TA CAQ - 18001233300320170030800-(07-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre siete (7) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Demandado: Bernardo Emilio García Quiroga Radicación: 18001-23-33-003-2017-00308-00

Tema: Lesividad. Devolución de mesadas por la inclusión de una cotización del sector privado.

Acta número 63.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones contra el señor Bernardo Emilio García Quiroga.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1.

1.1.1. Pretensiones.

La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de la Resolución VPB 25585 del 17 de marzo de 2015, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado en cuantía inicial de $5.942.942 con un ingreso base de liquidación de $7.923.922,

1 Archivo 1, pág. 13.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

cuantía inicial de $5.942.942 con un ingreso base de liquidación de $7.923.922,

1 Archivo 1, pág. 13.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Demandado: Bernardo Emilio García Quiroga Radicación: 18001-23-33-003-2017-00308-00

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al cual se aplicó la tasa de reemplazo del 75% conforme a la Ley 33 de 1985, siempre que acreditara el retiro del servicio.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado devolver lo pagado desde el momento de la inclusión en nómina hasta que se ordene la suspensión o nulidad del acto administrativo.

1. Se ordene a la EPS Sanitas a reintegrar los valores girados por concepto de salud en favor del demandado, desde la fecha de inclusión en nómina hasta cuando se suspenda o anule el acto acusado.

1. Las sumas sean indexadas y se reconozcan los intereses.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Mediante la Resolución GNR 8380 del 14 de enero de 2014, se negó el reconocimiento de la pensión de vejez al demandado.

1. El 24 de enero de 2014, el señor García Quiroga presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior.

1. El recurso de apelación fue desatado con la Resolución VPB 25585 del 17 de

1. El 24 de enero de 2014, el señor García Quiroga presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior.

1. El recurso de apelación fue desatado con la Resolución VPB 25585 del 17 de marzo de 2015, mediante la cual resolvió revocar el acto inicial y reconocer la pensión en cuantía inicial de $5.942.942 , empero, quedó en suspenso hasta tanto se demostrara el retiro del servicio.

1. El 5 de mayo de 2016, el señor García Quiroga solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional.

1. El 7 de marzo de 2017, la entidad solicitó la autorización para la revocatoria parcial de la Resolución VPB 25585 de 2015.

1. Mediante las Resoluciones GNR 97154 del 1 de abril de 2016 y GNR 226620 del 2 de agosto de 2016, se ordenó la inclusión en nómina a partir del ciclo 201604 y se negó el pago del retroactivo reclamado, respectivamente.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Contra la Resolución 226620 de 2016, el señor Bernardo Emilio García presentó recurso de reposición que fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 323800 del 31 de octubre de 2016.

1. El demandado solicitó la reliquidación de la pensión el 18 de abril de 2017, pero

recurso de reposición que fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 323800 del 31 de octubre de 2016.

1. El demandado solicitó la reliquidación de la pensión el 18 de abril de 2017, pero se negó a través de la Resolución SUB 91348 del 8 de junio de la misma anualidad.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas violadas citó la Constitución Política, las Leyes 100 de 1993 y 33 de 1985, el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 758 de 1990. A continuación, desarrolló el cargo de nulidad de violación de la ley o quebrantamiento de las normas en que debió fundarse la decisión.

Manifestó que la pensión se reconoció al tenor de la Ley 33 de 1985, sin embargo, en el Ingreso Base de Cotización (IBC) de enero de 2015 se tuvo en cuenta una cotización efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe que es una entidad de naturaleza privada. «El reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, ha de tenerse en cuenta que para el momento de la liquidación pensional solo se realizará con los ingresos base de cotización públicos y no privados».

1.1.4. Litisconsorcio facultativo.

Solicitó la vinculación de la EPS Sanitas, con ocasión de las pretensiones formuladas.

1.2. Admisión de la demanda.2

Mediante el auto proferido el 26 de junio de 2018, se resolvió admitir la demanda presentada por Colpensiones contra el señor Bernardo Emilio García Quiroga y se ordenó notificar al

Mediante el auto proferido el 26 de junio de 2018, se resolvió admitir la demanda presentada por Colpensiones contra el señor Bernardo Emilio García Quiroga y se ordenó notificar al demandado, al Ministerio Público y a la EPS Sanitas como litisconsorte facultativo.

2 Archivo 1, pág. 48.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.3. Contestación de la demanda.

1.3.1. EPS Sanitas.3

Alegó que no puede efectuar ninguna devolución de dinero a favor de Colpensiones por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, así como tampoco intereses ni indexación de ningún tipo, toda vez que las sumas reclamadas no se encuentran dentro de los haberes de la entidad porque lo asignado por cada afiliado es la Unidad de Pago por Capitación que no tiene relación alguna con el aporte.

Citó el artículo 12 del Decreto 4023 de 2011 para señalar que, ante la carencia de requerimiento oportuno, no se puede adelantar la solicitud y estudio ante el ADRES para la devolución de los aportes. Más adelante afirmó:

En este entendido, el que el Ente Pensionador realice las cotizaciones completas o incompletas no es la responsabilidad asumida por EPS SANITAS, dado que esta debe recibir los aportes que por Ley le corresponde aceptar, pues se tiene que el

En este entendido, el que el Ente Pensionador realice las cotizaciones completas o incompletas no es la responsabilidad asumida por EPS SANITAS, dado que esta debe recibir los aportes que por Ley le corresponde aceptar, pues se tiene que el Estado (a través del Ministerio de la Protección Social – FOSYGA) ha delegado en cabeza de las entidades promotoras la obligación de recaudar las cotizaciones tal y como lo dispone el Artículo 156 de la Ley 100 de 1993.

Como excepciones, propuso las siguientes:

1. Buena fe – confianza legítima – seguridad jurídica, bajo el argumento de que ha actuado conforme a la ley y no tiene injerencia en el trámite de producción del acto administrativo atacado, el cual goza de presunción de legalidad y justificó la afiliación del usuario como pensionado.

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las cotizaciones realizadas por concepto de aportes parafiscales en salud se realizaron en cumplimiento de un mandato legal y están en dominio del FOSYGA -hoy ADRES-, de conformidad con el Decreto 2280 de 2004.

1. Cumplimiento de las obligaciones legales de la EPS, toda vez que ha cumplido con su función de aseguramiento, orientada a garantizar el acceso de los afiliados a los servicios de salud que requieran a través de las autorizaciones y pago de las prestaciones asistenciales incluidas en el POS.

3 Archivo 1, pág. 89.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandado: Bernardo Emilio García Quiroga

3 Archivo 1, pág. 89.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Obligación de los pensionados a cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Expresó que las cotizaciones a salud le pertenecen al sistema y no a la EPS, por tanto, no puede disponer de los dineros que por ese concepto recibe.

1. Cobro de lo no debido, comoquiera que no le asiste responsabilidad de ninguna índole en los hechos mencionados en la demanda, pues si bien ha recibido aportes por el señor García Quiroga, fueron girados al FOSYGA.

1. «Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta a la que fue demandada», pues se dirigió en contra de EPS Sanitas S.A. y la demanda se dirigió

a Salud Sanitas.

1. Falta de integración del litisconsorcio necesario, toda vez que debió vincularse a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

– ADRES.

1.3.2. Bernardo García Quiroga.4

Argumentó que Colpensiones no demostró que la liqui dación sea errónea y que la que considera correcta efectivamente lo sea, comoquiera que se limitó a alegar que se tuvo en cuenta una cotización efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe para enero de 2015, nada más.

Señaló que la mesada que debió ser la reconocida no se calculó de acuerdo con los

cuenta una cotización efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe para enero de 2015, nada más.

Señaló que la mesada que debió ser la reconocida no se calculó de acuerdo con los fundamentos jurídicos sobre los cuales se reconoció la pensión, es decir, con base en el salario sobre el cual cotizó en el último año de servicios, pues «la entidad aprovech a la oportunidad para desmejorar la pensión, no tanto en el valor de la misma, sino por cambiar el fundamento jurídico sobre el cual liquida la mesada, toda vez que ya no lo hace sobre lo cotizado en el último año de servicios, descartando eso sí la cotiza ción que considera no debe incluirse, sino que lo hace de manera distinta, afectando el principio de legalidad.»

Propuso las siguientes excepciones:

1. No existe prueba de la naturaleza jurídica de la Universidad Autónoma del Caribe.

4 Archivo 1, pág. 159.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Cobro de lo no debid o, en tanto la entidad no pretende la devolución del valor pagado de más, sino que exige ilegalmente la devolución de las mesadas completas que le han sido pagadas.

Indicó que si se aceptara que la entidad liquidó erróneamente la pensión, debía excluir del IBL el valor de la cotización indebidamente incluida y hacer la liquidación del derecho pensional con base en el fundamento jurídico expuesto en la Resolución VPB 25585 del 17

IBL el valor de la cotización indebidamente incluida y hacer la liquidación del derecho pensional con base en el fundamento jurídico expuesto en la Resolución VPB 25585 del 17 de marzo de 2015. Seguidamente dijo:

(…) la mesada pensional excluyendo la cotización que erróneamente se tuvo en cuenta por corresponde a la efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe, sería la que se indica en el cuadro de abajo (…) en que la mesada pensional resultante es de $5.794.192.00 caculada sobre un IBL liquidada en forma idéntica a como lo hizo COLPENSIONES, solo que descartando la cotización de enero de 2015 efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe, es decir, conforme a las cotizaciones efectuadas por la Universidad d e la Amazonía en el último año de servicios, que para efectos de la Resolución VPB 25585 de marzo de 2015, lo fue entre marzo de 2014 y febrero de 2015.

Sostuvo que en la liquidación efectuada por Colpensiones se incluyó la cotización de enero de 2015 realizada por la Universidad Autónoma del Caribe que correspondió a $2.380.000, la cual se sumó a la ejecutada por la Universidad de la Amazonía que ascendió para ese mes a $7.616.000, lo que dio un total de base de cotización de $9.996.000 , luego para corregir el cálculo, lo que debió hacer la entidad era descartar los $2.380.000 reportados y recalcular la mesada que, conforme a es a operación es de $5.794.192 «que es ostensiblemente superior a la que indica la demandante que hubiera sido la correcta».

Advirtió que la liquidación que Colpensiones señala correcta, realmente se efectuó con el

ostensiblemente superior a la que indica la demandante que hubiera sido la correcta».

Advirtió que la liquidación que Colpensiones señala correcta, realmente se efectuó con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años y no de manera como había sido reconocida, es decir, con el último año de servicios. Esto quebranta el principio de favorabilidad y del respeto por el acto propio, por cuanto el acto de reconocimiento se expidió conforme a la Ley 33 de 1985, pero en la demanda se modificó el fundamento jurídico de la pensión.

Por lo anterior, coligió que no se debía solicitar la devolu ción de la suma indicada en la cuantía, sino las diferencias generadas entre las mesadas efectivamente pagadas y las que debió cancelar.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Buena fe. Expresó que no puede ordenarse la devolución de las mesadas, dado que no tuvo ninguna injerencia ni efectuó maniobras fraudulentas para inducir en error a la entidad y en el plenario no reposa prueba que demuestre lo contrario.

1.4. Audiencia inicial.5

El 30 de julio de 2019 se realizó la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA ; se agotaron las etapas de saneamiento y excepciones. En esta última se resolvió i) negar la excepción de indebida notificación; y ii) vincular como litisconsorte facultativo a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES y se

excepción de indebida notificación; y ii) vincular como litisconsorte facultativo a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES y se ordenó su notificación. La diligencia fue suspendida.

1.5. Contestación de la ADRES.6

Afirmó que de los hechos y de las pretensiones no se deriva la existencia de una obligación de restitución sobre los aportes en salud; agregó que los aportes que realicen los pensionales o independientes son de naturaleza pública y no existen cuentas independientes por los usuarios, ya que se realiza un proceso de compensación que fue surtido en el tiempo de cotización del aporte y, si existieran correcciones por aquellos mal efectuados, tenía el término de 12 meses para presentar la solicitud.

Señaló que en el caso de una persona beneficiaria de una pensión, la ley prevé que la administradora de fondos de pensiones o Colpensiones es la que, a nomb re del afiliado, efectúa directamente el pago a la entidad promotora de salud elegida por él, es decir que no es sujeto pasivo de la contribución parafiscal, sino un administrador facultado para realizar el pago directamente a la entidad promotora de salud , pero a nombre de l pensionado, por consiguiente, no está facultado para exigir la devolución de lo pagado.

Añadió que el sujeto activo de la contribución parafiscal no es Sanitas EPS ni la ADRES, sino el Sistema de Seguridad Social en Salud, por tanto, lo que la EPS recauda por obligación legal a título de aportes en salud no le pertenece, sino que corresponde a una contribución parafiscal destinada a dicho sistema. Citó la sentencia C-430 de 2009 proferida por la Corte Constitucional.

obligación legal a título de aportes en salud no le pertenece, sino que corresponde a una contribución parafiscal destinada a dicho sistema. Citó la sentencia C-430 de 2009 proferida por la Corte Constitucional.

5 Archivo 1, pág. 236. 6 Archivo 1, pág. 247.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Precisó que la cotización tiene diferentes destinos: i) a la unidad de pago por capitación del afiliado, teniendo en cuenta las variables de edad y sexo; y ii) al Fondo de Solidaridad y Garantía, para que el recaudo se redistribuya al régimen subsidiado.

Por lo anterior, coligió que no procede la devolución de los dineros por parte de la ADRES porque no se le ha notificado ninguna decisión encaminada a la devolución de aportes y la EPS no presentó la solicitud de corrección.

Luego se pronunció sobre el proceso de compensación y la devolución de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salu d, para ello, citó los artículos 156 de la Ley 100 de 1993, 2.3.1.1.22 del Decreto 780 de 2015, 2.6.4.3.1.1.8. del Decreto 2265 de 2017 y concluyó que son las EPS las que verifican si cumple con el término de 12 meses. Frente al proceso de corrección, refirió los artículos 19 del Decreto 4023 de 2011, 2.6.1.1.2.9. del

y concluyó que son las EPS las que verifican si cumple con el término de 12 meses. Frente al proceso de corrección, refirió los artículos 19 del Decreto 4023 de 2011, 2.6.1.1.2.9. del Decreto 780 de 2016 y 4 del Decreto 2265 de 2017, para manifestar que n o se surtió el trámite de corrección frente a los aportes sobre los cuales se pretende el reintegro, en razón a que Colpensiones no presentó la solicitud antes la EPS en el tiempo antes mencionado.

Arguyó que no es posible ordenar la restitución de los v alores aportados al sistema, dado que se trata de cotizaciones obligatorias de los afiliados que las EPS recaudan por mandato legal y con las cuales se encargan de cumplir sus funciones de administración y prestación de los servicios contemplados en el POS, especialmente si se tiene en cuenta que con esa pretensión se desconoce la naturaleza jurídica del sistema de seguridad colombiano, como sistema de gestión de riesgos.

Formuló las excepciones de:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto los descuentos fueron efectuados por Colpensiones, en consecuencia, no sería la ADRES la llamada a responder porque no ordenó ni realizó los descuentos de salud.

1. Inexistencia de la obligación, porque lo descontado es un pago obligatorio que, de haber s ido errado, tiene un trámite prevalente y especial que, en el sub examine, no fue satisfecho.

1. Cobro de lo no debido, «en razón a que lo descontado del pago de retroactividad de la pensión es parte de las cotizaciones que en salud obligatoriamente deben

examine, no fue satisfecho.

1. Cobro de lo no debido, «en razón a que lo descontado del pago de retroactividad de la pensión es parte de las cotizaciones que en salud obligatoriamente deben realizar los pensionados» (pág. 267).Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.6. Continuación de la audiencia inicial y trámite de sentencia anticipada.

La audiencia se continuó el 7 de noviembre de 2019 7. Se adelantaron las etapas de excepciones (en el sentido de mencionar que las excepciones propuestas por EPS Sanitas ya habían sido resueltas), fijación del litigio y conciliación, en la cual se advirtió que el demandado autorizó la revocatoria parcial respecto de los factores salariales relacionados con las cotizaciones efectuadas por la Corporación Autónoma del Caribe. Se suspendió la audiencia.

Mediante el auto proferido el 22 de julio de 20208, se indicó que la entidad demandante no se pronunció sobre la fórmula conciliatoria propuesta por el demandado, en consecuencia, se resolvió correr traslado a las partes para que manifestaran si estaban de acuerdo o no con que se profiriera sentencia anticipada, toda vez que el debate se contrae a un asunto de pleno derecho. Las partes manifestaron estar de acuerdo con la decisión.

1.7. Alegatos de conclusión.

con que se profiriera sentencia anticipada, toda vez que el debate se contrae a un asunto de pleno derecho. Las partes manifestaron estar de acuerdo con la decisión.

1.7. Alegatos de conclusión.

En proveído del 18 de agosto de 2020, se resolvió correr el traslado común de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.9

1.7.1. EPS Sanitas 10. Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y, adicionalmente, señaló que está imposibilitada jurídicamente para devolver los aportes pagados, toda vez que el error se advirtió más de 6 meses después.

1.7.2. Colpensiones11. Volvió sobre los cargos de anulación formulados en la demanda; añadió que no es procedente «combinar» los regímenes pensionales, toda vez que si se han de tener en cuenta tiempos públicos y privados, es aplicable la Ley 71 de 1988 o, si por el contrario, son más favorables los tiempos cotizados al ISS como empleado del sector privado, se debe aplicar el régimen consagrado en el Decreto 758 de 1990; seguidamente, dijo que «resulta consecuente y lógico, que no se tengan en cuenta las cotizaciones o aportes efectuados como trabajador de la Universidad Autónoma del Caribe, pues pertenecen al sector privado y no pueden

7 Archivo 4, pág. 105. 8 Archivo 4, pág. 238. 9 Archivo 6. 10 Archivo 9. 11 Archivo 10.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

8 Archivo 4, pág. 238. 9 Archivo 6. 10 Archivo 9. 11 Archivo 10.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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sumársele o tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985».

Afirmó que sí se desvirtuó la buena fe, toda vez que la entidad puso en su conocimiento la falencia en el reconocimiento de la pensión y, no obstante ello, decidió beneficiarse de una prestación económica reconocida por encima del valor que realmente le correspondía.

1.7.3. ADRES12. Trajo las mismas explicaciones de la contestación de la demanda.

1.7.4. Pablo Emilio García Quiroga13. Redundó en los argumentos de la contestación de la demanda y solicitó que, en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, se recalcule la pensión excluyendo únicamente la cotización efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe y con respeto del régimen jurídico y la forma de liquidación aplicada en la Resolución 25585 de 2015. Finalmente resaltó frente a la mala fe que endilga la demandante:

No puede afirmarse que su solicitud a la Administradora aquí demandante, de enseñarle o explicarle la manera como había liquidado la mesada pensional que COLPENSIONES pretendía iniciar a cancelar al momento de incluirlo en la nómina de pensionados, configure siquiera un indicio de mala

de enseñarle o explicarle la manera como había liquidado la mesada pensional que COLPENSIONES pretendía iniciar a cancelar al momento de incluirlo en la nómina de pensionados, configure siquiera un indicio de mala fe, pues como todo administrado, mi poderdante al advertir la ostensible diferencia resultante, demandó de la entidad la oportunid ad de ejercer su derecho de contradicción exigiéndole en primer lugar que se le demostrara como había llegado a la suma que COLPENSIONES pretendía iniciar a pagarle, pero la entidad no atendió dicho requerimiento. (Pág. 6)

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones contra el señor Bernardo Emilio García Quiroga , de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

12 Archivo 11. 13 Archivo 12.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la pensión de jubilación reconocida al señor Bernardo Emilio García Quiroga debía ser liquidada con inclusión o no de la cotización efectuada por la Universidad Autónoma del C aribe; en caso negativo i) si ello varía el régimen pensional

García Quiroga debía ser liquidada con inclusión o no de la cotización efectuada por la Universidad Autónoma del C aribe; en caso negativo i) si ello varía el régimen pensional aplicable; ii) si el demandado debe restituir a Colpensiones las sumas que devengó en virtud de la Resolución 25585 de 2015; y iii) si es procedente la devolución de los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Para efectos de desarrollar los problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) hechos probados; y ii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este último se abordarán cada uno de los argumentos de las partes y, conforme a su desarrollo, se citará el marco normativo y jurisprudencial aplicable.

2.3. Cuestión previa. Sobre los argumentos nuevos contenidos en el recurso de apelación.

En el escrito de alegaciones finales, Colpensiones sostuvo:

En este mismo contexto, debe señalarse que no resulta posible combinar regímenes pensionales, toda vez que para cada situación hay un sistema determinado, de tal suerte, que si han de tener en cuenta tiempos públicos y privados, sería la Ley 71 de 1988, que es el ordenamiento jurídico aplicable para su caso, o si por el contrario, le resulta más benéfico los tiempos cotizados al ISS como empleado del sector privado, sería entonces el régimen consagrado en el Decreto 758 de 1990, para ello. (archivo 10, pág. 4).

Sin embargo, no observa la Sala que la aplicación de uno u otro régimen haya sido uno de los argumentos expuestos en la demanda, pues en ella, luego de hacer un amplio recuento

(archivo 10, pág. 4).

Sin embargo, no observa la Sala que la aplicación de uno u otro régimen haya sido uno de los argumentos expuestos en la demanda, pues en ella, luego de hacer un amplio recuento sobre el régimen de transición y «la acción de lesividad», se limitó a afirmar lo siguiente:

De acuerdo a lo anterior la liquidación que se efectuó en la Resolución N° VPB 25585 del 17 de marzo de 2015 se reconoció con último año de IBC de conformidad con la Ley 33 de 1985, no obstante lo anterior, el valor calculado que se tuvo en cuenta dentro del Ingreso Base de Cotización para enero del año 2015, una cotización efectuada por la Universidad Autónoma del Caribe que es una entidad de carácter privada y de la cual no podía tenerse en cuenta ya que el reconocimiento pensional es de carácter público con régimen de transición de la ley 33 de 1985.

El reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, ha de tenerse en cuenta que para el momento de la liquidación pensional solo se realizará con los ingresos base de cotización públicos y no privados. (subrayas y negrillas del original)Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Recuerda la Sala que el artículo 187 del CPACA prevé que la sentencia tiene ser motivada; en ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico

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Recuerda la Sala que el artículo 187 del CPACA prevé que la sentencia tiene ser motivada; en ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctr inarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

De otro lado, la causa petendi o causa de pedir es el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen formulados en la demanda. De allí emana el deber de congruencia de la sentencia, es decir, la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum -peticióny la causa petendi -causa de pedir -, lo cual implica que se respete el componente fáctico argumentado al juez para su decisión. La causa de pedir hace referencia al principio que origina el pretendido derecho o «el motivo o fundamento del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso»14.

De esa forma, impetrar nuevos elementos fácticos diferentes a los establecidos en el escrito introductorio, quebranta el deber de lealtad de las partes y el derecho al debido proceso del sujeto procesal que no pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a esos aserto