TA CAQ - 18001233300220160017901-(14-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre catorce (14) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Figueroa Bambagué Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-23-33-002-2016-00179-01

Tema: Reconocimiento pensión por invalidez.

Acta número 65.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Jorge Figueroa Bambagué, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la existencia del acto ficto o presunto negativo frente a la petición de reconocimiento de la pensión por invalidez y el reajuste de la indemnización y, en consecuencia, se declare la nulidad.

1 Archivo 1, pág. 85.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

reconocimiento de la pensión por invalidez y el reajuste de la indemnización y, en consecuencia, se declare la nulidad.

1 Archivo 1, pág. 85.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca la pensión de invalidez en cuantía del 50% del salario devengado, a partir del retiro del servicio. Así mismo, se reconozca y pague la indemnización plena o el reajuste de la indemnización ya reconocida a que teng a derecho, conforme a la disminución de la capacidad laboral.

1. Se ordene el pago de los perjuicios morales en cuantía de 100 SMLMV.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Prestó sus servicios al Ejército Nacional y actualmente, cu enta con una disminución de la capacidad laboral del 63.44%, de conformidad con el dictamen

del médico Enrique Ayala Pérez.

1. Con ocasión de las lesiones padecidas, no puede desempeñar ninguna actividad laboral en el sector privado.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Consideró transgredidos los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Consideró transgredidos los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004; y los Decretos 1157 de 2014 y 4433 de 2004 (artículo 32).

Indicó que en el acta de la Junta Médico Laboral se señaló que no era apto para el servicio, por tanto se debe reconocer la prestación, toda vez que las normas fueron concebidas para favorecer a los uniformados. Además, sostuvo que «de manera paralela» debe reconocerse la indemnización, «la cual, obviamente ha de ser pagada de manera plena o, re ajustada, en el monto que correlativamente corresponda, según el caso, por no ser incompatible con la Pensión de Sanidad».

1.2. Contestación de la demanda.2

2 Archivo 1, pág. 137.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. 3 Indicó que no se allegó la prueba idónea que demuestre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral por parte de la entidad, sino que pretende demostrarlo con un concepto privado.

Indicó que no se allegó la prueba idónea que demuestre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral por parte de la entidad, sino que pretende demostrarlo con un concepto privado.

1.3. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió i) declarar la configuración del silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 9 de marzo de 2016; ii) denegar las pretensiones de la demanda; y iii) no condenar en costas.

Abordó el marco normativo y jurisprudencial de la pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública y luego procedió a resolver el caso concreto, en el cual refirió los hechos probados.

Indicó que i) la Junta Médica Laboral determinó una pérdida de la capacidad laboral del 38.04% e indicó que no era apto para la actividad militar; y ii) el acto sostiene que después presentó patologías que no fueron valoradas, por ello, acudió a un médico especialista para recalcular el porcentaje.

Sostuvo que el dictamen aportado por la parte actora no cumple con las exigencias legales, aunado a que no solicitó que se adelantara el trámite en aras de darle validez, especialmente si se tiene en cuenta que «no aportó la totalidad de los documentos en que se basó o sirvieron de antecedente para establecer el resultado que en él se plasmó, con el fin de que se pudiesen sustentar de forma clara y verídica, los diagnósticos, las fechas de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del s oldado». A renglón

el fin de que se pudiesen sustentar de forma clara y verídica, los diagnósticos, las fechas de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del s oldado». A renglón seguido, discurrió:

En consecuencia y al no denotar en el expediente ningún tipo de sustento con historia clínica u otro documento que sirva de prueba respecto a las patologías de “acufenos bilaterales” y “hipoacusia bilateral”, no se allegó con el dictamen ningún soporte del procedimiento adelantado por el demandante en la especialidad de otorrinolaringología, razón por la que no se tendrá en cuenta el porcentaje de disminución de la capacidad laboral estimado por dichas patologías, lo que obliga a recalcular el porcentaje reconocido dejándolo en un 47.83% que son aquellas frente a las cuales se aportaron pruebas de su existencia y que en parte ya habían sido

3 Archivo 1, pág. 130. 4 Archivo 2, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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tenidas en cuenta por la entidad en la junta emitida por ésta, pues coincidía con la lesión en su tobillo derecho, sus cicatrices y secuelas así como la patología por maxilofacial, además, obra un análisis efectuado por el médico psiquiatra Oswaldo Matta Santa Cruz quien luego de verificar la historia clínica y lleva a cabo consulta por valoración de dicha especialidad al examen mental concluye la siguiente

maxilofacial, además, obra un análisis efectuado por el médico psiquiatra Oswaldo Matta Santa Cruz quien luego de verificar la historia clínica y lleva a cabo consulta por valoración de dicha especialidad al examen mental concluye la siguiente expresión diagnóstica: “Trastorno por Estrés Postraumático” “ - Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión” “ - Lesiones residuales en tobillo derecho con limitación funcional moderada ” y en la especialidad de Neurocirugía se estableció: “ENFERMEDAD ACTUAL: D ice que después de herida por arma de fuego en pie derecho en el año 2011 presenta cojera que le ha ocasionado dolor en unión Dorsolumbar” “DIAGNÓSTICOS: Dorsolumbagia en Estudio (…)”.

Por lo anterior, coligió que si bien aumentó el porcentaje de pérdida de capacidad inicialmente fijado, no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, toda vez que sufrió una disminución del 47.83%, es decir, menor al 50%.

Finalmente, señaló que se configuró el silencio administrativo negativo respecto de la petición radicada el 9 de septiembre de 2016, por tanto, procedió a declararlo.

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que en el dictamen realizado por el médico Enrique Ayala Pérez se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 63.44% que supera el exigido por la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1157 de 2014 y 4433 de 2004, pues se establecieron las siguientes patologías:

pérdida de la capacidad laboral del 63.44% que supera el exigido por la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1157 de 2014 y 4433 de 2004, pues se establecieron las siguientes patologías: «alteración de la función articulación tibio – tarsiana; acúfenos bilaterales; sicosis reactiva por analogía; alteración sensibilidad MM.II; trastorno de masticación temporo maxilar; afección pierna derecha, alteración ósea y partes blandas; h ipoacusia bilateral; cicatrices cuello pie».

Aseguró que el dictamen cumplió a cabalidad todos los criterios propuestos por el artículo 218 del CPACA, sin que se hubiese objetado por error grave, tacha u observación; además, fue aportado oportunamente con la demanda, sin que se comprenda por qué el a quo no acudió al artículo 220 ibidem que prevé la contradicción del dictamen pericial.

Manifestó que no era procedente que el a quo se saltara la actividad probatoria y redujera «con tal simpleza» y sin el aval de los peritos, el quantum a un 47.83% «no obstante de ser consiente (sic) de dicha falencia probatoria dispuesta por el debido proceso» , máxime

5 Archivo 2, pág. 17.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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cuando no existe otro dictamen que contradiga la experticia que fue aportada y que debe valorarse en el caso concreto.

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cuando no existe otro dictamen que contradiga la experticia que fue aportada y que debe valorarse en el caso concreto.

Procedió a comparar el dictamen practicado por la Junta Médica Laboral con el adjuntado a la demanda y señaló que i) la junta tomó como base para la calificación, los conceptos emitidos por los servicios de cirugía maxilofacial, ortopedia y clínica del dolor; ii) debido a la actividad dinámica de las patologías fue valorado por especialistas y con estas valoraciones fue remitido y calificado por el doctor Enrique Ayala Pérez, quien estableció una disminución del 63.44% a partir de los conceptos de medicina general, psiquiatría y otorrinolaringología. Esto lo plasmó en el siguiente cuadro:

Además, precisó que i) la va loración de la Junta Médico Laboral se realizó con los conceptos emitidos en 2012, «no con conceptos de especialistas recientes»; ii) tampoco se dio cumplimiento a lo contemplado en el artículo 4 del Decreto 094 de 1989; iii) el médico Enrique Ayala sí realizó una valoración integral, a partir de las lesiones sufridas en el servicio y las exposiciones de riesgo; y iv) en el expediente reposan todos los documentos que fueron valorados por el perito para emitir el dictamen.

Finalmente, se pronunció sobre la prescripción cuatrienal de las mesadas.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Figueroa Bambagué

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Finalmente, se pronunció sobre la prescripción cuatrienal de las mesadas.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5. Trámite de segunda instancia.6

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

El 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia (pág. 56).

1.5.2. Traslado de alegatos de conclusión.

Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente (pág. 60).

1.5.2.1. Parte demandante. Reiteró los argumentos expuestos en la apelación (pág. 64).

1.5.2.2. Parte demandada. Solicitó que se nieguen las pretensiones, toda vez que el dictamen pericial no fue expedido por el organismo autorizado por la ley; además, dijo que no se puede acudir al régimen general (pág. 81).

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto,

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

6 Archivo 3.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Consiste en determinar si el señor Jorge Figueroa Bambagué tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del documento aportado con la demanda que estableció una disminución de la capacidad laboral del 63.44% y no del acta de la Junta Médica Laboral 55086 que determinó un porcentaje del 38.04%.

Para efectos de desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la pensión de invalidez cuando se trata de miembros de las Fuerzas Militares; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública.

Fuerzas Militares; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública.

El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que prescriba la ley.

Mediante la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual tenía por objeto la protección de todas las personas para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que las a fecten; sin embargo, en el artículo 279, dispuso que el «Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares (…)», quienes están cobijados de un sistema especial.

El Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 20 de mayo de 20217 con ponencia del consejero William Hernández Gómez, al pronunciarse sobre esta prestación, dijo que con la finalidad de atender la contingencia derivada de la vejez, «tanto el régimen general como los regímenes exceptuados han previsto una prestación dirigida a solventar las necesidades básicas de aquellas personas que ven sustancialmente reducida la posibilidad de explotar su capacidad productiva en el mercado laboral y con ello, la de proveerse los medios para su propia subsistencia y la de su núcleo más cercano. Estas personas, en virtud de la condición en la que se encuentran, son merecedoras de una especial protección

su capacidad productiva en el mercado laboral y con ello, la de proveerse los medios para su propia subsistencia y la de su núcleo más cercano. Estas personas, en virtud de la condición en la que se encuentran, son merecedoras de una especial protección constitucional consagrada en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política, y que ha sido desarrollada en diferentes disposiciones del orden interno y en instrumentos de carácter internacional como se estudió en precedencia.»

7 Radicación 50001-23-31-000-2010-00461-01.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En ese sentido, frente al régimen de las Fuerzas Militares, inicialmente se expidió el Decreto 1836 de 1979, el cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en esas instituciones, sin embargo, tenía la común exigencia de una disminución en la capacidad laboral de, por lo menos, el 7 5%. Este fue tácitamente derogado por el Decreto 94 de 1989, el cual reguló la pensión de invalidez al incluir la distinción de acuerdo con la ocupación y la exigencia del porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral; en el artículo 90 dispuso que se debía acreditar una pérdida igual o superior al 75% de la capacidad y que sería liquidada así: i) el 75% del sueldo básico de un

capacidad laboral; en el artículo 90 dispuso que se debía acreditar una pérdida igual o superior al 75% de la capacidad y que sería liquidada así: i) el 75% del sueldo básico de un cabo superior o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance el 95% y ii) el 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

En el mismo sentido se profirió el Decreto 1796 d e 2000, que tendría como efecto la derogatoria tácita de la anterior reglamentación, excepto lo señalado en el artículo 48 que determinó que el procedimiento y los criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta tanto se expidiera una nueva regulación.

Posteriormente, fue expedida la Ley 923 de 2004 por la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º, estableció:

Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

(…)

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será

correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

(…)

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.

Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral que previoSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar.

La Corte Constitucional en la sentencia C -924 de 2005 declaró la exequibilidad de la

concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar.

La Corte Constitucional en la sentencia C -924 de 2005 declaró la exequibilidad de la expresión «desde el 7 de agosto del 2.002», luego los términos definidos en esta ley, serían aplicados solamente hasta esa fecha.

Después, mediante el Decreto 4433 se desarrolló la Ley 923 de 2004 en lo que refiere a la pensión de invalidez, sin embargo, mediante la sentencia del 28 de febrero d e 2013 (radicación: 11001-03-25-000-2007-00061-00), el Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30, toda vez que el Gobierno Nacional había excedido la competencia que le fue otorgada para regular la material al fijar un parámetro distinto del 50%. En esta oportunidad sostuvo:

Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión del legislad or, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficia rios, requisitos superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo

y, en tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficia rios, requisitos superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo (…).

Luego, en la sentencia del 23 de octubre de 2014, la misma Corporación precisó el alcance de la sentencia y declaró la nulidad de todo el artículo. En esta oportunidad se consideró:

Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral “igual

Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral “igual o sup erior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión deSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados profe sionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el artículo en mención, exigencia esta cuya nul idad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el

existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el artículo en mención, exigencia esta cuya nul idad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada (…).

Dada la nulidad del decreto reglamentario, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1157 de 2014 por el cual se fijó el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza Pública.

Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Acta de Junta Médico -Laboral y/o Tribunal Médico -Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico -laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal

policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad , a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, así:

2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o sup erior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).

2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochent a y cinco por ciento (85%).

2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución

laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio mili tar obligatorio será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales, previstas en el Decreto -ley 1793 de 2000 , serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público