TA CAQ - 18001234000420170027001-(14-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre catorce (14) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Sofía Sotelo Ordoñez y Mayra Alejandra Osorio Sotelo Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 18001-23-40-004-2017-00270-01

Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes.

Acta número 65.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por ambas partes contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Sofía Sotelo Ordoñez y Mayra Alejandra Osorio Sotelo, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 1, pág. 39.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mayra Alejandra Osorio Sotelo y otro

Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 1, pág. 39.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mayra Alejandra Osorio Sotelo y otro Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 18001-23-40-004-2017-00270-01

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1. Se declare la nulidad de las Resoluciones 1813 del 3 de mayo de 2017 y 2958 del 1 de agosto de 2017, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de Alberto Munir Osorio Ramírez, «cuya muerte por desaparecimiento forzoso fue declarada mediante Sentencia N° 794 del 25 de octubre de 2016, con fecha de ocurrencia el 20 de julio de 2000.»

1. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente por el fallecimiento Alberto Munir Osorio Ramírez, en las siguientes proporciones y en los términos del artículo 48

de la Ley 100 de 1993:

a. A favor de Sofía Sotelo Ordoñez en proporción del 50% a partir del 20 de julio de 2000, cónyuge del señor Alberto Munir Osorio Ramírez.

b. A favor de Mayra Alejandra Osorio Sotelo en proporción del 50%, a partir de la misma fecha como hija del señor Alberto Munir Osorio Ramírez.

1. Se ordene el pago de los intereses moratorios aplicados a las mesadas

b. A favor de Mayra Alejandra Osorio Sotelo en proporción del 50%, a partir de la misma fecha como hija del señor Alberto Munir Osorio Ramírez.

1. Se ordene el pago de los intereses moratorios aplicados a las mesadas pensionales dejados de percibir, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Alberto Munir Osorio Ramírez ingresó a la Fuerza Aérea el 16 de septiembre de 1993 en el cargo de «Segundo Adjunto».

1. El 20 de julio de 1998, mientras se desplazaba desde Florencia a la Base Militar de Tres Esquinas, el señor Osorio Ramírez fue «interceptado» por miembros del frente 15 de las FARC. Fue retirado del servicio por «presunción de muerte» mediante la Orden Administrativa de Personal 1-014 del 16 de julio de 2000.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mayra Alejandra Osorio Sotelo y otro Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Radicación: 18001-23-40-004-2017-00270-01

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1. Mediante la Resolución 029 del 2 de enero de 2001 se ordenó el pago de unas prestaciones sociales y compensación por muerte a favor de la señora Sofía

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1. Mediante la Resolución 029 del 2 de enero de 2001 se ordenó el pago de unas prestaciones sociales y compensación por muerte a favor de la señora Sofía Sotelo Ordoñez y Mayra Alejandra Osorio Sotelo, en calidad de cónyuge e hija del señor Osorio Ramírez.

1. Comoquiera que laboró desde 1993 hasta el año 2000 dejó constituido el derecho a la pensión de sobreviviente en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente para la fecha de su desaparecimiento.

1. A través de la sentencia 794 del 25 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo de Familia de Florencia declaró la muerte presunta por desaparecimiento forzoso de Alberto Munir Osorio Ramírez, cuya fecha de ocurrencia se determinó del 20 de julio de 2000.

1. Mayra Alejandra Osorio Sotelo es mayor de edad, sin embargo, padece de una discapacidad que arroja una pérdida de capacidad laboral del 68.03% con fecha de estructuración del 15 de noviembre de 1994, es decir, desde su nacimiento.

1. El 22 de marzo de 2017 solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, empero fue negada mediante el acto demandado; contra esta decisión, presentó recurso de reposición que fue desatado desfavorablemente mediante la Resolución 2958 del 1 de agosto de 2017.

1. Dependían económicamente del señor Alberto Munir Osorio Ramírez, pues era quien solventaba las necesidades del hogar.

mediante la Resolución 2958 del 1 de agosto de 2017.

1. Dependían económicamente del señor Alberto Munir Osorio Ramírez, pues era quien solventaba las necesidades del hogar.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas violadas los artículos 3 y 138 del CPACA , 88 del Código General del Proceso, 2, 4, 13, 48 y 53 de la Constitución Política , 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Manifestaron que es imprescindible contar con asistencia médica permanente y que en los actos administrativos acusados se negó el derecho a la seguridad social; además, que estos son contrarios al artículo 53 Superior, toda vez que si bien el sistema pensional de los miembros de las fuerzas militares no se encuentra regido por la Ley 100 de 1993, también debe darse aplicación al principio de favorabilidad, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-461 de 1995.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Dijeron que sí se cumplen los requisitos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el señor Alberto Munir Osorio Ramírez cotizó más de 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento, es decir, por 8 años, 5 meses y 8 días.

1.2. Contestación de la demanda.2

de los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento, es decir, por 8 años, 5 meses y 8 días.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que el acto administrativo es legal, toda vez que se expidió por la autoridad competente y en cumplimiento del régimen aplicable, es decir, el contenido en el Decreto 1214 de 1990.

Sostuvo que no es posible jurídicamente dar aplicación al principio de favorabilidad para acudir a la Ley 100 de 1993, por cuanto en el artículo 279 se estableció la excepción a los miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y los beneficiarios del Decreto 1214 de 1990.

Precisó que el señor Alberto Osorio Ramírez no cumplía con los requisitos para reconocer la pensión de sobreviviente «y no lo cobijaba otras disposiciones distintas a las que se aplicaban para fecha de su fallecimiento tales como el Decreto 1214 de 1990 artículo 123.»

Propuso la excepción de prescripción de las mesadas pensionales.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES propuesta por la entidad demandada, con anterioridad al 31/01/2013 conforme a lo indicado en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo complejo contenido en las Resoluciones N° 1813 del 03/mayo/2017 y N° 2958 del 01/08/2017, expedido

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo complejo contenido en las Resoluciones N° 1813 del 03/mayo/2017 y N° 2958 del 01/08/2017, expedido por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual se niega el reconocimiento y pago de pensión sobrevivientes (sic) y demás peticiones, elevadas por las accionantes.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a SOFÍA SOTELO ORDOÑEZ y MAY RA ALEJANDRA OSORIO SOTELO a partir del 20 de julio del 2000, en la forma, cuantía y términos establecidos en la Ley 100 de 199 3, por el fallecimiento de su esposo y padre

2 Archivo 1, pág. 87. 3 Archivo 1, pág. 160.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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ALBERTO MUNIR OSORIO RAMÍREZ (…) desaparecido en servicio el 20 de julio del 2000. T eniendo en cuenta la operancia de la prescripción en algunas de las mesadas, ello es con anterioridad al 31 de enero de 2013.

Dejando claridad de que dicho reconocimiento se condiciona a la distribución en el total de beneficiarios de la misma, como quie ra que se probó que existe otra

mesadas, ello es con anterioridad al 31 de enero de 2013.

Dejando claridad de que dicho reconocimiento se condiciona a la distribución en el total de beneficiarios de la misma, como quie ra que se probó que existe otra beneficiaria con igual derecho, a las aquí demandantes, por lo que ello deberá ser tenido en cuenta por la entidad al momento de dar cumplimiento al presente fallo.

CUARTO: ORDENAR a la demanda (sic) que las sumas que se reconozcan a favor del demandante sean ajustadas en la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula:

R = Rh x índice Final Índice Inicial

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas en esta instancia y a la entidad demandada y fijar como agencias en derecho el porcentaje del en el (sic) 4% de lo pedido en el líbelo de la demanda a la entidad pública vencida en esta sentencia (…).

(…). (pág. 174).

En primer lugar, abordó los siguientes temas: i) marco jurídico de la pensión de sobrevivientes en el régimen especial de la Fuerza Pública; ii) régimen general, Ley 100 de 1993, pensión de sobrevivientes; iii) principio de favorabilidad pensional; y iv) el marco jurisprudencial de la dependencia económica.

Luego se detuvo en el caso concreto. Encontró acreditado que i) el señor Alberto Osorio Ramírez falleció el 20 de julio de 2000, de conformidad con el registro civil de defunción; ii)

Luego se detuvo en el caso concreto. Encontró acreditado que i) el señor Alberto Osorio Ramírez falleció el 20 de julio de 2000, de conformidad con el registro civil de defunción; ii) la señora Sofía Sotelo Ordoñez era su cónyuge y Maura Alejandra Osorio Sotelo su hija; iii) a ellas se les reconoció el pago de las cesantías definitivas y compensación por muerte como beneficiarias legítimas de su esposo y padre; y iv) Mayra Alejandra Osorio presenta una pérdida de capacidad laboral del 68.03% con fecha de estructuración del 15 de noviembre de 1994 -nacimiento-.

Sostuvo que el ex adjunto segundo prestó sus servicios a las fuerzas militares por el interregno de 6 años, 10 meses y 5 días, por tanto, en principio las beneficiarias no tendrían derecho al reconocimiento pensional a la luz del artículo 123 del Decreto 1214 de 1990, sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, se debe dar aplicación al principio de favorabilidad y estudiar el caso bajo los supuestos de la Ley 100 de 1993, según la cual se debe demostrar la cotización de un mínimo de 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte del causante, tal como se probó, pues el señor Osorio Ramírez cotizó más de 300 semanas.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Consideró que de las pruebas que reposan en el plenario se puede deducir que la señora Sofía Sotelo Ordoñez para el año 2000 tenía 34 años y era la compañera permanente del señor Alberto Osorio Ramírez y, por su parte, Mayra Alejandra Osorio Sotelo acreditó su disminución de capacidad, «lo que las convierte en legitimas beneficiarias de la pensión de sobrevivientes».

Advirtió que en los documentos aportados también se mencionó a Yinna Paola Osorio Pimentel como hija del causante, quien no ha hecho parte de ninguno de los procedimientos adelantados frente a la declaración de muerte de su padre a título personal ni a través de repr esentante legal. Por ello, consideró que podría tener interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual condicionó el pago de la pensión en la proporción del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, «advirtiendo que dicho reconocimiento se condiciona a la distribución en el total de beneficiarios de la misma, como quiera que se probó que existe otra beneficiaria con igual derecho, a lo que ello debe ser tenido en cuenta por la entidad al momento de dar cumplimiento al presente fallo».

Finalmente, sobre la prescripción, dijo:

Observa el Despacho que a través del acto administrativo demandado se certifica que la reclamación de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes fue radicada el 31 de enero del 2017 (…) motivo por el cual el término de la prescripción cuatrienal opera con anterioridad al 31/01/2013 y teniendo en cuenta que sus

que la reclamación de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes fue radicada el 31 de enero del 2017 (…) motivo por el cual el término de la prescripción cuatrienal opera con anterioridad al 31/01/2013 y teniendo en cuenta que sus pensiones hacen referencia a la pensión de sobrevivientes que debe ser reconocida a partir del 20 de julio del 2000, fecha en que fue dado de baja el causante, se encuentran prescritas todas las mesadas pensionales correspondientes desde la fecha hasta el 30 de enero de 2013. (Pág. 173).

1.4. Recursos de apelación.

1.4.1. Nación – Ministerio de Defensa.4

Alegó que no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos enjuiciados y que no puede aplicarse el régimen consagrado en la Ley 100 de 1993 «porque entonces la administración no tendría razón alguna para negarle el derecho a todo aquel que pretenda lo mismo, lo que conlleva a suponer que las leyes y reglamentos fueran utilizadas al vaivén de todas las personas para así, acoger las más convenientes para sus intereses», por ello, el examen se debe realizar en los términos del artículo 123 del Decreto 1214 de 1990 , máxime porque las prestaciones fueron reconocidas al tenor de ese cuerpo normativo.

4 Archivo 1, pág. 177.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.4.2. Parte demandante.5

Manifestó su disenso frente a la prescripción declarada. Dijo que pese al reconocimiento de la pensión a partir del 20 d e julio de 2000, se declaró l a prescripción de las mesadas causadas antes del 31 de enero de 2013, sin embargo, no se tuvo en cuenta que el señor Alberto Munir Osorio Ramírez fue retirado del servicio por «presunción de muerte», la cual fue declarada mediante la sentencia 794 del 25 de octubre de 2016, es decir que «antes de dicha declaratoria, para todos los efectos legales el señor OSORIO RAMÍREZ se encontraba desaparecido más no muerto, por tanto ni su cónyuge SOFIA SOTELO ORDOÑEZ ni su hija MAYRA ALEJANDRA OSORIO SOTELO podían entrar a reclamar la pensión de sobrevivientes de quien aún figuraba como vivo en los archivos de la registraduría».

Hizo énfasis en que es a partir de la declaratoria por muerte que nace el derecho a los beneficiarios parar reclamar la prestación, porque solo desde ese momento se tiene certeza de la muerte.

Dijo que si en gracia de discusión se aceptara la prescripción, esta solo operaría frente a la señora Sofía Sotelo Ordoñez y no para su hija Mayra Alejandra Osorio Sotelo, quien padece una discapacidad del 68.03% con fecha de estructuración de su nacimiento, es decir que no puede las consecuencias no se pueden endilgar a una persona que no se encuentra en

una discapacidad del 68.03% con fecha de estructuración de su nacimiento, es decir que no puede las consecuencias no se pueden endilgar a una persona que no se encuentra en la capacidad de tomar decisiones ni representarse a sí misma.

Citó la sentencia proferida el 29 de abril de 2010 (radicación 68001-23-15-000-2005-0123801) con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.6

En auto del 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia.

5 Archivo 1, pág. 182. 6 Archivo 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.7

Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Parte demandante.8 Reiteró los argumentos de la apelación.

1.5.2.2. Ministerio de Defensa.9 Volvió sobre lo expuesto en la alzada.

respectivamente.

1.5.2.1. Parte demandante.8 Reiteró los argumentos de la apelación.

1.5.2.2. Ministerio de Defensa.9 Volvió sobre lo expuesto en la alzada.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar i) si Sofía Sotelo Ordoñez y Mayra Alejandra Osorio Sotelo tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Alberto Munir Osorio Ramírez, conforme al régimen general consagrado en la Ley 100 de 1993; y ii) si hay lugar o no a declarar la prescripción de las mesadas pensionales, dado que la muerte presunta del señor Osorio Ramírez fue declarada a partir del 20 de julio de 2000 por una sentencia proferida el 25 de octubre de 2016.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes cuando se trata de miembros de las Fuerzas Militares y del régimen ordinario; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

7 Archivo 17.

miembros de las Fuerzas Militares y del régimen ordinario; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

7 Archivo 17. 8 Archivo 24. 9 Archivo 25.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.2. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.1. Sobre la pensión de sobrevivientes de los miembros de la Fuerzas Pública. Decreto 1214 de 1990.

El artículo 48 de la Constitución Política prevé la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público obligatorio a cargo del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos de ley.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1094 de 2003, se pronunció sobre la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos

prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado . La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían econ ómicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un det erminado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.

Ahora bien, el artículo 123 del Decreto 1214 de 1990 estableció:

ARTICULO 123. Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional en actividad, por causas diferentes a las enumeradas en los dos (2) artículos anteriores, sus b eneficiarios tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una compensación equivalente a dieciocho (18) meses de los haberes correspondientes al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 de este Decreto.

b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.

c. Si el empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional hubiere

tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 de este Decreto.

b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.

c. Si el empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional hubiere cumplido dieciocho (18) años de servicio, sus beneficiarios e n el orden establecido en este Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para prestaciones sociales, incrementada en un cinco por ciento (5%) por cada año que exceda de los dieciocho (18), sin sobrepasar el setenta y cinco por ciento (75%).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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De acuerdo con la norma transcrita, las prestaciones a que tenían derecho los beneficiarios de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que falleciera simplemente en actividad, eran i) el pago de una compensación equivalente a 18 meses de los haberes correspondientes del causante; ii) el pago de una cesantía por el tiempo de servicio; y iii) el reconocimiento de una pensión si el empleado público hubiese laborado por 18 años o más.

2.2.2. Sobre la pensión de sobrevivientes consagrada en la Ley 100 de 1993.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 contempló la pensión de sobrevivientes así:

por 18 años o más.

2.2.2. Sobre la pensión de sobrevivientes consagrada en la Ley 100 de 1993.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 contempló la pensión de sobrevivientes así:

ARTICULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.

Este artículo fue modificado por la Ley 797 de 2003, la cual, en el artículo 12 consagró:

ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

[literales a) y b) declarados inexequibles en la sentencia C-556 de 2009]

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensi ón de vejez o laSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

Por su parte, los artículos 47 y 48 del mismo cuerpo normativo, establecieron quienes serían los beneficiarios y el monto de la pensión:

monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

Por su parte, los artículos 47 y 48 del mismo cuerpo normativo, establecieron quienes serían los beneficiarios y el monto de la pensión:

ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, sa lvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al m omento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por ra zón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de

incapacitados para trabajar por ra zón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno 10; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían