TA CAQ - 18001233300020180001200-(31-08-2022)

Tribunal Administrativo del Caquetá

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Título
TA CAQ - 18001233300020180001200-(31-08-2022)
Autor
Tribunal Administrativo del Caquetá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2022

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto treinta y uno (31) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Fernando Son Bonelo y otros

Demandado: Departamento del Caquetá Radicación: 18001-23-33-000-2018-00012-00

Tema: Pago de compensatorios a celadores de la Secretaría de Educación del

Departamento del Caquetá.

Acta número 62.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Fernando Son Bonelo y otros contra el Departamento del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Fernando Son Bonelo, Adancizar Correa Guilombo, Efrén Londoño, Lenid Melo Cruz, Edgar Martínez Tafur, Maribel Martínez Serrano, José Yohany Galvis Cerón, Pedro Bonilla Bonilla, Dorance Giraldo Bermúdez, Hernán Valencia Morales, Juan Calderón Villalba, Juan Carlos Zambrano, Joviton Ordoñez Guzmán y Gloria Guerrero Fernández , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Archivo 26, pág. 148.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Fernando Son Bonelo y otros

Demandado: Departamento del Caquetá

1 Archivo 26, pág. 148.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Fernando Son Bonelo y otros

Demandado: Departamento del Caquetá Radicación: 18001-23-33-000-2018-00012-00

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restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

  1. Se declare la nulidad del Oficio SAC 2017EE5106 del 18 de mayo de 2017 expedido por el gobernador del Departamento del Caquetá, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de los compensatorios adeudados a cada uno, por haber laborado como celadores en las instituciones educativas en horarios diurnos y/o nocturnos hasta los días dominicales y festivos, horas extras diurnas y nocturnas que derivaron en compensatorios por exceder el número de horas extras permitidas por la ley.
  1. A título de restablecimiento del derecho, se condene al Departamento del Caquetá a pagar a cada uno todos los compensatorios adeudados desde el año 2005 y otros desde 2009 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.
  1. Que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del

CPACA.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

  1. Son servidores pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental y ejercen el cargo de auxiliares de servicios generales, sin embargo, cumplen sus funciones como celadores en las instituciones educativas del departamento.
  1. Son servidores pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental y ejercen el cargo de auxiliares de servicios generales, sin embargo, cumplen sus funciones como celadores en las instituciones educativas del departamento.
  1. Trabajaron y actualmente cumplen sus labores como celadores diurnos y/o nocturnos h asta los días dominicales y festivos, horas extra diurnas y nocturnas que derivaron en descanso compensatorio , empero, el Departamento del Caquetá no ha realizado el correspondiente pago.
  1. El 1 de septiembre de 2016 y el 10 de marzo de 2017, a través de ap oderado, solicitaron la liquidación, reconocimiento y pago de todos los compensatorios adeudados, sin embargo, la petición fue negada mediante el acto acusado.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Consideraron transgredidos los artículos 1, 6, 25, 53 y 209 de la Constitución Política, el Decreto 1042 de 1978 y las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.

Refirieron las causales de nulidad de falsa motivación e infracción en las normas en que debía fundarse, para señalar que la entidad no tuvo en cuenta el Decreto 1042 de 1978, el cual reglamenta la forma de pagar los compensatorios, «pues desde el momento mismo

debía fundarse, para señalar que la entidad no tuvo en cuenta el Decreto 1042 de 1978, el cual reglamenta la forma de pagar los compensatorios, «pues desde el momento mismo en que cada uno de ellos se iba causando a favor de [los demandantes] , la Entidad Territorial se encontraba en la obligación de pagarlos ya fuera en dinero o compensando un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo, lo cual no lo hizo así y en la actualidad, cuando existe un número considerable acumulado que la entidad adeuda a cada uno de mis po derdantes, no es posible compensarlo y no propuso fórmula para sacarlos a descansar, continua con el argumento que no existen los recursos económicos para el pago, incurriendo así, en desconocimiento y vulneración del Decreto 1042 de 1978, cuando es un der echo adquirido de los demandantes y una obligación del empleador de pagarlos.» (pág. 151).

Precisaron que si bien la norma preceptúa que los compensatorios deben ser disfrutados por los trabajadores como día de descanso remunerado, la entidad no ha autorizado su disfrute y, por tanto, debe ordenarse su pago en los términos de los Decretos 4477 de 2006, 4788 de 2007 y 2903 de 2013.

Así mismo alegaron que i) se han violado los derechos a la remuneración mínima, vital y móvil, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales , la garantía del descanso necesario; ii) se violó el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución porque se da un trato diferente y discriminatorio de los auxiliares de servicios generales que cumplen funciones de celaduría frente a los demás

la garantía del descanso necesario; ii) se violó el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución porque se da un trato diferente y discriminatorio de los auxiliares de servicios generales que cumplen funciones de celaduría frente a los demás empleados públicos vinculados al dep artamento; y iii) se configura la causal de falsa motivación, porque la entidad arguyó que no existían los recursos para el pago de dinero aun cuando se trata de derechos adquiridos causados por el trabajo constante sin descanso.

Advirtieron que para la época de la expedición del acto administrativo , existía un monto aproximado de $2.500.000.000 que correspondía a la acumulación por excedentes financieros que no alcanzaron a invertirse o ejecutarse en los años anteriores, por ello, la gobernación solicitó a la Asamblea Departamental del Caquetá la autorización paraSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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adicionar el presupuesto del año 2017 con $15.000.000.000 «y que en palabras del Ministerio de Educación Nacional, estos dineros pueden ser usados por la Entidad Territorial para el pago o saneamiento de deudas, pero como se visualiza, el acto administrativo señala que no existen los recursos, cuando el Departamento ni siquiera hizo un estudio a profundidad de la existencia de los dineros».

1.2. Admisión de la demanda.

Inicialmente, el proceso fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, el

hizo un estudio a profundidad de la existencia de los dineros».

1.2. Admisión de la demanda.

Inicialmente, el proceso fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, el cual, mediante auto del 19 de diciembre de 2017, ordenó remitir el proceso por competencia a esta Corporación2. La demanda se admitió el 24 de agosto de 2018.3

1.3. Contestación de la demanda.4

El Departamento del Caquetá se opuso a las pretensiones de la demanda. Aceptó que los demandantes i) están vinculados como auxiliares de servicios generales, pero prestan funciones como celadores en las diferentes instituciones educativas de su jurisdicción; ii) han trabajado en vigilancia diurna y nocturna hasta los días dominicales y festivos, horas extra diurnas y nocturnas y que excedieron el número de horas extras permitidas legalmente; iii) no han disfrutado del tiempo compensatorio de un d ía hábil por cada 8 horas extra de trabajo ni han recibido su pago en dinero.

Igualmente, sostuvo que no se ha realizado el pago total en dinero por concepto de compensatorios, en razón a la prohibición consagrada en el literal d) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, sin embargo, en virtud de la sentencia de tutela proferida el 1 de julio de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Florencia, la gobernación ordenó el pago de los compensatorios adeudados a 63 administrativos que correspondían a los años 2005 a 2013, a través del Decreto 000908 del 17 de octubre de 2014.

Arguyó que el acto demandado no negó la solicitud sino que se limitó a manifestar que no

a los años 2005 a 2013, a través del Decreto 000908 del 17 de octubre de 2014.

Arguyó que el acto demandado no negó la solicitud sino que se limitó a manifestar que no existía disponibilidad presupuestal para atender el pago de la obligación, en consecuencia, no produce ningún efecto jurídico y, por tanto, no es susceptible de control judicial. Con fundamento en esto, alegó la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda porque «el acto no tiene el carácter de acto administrativo».

2 Archivo 26, pág. 182. 3 Archivo 26, pág. 202. 4 Archivo 26, pág. 230.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Así mismo, advir tió que existe un pleito pendiente del señor Juan Carlos Zambrano en relación con los compensatorios causados a partir de 2014, pues en el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia se tramita el proceso 18001-33-40-003-2017-00007-00 con las mismas pretensiones. Seguidamente, invocó la excepción de prescripción del derecho reclamado, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Citó el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 para manifestar que no se pueden reconocer las horas extras sin sujeción al ordenamiento, el cual exige la solicitud, autorización y disponibilidad presupuestal previa, así como la comunicación escrita que indique las

Citó el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 para manifestar que no se pueden reconocer las horas extras sin sujeción al ordenamiento, el cual exige la solicitud, autorización y disponibilidad presupuestal previa, así como la comunicación escrita que indique las actividades a desarrollarse, razón por la cual, solicitó «analizar también la conducta asumida por los demandantes, al prestar supuestamente sus servicios en horas extra diurnas, sin res petar ni velar por el cumplimiento de las normas, que también la cobijan como particular y de las cuales tenía pleno conocimiento, justamente por ser uno de los extremos del vínculo legal y reglamentario.» (pág. 237).

1.4. Audiencia inicial.

En la audiencia realizada el 14 de mayo de 2019 5 se resolvió vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional como litisconsorte necesario por pasiva.

1.5. Contestación de la demanda del Ministerio de Educación.6

Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo l os argumentos de que no expidió el acto administrativo acusado y su función se contrae a generar la política sectorial y la reglamentación para la organización de las modalidades de prestación del servicio público educativo, tal com o lo prevé el Decreto 5012 de 2009. Con fundamento en lo anterior, también propuso la excepción de «inepta demanda».

1.6. Continuación de la audiencia inicial.7

En la diligencia realizada el 19 de noviembre de 2019 se agotaron las excepciones de saneamiento, excepciones previas, fijación del litigio, conciliación y decreto de pruebas. En la segunda etapa, se resolvieron las excepciones así:

saneamiento, excepciones previas, fijación del litigio, conciliación y decreto de pruebas. En la segunda etapa, se resolvieron las excepciones así:

5 Archivo 25, pág. 10. 6 Archivo 25, pág. 21. 7 Archivo 25, pág. 60.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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  1. Ineptitud sustantiva de la demanda. No es cierto que el acto administrativo no hubiere negado el derecho reclamado, pues pese a que se reconoce que se adeudan unas obligaciones, el argumento se contrajo a que no existen los recursos para cumplirlas. Aunado a esto, tampoco se e specificó el monto a reconocer ni los periodos, «presentándose entonces incertidumbre sobre ese aspecto que hace necesario que se disipe en la sentencia que le ponga fin a la instancia».
  1. Pleito pendiente del señor Juan Carlos Zambrano. En efecto, se cumplen los requisitos para declarar la excepción, toda vez que las dos demandas guardan parcial identidad ya que en una se solicita se ordene reconocer y pagar la deuda por concepto de horas extras dominicales y festivos laboradas en los años 2014 a 2016, mientras que en esta se pretende el pago de los compensatorios desde el año 2005.

Por lo anterior, se resolvió «declarar probada la excepción de pleito pendiente respecto del señor Juan Carlos Zambrano, en lo relacionado con el pago de los

el año 2005.

Por lo anterior, se resolvió «declarar probada la excepción de pleito pendiente respecto del señor Juan Carlos Zambrano, en lo relacionado con el pago de los compensatorios de los años 2014, 2015 y 2016 y en adelante hasta que se efectúe el pago, como quiera que respecto de los compensatorios adeudados entre los años 2005 a 2013, este Despacho no encuentra que hayan sido solicitados en la demanda tramitada ante el Juzgado 3 º Administrativo del Circuito de Florencia».

  1. Prescripción del derecho reclamado. Se debe analizar si procede el reconocimiento de los compensatorios, por tanto, la excepción se estudiará una vez examinado el fondo del asunto.
  1. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional e inepta demanda . Se declar aron no probadas, por cuanto su vinculación obedeció a la decisión adoptada en la audiencia inicial y el asunto se contrae a un tema presupuesta l que ha impedido el reconocimiento y pago de los compensatorios.

1.7. Audiencia de pruebas.

Se realizó el 18 de febrero8 y 29 de octubre9 de 2020. En esta última, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó a las partes presentar los alegatos de conclusión por escrito.

8 Archivo 25, pág. 109.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.8. Alegatos de conclusión.

1.8.1. Ministerio de Educación Nacional.10

Volvió sobre los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente manifestó que, de conformidad con la Ley 715 de 2001 , el servicio educativo es descentralizado, por tanto, los municipios y departamentos certificados reciben directamente todos los recursos para la educación y tienen la responsabilidad de la administración del recurso humano. Luego dijo:

El Ministerio de Educación tiene limitada su competencia a la administración y regulación del sistema general de participaciones, sin que dicha circunstancia implique la sub rogación de las obligaciones que por ley se encuentran en cabeza de los Entes Territoriales, ni la delegación de funciones administrativas propias del Departamento del Caquetá; pues los recursos del Sistema General de Participaciones no son propios del Min isterio, sino que provienen del presupuesto general de la Nación e ingresan directamente al presupuesto del ente Territorial, sujeto de las obligaciones que en materia prestacional en el caso de docentes se le atribuye por Ley, el cual debe manejar estos r ecursos por separado y administrarlos y distribuirlos conforme a los parámetros establecidos en el artículo 15 de la Ley 715 de 2001, cuyo numeral 15.1 señala expresamente que dichos recursos se destinaran entre otras para: “Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.” (pág. 4).

1.8.2. Departamento del Caquetá.11

administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.” (pág. 4).

1.8.2. Departamento del Caquetá.11

Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Precisó que en el pago de los compensatorios a 63 administrativos se encuentran los señores Efrén Londoño y Fernando Son Bonelo, por tanto, «en el evento de condenar a la entidad sería reconocido los años 2016, 2015, 2014 siempre y cuando la entidad les ll egase a adeudar» (pág. 3). Arguyó que la interrupción de la prescripción se daría por una sola vez y aplica para los derechos causados antes del 2010.

1.8.3. Parte demandante.12 Insistió en los cargos de nulidad alegados en la demanda.

1.8.4. Ministerio Público. No emitió concepto.

9 Archivo 36. 10 Archivo 47. 11 Archivo 49. 12 Archivo 50.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por Fernando Son Bonelo, Adancizar Correa Guilombo, Efrén Londoño, Lenid Melo Cruz, Edgar Martínez Tafur, Maribel Martínez Serrano, José

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por Fernando Son Bonelo, Adancizar Correa Guilombo, Efrén Londoño, Lenid Melo Cruz, Edgar Martínez Tafur, Maribel Martínez Serrano, José Yohany Galvis Cerón, Pedro Bonilla Bonilla, Dorance Giraldo Bermúdez, Hernán Valencia Morales, Juan Calderón Villalba, Juan Carlos Zambrano, Joviton Ordoñez Guzmán y Gloria Guerrero Fernández contra el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Caquetá, de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si los demandantes tienen derecho al pago de los compensatorios en virtud de sus funciones desempeñadas desde el año 2005 como celadores de las instituciones educativas del Departamento del Caquetá o si , por el contrario, dicha obligación está supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad territorial.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i ) Cuestiones previas. Sobre la caducidad del medio de control y la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional ; ii) marco normativo y jurisprudencia l sobre la jornada de los empleados públicos territoriales y las horas extras ; iii) hechos probados; y iv) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.2. Cuestiones previas.

2.2.1. Sobre la caducidad del medio de control.

La ley establece un término para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , de manera que al no promoverse oportunamente se

2.2. Cuestiones previas.

2.2.1. Sobre la caducidad del medio de control.

La ley establece un término para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , de manera que al no promoverse oportunamente se produce el fenómeno de la caducidad. Esta opera por la inactividad del interesado en acudir en término a los medios judiciales previstos por el legislador, los cuales garantizanSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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la seguridad jurídica y el interés general, y representan el límite dentro del cual se debe reclamar determinado derecho13.

Entonces, la caducidad es el plazo perentorio para acudir a la jurisdicción y su incumplimiento se presume como la falta de interés del demandante en el impulso del medio de control y, por tanto, impide tramitarlo.

Ahora, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 reza:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;

b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas . Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;

inenajenables;

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas . Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;

d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;

e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria;

f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

(…)

Al respecto, el Consejo de Estado en el auto proferido el 22 de julio de 2021 con ponencia del consejero William Hernández Gómez (expediente 2103-2021), explicó:

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 14, las prestaciones periódicas son aquellos pagos que habitual y periódicamente percibe el trabajador, originados en una relación laboral o con ocasión de ella, que se componen de

13 Para mayor ilustración ver: Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso.

Bogotá: Editorial ABC, 1981, tomo I, p. 10. QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis 2000, p. 460. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2008, radicado 08001-23-31-000-200502003-01(00932-07).Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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prestaciones sociales que son beneficios para cubrir riesgos del empleado y no sociales, como el pago del salario.

Esta Sección 15 como regla general ha entendido que las reclamaciones de naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de acreencias periódicas, no están sujetas al término de caducidad de 4 meses previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimie nto del derecho, siempre y cuando quien pretenda su pago tenga vigente el vínculo laboral con la entidad que pretende demandar, teniendo en cuenta que finalizada la relación laboral, ya no reviste la connotación de periodicidad del pago y, en esa medida, s u exigibilidad vía judicial está sometida al término preclusivo de cuatro meses que trae el artículo 164 del CPACA.

Lo anterior quiere decir que, cuando se reclaman prestaciones laborales y la vinculación de quien pretende esos emolumentos no se encuentr a vigente, no se trata de prestaciones de naturaleza periódica, sino de aquellas de carácter unitario

CPACA.

Lo anterior quiere decir que, cuando se reclaman prestaciones laborales y la vinculación de quien pretende esos emolumentos no se encuentr a vigente, no se trata de prestaciones de naturaleza periódica, sino de aquellas de carácter unitario al haber culminado la relación laboral, y bajo este presupuesto, la demanda para solicitar judicialmente esos valores está sujeta al término de caducidad previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con excepción de los derechos pensionales.

Este criterio también fue expuesto en la misma fecha, en el auto proferido dentro del proceso 4228-19 con ponencia del consejero Rafael Francisco Suarez Vargas.

Entonces, la posibilidad de demandar en cualquier tiempo se circunscribe a los actos que tienen el carácter de «prestación periódica», es decir, los que reconocer emolumentos que habitualmente percibe el beneficiario. En ese orden, también debe entenderse frente a las prestaciones salariales que periódicamente se sufragan al trabajador.

El Consejo de Estado ha señalado que las prestaciones periódicas son aquellas obligaciones de naturaleza laboral que pueden ser una «prestación social» como la pensión de jubilación o que no tenga esta naturaleza, como el pago de salarios o de una prima que tenga carácter salarial 16. A su turno, las prestaciones pueden ser de i) tracto único o de pago único; y ii) tracto sucesivo o periódico que se reciben de forma habitual o constante. Esto, aunado a que la periodicidad en la retribución debe encontrarse vigente17.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 05001 -23-33-000-2013-00262-01(3639-14) y ver entre otros, los autos

vigente17.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 05001 -23-33-000-2013-00262-01(3639-14) y ver entre otros, los autos del 8 de septiembre de 2017, radicación: 76001 -23-33-000-2016-01293-01 (4218 -2016) y del 4 de septiembre de 2017, radicación: 76-001-23-33-000-2014-00498-01. (3751-2014). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A" sentencia de 12 de marzo de 2008, C P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2257-08. 17 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “A”. C.P.: Jaime Moreno GarcíaBogotá D.C. - doce (12) de octubre de dos mil seis (2006) -radicación No. 7300123-31500020010227701 no. interno: 414505 p3. “ . En ese sentido, dentro de los actos que reconocen prestaciones periódicas, están comprendidos no sólo las decisiones que reconocen prestaciones sociales, sino también aquellos que reconocen prestaciones salariales que periódicamente se sufragan al beneficiario, siempre y cuando la periodicidad en la retribución se encuentre vigente. (...)Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Como se trata de la reclamación de los compensatorios que no fueron disfrutados por los demandantes, es menester indicar que el salario es considerado como la retribución por el servicio prestado; ello quiere decir que todo pago recibido del empleador constituye un ingreso del funcionario.18

En efecto, el Decreto 1042 de 1978 establece el trabajo ordina rio en días dominicales y festivos, así como el trabajo ocasional en días dominicales y festivos, los cuales se compensan con un día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario (artículo 40).

Así, Diego Younes ha señalado el término «habitual» de las jornadas ordinarias de trabajo, se debe entender de la siguiente manera:

Tal sistema presupone la calificación básica de habitualidad y permanencia de un servicio de trabajo, por oposición a la que recaería sobre un trabajo ocasional, transitorio, ajeno por naturaleza a sistemas o prospectos, determinables en cada caso y sólo para uno, con un ámbito restringido orgánicamente y viable sólo por “razones de servicio” “

“Y es apenas lógico que como habitual se considere un trabajo de tal naturaleza que no puede interrumpirse domingos y festivos, aunque no lo cumplan siempre los mismos empleados, sino se alterne al efecto conforme a un sistema establecido previamente por requerirlo la naturaleza de dicho trabajo

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 13

los mismos empleados, sino se alterne al efecto conforme a un sistema establecido previamente por requerirlo la naturaleza de dicho trabajo

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 13 de agosto de 1998 dentro del expediente 21 -98, precisó que «el trabajo habitual u ordinario en dominical y festivo, es aquel que se presta en forma permanente, aun cuando el empleado lo haga por el sistema de turnos, pues la permanencia se refiere a la habitualidad del servicio».

Igualmente, en el concepto expedido el 9 de diciembre de 2019 con ponencia del consejero Álvaro Namén Vargas (radicación 11001-03-06-000-2019-00105-00), sostuvo:

Los artículos 25 y 53 de la Constitución Política reconocen el derecho al trabajo en «condiciones dignas y justas» y disponen que el legislador expedirá un estatuto del trabajo, para asegurar los principios mínimos fundamentales que d eben amparar a los trabajadores, entre ellos la garantía al «descanso necesario», respectivamente.

A su vez el artículo 7 del Pacto internacional de los derecho

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