los respectivos concejos municipales y distritales, y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

En relación con la tarifa de la sobretasa de la gasolina, se estableció en el 18.5 % sobre el valor de la venta, vulnerando el artículo 122 de la ley 488 de 1.998, el cual preceptúa que no podrá ser inferior al 14% ni superior al 15%. Aparte que fue declarado exequible mediante sentencia C-894 de 1.999.

III. ANTECEDENTES.

Según se evidencia en los certificados allegados, el concejo municipal de Belén de los Andaquíes discutió y aprobó el proyecto de acuerdo a través de dos debates: el primero tuvo lugar el 12 de noviembre de 2.021 y el segundo el 14 de diciembre de la misma anualidad; que, por su parte, el alcalde sancionó dicho acuerdo el 14 de diciembre de 2.021 transgrediendo los artículos 82 y 91 literal a) numeral 7 de la ley 136 de 1.994, pues lo remitió al Gobernador del Caquetá para lo de su competencia, el 14 de julio de 2.022. Mediante constancia secretarial se fi ja en cartelera de la

136 de 1.994, pues lo remitió al Gobernador del Caquetá para lo de su competencia, el 14 de julio de 2.022. Mediante constancia secretarial se fi ja en cartelera de la alcaldía municipal el 7 de julio de 2.022 y se desfija el 11 de julio de la misma anualidad.

IV. ACTUACIONES PROCESALES.

Mediante auto de fecha 20 de enero de 2.023 se avocó conocimiento de la solicitud presentada por el gobern ador, disponiéndose la fijación d el proceso en lista para efectos de la intervención de los sujetos procesales , del procurador judicial o de cualquier otra persona; término dentro del cual presentó concepto el delegado del ministerio público.

4.1. Concepto del Ministerio Público2.

Solicita se acceda parcialmente a las pretensiones de nulidad del acto enjuiciado.

Al respecto, señala que el artículo 2 de la Ley 1995 de 2 .019, por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial, en su artículo 2° dispone:

“Artículo 2o. Límite del impuesto predial unificado . Independientemente del valor de catastro obtenido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa actualización, será del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto Predial Unificado.

Para el caso de los predios que no se hayan actualizado el lími te será de máximo 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior.

esa actualización, será del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto Predial Unificado.

Para el caso de los predios que no se hayan actualizado el lími te será de máximo 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior.

Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta, 135 smmlv, el incremento anual del Impuesto Predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC.”

Para efectos de la aplicación de los límites al incremento anual del impuesto predial, el análisis debe realizarse en relación con cada predio y su cumplimiento de las

2 Estante digital. Archivo en PDF N° 17 expediente electrónico.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

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condiciones específicas señaladas en el artículo anteriormente seña lado; por ende, a los predios que no les resulte aplicable ninguno de los tres límites previstos en el artículo segundo de la Ley 1995 de 2 .019, porque no cumplen las condiciones allí establecidas, o porque se encuentran excluidos en virtud del parágrafo d el mismo artículo, se les deberá aplicar el límite previsto en el artículo 6º de la Ley 44 de 1.990, observando las exclusiones allí consideradas, el cual señala:

“Artículo 6. Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en

artículo, se les deberá aplicar el límite previsto en el artículo 6º de la Ley 44 de 1.990, observando las exclusiones allí consideradas, el cual señala:

“Artículo 6. Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso”.

En consecuencia, señala que no existe ningún vicio de nulidad del acto administrativo por cuanto no adolece del vicio de legalidad, consistente en desconocer las normas en que debería fundarse y falta de competencia.

Ahora, en cuanto a la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1 .998, como renta estrictamente territorial, esto es, una fuente de financiación endógena de las entidades territoriales beneficiadas , aduce que el legislador no puede intervenir en su destinación, sino, exclusivamente, si se trata de una intervención imprescindible, idónea y estrictamente proporcionada, para defender recursos nacionales seriamente amenazados, o, para garantizar la estabilidad macroeconómica de la Nación.

Afirma, entonces, que, en principio, las entidades territoriales tienen el derecho a definir, de manera autónoma, la destinación de los recursos que obtengan de la sobretasa de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998. Sin embargo, excepcionalmente el legislador podrá intervenir en dicha destinación siempre que cada intervención supere los requisitos mencionados.

sobretasa de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998. Sin embargo, excepcionalmente el legislador podrá intervenir en dicha destinación siempre que cada intervención supere los requisitos mencionados.

Y como sobre el particular, la Ley 488 de 1.998, en su artículo 122, señala:

“ARTICULO 122. TARIFA MUNICIPAL Y DISTRITAL. El Concejo municipal o distrital, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta Ley, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al catorce por ciento (14%) ni superior al quince por ciento (15%).”

No cabe duda que frente al presente articulado sí es contrario a la Constitución y las leyes, incurriendo en una causal de anulación.

4.2. Municipio de Belén de los Andaquíes.

Guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

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De conformidad con lo preceptuado en el artículo 119 del decreto 1333 de 1.986, el tribunal es competente para resolver sobre la validez del acuerdo municipal enjuiciado.

5.2. Problema jurídico.

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De conformidad con lo preceptuado en el artículo 119 del decreto 1333 de 1.986, el tribunal es competente para resolver sobre la validez del acuerdo municipal enjuiciado.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si, como lo señala el señor gobernador, el acuerdo municipal N° 200-02-01-20 del 14 de diciembre de 2.021, expedido por el concejo municipal de Belén de los Andaquíes , debe ser anulado, de conformidad con los reparos que sobre la validez del mismo se plantean.

5.3. Del principio de legalidad tributaria.

La Constitución Política señala:

“ARTÍCULO 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”

“ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.”

Así mismo, el artículo 288 ibídem consagra:

“La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias

4. Participar en las rentas nacionales.”

Así mismo, el artículo 288 ibídem consagra:

“La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”

Por su parte, el artículo 313 de la Carta Política establece las funciones de los concejos y el numeral 4º a la letra dice : “Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”.

A su vez, el artículo 338 Superior dispone:

“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

Medio de Control: Revisión de legalidad

Accionante: Gobernación del Caquetá

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Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”

De la normatividad constitucional señalada se puede deducir que la autonomía de las entidades territoriales está limitada por la Constitución y la ley, bajo la cual rigen sus competencias, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, a saber:

“La Corporación ha precisado que el principio de autonomía debe considerarse dentro de los límites de la Constitución y la ley4, con lo que se reconoce la superioridad de las regulaciones del Estado unitario, pero en el entendido que la normatividad nacional debe respetar el contenido esencial de la autonomía territorial, “que se constituye en el reducto mínimo que, en todo caso, debe ser respetado por el legislador”5. De esa manera se afirman los intereses locales y se r econoce la supremacía de un ordenamiento superior con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario6” (Negrilla de la Sala).

Finalmente, el artículo 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1 .994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2 .012, señala como atribución de los concejos

unitario6” (Negrilla de la Sala).

Finalmente, el artículo 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1 .994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2 .012, señala como atribución de los concejos municipales, “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley”.

De las anteriores disposiciones constitucionales y legales surge que en materia impositiva la facultad originaria de establecer o crear tributos radica exclusivamente en el congreso, contando las asambleas y los concejos con una facultad impositiva derivada, en la medida que sólo a partir de la creación o autorización legal del impuesto pueden establecer los elementos de la obligación tributaria, cuando la ley creadora no los ha fijado directamente. De allí que se diga que en materia tributaria dichas corporaciones públicas se encuentran supeditadas a la Constitución y a la ley.

En relación con la interpretación que debe dársele al artículo 338 de la C. Política, la Corte Constitucional en sentencia C-537 de 1995, señaló:

"Conforme a lo anterior, estima la Corte que la regla general en virtud de lo dispuesto por el artículo 338 superior, es que la ley que crea una determinada contribución, debe definir directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. Pero ello no obsta para que dentro de una sana interpretación de las normas constitucionales, sean las entidades territoriales las que con base en los tributos creados por la Ley , puedan a través de las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales o distritales, a través de sus

sana interpretación de las normas constitucionales, sean las entidades territoriales las que con base en los tributos creados por la Ley , puedan a través de las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales o distritales, a través de sus corporaciones, fijar los elementos de la contribución respectiva, o sea, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas de las mismas".

Similar interpretación ha sido acogida por el Consejo de Estado, al señalar:

3 Sentencia C-533 de 2005 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 4 Ver Sentencia C-366/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 5 Sentencia C-004 de 1993. MP Ciro Angarita Barón. Consideración de la Corte C-2-c. En el mismo sentido ver, entre otras, la sentencia C568/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 6 Sentencia Corte Constitucional C -478/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver en este sentido igualmente las sentencias C-126/93 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-643/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

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“La sentencia C -035 del 2009 señaló que el legislador debía establecer los límites dentro de los cuales las ordenanzas o los acuerdos podían fijar los contenidos

Asunto: Facultad para modificar impuesto predial.

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“La sentencia C -035 del 2009 señaló que el legislador debía establecer los límites dentro de los cuales las ordenanzas o los acuerdos podían fijar los contenidos concretos de la obligación tributaria, y dejó en claro que la autonomía tributaria de los entes territoriales exige que la ley reserve un espacio para que éstos puedan ejercer sus competencias impositivas, de modo que el congreso no demarcara de forma absoluta la constitución del tributo. Así, el máximo tribunal en lo constitucional admitió que los concejos distritales y municipales podían determinar los elementos de la obligación tributaria, siempre que (i) medie autorización del legislador para la imposición del gravamen, y (ii) que la ley contenga la delimitación del hecho gravado con el respectivo impuesto o contribución.

Acogiendo las anteriores orientaciones, esta Sección, en sentencia del 9 de jul io del 2009, modificó la línea jurisprudencial que venía aplicando en materia de la facultad impositiva de las entidades territoriales, a propósito de la demanda de nulidad contra el Acuerdo Municipal 0627 de 2006, por el cual el Concejo de Manizales estableció el impuesto al teléfono destinado a la seguridad ciudadana en dicho territorio.

En dicha providencia, la Sala puso de presente que bajo la vigencia de la Constitución de 1886 la facultad impositiva de los municipios era derivada en cuanto se supeditaba a las leyes expedidas por el Congreso, pero que tal directriz había sufrido una variante en el año 1991, cuando el constituyente previó que la ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los

a las leyes expedidas por el Congreso, pero que tal directriz había sufrido una variante en el año 1991, cuando el constituyente previó que la ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales consagrados en los artículos 1o, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Carta, que confirieron a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

De acuerdo con lo anterior, la sentencia concluyó que la facultad para determinar los presupuestos objetivos de los gravámenes no es exclusiva del Congreso, pues ello haría nugatoria la autorización que el artículo 3 38 de la Constitución confirió expresamente a los departamentos y municipios sobre tales aspectos.

Al tiempo, precisó que la competencia municipal en materia impositiva no es ilimitada ni puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, pues la facultad creadora está atribuida al Congreso. Por tanto, sólo a partir del establecimiento legal del impuesto, los entes territoriales pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando la ley creadora no los ha fijado directamente.

(…)

Así pues y en virtud de los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio actual de la Sala en materia de facultad impositiva territorial reconoce la autonomía fiscal de los municipios para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado.

En otros términos, el ejercicio de la autonomía fiscal en el orden territorial sólo puede operar respecto de impuestos previamente creados o

autonomía fiscal de los municipios para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado.

En otros términos, el ejercicio de la autonomía fiscal en el orden territorial sólo puede operar respecto de impuestos previamente creados o autorizados por el legislador.” 7 (Negrillas fuera del texto).

De acuerdo con lo anterior, en materia tributaria rigen los principios de soberanía fiscal, en cabeza del Estado, y de la autonomía tributaria de los entes territoriales.

7 Consejo de Estado, Sección 4ª, sentencia del 05 de diciembre de 2011, exp. 17370. C. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.Expediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

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En virtud del primero, la competencia para crear nuevos tributos está atribuida exclusivamente al Congreso y, en virtud del segundo, los entes territoriales, a través de sus corporaciones administrativas (Asambleas Departamentales y Concejos Municipales) pueden determinar los elementos de la obligación tributaria, pero siempre a partir del estableci miento legal de un impuesto, en los eventos en que tales elementos no hayan sido fijados por el legislador en la norma que los autoriza.

Ahora bien, frente al órgano encargado de establecer las tarifas de los impuestos, señaló la Corte Constitucional en sentencia C-891 de 2.012:

Ahora bien, frente al órgano encargado de establecer las tarifas de los impuestos, señaló la Corte Constitucional en sentencia C-891 de 2.012:

“De esta manera, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad del tributo tiene las siguientes características:

• Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal.

• Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”.

• Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual “se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso”.

• Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada en el principio de “unidad económica” , especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de las asambleas departamentales o de los concejos municipales.

• No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier tributo o contribución (en sentid o amplio). No obstante, de la naturaleza del gravamen depende el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes. Así, frente a tributos de carácter nacional, el Congreso está obligado a definir todos los elementos en forma “clara e inequívoca”, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base impositiva y la tarifa. Por el contrario, tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente autoriza su creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una competencia concurrente de

hecho generador, la base impositiva y la tarifa. Por el contrario, tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente autoriza su creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una competencia concurrente de las asambleas departamentales o de los concejos municipales según el caso.

• De conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 338, no sólo el legislador, sino también las asambleas y los conc ejos están facultados para fijar los elementos constitutivos del tributo.

• La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las ordenanzas o los acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338 de la Constitución.

Por otro lado, esta Corporación ha señalado una serie de reglas derivadas del principio de legalidad:

“(i) Son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues esta exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 superior; (ii) al establecer los elementos del tributo, es menesterExpediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

Medio de Control: Revisión de legalidad

Accionante: Gobernación del Caquetá

el artículo 338 superior; (ii) al establecer los elementos del tributo, es menesterExpediente número: 18001-23-31-000-2022-000110-00

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que la ley, las ordenanzas o los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la falta de claridad sea insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad las normas que señalan los elementos de la obligación tributaria no se opone al carácter general de dichas normas; (v) no se violan los principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir de ella.”

Por lo anterior, cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además es a Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii)que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los re stantes,

Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii)que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los re stantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado.

La existencia de ese principio de legalidad, no implica, sin embargo, que el legislador deba agotar la regulación de todas las materias hasta el detalle, puesto que, como lo ha señalado la Corte, cuando la regulación de determinada materia corresponda primariamente al Legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, “... la ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pues puede delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos.”

Así, solo la determinación política de los elementos del tributo estaría sujeta al rigorismo propio del principio de legalidad, al paso que las variables económicas que inciden sobre los mismos, son susceptibles de un tratamiento menos restringido.

Derivado del principio de legalidad de los tributos se encuentra el principio de certeza, conforme al cual los órganos de representación popular están obligados a determinar, de manera clara y suficiente, los elementos estructurales del impuesto, a fin de garantizar tanto la seguridad jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia en el recaudo del tributo:

“En virtud del principio de certeza, la norma que establece el impuesto debe fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa”.

El principio de certeza en materia tributaria, que surge como consecuencia lógica del

sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa”.

El principio de certeza en materia tributaria, que surge como consecuencia lógica del de legalida d, tiene, según lo expuesto, la finalidad de garantizar que todos los elementos del vínculo impositivo entre los administra