TA CAQ - 18001233300220180005001-(07-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre siete (7) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Cecilia Ramírez Pinzón Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 18001-23-33-002-2018-00050-01

Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Soldado regular.

Acta número 63.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Cecilia Ramírez Pinzón , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de la Resolución 003306 del 10 de agosto de 2016, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, «en su calidad

1 Archivo 1, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, «en su calidad

1 Archivo 1, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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de madre y con plenos derechos para exigir el reconocimiento prestacional con fundamento en los artículos 185 y 189 del Decreto 1211 del año 1.990.»

1. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a reconocer la pensión sobrevivientes como madre del cabo segundo Libaniel Atehortúa Ramírez, en los términos de los artículos 185 y 189 del Decreto 1211 de 1990.

1. Que se pague el retroactivo pensional de los últimos 4 años contados desde el momento en que se realizó la reclamación a la entidad, es decir, el 10 de agosto de 2016, con la inclusión de las mesadas adicionales de mitad de a ño y diciembre.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 187, 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Libaniel Atehortúa Ramírez fue dado de alta en el Ejército Nacional el 23 de noviembre de 1994 y, debido a su fallecimiento, fue dado de baja el 16 de abril de 1996.

1. La muerte se produjo en el Municipio de Puerto Rico por heridas múltiples de

noviembre de 1994 y, debido a su fallecimiento, fue dado de baja el 16 de abril de 1996.

1. La muerte se produjo en el Municipio de Puerto Rico por heridas múltiples de metralla y explosivo, por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.

1. Libaniel Atehortúa Ramírez no era casado ni había procreado hijos.

1. Mediante las Resoluciones 16028 del 7 de noviembre de 1996 y 1236 del 14 de agosto de 2000, la entidad ordenó el pago de las prestaciones sociales a la señora Cecilia Ramírez y Leonidas Atehortúa Henao, en su condición de padres.

1. Solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero a través del acto acusado, fue negada la petición.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 23, 29, 42, 48 y 220 de la Constitución Política, 14 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que Libaniel Atehortúa Ramírez ingresó al Ejército Nacional a cumplir con el

1990 y la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que Libaniel Atehortúa Ramírez ingresó al Ejército Nacional a cumplir con el servicio militar obligatorio y, en la prestación del servicio, perdió la vida el 6 de abril de 1996, por tanto, debió haber sido ascendido póstumamente al grado de cabo segundo como lo disponía el Decreto 2728 de 1968 , «lo que conllevaba a que su señora madre recibiera la pensión de sobreviviente como lo estable ce el artículo 185 y 187 del Decreto 1211 del 08 de junio de 1990». Citó la sentencia T-1043 de 2012 proferida por la Corte Constitucional.

1.2. Medida cautelar.2

Mediante el auto proferido el 16 de agosto de 2019, el a quo resolvió i) decretar la suspensión provisional de la Resolución 003306 del 10 de agosto de 2016; y ii) ordenar a la entidad demandada reconocer «a partir de la fecha y de manera provisional hasta tanto se decida de manera definitiva el presente asunto, la pensión de sobreviviente a la señora CECILIA RAMÍREZ PINSÓN en la forma, cuantía y términos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, por el deceso de su hijo LIBANIEL ATEHORTÚA RAMÍREZ (q.e.p.d.), fallecido el 16 de abril de 1996, así como también de su afiliación al sistema de salud de la Entidad, como beneficiaria de este.»

1.3. Contestación de la demanda.3

El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que el acto administrativo es legal, toda vez que se expidió por la autoridad competente y en

1.3. Contestación de la demanda.3

El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que el acto administrativo es legal, toda vez que se expidió por la autoridad competente y en cumplimiento del régimen que regula las prestaciones sociales de los militares, este es, el Decreto 2728 de 1968, el cual no estableció la prestación reclamada.

Propuso la excepción de prescripción de las mesadas pensionales.

2 Archivo 5, pág. 54. 3 Archivo 2, pág. 99.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.4. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de mesadas pensionales, propuesta por la entidad demandada con anterioridad al 13 de julio de 2012, de conformidad con las consideraciones de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 3306 del 10/08/2016, suscrito por la Directora Administrativa y la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que negó el recono cimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora CECILIA RAMÍREZ PINZÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte

Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que negó el recono cimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora CECILIA RAMÍREZ PINZÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la señora CECILIA RAMÍREZ PINZÓN a partir del 13 de julio de 2012, en la forma, cuantía y términos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, por el deceso de su hijo LIBANIEL ATEHORTÚA RAMÍREZ (q.e.p.d.), fallecido el 16 de abril de 1996.

En el caso que la entidad haya dado cumplimiento a la medida provisional decretada en auto de fecha 16/08/201, de la liquidación final deberá descontar los haberes que haya reconocido y pagado a la actora, en cumplimiento de la orden judicial, sin afectación del mínimo vital.

(…)

SEXTO: CONDENAR en costas en esta instancia, en el 4% de las p retensiones reconocidas en la sentencia a la entidad pública vencida en esta sentencia (…).

(…) (pág. 53-54).

En primer lugar, se pronunció sobre el marco jurídico de la pensión de sobrevivientes en el régimen especial de la fuerza pública; para ello, citó la Ley 131 de 1985, los Decretos 2728 de 1968, 1305 de 1975 y 1211 de 1990.

régimen especial de la fuerza pública; para ello, citó la Ley 131 de 1985, los Decretos 2728 de 1968, 1305 de 1975 y 1211 de 1990.

Luego, descendió al caso concreto. Mencionó que el soldado regular Libaniel Atehortúa Ramírez falleció el 16 de abril de 1996 por heridas múltiples de metralla y explosivos y su muerte fue catalogada «en misión del servicio y por acción enemiga, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968» , por tal motivo, se le reconoció a sus padres el pago de las prestaciones sociales. Adicionalmente, señaló que el soldado acreditó un tiempo de servicio de 1 años, 4 meses y 24 días, por tanto, se encontraba dentro de las prerrogativas del Decreto 1211 de 1990, dado que fue ascendido a cabo segundo póstumo , «teniendo derecho a los beneficiarios que el menciona do decreto

4 Archivo 1, pág. 277.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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establece, por lo tanto, siendo viable reconocer la pensión de sobrevivientes prevista en dicho régimen especial, como quiera que el mencionado soldado acreditó el requisito establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, menos de 12 años de servicio (…)» (pág. 49).

dicho régimen especial, como quiera que el mencionado soldado acreditó el requisito establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, menos de 12 años de servicio (…)» (pág. 49).

Indicó que está demostrado que Cecilia Ramírez Pinzón y Leonidas Atehortúa Henao son los únicos beneficiarios del cabo segundo póstumo. Por esto concluyó que la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente , en tanto el señor Leonidas Atehortúa falleció el 1 de abril de 2014.

Sobre la dependencia económica, dijo que en la solicitud presentada por la actora se indicó la existencia de esta situación, por tanto, «atendiendo a que en el documento en mención no existe la manifestación de la dependencia económica exigida como requisito para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, y atendiendo que tal situación no fue desvirtuada por la entidad pública demandada, se es tablece el cumplimiento del mismo.» (pág. 52).

Luego, dijo que como en el auto proferido el 16 de agosto de 2019 se decretó como medida cautelar la suspensión de la Resolución 3306 del 10 de agosto de 2016 y se ordenó de manera provisional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la actora, era procedente advertir que, en caso de que se haya cumplido esa orden, de la liquidación final se debe descontar a la actora las sumas reconocidas, sin afectación del mínimo vital.

Finalmente, sobre la prescripción, señaló que la petición se presentó el 13 de julio de 2016, luego el reconocimiento de la pensión se debe hacer efectiva a partir del 13 de julio de 2012.

Finalmente, sobre la prescripción, señaló que la petición se presentó el 13 de julio de 2016, luego el reconocimiento de la pensión se debe hacer efectiva a partir del 13 de julio de 2012.

1.5. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Alegó que no hubo desviación de poder, toda vez que el acto administrativo no fue expedido de forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, pues era carga de la parte demandante acreditar la configuración de los elementos que lo vicien, especialmente si está amparado de la presunción de legalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Citó el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 para resaltar que la entidad ha actuado conforme a derecho, especialmente porque el régimen laboral y prestacional de los miembros de las fuerzas militares es especial y «por lo tanto se debe aplicar las normas que lo regulan y no aplicarse normas jurídicas de otro régimen».

Manifestó que no está demostrada la dependencia económica como requisito esencial para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pues se echa de menos una prueba judicial o extrajudicial que dé cuenta de que el señor Libaniel fuera el soporte económic o de su hogar.

Finalmente, sobre la condena en costas, sostuvo que no es suficiente que se haya vencido

judicial o extrajudicial que dé cuenta de que el señor Libaniel fuera el soporte económic o de su hogar.

Finalmente, sobre la condena en costas, sostuvo que no es suficiente que se haya vencido a la parte, sino que es necesario analizar la actuación para que esta sea procedente. Añadió que, en este caso , no se evidencia ninguna que pueda calificarse como temeraria o irrazonable, por tanto, es improcedente la condena en costas.

1.6. Trámite de segunda instancia.

1.6.1. Admisión del recurso de apelación.5

En auto del 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia.

1.6.2. Traslado para alegar de conclusión.6

Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

1.6.2.1. Parte demandante. Reiteró los argumentos de la demanda.

1.6.2.2. Ministerio de Defensa. Guardó silencio.

1.6.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

5 Archivo 12. 6 Archivo 18.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la señora Cecilia Ramírez Pinzón tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, el soldado regular Libaniel Atehortúa Ramírez, en los términos del Decreto 1211 de 1990.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes cuando se trata de miembros de las Fuerzas Militares; ii) hechos probados; y iii) caso concreto.

2.2.1. Sobre la pensión de sobrevivientes de los miembros de las Fuerzas Militares. Marco normativo y jurisprudencial.

El artículo 48 de la Constitución Política prevé la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público obligatorio a cargo del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos de ley.

El artículo 48 de la Constitución Política prevé la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público obligatorio a cargo del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos de ley.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1094 de 2003, se pronunció sobre la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias d erivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado . La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en v ida del pensionado o afiliado que haSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de

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fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.

El régimen especial de las fuerzas militares reguló las prestaciones por muerte de sus miembros de acuerdo con su vinculación, es decir, se aplicarían diferentes para los soldados voluntarios, otro para los oficiales y suboficiales y uno adici onal para quienes prestan el servicio militar obligatorio.

Así lo sostuvo el Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 1 de marzo de 2018 con ponencia del consejero William Hernández Gómez (radicación 68001-23-33000-2015-00965-01):

Por otra parte, debe advertirse que la pensión de sobrevivientes no se consagró de la misma manera para todos los miembros de las Fuerzas Militares, especialmente en los casos de muerte simplemente en actividad. En efecto, se previó un régimen para los soldados voluntarios y otro para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y uno adicional para quienes prestaran el servicio militar obligatorio, en atención a las distintas particularidades de cada una de las vinculaciones.

Ahora bien, el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 estableció:

ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será

ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.

A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

De la lectura de esta norma, se extrae que i) a la muerte del soldado en servicio activo causado por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrían derecho al reconocimiento de 26 meses de sueldo básico que correspondiera a un cabo segundo; y ii) si la muerte ocurría por causas diferente s a las enunciadas, los beneficiarios tendrían derecho al reconocimiento de 24 meses de sueldo básico que correspondiera a un cabo segundo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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derecho al reconocimiento de 24 meses de sueldo básico que correspondiera a un cabo segundo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Después el Decreto 1211 de 1990, por el cual se reformó el estatuto de personal de oficiales y suboficiales, estableció:

Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas s eñaladas en el artículo 158 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensu al, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

el Tesoro Público les pague una pensión mensu al, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden e stablecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.

Luego, la Ley 447 de 1998 estableció una pensión vitalicia y otros beneficios a favor de los parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio:

MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.M.M. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorpo rarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.

Sobre la aplicación de estas normas, en la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 con ponencia del consejero Rafael Francisco Suarez Vargas (expediente 0889-19), el Consejo de Estado explicó:

De las normas descritas se observa que el régimen especial de la Fuerza

ponencia del consejero Rafael Francisco Suarez Vargas (expediente 0889-19), el Consejo de Estado explicó:

De las normas descritas se observa que el régimen especial de la Fuerza Pública prevé la pensión de sobrevivientes respecto de oficiales y suboficiales muertos en combate, en misión del servicio o simplemente en actividad; para acceder a ella se exige 12 y 15 años de servicios, para un monto de 50% de las partidas que indica la norma especial, pero no estipula dicha prestación para el caso de soldados muertos en las mismas circunstancias i) misión d e servicio, ii) simplemente en actividad, o iii) muertos en combate.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En suma, solo hasta la entrada en vigor de la Ley 447 de 1998, se previó una pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios del conscripto fallecido, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 solo contemplaba el pago de una compensación por muerte; sin embargo, solamente tendrían derecho a dicha prestación mensual cuando las muertes ocurrieran en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o particip ando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.

En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sentado la regla que la norma aplicable en cada caso, es la favorable que esté vigente al mo mento en que se habría causado el derecho,

En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sentado la regla que la norma aplicable en cada caso, es la favorable que esté vigente al mo mento en que se habría causado el derecho, es decir, al momento del fallecimiento del causante. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiteradamente ha destacado su naturaleza y objeto, al precisar que la pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad social y que es una modalidad pensional que se configura en los eventos en los que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, fallece.

Así las cosas, respecto al acceso de la pensión por muerte de soldados, esta Corporación reiteradamente ha reconocido ese derecho y no ha encontrado justificación en el trato diferenciado respecto de sus beneficiarios previstos en las normas en cita. Igualmente, la Corte Constitucional ha manifestado que «los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional».

Por lo anterior, y en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la dignidad humana, favorabilidad, igualdad material y la seguridad social, reiteradamente en acciones de tutela, dicha Corte ha ordenado el reconocimiento de una pensión de sobreviviente en favor de los beneficiarios de los soldados cuya muerte ha ocurrido en misión de servicio , acción directa del enemigo, en combarte, o simplemente en actividad.

Las anteriores consideraciones serán tenidas para resolver el caso concreto.

2.3. Hechos probados.

muerte ha ocurrido en misión de servicio , acción directa del enemigo, en combarte, o simplemente en actividad.

Las anteriores consideraciones serán tenidas para resolver el caso concreto.

2.3. Hechos probados.

En el plenario se encuentran los siguientes:

1. Libaniel Atehortúa Ramírez era hijo de la señora Cecilia Ramírez Pinzón 7 y falleció el 16 de abril de 19968.

1. Se desempeñó como soldado regular desde el 23 de noviembre de 1994 hasta la fecha de su muerte que ocurrió «mientras efectuaba operaciones de registro y control, fue asesinado con mina accionada por bandoleros de la cuadrilla XIV de las FARC» en el Municipio de Puerto Rico9.

7 Archivo 1, pág. 29. 8 Archivo 1, pág. 32. 9 Archivo 1, pág. 90.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. A través de la Resolución 00534 del 28 de junio de 1996, se consideró y resolvió:10

Que el soldado LIBANIEL ATEHORTÚA RAMÍREZ (…), falleció el 16 de abril de 1996, en cumplimiento de misiones para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, por acción directa del enemigo, en el Departamento del Caquetá.

Que el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, dispone el ascenso póstumo de los

del orden público, por acción directa del enemigo, en el Departamento del Caquetá.

Que el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, dispone el ascenso póstumo de los soldados que fallezcan en las circunstancias expuestas anteriormente.

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, ascender en forma póstuma al grado de Cabo Segundo al Soldado LIBANIEL ATEHORTÚA RAMÍREZ, con novedad fiscal 16 de abril de 1996.

1. Mediante la Resolución 16028 del 7 de noviembre de 1996, se reconocieron las prestaciones sociales del señor Libaniel Atehortúa Ramírez a la demandante.11

1. En julio de 2016, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes12, pero fue negada mediante la Resolución 3306 del 10 de agosto de

201613.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto.

2.4.1. Sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Como quedó demostrado, Libaniel Atehortúa Ramírez falleció el 16 de abril de 1996 por acción directa del enemigo y, por ello, fue ascendido de forma póstuma al grado de cabo segundo. Por ello, desde ahora se anuncia que la Sala comparte el criterio sostenido por el juez a quo, en el sentido de que la norma aplicable es Decreto 1211 de 1990, el cual, en el artículo 5º del men