TA CAQ - 18001233300020220007400-(24-08-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ -Sala Primera de Decisión1

Magistrado Ponente: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidos (2.022)

SENTENCIA N° 132

Expediente número: 18001233300020220007400

Medio de control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto a revisar: Acuerdo municipal No. 2022009 del 25 de abril de 2.022 del municipio de Florencia.

I. OBJETO DE DECISIÓN.

Procede la Sala Primera de Decisión a resolver sobre la observación de ilegalidad formulada por el gobernador del departamento del Caquetá , en relación con el Acuerdo N° 2022009 del 25 de abril del 2.022, emanado del Concejo Municipal de Florencia, Caquetá: “Por medio del cual se cambia el uso de suelo de unas zonas verdes y unas vías del municipio de Florencia, invadidas ilegalmente con vivienda de interés social en el barrio Londres, y se dictan otras disposiciones”.

II. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LEGALIDAD.

El señor gobernador del departamento del Caquetá solicita al Tribunal se decida sobre la legalidad del acuerdo No. 2022009 del 25 de abril del 2.022, emanado del concejo municipal de Florencia , sancionado el 3 de mayo de l mismo año por el alcalde de Florencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 120

concejo municipal de Florencia , sancionado el 3 de mayo de l mismo año por el alcalde de Florencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 120 del decreto 1333 de 1986 , remitido a este tribunal mediante oficio de fecha 9 de mayo de los corrientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 82 y 91 literal A) numeral 7 de la ley 136 de 1994.

Señala que el referido acuerdo es contrario a la Constitución y la ley por cuanto el cambio del uso del suelo de las zonas verdes o bienes de uso público en las cuales presuntamente se han construido mejoras, ubicadas en el barrio Londres de la ciudad de F lorencia, tal y como se detalla en el artículo segundo y tercero del acuerdo N° 2022009 del 25 de abril de 2022, está viciado de nulidad por ser contrario a las normas en que debía fundarse.

Lo anterior, por cuanto el acuerdo acusado desconoce el contenido de lo dispuesto en el artículo 277 de la ley 1955 de 2.019, en concordancia con el artículo 139 de la ley 1801 de 2016, en razón a que está prohibida la cesión de bienes fiscales cuando las mejoras construidas versan sobre bienes de uso público o en suelo de protección, tal y como son las vías públicas y las zonas verdes.

III. ANTECEDENTES.Expediente número: 18001233300020220007400

Medio de control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto a revisar: Acuerdo municipal No. 2022009 del 25 de abril del 2.022 del municipio de Florencia.

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Medio de control: Revisión de legalidad Accionante: Gobernación del Caquetá Acto a revisar: Acuerdo municipal No. 2022009 del 25 de abril del 2.022 del municipio de Florencia.

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Según se evidencia en los certificados allegados, el concejo municipal de Florencia discutió y aprobó el proyecto de acuerdo acusado en los dos debates celebrados los días 19 y 25 de abril de 2.0221, respectivamente, siendo sancionado el 3 de mayo2; el 9 de mayo siguiente, la alcaldía remitió el referido acto, mediante oficio DA - 0444, a la gobernación del Caquetá , para que efectuara la revisión de legalidad correspondiente.

IV. ACTUACIONES PROCESALES.

Mediante auto de fecha 25 de mayo de 20223 se avocó conocimiento de la solicitud presentada por el gobernador , disponiéndose fijar el proceso en lista para efectos de la intervención de los sujetos procesales o de cua lquier otra persona ; término dentro del cual intervinieron:

4.1. Municipio de Florencia4.

Luego de contextualizar la situación de l barrio Londres 5, acerca del proceso de legalización de predios -invadidos-, asegur ó que el escrito que present ó la

1 Estante Digital. Archivo PDF N° 01. Expediente electrónico. 2 Ídem. 3Estante Digital. Archivo PDF N° 9. Expediente electrónico. 4Estante Digital. Archivo PDF N° 15. Expediente electrónico.

5 “… ubicado en la Comuna Sur del municipio de Florencia, en suelo de expansión urbana de la ciudad,

3Estante Digital. Archivo PDF N° 9. Expediente electrónico. 4Estante Digital. Archivo PDF N° 15. Expediente electrónico.

5 “… ubicado en la Comuna Sur del municipio de Florencia, en suelo de expansión urbana de la ciudad, compartiendo límites al Norte: con la cancha del barrio Villa Mónica y el Bosque Villa Real; al Este: con una finca; al Sur: con el río Hacha y San Felipe; y al Occidente con barrio El Chamón. El proceso de invasión inició en el mes de julio del año 2003, y de acuerdo con la identificación de las características sociales, económicas y culturales que se plasmaron en el documento de Pilar Social base del proceso de legalización, el censo arroja 374 habitantes distribuidos en 194 predios, donde se asentaron familias en estado de vulnerabilidad y víctimas del desplazamiento forzado, sin vivienda, desempleados y dependientes del trabajo informal. En el año 2008, mediante la Resolución No. 038 la Secretaria de Gobierno del departamento reconoció Personería Jurídica a la Junta de Acción Comunal del Asentamiento Subnormal Londres. Es así como el día 15 de abril de 2021, por solicitud de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, el Municipio de Florencia a través de la Secretaria de Vivienda, implemento las acciones para la recolección de la información encaminada a materializar el Acto Administrativo de Legalización. Sobre el resultado del estudio de títulos, este pred io que fue objeto de ocupación irregular, sobre el cual se consolidó el asentamiento Londres, arroja que dicha porción de terreno, que inicialmente se denominó “Urbanización Villa María” corresponde en mayor extensión al Folio de Matrícula Inmobiliaria 420 -16617 y fue

consolidó el asentamiento Londres, arroja que dicha porción de terreno, que inicialmente se denominó “Urbanización Villa María” corresponde en mayor extensión al Folio de Matrícula Inmobiliaria 420 -16617 y fue segregado mediante desenglobe de 39.406.65 m2 a través de la Escritura Pública No. 3381 del 3 de septiembre de 1993, otorgada por la Notaría Primera del Circulo de Florencia Caquetá, del cual resultó la Matrícula Inmobiliaria 420 -51015, la que posteriormente se dividió en doce (12) manzanas con 148 lotes, una zona recreacional, una zona verde, vías y parqueo, y una de parque. En el marco del proceso de consolidación del asentamiento informal (en 2003), algunas familias construyeron las mejoras sobre el trazado de las vías y en las zonas verdes. Frente a la problemática generada en los predios fiscales invadidos descrita y dado el déficit habitacional que se presenta en el municipio, la administración “Florencia Biodiversidad para Todos” conte mpló en su Plan de Desarrollo la Línea Estratégica 3: Bienestar para Todos, Florencia Competitiva que indica “(…) nuestro reto será el de legalizar y ordenar nuestra ciudad, garantizando además la adecuada prestación de nuestros servicios básicos, fortaleciendo nuestro sistema de alcantarillado, el cual afecta directamente nuestros recursos hídricos (…)”. Para el cumplimiento de las metas, vinculó al Plan de Desarrollo la línea estratégica “FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, en el sector Vivienda se estableció el programa formalización de predios, en marco del proyecto “RENOVACIÓN

PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, en el sector Vivienda se estableció el programa formalización de predios, en marco del proyecto “RENOVACIÓN URBANÍSTICA Y LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES DE LA CIUDAD DE FLORENCIA”. Es así que, mediante el Acuerdo Municipal No. 2020009 del 02 de abril de 2020 “Por medio del cual se adopta la política pública de legalización de asentamientos subnormales humanos informales en el Municipio de Florencia de conformidad con el Decreto Nacional 149 del 4 de febrero de 2020”, el Honorable Concejo Municipal facultó al Municipio de Florencia para sanear la situación jurídica de los predios fiscales, especialmente, sobre aquellos en los que personas han ejercido una posesión material, llegando a consolidar as entamientos humanos informales de más de diez años, como es el caso del sector de Londres. El Municipio de Florencia, concluyó el proceso de legalización del Asentamiento Humano Informal Londres, con la expedición de la Resolución 001310 del 10 de diciemb re de 2021 “Por medio del cual se legaliza urbanísticamente el Asentamiento Humano Informal Londres”. El Acto de legalización hará las veces de licenciaExpediente número: 18001233300020220007400

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gobernación lleva a equivocaciones cuando dentro del título de normas violadas se indicó el artículo 81 de la Constitución Política , el cual nada tiene que ver con el

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gobernación lleva a equivocaciones cuando dentro del título de normas violadas se indicó el artículo 81 de la Constitución Política , el cual nada tiene que ver con el tema de protección del espacio público, habida cuenta que el acuerdo se refiere es a la protección del espacio público conforme lo determina la Ley 388 de 1997.

Se hizo referencia a que son espacios públicos que han s ido invadidos de manera ilegal, remitiéndose al contenido del artículo 82 de la Constitución Política, indicando que:

“(…) Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del Espacio Público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (…), en este marco se promulga la Ley 388 de 1997, modificatoria de la Ley 9 de 1989, la cual define en su art 3° el ordenamiento del territorio como una función Pública tendiente a: 1) Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías Públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común... 2) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común... 3)... y la preservación del patrimonio cultural y natural. De la misma manera, en el art 8, dispone “(…) determinar espacios libres para parques y áreas verdes Públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas (…)”.

Que la l ey 388 de 1997 establece que el Plan de Ordenamiento Territorial se desarrolla mediante instrumentos de planeación y diferentes normas urbanísticas necesarias para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico del municipio; por lo tanto, no se puede argumentar que con el cambio de uso del suelo

desarrolla mediante instrumentos de planeación y diferentes normas urbanísticas necesarias para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico del municipio; por lo tanto, no se puede argumentar que con el cambio de uso del suelo de las zonas verdes se contraría la función pública de urbanismo pues, por el contrario, lo que se busca es la organización del territorio, para que sea socialmente rentable y responsable.

Concluyó indicando que es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales a la vivienda digna y el acceso a la propiedad, entre otros, de las personas en estado de vulnerabilidad, a la luz de lo consagrado en el artículo 51 Constitucional, que establece que es deber del Estado fijar las condiciones necesarias que determinen la forma de hacer efectivo este derecho. D e ahí que la Corte Constitucional ha instituido la vivienda como un derecho fundamental. A su juicio, en el presente caso se torna improcedente cualquier pr etensión de nulidad sobre el acto acusado, al tratarse de una decisión discrecional de la administración municipal frente a un tema de su competencia, dispuesto así por las normas consti tucionales; por lo que no existe obligación legal o judicial alguna que pueda hacerse exigible.

4.2. Ministerio Público6

Consideró que debe accederse a las pretensiones de la gobernación del Caquetá, tendientes a declarar la nulidad del acuerdo municipal No. 2 022009 del 25 de abril de 2.022, por cuanto el concejo municipal de Florencia, con la expedición del acuerdo No. 20220009 del 25 de abril de 2022, está cambiando el uso del suelo de las zonas o bienes de uso público , ubicados en el barrio Londres, que en últimas son zonas verdes y vías de tránsito del público.

No. 20220009 del 25 de abril de 2022, está cambiando el uso del suelo de las zonas o bienes de uso público , ubicados en el barrio Londres, que en últimas son zonas verdes y vías de tránsito del público.

Que la cesión a título gratuito de bienes fiscales , según lo dispuesto en el artículo 58 de la L ey 9 de 1989, obedece al cumplimiento de deb eres constituciona les

de urbanización del sector y con base en él, se tramitarán las diferentes licencias de construcción y reconocimiento a que haya lugar”.

6Estante Digital. Archivo PDF N° 14. Expediente electrónico.Expediente número: 18001233300020220007400

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expresos y, por lo tanto, debe estar sujeto al ordenamiento jurídico y al desarrollo normativo previsto en la ley, para tener coherencia con las disposiciones constitucionales.

Indicó que no es un acto de mera liberalidad, pues lo que realmente preten de la norma es garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas de escasos recursos dentro de programas de reformas y planeación urbana , cuyos objetivos cuentan con un fundament o constitucional expreso ; que el procedimiento que se debe adelantar para la cesión a título gratuito de un bien fiscal se encuentra consagrado en el decreto 540 de 1998, entre los cuales se destaca determinar si el bien es apto para destinarse a vivienda de interés social y, por supuesto, si es de naturaleza fiscal o de uso público.

consagrado en el decreto 540 de 1998, entre los cuales se destaca determinar si el bien es apto para destinarse a vivienda de interés social y, por supuesto, si es de naturaleza fiscal o de uso público.

Destacó que no se observa, dentro del expediente , que el concejo o la entidad encargada hubieran verificado si los inmuebles tenían el carácte r de vivienda de interés social o bien haber realizado el avalúo correspondiente con base en la información catastral disponible, elemento indispensable para que la administración municipal hubiese podido entrar a adelantar la cesión gratuita ; así como tampoco hay prueba, siquiera sumaria, que demuestre que, efectivamente, el predio cedido a título gratuito era un bien fiscal de propiedad del municipio de Florencia, situación que a todas luces vulnera el numeral 2° del artículo 3° del referido decreto 540 de 1998.

Refirió que si bien se observa , conforme al cont enido del acto administrativo enjuiciado, que el concejo municipal solicitó oficiar al IGAC para que adelantaran los procesos de actualización en la base de datos, de los precios y registros catastrales que fueron afectados con la modificación que la misma resolución realizó, lo cierto es que ni siquiera se solicitó copia auténtica de los avalúos de los predios.

Que, en ese entendido, con los escasos antecedentes administrativos que obran en el expediente, no se demostró que, efectivamente, le fue practicado al predio objeto de la cesión a título gratuito el avalúo al cual hace referencia el decreto 540 de 1998; ello con el fin de determinar si, efectivamente, tenía o no el carácter de vivienda de interés social, de acuerdo con la información catastral disponible.

V. CONSIDERACIONES.

ello con el fin de determinar si, efectivamente, tenía o no el carácter de vivienda de interés social, de acuerdo con la información catastral disponible.

V. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para decidir sobre la validez del acuerdo acusado, por la naturaleza del asunto y por expresa disposición de los artículos 119 y 120 del Decreto 1333 de 1 .986 y, numeral 3º del artículo 151 de la Ley 1437 de 2 .011, modificado por el artículo 27 de la Ley 2080 de 2.021.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala definir si el acuerdo municipal No 2022009 del 25 de abril del 2.022, emanado del concejo municipal de Florencia, Caquetá “Por medio del cual se cambia el uso de suelo de unas zonas verdes y unas vías del municipio de Florencia, invadidas ilegalmente con vivienda de interés social en el barrio Londres, y se dictan otras disposiciones”, resulta contrario al ordenamiento jurídico, en tanto -a juicio del gobernadorvulnera las disposiciones contenidas en el artículo 277 de la ley 1955Expediente número: 18001233300020220007400

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de 20197, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley 1801 de 20168; al existir expresa prohibición legal de cesión a título gratuito de bienes fiscales cuando las mejoras construidas versan sobre bienes de uso público o en suelo de

de 20197, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley 1801 de 20168; al existir expresa prohibición legal de cesión a título gratuito de bienes fiscales cuando las mejoras construidas versan sobre bienes de uso público o en suelo de protección, tal y como son las vías públicas y las zonas verdes.

Para dar solución a dicho problema, se precisará, en primer lugar, los aspectos fácticos probados dentro del proceso y a continuación se analizará el cargo formulado.

5.3. Aspectos fácticos probados.

El 25 de abril de 2.022 fue expedido por el concejo municipal de Florencia el acuerdo No. 2022009"Por medio del cual se cambia el uso de suelo de unas zonas verdes y unas vías del municipio de Florencia, invadidas ilegalmente con vivien da de interés social en el barrio Londres, y se dictan otras disposiciones”9.

El proyecto de acuerdo fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, en sus dos debates reglamentarios: los días 19 y 25 de abril de 2.02210, respectivamente.

El día 3 de mayo de 2022 11 se produjo la sanción de dicho acuerdo por parte del mandatario local , según lo establece el artículo 76 de la Ley 136 de 1994 , efectuándose su publicación en la emisora Acuarela FM Estéreo de Florencia el día 9 del mismo mes y año, en los términos del artículo 81 ibídem12; siendo remitido en la misma fecha al al gobernador del Caquetá para el control de legalidad.

La revisión de legalidad fue presentada ante esta corporación el 18 de mayo de

9 del mismo mes y año, en los términos del artículo 81 ibídem12; siendo remitido en la misma fecha al al gobernador del Caquetá para el control de legalidad.

La revisión de legalidad fue presentada ante esta corporación el 18 de mayo de 2.02213, esto es, dentro de los 20 días siguientes a su recibo (artículo 119 del Decreto 1333 de 1986 y artículo 82 de la Ley 136 de 1994).

5.4. Marco normativo y jurisprudencial.

En la legislación colombiana se distingue 2 clases de dominio : por un lado, el dominio privado , que está sometido al régimen de las relaciones entre particulares, el cual puede ser individual -artículo 58 de la Constitución Política - o colectivo14; por otro lado, el dominio público, el cual es el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo de la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad, conforme los artículos 63, 82, 102 y 332 ibídem.

A su vez, esta última clase de dominio se divide en: bienes de uso público y bienes fiscales.

Los bienes fiscales, definidos en el artículo 674 del Código Civil como “Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes” , también conocidos como propiamente estatales, pertenecen a una persona jurídica de derecho público de cualquier naturaleza y de manera general están destinados a la prestación de las funciones públicas o de servicios públicos. Su dominio corresponde

7 “Por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2020-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. 8 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

7 “Por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2020-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. 8 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 9 Estante digital. Archivo en PDF N° 01 del expediente electrónico. 10 Estante Digital. Archivo PDF N° 01. Expediente electrónico. 11 Ídem. 12 Ídem. 13 Estante digital. Archivo en PDF N° 05 del expediente electrónico. 14 Ver, entre otras, la sentencia C-183 de 2003.Expediente número: 18001233300020220007400

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al Estado, quien los posee y los administra de manera similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su propiedad15.

Por su parte, los bienes de uso público pueden ser lo por naturaleza o por el destino jurídico16; se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales y estar destinados al uso común de todos los habitantes. “Son aquellos cuyo dominio resulta también del Estado, pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente”17, se caracterizan por ser bienes usados por la comunidad, la cual puede aprovechar de forma directa, libre, g ratuita, impersonal, individual o colectivamente.

Conforme al artículo 63 de la Constitución Política, estos bienes son de naturaleza inalienables, imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como

impersonal, individual o colectivamente.

Conforme al artículo 63 de la Constitución Política, estos bienes son de naturaleza inalienables, imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como aquellos que “…su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o de uso público o bienes públicos del Territorio” (art. 674 C.C.).

Es así como de conformidad con dicha norma, la diferencia entre los bienes de uso público y los bienes fiscales, radica en su forma de utilización. Los bienes de uso público18 están destinados al uso general de los habitantes de un territorio, pertenecen al Estado, pero éste no los utiliza en beneficio propio sino que se encuentran a disposición de la comunidad. Por su lado, los bienes fiscales comparten la misma titularidad estatal 19, pero no están al servicio libre de los asociados, sino destinados al uso privado del Estado, para la realización de sus fines, por lo que la doctrina los ha denominado “bienes de dominio privado del Estado” 20, en tanto los administra como si fuera un particular; en consecuencia, el régimen jurídico aplicable es el del ordenamiento civil o comercial.

En este orden de ideas, es claro que, por estar bajo la tutela jurídica del Estado, los bienes de uso público y los bienes fiscales son objeto de protección legal frente a eventos en los cuales los particulares pretendan apropiarse de ellos. Es por ello que para evitar estas situaciones, la misma Carta Política señala en su artículo 63, que todos los bienes de uso público del Estado “son inalienables, inembargables e imprescriptibles”, en razón a que están destinados a cumplir fines de utilidad pública

para evitar estas situaciones, la misma Carta Política señala en su artículo 63, que todos los bienes de uso público del Estado “son inalienables, inembargables e imprescriptibles”, en razón a que están destinados a cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles: los bienes de uso público tienen como finalidad estar a disposición de los habitantes del país de modo general y los bienes fiscales constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales. De este modo, al impedir que los particulares se apropien de los bienes fiscales, “se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad”21.

15 Cfr. José J. GómezBienes Primera Parte. Corte Suprema de Justicia Sent. 26 de septiembre de 1940. 16 CSJ Sent. 26 de septiembre de 1940 17Ibídem. 18 De forma implícita, la Ley 9ª de 1989 clasifica el espacio público dentro de los bienes de uso público. Así, su artículo 5º señala: “Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. En seguida, la misma norma en mención describe qué tipo de bienes deben entenderse como “espacio público”: “Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana (…)” etc.

áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana (…)” etc. 19Rico Puerta, Luis Alonso. “Teoría general y práctica de la contratación estatal”. Editorial Leyer. Bogotá. 2009. Pág. 185: “De estos bienes es titular el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones personalizadas, sean entes territoriales o no, como la Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, los distritos especiales, los distritos turísticos, las asociaciones de municipios, (…)” etc. 20 Ibídem. 21 Sentencia C-530 de 1996, op. cit., pág. 16.Expediente número: 18001233300020220007400

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Ahora bien, el artículo 58 de la Carta Política, modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 01 de 1999, preceptúa:

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

Por su parte, el artículo 139 en sus parágrafos 1° y 2° del Código Nacional de

la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

Por su parte, el artículo 139 en sus parágrafos 1° y 2° del Código Nacional de Policía, define como bienes fiscales y de uso público, de la siguiente manera:

“PARÁGRAFO 1o. Para efectos de este Código se entiende por bienes fiscales, además de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de propi edad de entidades de derecho público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación de las funciones y los servicios públicos, tales como los edificios, granjas experimentales, lotes de terreno destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren”.

Así mismo, la Constitución Política en el artículo 82 establece el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Esta obligación se ejerce a través de la Ley 9a de 1989, modificada por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, la cual en su artículo 5 define el espacio público de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Entiéndase por

la cual en su artículo 5 define el espacio público de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles pr ivados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”