TA CAQ - 180012333000-2019-00223-00-(11-10-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA -Expropiación administrativaMedio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: MARÍA LUCIA SUÁREZ VIUDA DE CORREA

Demandado: MUNICIPIO DE FLORENCIA Expediente: 180012333000-2019-00223-00

Acta de Sala. 64 de la fecha

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por María Lucía Suárez viuda de Correa contra el municipio de Florencia.

Como temas espe ciales se tratarán: La expropiación administrativa con la Constitución del 91. La entrada en vigencia de la Ley 1673/13 que implementó el Registro Abierto de Avaluadores y desde cuando el mismo empezó a ser obligatorio. Y, por último, la valoración probato ria de los dictámenes periciales en temas de expropiación administrativa.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

La señora María Lucía Suárez Viuda de Correa, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y conforme a la Ley 388/972 artículo 713, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de la Resolución nro. 00012 de 11 de enero de 2019

y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y conforme a la Ley 388/972 artículo 713, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de la Resolución nro. 00012 de 11 de enero de 2019 «Por medio de la cual se ordena la expropiación vía administrativa de un inmueble declarado de utilidad pública e interés social ubicado en el municipio de Florencia » y la Resolución 243 del 28 de febrero de 2019 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, negándolo y confirma la Resolución No 00012 del 11 de enero de 2019».

1. A título de restablecimiento del derecho pidió se ordene al ente territorial como precio indemnizatorio por expropiación administrativa la suma de ciento cuarenta y siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos

1 Folios 2 al 25 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 2 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 3 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (…)Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

Demandado: Municipio de Florencia.

particulares: (…)Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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veintiocho pesos ($147.386.328) y 100 SMLMV por concepto de daños morales.

1. Que dichas sumas se actualicen conforme al IPC y el reconocimiento de los respectivos intereses.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

1. Que la señora María Lucía Suárez viuda de Correa era propietaria del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria nro. 420-71924 ubicado

en la calle 18 # 6-03 del barrio Siete de Agosto del municipio de Florencia.

1. El municipio en cumplimiento de su plan de desarrollo “Yo creo en Florencia 2016 -2019", en la línea estrategica “Yo creo en Florencia, modelo de ciudad y urbanismo con infraestructura y movilidad eficiente”, en el sector Vías” y en el programa “conectividad vial” adelantó un proyecto de infraestructura cuyo objeto era: “Construcción de un puente vehicular y obras complementarias sobre la quebr ada La Perdiz en la

avenida Bruno del Piero del municipio de Florencia”.

1. Que, para el desarrollo del proyecto, se solicitó facultades al Concejo Municipal para declarar la utilidad pública e interés social predios que se requerían para la ejecución del proyecto de infraestructura vial antes mencionado, y en ese orden, se obtuvieron dichas facultades a través del

Municipal para declarar la utilidad pública e interés social predios que se requerían para la ejecución del proyecto de infraestructura vial antes mencionado, y en ese orden, se obtuvieron dichas facultades a través del Acuerdo Municipal nro. 2018003 de 8 de febrero de 2018.

Fue así, que el municipio determinó que el inmueble de la actora con matrícula inmobiliaria nro. 420-71924 se afectaría en su totalidad co n la construcción del puente vehicular.

1. Mediante resolución nro. 000012 de 11 de enero de 2019 fijó como precio indemnizatorio del predio la suma de cuarenta y dos millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pe sos m/cte ($42.278.471,oo) conforme al avalúo comercial contratado por el ente territorial, contra la cual se interpuso recurso de reposición al no estar – según indicanacorde con el valor comercial real del predio. El anterio r recurso se desató a través de la Resolución nro. 243 de 28 de febrero del mismo año, confirmando en su integridad la primera.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Indicó que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, bajo los siguientes argumentos:

1. Ilegalidad del avalúo comercial en el que se soportó la Resolución nro. 000012 de 2019 . Lo anterior por cuanto se exige que los peritos avaluadores se encuentren inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), situación que no cumplió el perito avaluador del Municipio, señor Fernando Gustavo Martínez Bravo de la UT La Pérdiz.

avaluadores se encuentren inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), situación que no cumplió el perito avaluador del Municipio, señor Fernando Gustavo Martínez Bravo de la UT La Pérdiz.

1. El uso de suelo dado al predio en el avalúo es errado. Pues pese a que el predio es urbano se le otorgó la categoría de rural a la hora de realizar el método de comparación o mercado para la determinación del valor delAsunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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terreno, lo cual generó desequilibrio en el reconocimiento económico , desconociendo de esta manera lo reglado en el inciso 2 del artículo 61 de la Ley 388/97, Decreto Ley 1420/98 y las Resoluciones 762/98 y 620/08 expedidas por el I nstituto Geográfico Agustín Codazzi. Se explica la diferencia de avalúos así:

1. Finalmente, el avalúo comercial al momento de expedir los actos administrativos demandados se encontraba fenecido. Pues conforme al parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 1682/13 la vigencia del avalúo comercial es de 1 año, y en e l caso en concreto el aval úo se realizó en noviembre de 2017 y el acto administrativo se expidió el 11 de enero de

2019.

1.2. Contestación de la demanda4

El Municipio de Florencia contestó y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

noviembre de 2017 y el acto administrativo se expidió el 11 de enero de 2019.

1.2. Contestación de la demanda4

El Municipio de Florencia contestó y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como argumento central, estableció que lo expuesto en los actos administrativos objeto de demanda son plenamente válidos, toda vez que lo decidido está sustentado en el avalúo realizado por el ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo en el marco del contrato de consultoría nro. 20170001 del 25 de abril de 2017, el cual se encuentra ajustado a lo contenido en la Ley 1673 de 2013.

Agregó que el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1673 de 2013 creó un régimen de transición frente a la inscripción en el Registro Abierto Avaluadores, pues concedió 24 meses desde la fecha en que quedará en firme la resolución de reconocimiento de la primera entidad de autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual ocurrió el 11 de mayo de 2016, por lo cual se podía expedir los avalúos sin este requisitos (RAA) hasta el 10 de mayo de 2018, como ocurrió en el presente caso.

Por otro lado, alega que no se encuentra probada una falsa motivación por expiración del avalúo comercial, por cuanto este fue entregado a la administración el 31 de diciembre del 2017 y presentado a la demandante el 06 de agosto de 2018,

4 Archivo nro. 11 del expediente judicial electrónico.

VALOR UNITARIO POR METRO

CUADRADO RURAL

VALOR UNITARIO POR METRO

CUADRADO URBANO

DESCRIPCIÓN VALOR

UNITARIO(M2)

4 Archivo nro. 11 del expediente judicial electrónico.

VALOR UNITARIO POR METRO

CUADRADO RURAL

VALOR UNITARIO POR METRO

CUADRADO URBANO

DESCRIPCIÓN VALOR

UNITARIO(M2)

DESCRIPCIÓN VALOR

UNITARIO(M2)

ÁREA TERRENO $224.100 ÁREA TERRENO

$1.096.200 ÁREA

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD A

$167.312 COST.

CEMENTO

$604.000 ÁREA

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD B

$87.286 CONSTRUCCIÓN

MADERA

$60.000 ÁREA

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD C

$522.472 CASETA

VERDURAS

$90.000 ÁRA

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD D $178.940 CASETA VALLA $980.000

AVALÚO TOTAL $32.681.364 AVALÚO TOTAL $147.386.328Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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encontrándose dentro del término de vigencia de un (1) año establecido en la L ey 1682 de 2013.

Propuso la excepción de: “inexistencia del derecho pretendido – no configuración de nulidad alguna”. Expuso que de acuerdo a las pruebas aportadas no se desprende acción u omisión por parte del ente territorial, como tampoco ilegalidad en los actos administrativos que se demandaro n, por el contrario – señala - se garantizó a la actora el debido proceso y el derecho de defensa en cada una de las

desprende acción u omisión por parte del ente territorial, como tampoco ilegalidad en los actos administrativos que se demandaro n, por el contrario – señala - se garantizó a la actora el debido proceso y el derecho de defensa en cada una de las etapas del proceso administrativo de expropiación.

1.3. Trámite adelantado

Atendiendo que se trata de un procedimiento especial reglado en el artículo 71 de la Ley 388/97, mediante auto de 1 de junio de 2021 5 se incorporaron las pruebas allegadas junto con la demanda y la contestación de la misma, así como también se decretó el testimonio del señor Fernando Gustavo Martínez Bravo y la contradicción del dictamen aportado por el extremo activo y rendido por el perito Jesús Henry Parra Flórez. La audiencia tuvo lugar el 22 de julio de 20216, donde comparecieron los citados señores.

El 2 de agosto del mismo año7, se corrió traslado para alegar.

1.4. Alegatos de conclusión

1.4.1. Parte actora.8 Reiteró los argumentos de la demanda. Agregó que conforme el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1682/13 determina una vigencia de 1 año de la vigencia de los avalúos, contabilizados desde que se comunica la elaboración del mismo, en donde para el caso en concreto se le s notificó a las 2 hijas de la actora de manera extemporánea, a una el 7 de noviembre de 2018 y a la otra el 18 del mismo mes y año, por lo que insistió e n la expiración del avalúo que sirvió de sustento para el acto administrativo de expropiación.

de 2018 y a la otra el 18 del mismo mes y año, por lo que insistió e n la expiración del avalúo que sirvió de sustento para el acto administrativo de expropiación.

1.4.2. Parte demandada.9 Volvió sobre los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda y la excepción planteada.

1.4.3. Concepto del Ministerio Público.10 No emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María Lucía Suárez contra el Municipio de Florencia, de conformidad con los artículos 152-12 del CPACA y 71-1 de la Ley 388/97.

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

5 Archivo nro. 38 del expediente judicial electrónico. 6 Archivo nro. 55 del expediente judicial electrónico. 7 Archivo nro. 57 del expediente judicial electrónico. 8 Archivo nro. 61 del expediente judicial electrónico. 9 Archivo nro. 62 del expediente judicial electrónico. 10 Archivo nro. 63 del expediente judicial electrónico.Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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El artículo 71 de la Ley 388/97, en su numeral 2, establece que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho especial se debe observar los requisitos

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El artículo 71 de la Ley 388/97, en su numeral 2, establece que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho especial se debe observar los requisitos ordinarios de toda demanda que se instaure ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aunado a ello a que debe interponerse dentro de los cuatro meses calendarios siguientes a la ejecutoria de la respectiva d ecisión, según el caso, so pena de operar la caducidad de la acción.

En el caso sub examine, se observa que la decisión de expropiación administrativa quedó ejecutoriada mediante Resolución 243 de 28 de febrero de 2019, notificada el 14 de marzo de 2019 11, por lo que la actora podía acudir ante esta jurisdicción hasta el 15 de julio del mismo año; no obstante, el 14 de junio presentó solicitud de conciliación extrajudicial12, y el 16 de septiembre (día siguiente hábil) se expidió certificación del trámite pr ejudicial adelantado ante la Procuraduría Judicial 71 Judicial I Administrativo de Florencia 13. Entonces al día siguiente se reanudó el plazo restante, pero como la demanda se radicó el mismo día 14, es dable concluir que se presentó en tiempo.

Respecto d e la legitimación por activa, se tiene que es la dueña del predio expropiado, conforme la matr ícula Inmobiliaria nro. 420 -71924 de la oficina de instrumentos públicos15, aunado a que es la destinataria de lo decidido en los actos administrativos demandados16.

Respecto del municipio de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue

instrumentos públicos15, aunado a que es la destinataria de lo decidido en los actos administrativos demandados16.

Respecto del municipio de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra el Municipio de Florencia, entidad que decidió expropiar administrativamente el predio de la actora.

2.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados están falsamente motivados, al tomar como sustento un avalúo realizado por un perito no inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores y expirado, así como también establecer si la categoría impuesta al predio como rural desconoce las características de ubicación geográfica del bien inmueble . De determinarse que se encuentran viciados de legalidad los actos demandados, se deberá establecer la procedencia del reconocimiento de reparación integral por daños morales.

2.4. Asunto preliminar

Debe precisarse que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 388/97 «Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión».

De acuerdo con lo anterior, la Sala se limitará a analizar la legalidad de los motivos que dieron lugar al monto indemnizatorio, pues no es necesario emitir pronunciamiento del contenido total de la parte considerativa de la resolución de expropiación.

11 Folio 94 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 12 Folio 111 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico.

pronunciamiento del contenido total de la parte considerativa de la resolución de expropiación.

11 Folio 94 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 12 Folio 111 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 13 Folio 112 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 14 Folio 113 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 15 Folios 29 y 30 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 16 Folios 32 al 43 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico.Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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2.5. De la expropiación administrativa

La Constitución Política de 1991 otorga una especial protección a la propiedad privada, sin embargo, establece la expropiación como un medio digno para desarrollar proyectos o programas, pues da prevalencia al interés general. Al respecto, el artículo 5817 consagró: «Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado».

En razón a lo anterior se expidió la Ley 388 de 199718 la cual abrió la posibilidad, en casos excepcionales, de adelantar la expropiación por vía administrativa, sin tener que acudir a la vía judicial aún a pesar de no existir negociación directa, previa determinación de las condiciones de urgencia, con el único propósito de agilizar la

casos excepcionales, de adelantar la expropiación por vía administrativa, sin tener que acudir a la vía judicial aún a pesar de no existir negociación directa, previa determinación de las condiciones de urgencia, con el único propósito de agilizar la expropiación por motivos especiales establecidos en el ordenamiento legal ante la urgencia de restablecer ciertos derechos que atañen el interés social o que se justifican por su utilidad pública19.

En ese sentido los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 frente a la declaratoria de las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación, disponen:

«Expropiación por vía administrativa

ARTÍCULO 63.- Motivos de utilidad pública. Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h),j), k), l) y m) del artículo 58 de la presente Ley . Igualmente se considera que existen motivos de utilidad pública para expropiar por vía administrativa cuando se presente el incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del adquirente en pública subasta, de los terrenos e inmuebles objeto del procedimiento previsto en el Capítulo VI de la presente Ley.

ARTÍCULO 64. - Condiciones de urgencia. Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instan cia o

previsto en el Capítulo VI de la presente Ley.

ARTÍCULO 64. - Condiciones de urgencia. Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instan cia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los eventos.

ARTÍCULO 65. - Criterios para la declarat oria de urgencia. De acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán exclusivamente a:

17 Artículo 58. El nuevo texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados p or leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”. 18 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 19 Corte Constitucional, Sentencia C-277 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

Demandado: Municipio de Florencia.

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1.Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 2.El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento expropiatorio. 3.Las consecuencias lesivas para la comunidad que se pro ducirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra. 4.La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territ orial o metropolitana, según sea el caso.» (Resaltado de Sala)

De acuerdo con la normativa en cita, la expropiación administrativa procede por motivos de urgencia, los cuales en términos del artículo 64 deben ser declarados por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal, mediante acuerdo, lo que implica que la declaratoria de urgencia sea determinada

motivos de urgencia, los cuales en términos del artículo 64 deben ser declarados por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal, mediante acuerdo, lo que implica que la declaratoria de urgencia sea determinada por el ente local.

Ahora, de acuerdo a la remisión que hace el artículo 64 citado, a los literales a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la misma Ley, se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, en c aso de qu e exista necesidad entre otros de: e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo.

Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado 20, sobre dicha figura ha desarrollado:

«El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo nro. 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio”.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés

administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio”.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el

H. Consejo de Estado.

(…)

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.

20 Sección primera, C.P Dr. Rafael E Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia de 14 de mayo de 2009 dentro del proceso con radicación nro.2005-03509-01.Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia primera instanciaDemandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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Demandante: María Lucía Suárez Viuda de Correa.

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En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afe ctado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.

Partiendo de l as anteriores consideraciones, La H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expro piación”. Y agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado.” (…)

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable

que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado.” (…)

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

Los anteriores comentarios lleva n a señalar que los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser acreditados en el proceso por qu ien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una alta probabilidad en torno a su ocurrencia.»

En el caso sub examine, se tiene que mediante Acuerdo Municipal nro. 2018003 de 8 de febrero de 2018, el Concejo municipal de Florencia, otorgó facultades al burgomaestre para declarar de utilidad pública e interés social unos predios 21. Fue así que a través del Decreto 0344 de 24 de julio de 201822 el municipio declaró «…las condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social para la expropiación por vía administrativa o judicial del derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre los inmuebles ubicados en el área d el Proyecto relacionado en el artículo segundo…»23

En razón a lo anterior, se expidió la Resolución nro. 00012 de 11 de enero de 2019, en la que se resolvió:

«Expropiar por vía administrativa el inmueble de propiedad de la señora MARIA LUCIA SUÁREZ VDA DE CORREA, identificado con cédula de ciudadanía N°

en la que se resolvió:

«Expropiar por vía administrativa el inmueble de propiedad de la señora MARIA LUCIA SUÁREZ VDA DE CORREA, identificado con cédula de ciudadanía N° 26.612.488 expedida en Garzón (Huila), ubicado en la calle 18 No 6 -03 del barrio SIETE DE AGOSTO del Municipio de Florencia, conforme a la base predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, zona de i nfluencia del nuevo puente sobre la Quebrada la perdiz; bien inmueble identificado con la cédula catastral N° 010200240001000, y cuya cabidas reposan en la escritura pú