TA CAQ - 1800123-33-000-2019-00186-00-(20-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veinte (20) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: David Balcázar Campo Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones ParafiscalesUGPP Radicación: 18001-23-33-000-2019-00186-00

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

Acta número 66.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por David Balcázar Campo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social, en adelante, UGPP.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

David Balcázar Campo , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de la Resolución 21851 del 17 de mayo de 2007 y las anteriores proferidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Archivo 1, pág. 5.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: David Balcázar Campo

Demandado: UGPP

reconocimiento de la pensión gracia.

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Demandante: David Balcázar Campo

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1. Se condene a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia, conforme al 75% del promedio de la remuneración devengada en el año anterior a la causación del derecho. iii. Se ordene el reajuste de la cuantía pensional en los términos de la ley; la actualización de las sumas reconocidas conforme al IPC; y el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Por laborar como docente, cumplió el requisito de haber completado los 20 años de servicios en colegios de secundaria, 50 años de edad y buena conducta.

1. No hace parte del grupo de maestros oficiales de primaria que la Ley 114 de 1913 excluyó el reconocimiento de la pensión gracia.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó la Ley 42 de 1933 para señalar que la pensión gracia se concede a los educadores que cumplan 20 años de servicio, 50 años de edad, buena conducta y que no pertenezcan al grupo de maestros oficiales de primera que habían sido excluidos de dichos benefi cios por recibir la pensión o recompensa de la Nación a causa de la guerra de los 1000 días. Luego, refirió la Ley 37 de 1933 para señalar que esa prestación se concedió a los

por recibir la pensión o recompensa de la Nación a causa de la guerra de los 1000 días. Luego, refirió la Ley 37 de 1933 para señalar que esa prestación se concedió a los educadores oficiales de secundaria que cumplían los 20 años de servicios «sin distinguir si estos se prestaron en colegios nacionales, departamentales, municipales o distritales y donde la ley no distingue, no lo puede hacer el intérprete».

También trajo en cita las Leyes 116 de 1928, 114 de 1913 y 91 de 1989 , así como las sentencias C-489 de 2000, C-085 de 2002, C-380 de 2000, C-084 de 1999, C-479 de 1998, C-954 de 2000 y C-820 de 2006 proferidas por la Corte Constitucional, para señalar que cumple con la única condición establecida en la Ley 37 de 1933, esto es, haber trabajado 20 años en colegios de secundaria, pues «es una ley autónoma que establece sin distinción de origen de nombramiento Nacional, Departamental, Municipal o Distrital».Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.2. Admisión de la demanda.

Mediante el auto proferido el 1 de noviembre de 2019 se admitió la demanda presentada por el señor David Balcázar Campo contra la UGPP.2

1.3. Contestación de la demanda.3

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el demandante no

por el señor David Balcázar Campo contra la UGPP.2

1.3. Contestación de la demanda.3

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el demandante no cumple con los requisitos legales y, por tanto, no es beneficiario de la pensión gracia.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Inexistencia de la obligación demandada. Toda vez que al resolver la solicitud se encontró que el actor no cumple con los requisitos de ley.

1. Ausencia de vicios en el acto administrativo demandado. Porque no se demostró ninguna causal de nulidad, en consecuencia, se debe mantener la presunción de legalidad de la resolución atacada.

1. Prescripción. Porque se debe aplicar el Decreto 1848 de 1969.

1. Inepta demanda. Porque las pretensiones no son claras ni expresas, sumado a que se pretende hacer valer los tiempos nacionales para adquirir el derecho a la pensión gracia con la vinculación nacional.

1.4. Trámite de sentencia anticipada.4

En el auto proferido el 3 de noviembre de 2020 se resolvió i) denegar la práctica de la prueba testimonial solicitada por la parte actora; ii) dar aplicación al numeral 1º del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020; iii) prescindir de la audiencia inicial; iv) incorporar al expediente las pruebas aportadas por las partes; y v) correr a las partes el traslado para alegar de conclusión.

2 Archivo 1, pág. 92. 3 Archivo 1, pág. 139. 4 Archivo 06.Sentencia de primera instancia

alegar de conclusión.

2 Archivo 1, pág. 92. 3 Archivo 1, pág. 139. 4 Archivo 06.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5. Alegatos de conclusión.

1.5.1. Parte demandante.5

Sostuvo que no le son exigibles los requisitos de la Ley 114 de 1913, toda vez que no fue maestro de primaria «por lo tanto, no le obligan los requisitos establecidos en la misma, aunque los cumple en su totalidad»; aseguró que tampoco se puede aplicar la Ley 116 de 1928 porque no fue maestro de normales.

1.5.2. UGPP.6

Insistió en que el actor no cumple con los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913, toda vez que, según el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación de Florencia, tiene como tipo de vinculación nacional. Por demás, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

1.5.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por David Balcázar Campo contra la UGPP, de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

restablecimiento presentada por David Balcázar Campo contra la UGPP, de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si el señor David Balcázar Campo cumplió con el requisito de los 20 años de servicio en establecimientos educativos territoriales o nacionalizados que exige la ley para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Para efectos de desarrollar est e problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia y la descentralización de la

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educación consagrada en la Ley 60 de 1993; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Recuento normativo de la pensión gracia.

La pensión gracia es un reconocimiento efectuado por el Estado inicialmente a los maestros de escuelas primarias oficiales. Fue creada con la Ley 114 de 19137, conforme a la cual los docentes tenían derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 50% de lo devengado en el último año de servicios, siempre y cuando contaran con veinte (20) años de servicio y no estuvieran recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional, conforme

docentes tenían derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 50% de lo devengado en el último año de servicios, siempre y cuando contaran con veinte (20) años de servicio y no estuvieran recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 4.° de la mencionada Ley.

Este mandato normativo fue ratificado por parte de los órganos de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa8 y Constitucional9, quienes indicaron que la restricción relativa al no reconocimiento de la pensión gracia en favor de un docente nacional es un requisito de viabilidad que atiende principalmente a evitar la doble remuneración.

Seguidamente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. En el artículo 6.º autorizó a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos, la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria. A su vez, la Ley 37 de 193311 hizo extensiva la prestación social a los maestros de escuela que completaran el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

7 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.” “ARTÍCULO 2º.- La cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos

7 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.” “ARTÍCULO 2º.- La cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos. (Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido de que el precepto transcrito dispone que "cuando se trate de servidores del ramo docente las pensiones de jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos durante el último año)..” 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 de agosto de 1997. M.P Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón. 9 Sentencia C-479 de 1998 M.P Carlos Gaviria Díaz 10 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.” 11 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados.”Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 12 se nacionalizó la educación primaria y secundaria oficial, cuya carga presupuestal asume la Nación a partir del 1.º de enero de 1976

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Con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 12 se nacionalizó la educación primaria y secundaria oficial, cuya carga presupuestal asume la Nación a partir del 1.º de enero de 1976 mediante aportes que hiciere al ente territorial hasta llegar a asumir el gasto en su totalidad a 31 de diciembre de 1980, 13 los cuales serían administrados por los Fondos Educativos Regionales14 que daban cuenta de la diferenciación de los docen tes territoriales, los nacionales y los nacionalizados.

Por su parte, la Ley 91 de 1989 aclaró los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado» de la siguiente manera:

ARTÍCULO  1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

La norma también eliminó la pensión gracia para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 , a quienes solo se les reconocería una pensión de jubilación equivalent e al 75% del salario mensual promedio del último año, pero mantuvo el derecho a la pensión gracia

enero de 1990 , a quienes solo se les reconocería una pensión de jubilación equivalent e al 75% del salario mensual promedio del último año, pero mantuvo el derecho a la pensión gracia para los docentes del orden territorial, municipal y distrital que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1980, y que cumplieran con los requisitos estable cidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

De esta manera lo entendió el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,15 al sostener que «(…) el Legislador se permitió que luego de la nacionalización de la educación, establecida por la Ley 43 de 1975, los docentes departamentales o municipales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, comprendidos en dicho proceso, tuvieran la oportunidad de acceder a la pensión gracia de conformidad con las citadas Leyes 114 de 1913 y 37 de 1933, permitiendo la compatibilidad de la misma con la pensión ordinaria de jubilación,

12 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» 13 Artículo 3.º 14 Artículo 6.º. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. C.P Alfonso Vargas Rincón, 22 de enero de

2015. Rad: 25000-23-42-000-2012-02017-01(0775-14) Actor: Solangel Castro Pérez Demandado: UGPPSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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“aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación”, siempre y cuando cumplieran con la totalidad de los requisitos».

En relación con el tiempo de servicio y la exclusividad de la prestación del servicio en instituciones territoriales o nacionalizadas para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en providencia del 1 de marzo de 2018, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado16 manifestó que «(…) el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas (…) Se concluye, que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada , descartando de esta forma aquellas del orden nacional, porque provengan directamente del Gobierno Nacional. (…)».

En lo que respecta a la prueba como docente territorial, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 señaló que para dichos efectos «Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo , en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera

además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».17

La providencia mencionada también fue enfática en señalar que el origen de los recursos con los cuales el nominador sufraga las acreencias laborales de los docentes no es lo que determina si la vinculación es de carácter nacional o no, pues «Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».18

2.3.2. La descentralización de la educación consagrada en la Ley 60 de 1993 y sus efectos sobre la pensión gracia.

El Congreso de la República expidió la Ley 60 de 1993,19 con la cual distribuyó los servicios y competencias en materia social a cargo de las entidades territoriales y la Nación. Hizo lo

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicación 25000-23-42-000-2013-06449-01(3989). 17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14) CESUJ2-011-18, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 21 de junio de 2018. 18 Ibidem.

SUJ2-011-18, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 21 de junio de 2018. 18 Ibidem. 19 «[P]or la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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propio con los recursos regulados en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, situado fiscal hoy sistema general de participaciones, como un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación cedido a los departamentos para que en forma directa o a través de los municipios atendieran los servicios de educación y salud.20

La ley trajo consigo la descentralización de los servicios de educación y salud en favor de los departamentos y municipios. En lo que respecta al primero, dispuso que sería dirigido y administrado directa y conjuntamente con los municipios, de suerte que los establecimientos educativos y la planta de personal tendrían caráct er departamental. Así lo estableció el numeral 5.º del artículo 3.º de la Ley 60 de 1993 que señaló lo que se trascribe:

Art. 3º. Competencia de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas

departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:

1º. Administrar los recursos cedidos por la Nación, planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las competencias municipales, conforme a la Constitución, a la Ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos ministerios. […]

5º Las anteriores competencias generales serás asumidas por los departamentos así:

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones

legales sobre la materia:

Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria media.

(…)

Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de servicios docentes.

Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos.

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la

los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la

20 «Artículo 9º.- Naturaleza del situado fiscal. El situado fiscal establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los dis tritos especiales de Cartagena y Santa Marta. para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.»Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley.

De igual manera, el artículo 6.º ibídem en lo que a la administración de personal se refiere, manifestó lo siguiente:

ARTÍCULO 6o. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. (…) Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal

administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin p erjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será in corporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

(…) El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos e statales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto Ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente sus reajustes sala riales serán definidos de conformidad con la ley 4ª de 1992. (…).

De conformidad con la norma citada, a los docentes nacionales que en virtud de la descentralización se incorporen sin solución de continuidad a la planta de personal del departamento o distrito se les debe aplicar el régimen prestacional consagrado en la Ley 91 de 1989, es decir, el previsto para los empleados públicos nacionales que consagra en

descentralización se incorporen sin solución de continuidad a la planta de personal del departamento o distrito se les debe aplicar el régimen prestacional consagrado en la Ley 91 de 1989, es decir, el previsto para los empleados públicos nacionales que consagra en su favor una pensión ordinaria de jubilación y no la pensión gracia creada para los maestros territoriales.

Por su parte, la Ley 115 de 1994,21 en el artículo 105, señaló que la vinculación del personal docente aludido solo puede hacerse mediante nombramiento por decreto y «dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territ orial». De igual manera, la ley dispuso que la educación estatal debía ser financiada con cargo a «los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la Ley, más el aporte de

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los Departamentos, los Distritos y los Mun icipios, según lo dispuesto en la ley 60 de 1993»22

En lo que respecta a los recursos del situado fiscal, la Ley 60 de 1993 en su artículo 14 fijó los requisitos para su administración por parte de los departamentos y de los distritos. Entre ellos contempló los siguientes:

ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SITUADO FISCAL POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. Para asumir la administración de los recursos del situado fiscal

ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SITUADO FISCAL POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. Para asumir la administración de los recursos del situado fiscal en los términos y condiciones señalados en la presente ley, los departamentos y distritos deberán acreditar ante los Ministerios de Salud y Educación, según el caso, los siguientes requisitos: (…)

5. La realización, con la asistencia del ministerio respectivo, de los siguientes

ajustes institucionales: a. En educación: - Definir la dependencia departamental o distrital que asumirá la dirección de la educación, y demás funciones y responsabilidades asignadas por la ley. - Incorporar a la estructura administrativa departamental o distrital los Centros Experimentales Piloto, los Fondos Educativos Regionales y las Oficinas de Escalafón. - Incorporar los establecimientos educativos que entrega la nación a la administración departamental o distrital. - Determinar la estructura y administración de la planta de personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 6o de esta ley.

Como se advierte, la norma condicionó el manejo de los recursos del antes llamado situado fiscal por parte de los departamentos a que estos acreditaran ante el Ministerio de Educación que ajustaron la estructura y administración de su planta de personal educativa como lo dispuso el artículo 6.º citado con antelación.

Ahora bien, en lo que se refiere a la incorporación de los docentes nacionales a las plantas de personal departamentales que permiten los artículos 3.º, 6.º y 14 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994 en virtud de la descentralización de la educación estatal, la

de personal departamentales que permiten los artículos 3.º, 6.º y 14 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994 en virtud de la descentralización de la educación estatal, la jurisprudencia ha sido del criterio de que ello por sí solo no implica que el docente dejó de ser nacional y pasó a ser territorial para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, puesto que en este evento lo que se debe tener en cuenta es la naturaleza de la plaza que se ocupa, conforme el criterio esbozado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018.23

22 Artículo 173. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, Consejero ponente Doctor Carmelo Perdomo Cuéter, número interno 3805-2014.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Si bien en el acápite anterior se citó la sentencia referida, conviene recordar su contenido sobre el particular. En efecto, la prov idencia determinó con claridad que lo relevante para determinar si la vinculación es de carácter nacional o territorial « es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada». 24 (Negrilla fuera de texto).

Este criterio lo ha aplicado la jurisprudencia al momento de definir si un docente nacional

plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada». 24 (Negrilla fuera de texto).

Este criterio lo ha aplicado la jurisprudencia al momento de definir si un docente nacional que fue incorporado a la planta de personal de la entidad pasó o no a ser docente territorial para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Sobre el pa rticular se ha dicho lo siguiente:

45. Ahora, frente a la incorporación de la panta de personal directivo docente, docente y administrativo del Municipio de Pereira al Departamento de Risaralda, efectuada el 2 de enero de 1996 por el Gobernador de Risaral da con el decreto 020, efectivamente se observa que el demandante era directivo docente nacional, y tal como se concluyó en las consideraciones de esta providencia, los docentes, directivos docentes nacionales, que se incorporaron sin solución de continuid ad -tal como ocurre en este caso