TA CAQ - 18001233300020190002200-(14-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ

Florencia, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Asunto: Conducción de vehículo Radicación: 18001-23-33-000-2019-00022-00

Medio de control: Repetición

Demandante: Departamento del Caquetá Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza Acta de Discusión: No. 60 de la fecha.

1. ASUNTO

1. Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

2. ANTECEDENTES.

1.1. Demanda

2. La Gobernación del Caquetá formuló demanda solicitando se declare que el ciudadano Víctor Isidro Ramírez Loaiza es responsable a título de culpa grave por los hechos que dieron lugar a condena en contra de esa entidad dentro de proceso de reparación directa; y que se lo condene a reembolsar la suma de $ 1.129.707.323,44, que hubo de pagar por los perjuicios causados al señor José Antonio Silva Malagón y a su familia.

3. En lo fáctico fundamentó las pretensiones señalando que, para el 24 de marzo de 2012, José Antonio Silva Malagón, suboficial retirado de la Policía Nacional, era jefe del esquema de seguridad del Gobernador del Departamento del Caquetá,

de 2012, José Antonio Silva Malagón, suboficial retirado de la Policía Nacional, era jefe del esquema de seguridad del Gobernador del Departamento del Caquetá, Víctor Isidro Ramírez Loaiza; que en esa fecha hicieron un desplazamiento terrestre de Florencia a Neiva en un vehículo particular, arribando a su destino a las 5:30 a.m y concluyendo labores oficiales a la 1:00 p.m .; que luego de ello el mandatario departamental se dispuso a ingerir bebidas embriagantes hasta las 5:00 p.m, momento en que decide conducir el vehículo y se dirige al departamento del Tolima; que ocasionó un accidente automovilístico cerca de Natagaima por exceso de velocidad; que José Antonio Silva Malagón resultó gravemente herido ; que se le determinó una pérdida de la capacidad del 56.68% ; que demandó por vía de reparación directa al Departamento del Caquetá , y que mediante sentencia de 30 de septiembre de 2015, se declaró la responsabilidad de la entidad territorial y se le condenó al pago de da ños y perjuicios, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 19 de diciembre de 2016. Agregó que el 18 de julio de 2018 el Departamento pagó a los demandantes la suma de $1.351.386.959.

4. En lo jurídico , planteó que el demandado incurrió en conducta gravemente culposa al conducir bajo el influjo del alcohol, contrariando la Ley 1696 de 2013, artículo 131, literal f y el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

3. Contestación de la demanda.Demandante: Departamento del Caquetá

artículo 131, literal f y el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

3. Contestación de la demanda.Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

Radicado No. 18001-23-33-000-2019-00022-00

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5. El apoderado del demandado 1, ex puso que en los fallos del proceso de reparación directa no se calificó la conducta de su defendido como de culpa grave , ni con ello s se prueba tal , y que la norma que se aduce incumplida (ley 1696 de 2013) es posterior a la de la fecha de los hechos, siendo improce dente invocarla como sustento de la presunción del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, debiendo por tanto negarse las pretensiones de la demanda, por no demostrarse una conducta dolosa o gravemente culposa.

3. Reforma de la demanda.

6. Con escrito del 13 de agosto de 2019 2, el apoderado del Departamento del Caquetá, reformó la demanda, indicando que la conducta gravemente culposa, trasgredió la Ley 769 de 2009, artículo 131, litera l E3, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 y aduciendo unas pruebas documentales. La reforma fue admitida por auto del 04 de octubre de 20193.

4. Alegaciones finales

Parte demandada4:

7. Dijo que ante la falta de prueba de la supuesta vulneración del literal E3 del artículo 131 de la Ley 769 de 2009, la causal invocada para que opere la presunción

4. Alegaciones finales

Parte demandada4:

7. Dijo que ante la falta de prueba de la supuesta vulneración del literal E3 del artículo 131 de la Ley 769 de 2009, la causal invocada para que opere la presunción de culpa grave de la Ley 678 de 2001 quedó vacía. Esto por cuanto -expusohubo un error en la práctica y en el contenido de la prueba que determinó el supuesto estado de embriaguez, tal como lo declar aron la médico Sandra Patricia Morales Méndez y el patrullero de policía de carreteras José Delio Molina Gutiérrez, en el procedimiento administrativo en que se absolvió de responsabilidad contravencional de tránsito al señor RAMÍREZ LOAIZA, porque –se afirma - se probó que no conducía en estado embriaguez. Finalmente insistió en que tampoco se puede deducir la declaración de la culpa grave de las sentencias emitidas en el proceso de reparación directa.

Parte actora5:

8. Reiteró en similares términos los argumentos e xpuestos en la demanda, adicionando que se cumplieron los requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición, pues se acreditó la calidad de funcionario o ex funcionario, su participación en la acción dañina, la existencia de una condena judicial, su pago y la culpa grave del demandado, esta última con los fallos de primera y segunda instancia y con las pruebas trasladadas.

Ministerio Público6:

9. Solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, luego de señalar que de los testimonios recaudados se puede inferir que el mandatario local luego de

instancia y con las pruebas trasladadas.

Ministerio Público6:

9. Solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, luego de señalar que de los testimonios recaudados se puede inferir que el mandatario local luego de ingerir cerveza por 4 horas, condujo un automotor por carretera nacional, conducta que resulta reprochable y violatoria del deber objetivo de cuidado.

5. C O N S I D E R A C I O N E S:

1 162 a 167 C. Ppal 1 2 187 C. Ppal 1 3 203 C. Ppal 2 4 Archivo 32 del expediente electrónico 5 Archivo 33 del expediente electrónico 6 Archivo 34 del expediente electrónicoDemandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

Radicado No. 18001-23-33-000-2019-00022-00

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10. Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el asunto, previas las siguientes.

6.1 Competencia.

11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, esta Corporación es competente para decidir en primera instancia el proceso referenciado, en atención a las pretensiones de la actora y a la autoridad que profirió los actos atacados, por lo cual se procede a resolver de fondo el asunto.

5.2. Problema jurídico.

12. Al efecto, debe la Sala resolver si concurren los presupuestos de declaración de responsabilidad en cabeza del demandado, en sede de acción de repetición.

lo cual se procede a resolver de fondo el asunto.

5.2. Problema jurídico.

12. Al efecto, debe la Sala resolver si concurren los presupuestos de declaración de responsabilidad en cabeza del demandado, en sede de acción de repetición.

5.3 El medio de control de repetición.

13. La Constitución Política de 1991 en su artículo 90, consagró expresamente la obligación del Estado de repetir por el monto de lo pagado, contra el servidor público que, obrando en forma dolosa o gravemente culposa, hubiese dado lugar a la condena a reparar un daño antijurídico imputable al Estado. La Ley 678 de 2001 reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través de la acción de repetición.

14. Para que, de acuerdo con ese ordenamiento positivo, se configure el derecho de la Administración de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, se deben cumplir los siguientes requisitos, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado7 ha

establecido:

a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero. b) la realización del pago. c) la caracterización del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo.

15. En ese orden de ideas, la Sala analizará si en el presente caso se encuentran reunidos tales presupuestos, caso en el que habrá de accederse a las pretensiones del Departamento del Caquetá; de faltar alguno de ellos resultará innecesario continuar el análisis y será impróspera la demanda. De concurrir todos, habrá de proveerse, además, sobre eventual indemnización.

del Departamento del Caquetá; de faltar alguno de ellos resultará innecesario continuar el análisis y será impróspera la demanda. De concurrir todos, habrá de proveerse, además, sobre eventual indemnización.

a. La existencia de una condena judicial que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

16. Al proceso se aportó copia auténtica de la sentencia condenatoria de primera instancia de 30 de septiembre de 20158, proferida por el Juzgado Administrativo 902 de Descongestión Florencia, y de su confirmatoria, emitida por este Tribunal el 19

7 CONSEJO DE ESTADO , SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN , 22 de 2021 , Radicación número: 11001 -03-26-000-2013-00085-00(47535), Actor: DEPARTAMENTO DE SANTANDER , Demandado: MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ , Referencia: MEDIO DE

CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

8 Folios 31 a 63 CP.1Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

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de diciembre de 20169 dentro del expediente 18001333375320140002100 . También obra constancia de ejecutoria10.

17. En esas sentencias se condenó al aquí demandante a pagar indemnización de los perjuicios por los que ahora demanda en repetición.

También obra constancia de ejecutoria10.

17. En esas sentencias se condenó al aquí demandante a pagar indemnización de los perjuicios por los que ahora demanda en repetición.

b. El pago de la condena impuesta a la parte actora.

18. En lo que a este presupuesto se refiere, la Sala advierte que con la demanda se

allegó los siguientes documentos, entre otros:

 Copia de la Resolución No. 001109 de 11 de julio/18 11, por la cual se liquidó una sentencia judicial y se ordenó su pago.

 Copia de once (11) comprobantes de egreso, generados por el Departamento del Caquetá, en favor de Jose Antonio Silva Malagón, en donde se dejó la anotación: “ pago de sentencias judiciales reparación dir ecta, dentro del proceso Jose Antonio Silva Malagón y Otros”.

 Documento por medio del cual, el apoderado judicial de Jos é Antonio Silva Malagón y otros dentro del proceso de reparación directa identificado con radicación 1800133375320140002100, hace constar que el departamento del Caquetá se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de los perjuicios que se les reconoció judicialmente a sus poderdantes

19. Frente a este presupuesto ha indicado el Consejo de Estado, que no se exige una tarifa legal de prueba frente al pago, en tanto puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio que otorgue certeza al juzgador sobre la cancelación efectiva de la condena12.

20. Pues bien: para la Sala resulta debidamente acreditada la realización efectiva y completa del pago judicialmente ordenado, y por el cual ahora la aquí demandante

efectiva de la condena12.

20. Pues bien: para la Sala resulta debidamente acreditada la realización efectiva y completa del pago judicialmente ordenado, y por el cual ahora la aquí demandante repite contra el señor Victor Isidro Ramírez Loaiza.

21. Esto porque los señalados documentos -cuyo valor probatorio no fue cuestionado en el proceso - son demostrativos del pago efectivo de la obligación judicialmente impuesta al departamento, junto con los intereses del caso.

c. La condición de agente del Estado del demandado.

22. De la satisfacción del tercero de ellos, ninguna duda cabe:

23. De acuerdo con la prueba documental vista a folio 191 del cuaderno principal, suscrita por los delegados el Consejo Nacional Electoral, se encuentra demostrado que el demandado Víctor Isidro Ramírez Loaiza fue elegido gobernador para la circunscripción electoral de Caquetá, para el periodo 2012-01-01 a 2015-12-31, por el movimiento político MIRA y, por ende, se concluye que efectivamente era servidor público para el día en que acaecier on los hechos por los que se le endilga responsabilidad en este proceso, esto es, el 24 de marzo de 2012.

9 Folios 65 a 99 CP.1 10 Folio 101 CP.1 11 Folios 139 a 146 CP. 1. 12 Véase, entre otras, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de fecha 24 de julio de 2013, exp. 46162, con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

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d. El dolo o la culpa grave en cabeza del demandado

24. De conformidad con las precisiones hechas al respecto por el Consejo de Estado, “el criterio de culpa grave y dolo debe fundamentarse en la norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos o actos en que se fundamenta una acción, por lo cual, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite ocu rrieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, serán los criterios allí dispuestos los empleados para determinar la conducta del demandado, en cambio, si los hechos ocurrieron con anterioridad a la vigencia de dicha norma, el juez no podrá acudir a lo allí dispuesto.13”

25. En el caso sub judice, encuentra la Sala que la conducta llevada a cabo por el demandado, Víctor Isidro Ramírez Loaiza , fue imputada en la demanda a título de culpa por “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”.

26. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 678/01 “(…) La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.”14.

27. La misma norma establece una presunción de culpa, por las siguientes causas:

1.Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

extralimitación en el ejercicio de las funciones.”14.

27. La misma norma establece una presunción de culpa, por las siguientes causas:

1.Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal

28. La consecuencia de la actualización de alguna de las hipótesis del referido artículo 6º no es otra que la de activar la presunción de culpa grave, misma quecomo precisó la Corte Constitucional15:

(…) constituye un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración de las instituciones procesales, con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren, ante el riesgo de que la dificultad de la prueba pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para la sociedad.

29. Entonces: es necesario precisar que la utilización de ese instrumento de conocimiento presuntivo no significa que la evaluación que se hizo de la conducta desplegada por el hoy demandado en el proceso en que se impuso la condena por la que se repite resulte inamovible. No. Se trata tan sólo de un instrumento que busca superar dificultades probatorias.

desplegada por el hoy demandado en el proceso en que se impuso la condena por la que se repite resulte inamovible. No. Se trata tan sólo de un instrumento que busca superar dificultades probatorias.

13 Sección Tercera, Subsección B, Consejero ponente: Alberto Montaña Plata, 15 de julio de 2019, radicación número: 2500023-26-000-2009-00142-01(43313). 14 A este respecto, resulta oportuno precisar que el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, fue modificado por el artículo 40 de la Ley 2195 de 202214, así, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia (Consejo de Estado, rad. 11001-03-26-000-2013-00085-00) ha puntualizado la aplicación de la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. Sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. 15 Sentencia C-374 de 2002 (M.P. Dra Clara Inés Vargas Hernández).Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

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30. Pero bien pueden las partes en el proceso de repetición, mediante el ejercicio de sus facultades de producción probatoria, dejar demostrada una realidad distinta a la que en principio se deriva de la presunción. De hecho, el efecto práctico d e la presunción es que la carga de la prueba se invierte y es al demandado a quien

de sus facultades de producción probatoria, dejar demostrada una realidad distinta a la que en principio se deriva de la presunción. De hecho, el efecto práctico d e la presunción es que la carga de la prueba se invierte y es al demandado a quien corresponde –para exonerarse de responsabilidaddemostrar que no actuó con el dolo o la culpa grave que se infiere por vía presuntiva.

31. Al respecto, dijo el Consejo de Estado16:

De lo anterior se colige, que la presunción reviste un carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que de una circunstancia o causal resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción, invirtiéndose la carga de la prueba al d emandado, el cual deberá probar la inexistencia del hecho o de las circunstancias del cual se infieren para liberar su responsabilidad patrimonial. Como lo ha dicho la Corte, la presunciones persiguen finalidades constitucionalmente valiosas pues al facili tar el ejercicio del medio de control de repetición que es de naturaleza civil, en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes, permiten alcanzar los objetivos de garantizar la integridad del patrimonio público y la moralidad y eficacia de la función pública (arts. 123 y 209 de la C.P.)

32. Con esa salvedad (que reconoce la relatividad de las presunciones), pasa la Sala a mostrar cómo lo probado en el proceso, conlleva a la conclusión ya anunciada: que el actuar del demandado se realizó en forma gravemente culposa.

33. En desarrollo de la audiencia inicial se decretó como prueba el acopio, por

Sala a mostrar cómo lo probado en el proceso, conlleva a la conclusión ya anunciada: que el actuar del demandado se realizó en forma gravemente culposa.

33. En desarrollo de la audiencia inicial se decretó como prueba el acopio, por traslado, del proceso de reparación direc ta con radicado No.

18001333375320140002100. La respectiva copia fue incorporada al expediente por auto del 13 de noviembre de 2020 17, providencia en la que además se puso en conocimiento de las partes para efectos de contradicción, sin que se presentara manifestación al respecto . Así, de conformidad con lo señalado en el artículo 174 del Código General del Proceso 18, la Sala valorará las pruebas trasladadas. Tales

son, en lo pertinente:

34. Plan de marcha especial de protección del 23 de marzo de 2012, elaborado por miembros de la Policía Nacional, en donde se lee el objeto de la misión, así:

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: DESPLAZAMIENTO VÍA TERRESTRE

FLORENCIANEIVAFLORENCIA.

AGENDA O ACTIVDAD A CUMPLIR: BRINDAR SEGURIDAD A EL SEÑOR

GOBERNADOR DEL CAQUETÁ VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ DURANTE SU

DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE NEIVA

DONDE ATENDERÁ ASUNTOS INHERENTES A SU CARGO

(…)

PERSONAL POLICIAL COMPROMETIDO CON EL DESPLAZAMIENTO: Sv

JOSE ANTONIO SILVA MALAGÓN

16 Sección Tercera, Subsección C., Consejero ponente (e): Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 9 de septiembre de 2016,

JOSE ANTONIO SILVA MALAGÓN

16 Sección Tercera, Subsección C., Consejero ponente (e): Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 9 de septiembre de 2016, radicación:11001-03-26-000-2012-00051-00 (44.845) 17 Archivo 29 del expediente electrónico 18 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinad as. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.Demandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

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35. Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C -914762, suscrito por el uniformado Carlos Moreno, el 24 de marzo de 2012, en el que se identifica cómo conductor del vehículo automotor particular marcha chevroleth corsa que colisionó a la altura del kilómetro 82+650 mts Neiva -Natagaima (jurisdicción departamento del Tolima) a Víctor Isidro Ramírez Loaiza y se estableció como hipótesis que la causa del accidente fue “conducir en estado de embriaguez”

36. Acta de consentimiento –FPJ-28del 24 de marzo de 2012, suscrita por Víctor

causa del accidente fue “conducir en estado de embriaguez”

36. Acta de consentimiento –FPJ-28del 24 de marzo de 2012, suscrita por Víctor Isidro Ramírez Loaiza, para que le practicaran examen médico de embriaguez.

37. Formato de prueba de embriaguez (acto urgente de Policía Nacional) diligenciado a nombre de Víctor Isidro Ramírez Loaiza, en la que la médica Sandra Morales, le diagnostica grado 3° de alcoholemia.

38. Resumen de historia clínica de Víctor Isidro Ramírez Loaiza, que cuenta con la

siguiente anotación:

Medico

Fecha: 2012-03-26 Hora 01:03:48 Profesional SANDRA PATRICIA

MORALES MENDEZ

Nota

SE REALIZA VALORACIÓN MÉDICA DE GRADO DE ALCOHOLEMIA

DONDE SE EVIDENCIA PACIENTE ALERTA, ORIENTADO EN SUS TRES

ESFERAS, CON INCOORDINACIÓN MOTORA LEVE, NO DISARTRIA,

NEGATIVO PARA NISTAGMUS, CON ALIENTO ALCOHOLICO DISCRETO,

CONVERGENCIA NORMAL, CON AUMENTO LEVE DEL POLÍGONO DE

SUSTENTACION, RUBICUNDEZ FACIAL SIN INYECCIÓN CONJUNTIVAL,

MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERA PACIENTE CURSABA CON

ESTADO ALCOHOLICO GRADO 1, SE INFORMA AL POLICÍA DE

CARRETERAS DE TURNO QUE EL INFORME PRIMERO DEL ESTADO DE

EMBRIAGUEZ ESTÁ HERRADO (sic) YA QUE EL INFORME NO

CORRESPONDE A VICTO R ISIDIO RAMÍREZ SINO A HERNÁN SALAZAR

CARRETERAS DE TURNO QUE EL INFORME PRIMERO DEL ESTADO DE

EMBRIAGUEZ ESTÁ HERRADO (sic) YA QUE EL INFORME NO

CORRESPONDE A VICTO R ISIDIO RAMÍREZ SINO A HERNÁN SALAZAR

QUIÉN TENÍA UN GRADO DE EMBRIAGUEZ GRADO 3, POLICÍA DE

TURNO REFIERE QUE YA DEVUELVE EL INFORME PARA SER

CORREGIDO, SE RETIFICA (sic) EN EL SEGUNDO INFORME DE

EMBRIAGUEZ QUE EL SEÑOR VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA

IDENTIFICADO CON NÚMERO DE CÉDULA 17654434 SE ENCONTRABA

EN UN ESTADO DE EMBRIAGUEZ GRADO 1 (…) FECHA: 2012-03-25 Hora 00:55:00 (…) A esta hora sale pte del servicio obs remitido para la clínica medilaser de Neiva, en compañía de familiar, auxiliar de enfermería (…) se remite paciente para realización de TAC cerebral”.

39. Declaración extraprocesal del 03 de abril de 2012, suscrita por Sandra Patricia

Morales Méndez:

(…) 3°durante el procedimiento de atención médica que se realizaba el señor Ramírez Loaiza, se presentó una situación irregular en la que se me indujo en error y así suscribí un dictamen de embriaguez calificado con grado 3 - a nombre del mencionado señor, cuando en dicho ciudadano no era cierto aquel grado de embriaguez. 4° Al percatarme del error en que fui inducida y estando en el proceso de corrección de dicho dictamen, de manera intempestiva a mi consultorio seDemandante: Departamento del Caquetá

grado de embriaguez. 4° Al percatarme del error en que fui inducida y estando en el proceso de corrección de dicho dictamen, de manera intempestiva a mi consultorio seDemandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

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presentó el policía de carreteras CARLOS MORENO VARGAS (…) quien me exigió que debía dejar consignado en la prueba de embriagu ez del señor Ramírez Loaiza un grado de embriaguez que no correspondía con la realidad, a lo que le manifesté que eso no era justo, ni legal ni cierto. (…) 5° A los miembros de la Policía en mención, les solicité el favor de manera verbal, que me devolvier an y me entregaran la prueba de embriaguez en la que se me había inducido en error a suscribir (la calificación en grado 3 de embriaguez del señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza) para entregarle el informe clínico verdadero y cierto de la prueba de embriague z que en principio y presuntamente arrojaba grado 1 y en aras de ratificar esta calificación, solicité la prueba técnica de alcoholemia para que fuese emitida por medicina legal en atención a que el hospital no cuenta con laboratorio, petición esta que nun ca fue atendida por el miembro de la policía nacional desde el día que les hice la solicitud hasta hoy que rindo la presente declaración. 6° Como quiera que el miembro de la Policía Nacional en cuestión, no atendió mi solicitud, me vi en la obligación de d ejar constancia de ello en la historia

solicitud hasta hoy que rindo la presente declaración. 6° Como quiera que el miembro de la Policía Nacional en cuestión, no atendió mi solicitud, me vi en la obligación de d ejar constancia de ello en la historia clínica del paciente Víctor Isidro Ramírez Loaiza con fecha 26 de marzo de 2012 (…) 7°Quiero igualmente dejar constancia que el informe de policía (…) cuando se le anexó el concepto clínico que determina la prueba de una presunta embriaguez a grado tres -3esta prueba en la que resultó embriagado el señor Víctor Isidro Ramírez Loaiza, es falsa, por cuanto no acompañaron la que se había corregido que fue la del grado uno -1y en la que se solicitaba la prueba de alcoholemianunca practica por medicina legal” .

40. En la versión libre que rindió la señora MORALES MENDEZ, ante del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Guamo -Tolima el 24 de mayo de 2012, se ratificó en lo dicho en la declaración extraprocesal y frente a la pregunta “¿si la prueba de embriaguez que acompaña este comparendo objeto de esta diligencia cuya información no corresponde a la del señor RAMÍREZ LOAIZA, se puede concluir que el no estaba en estado de embriaguez? Contestó: se puede concluir según los hallazgos clínicos encontrado en este paciente que no se encontraba en ningún grado de embriaguez.”.

41. Mediante proveído de 1° de noviembre de 2012, el director de tránsito de El Guamo (Tolima), absolvió a Víctor Isidro Ramírez Loaiza de responsabilidad

41. Mediante proveído de 1° de noviembre de 2012, el director de tránsito de El Guamo (Tolima), absolvió a Víctor Isidro Ramírez Loaiza de responsabilidad contravencional de tránsito por “conducir en estado de embriaguez” señalada en el comparendo del 24 de marzo de 2012, bajo el argumento de que “la actual exigencia probatoria es imposible de cumplir en el presente caso, pues nunca se practicó prueba directa o indirecta de embriaguez, sino que solamente se efectuó un examen clínico, cuyo perito pidió verificar ante la duda, con un examen de alcoholemia, que nunca se practicó . Adicionalmente, la historia clínica en la que aparecen consignados los hallazgos (…) no registra que el señor VICTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA, presentar a aliento alcohólico o estado de embriaguez conforme así lo afirmó la perito (Dra. Sandra Morales en su versión)”.

42. En curso de la investigación penal adelantada por la Fiscal 02 delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 110016000102201200330, se emitió el informe de campo FPJ-11suscrito por Adix Emilse Díaz Ardila en calidad de apoyo a los Fisc ales de la Corte Suprema de Justicia, dirigido a la fiscal 02 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual se dejó la siguiente

constancia: (…)

7.6 VERIFICACIÓN

7.6.1 INSPECCIÓN HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMADemandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

constancia: (…)

7.6 VERIFICACIÓN

7.6.1 INSPECCIÓN HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMADemandante: Departamento del Caquetá

Demandado: Víctor Isidro Ramírez Loaiza

Radicado No. 18001-23-33-000-2019-00022-00

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A fin de constatar si existió solicitud ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de prueba de alcoholemia, el 19 de diciembre de 2013, solicité en la oficina administrativa del Hospital de San Antonio de Natagaima, que se constatar (sic) en la epicrisis de los señores VICTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA y HERNAN SALAZAR PERDOMO, procediendo la auxiliar administrativa a imprimir copia de las respectivas epicrisis (se anexan en 8 folios), sin que se evidencia dicha solicitud. (negrillas y subrayas de la Sala)

43. Además de lo anterior, en dicho informe, también se entrevistó a Isabel Cristina

Nieto Bocanegra, que señaló:

(…) PREGUNTA: Que conocimiento tiene con relación al accidente de tránsito ocurrido el 24 de marzo de 2012 en el Municipio de Natagai maTolima.

CONTESTÓ: Si, ese día y