TA CAQ - 1800133-31-703-2012-00056-01-(26-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: María Edilma Andrade de Quintero y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-31-703-2012-00056-01

Tema: Desplazamiento y desaparición forzada. Congruencia del recurso de apelación.

Acta número 76.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

María Edilma Andrade de Quintero, Flor Gineth Quintero Andrade, Jessica Lorena, María del Pilar, Néstor Andrés y José Arvey López Quintero , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por las muertes violentas de que fueron

1 C1, expediente digitalizado, archivo C1, pág. 2.Sentencia de segunda instancia

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por las muertes violentas de que fueron

1 C1, expediente digitalizado, archivo C1, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: María Edilma Andrade de Quintero y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-31-703-2012-00056-01

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víctimas los señores Reinaldo Quintero Pillimue y José Arvey Quintero Andrade (padre e hijo); de la desaparición forzada de Fabián Reinaldo Quintero Pillimue; y el desplazamiento forzado de los actores, lo cual sucedió el 10 de febrero de 1999 y el 11 de agosto de 2008.

1. Como consecuencia de lo anterior, se paguen los perjuicios materiales e inmateriales por cada uno de los eventos mencionados en el numeral anterior.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia y el pago de intereses moratorios.

1. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

 Sobre la desaparición forzada de Fabián Quintero Andrade.

1. Desde la muerte de su hermano, José Arvey Quintero Andrade, «se desapareció desconociéndose su paradero hasta el momento».

1. La señora María Edilma Andrade de Quintero presentó denuncia ante la Fiscalía

1. Desde la muerte de su hermano, José Arvey Quintero Andrade, «se desapareció desconociéndose su paradero hasta el momento».

1. La señora María Edilma Andrade de Quintero presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por desaparición forzada en la localidad de La Plata

(Huila).

1. La denunciante ha tenido conocimiento por voces de desmovilizados, que lo vieron en las filas de la subversión, pero que después de la muerte de su hermano no lo volvieron a ver, «por lo que se teme que hayan tomado represalias contra el (sic) por la desmovilización de su hermano; identificación del cual solo conocía la familia y que se teme que p or confianza en el proceso de desmovilización el fallecido le haya confiado la identidad de su hermano menor a la señora Sandra Milena Murcia y que por este medio de halla (sic) ubicado por el grupo subversivo y asesinado».

 Sobre el desplazamiento forzado.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. El señor Reinaldo Quintero Pillimue fue despojado de su vivienda, donde habitaba con sus hijos y su esposa por unos desconocidos, quienes «fueron por él para posteriormente aparecer muerto en los alrededores de la finca».

1. Por la muerte de su esposo, la señora María Edilma Andrade de Quintero quiso

habitaba con sus hijos y su esposa por unos desconocidos, quienes «fueron por él para posteriormente aparecer muerto en los alrededores de la finca».

1. Por la muerte de su esposo, la señora María Edilma Andrade de Quintero quiso vender la finca y una mejora, pero solo pudo vender esta última, la que nunca le pagaron, «dinero que luego cobro (sic) la señora Sandra Milena Murcia haciéndose pasar por la señora Andrade Quintero». Esto, sumado a que fueron víctimas de amenazas, lo cual implicó que se desplazara a los Departamentos

del Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño.

1.2. Rechazo, admisión de la demanda y trámite.

Inicialmente, el proceso fue repartido al Tribunal Administrativo de Nariño, el cual, mediante el auto proferido el 28 de enero de 2011, resolvió:2

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda presentada por la muerte del señor REINALDO QUINTERO PILLIMUE por falta de competencia territorial.

SEGUNDO.- RECHAZAR la demanda presentada por la muerte del señor JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE, por caducidad de la acción.

TERCERO.- Admitir la acción de reparación directa propuesta por la desaparición del señor FABIAN REINALDO QUINTERO y el desplazamiento forzado de su familia, (...).

Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación. 3 El Consejo de Estado, mediante el auto proferido el 11 de agosto de 2011, 4 confirmó la decisión.

(...).

Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación. 3 El Consejo de Estado, mediante el auto proferido el 11 de agosto de 2011, 4 confirmó la decisión.

El 28 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió remitir el proceso a los Jugados Administrativos de Pasto.5 El proceso fue repartido6 al Juzgado Séptimo de dicho circuito y, cuando se encontraba para iniciar la etapa probatoria, el 16 de agosto de 2012 resolvió remitir el proceso a los Juzgados Administrativos de Florencia, por falta de competencia territorial.7

2 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 43. 3 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 61. 4 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 111. 5 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 129. 6 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 132. 7 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 174.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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El 3 de septiembre de 2012 , el proceso se repartió al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia,8 el cual, en auto del 4 de marzo de 2013, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto

Descongestión de Florencia,8 el cual, en auto del 4 de marzo de 2013, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto el 26 de octubre de 2011 (que ordenó depositar los gastos del proceso9).10

El 22 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia, admitió la demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.11

1.3. Contestación de la demanda.

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda.12 Se pronunció sobre la muerte de Reinaldo Quintero Pillimue y la muerte de José Arvey Quintero Andrade.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Caducidad de la acción, bajo el argumento de que la muerte de Reinaldo Quintero Pillimue ocurrió el 10 de febrero de 1999 y la de José Arvey Quintero el 11 de agosto de 2008.

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Toda vez que la entidad fue ajena a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a las muertes.

1. Falta de competencia por factor territorial, porque las muertes ocurrieron en los Municipios de Palermo (Huila) y Pasto (Nariño).

1. Ineptitud sustantiva de la demanda. Porque no se endilgó la responsabilidad al Ejército Nacional, sino que en la pretensión se precisó que el responsable era la

Policía Nacional.

1.4. Sentencia de primera instancia.13

Ejército Nacional, sino que en la pretensión se precisó que el responsable era la Policía Nacional.

1.4. Sentencia de primera instancia.13

8 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 186. 9 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 136. 10 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 188. 11 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 192. 12 C1, expediente digitalizado, archivo C2, pág. 198. 13 C1, archivo 01.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 , el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

En primer lugar, se pronunció frente a las excepciones propuestas por la entidad demandada: i) sobre la caducidad y falta de competencia por factor territorial, precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió rechazar la demanda frente a las pretensiones relacionadas con la Muerte de Reinaldo Quintero Pillimue y José Arvey Quintero Andrade; ii) en lo que toca con la inepta demanda, consideró que si bien se mencionó a la Policía Nacional, de la lectura integral de la demanda se desprende que el de mandado es el Ejército Nacional; y iii) respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, expuso

Nacional, de la lectura integral de la demanda se desprende que el de mandado es el Ejército Nacional; y iii) respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, expuso que su resolución dependía del examen que se hiciera del fondo del asunto.

Procedió a determinar el régimen de responsabilidad (falla en el servicio) y a examinar cada uno de los elementos. Encontró acreditado el daño, bajo el supuesto del desplazamiento forzado padecido por los demandantes, así como la desaparición de Fabián Rey Quintero Andrade.

A continuación, se detuvo en las diferencias conceptuales entre desplazamiento y desaparición forzada e, igualmente, en el marco jurisprudencial de cada una de estas figuras. Citó las sentencias del 24 de octubre de 2016 (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico – expediente 37074), 1 de junio de 2017 (C.P. Ramiro Pazos Guerrero – expediente 35197), y 11 de marzo de 2019 (C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas – expediente 43512), para mencionar que si bien es cierto que el deber de protección y seguridad no constituye una carga absoluta, también lo es que la entidad está llamada a responder cuando esté acreditado que el ciudadano, antes de la ocurrencia del hecho, solicitó expresamente la adopción de medidas de protección y fueron desatendidas, así como en los eventos en que los riesgos son previsibles para la entidad, a pesar de que no medie solicitud expresa del interesado.

Luego, procedió a examinar el caso concreto. Hizo una prolija relación de los elementos probatorios y discurrió que las amenazas fueron el origen del desplazamiento sufrido por

interesado.

Luego, procedió a examinar el caso concreto. Hizo una prolija relación de los elementos probatorios y discurrió que las amenazas fueron el origen del desplazamiento sufrido por la señora Flor Gineth Quintero Andrade y su núcleo familiar, sin embargo, no hay certeza acerca de la fecha en que ocurrió el primer desplazamiento, pero sí es evidente que a partir del 2008, después de la muerte de José Arbey Quintero Andrade, particularmente su hermana, Flor Ginet Quintero , fue víctima de una serie de amenazas que la obligaron a desplazarse con el fin de resguardar su integri dad; sin embargo, de esto no es posibleSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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concluir la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional porque i) no existe ningún elemento que demuestre que, previo a la ocurrencia del hecho, los actores acudieron a la entidad a solicitar medidas de protección; y ii) no se probó que se trataba de un riesgo previsible a pesar de no existir alguna solicitud de protección expresa.

Añadió que, por lo menos, desde el año 2008, las amenazas denunciadas tuvieron origen en situaciones personales, más que en el propio conflicto armado que queja al país; «así se desprende de las propias declaraciones de la señora Flor Ginet Quintero Andrade, quien ha sido insistente en señalar como autora de las amenazas y desplazamiento a la señora

se desprende de las propias declaraciones de la señora Flor Ginet Quintero Andrade, quien ha sido insistente en señalar como autora de las amenazas y desplazamiento a la señora Sandra Milena Murcia P erdomo, antigua compañera sentimental de su hermano José Arbey Quintero Andrade, aparentemente movida por razones económicas en procura de quedarse con unos dineros que le serían entregados a su compañero tras haber participado en operativo militares.» (pág. 24). Precisó que lo único que se conoce del desplazamiento antes de 2008, es el dicho de Jairo Alexander Torres del 10 de diciembre de 2011.

Concluyó que con las pruebas aportadas, no es posible establecer que la entidad demandada haya incurrido en una falla del servicio por acción u omisión, o cualquier otra situación irregular sobre la cual se pueda fundar la responsabilidad por el desplazamiento forzado de los actores.

En lo referente a la desaparición forzada de Fabian Quintero Andrade, expresó que no existe claridad del día exacto de los hechos, pues la carátula del proceso penal indica 23 de junio de 2001, mientras que otras piezas procesales, el 1 de enero de 2001. Igualmente, dijo que lo único relacionado con este hecho es lo sostenido por Jairo Alexander Torres, quien refirió ser desmovilizado de las FARC, empero, el 4 de junio de 2014, esta persona sostuvo que el señor Quintero Andrade había desertado de las filas del grupo subversivo y que el comandante les había informado que contrató a unos sicarios para que lo ultimaran.

Citó otros documentos para señalar que, al parecer, al desaparición obedeció a que fue

que el comandante les había informado que contrató a unos sicarios para que lo ultimaran.

Citó otros documentos para señalar que, al parecer, al desaparición obedeció a que fue reclutado por las FARC y que «posiblemente» fue asesinado por ese grupo; no obstante, esta circunstancia no se traduce en que el Estado estaba en la obligación de protegerlo de manera especial, tanto así que es incierta la fecha en que tuvo lugar su desaparición, pues aunque en el proceso penal se habla del año 2001, existen otros documentos que refiere que para el año 2007 aún estaba en compañía de su progenitora. Así mismo, destacó que «fue solo hasta el año 2010, cuando se denuncia su desaparición, aunado a ello la entidad contra la que se dirige la presente acción es el Ejército Nacional, y tampoco hay evidencia de que dicha entidad tuviera conocimiento, previo al hecho, de la situación de riesgo enSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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que podría haberse encontrado la víctima a partir de la cual surgiera el deber de adoptar medidas para salvaguardar su integridad, y aunque hay evidencia de que para el año 2001, la zona donde residía el para entonces menor Fabián Rey Quintero Andrade era de influencia de grupos armados ilegales, según lo ha expresado el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades a través de su jurisprudencia, la sola situación de violencia que azota al país, no es un criterio suficiente para declarar la responsabilidad del Estado por

influencia de grupos armados ilegales, según lo ha expresado el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades a través de su jurisprudencia, la sola situación de violencia que azota al país, no es un criterio suficiente para declarar la responsabilidad del Estado por un hecho dañoso, cuando no se ha demostrado que este le es imputable.»

1.5. Recurso de apelación.

Dentro del término legal, esto es, el 8 de julio de 2020, la parte actora en confuso escrito presentó recurso de apelación. Solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Conocido y probado el desplazamiento forzado de que aseguran haber sido víctimas mis poderdantes y de la desaparición forzada de Fabián Rey Quintero Andrade DE MANERA URGENTE informar a su despacho y para que en recurso de alzada también CENTRE su atención, que por llamada a mi celular y por envió de pruebas que son las que allego, me confirman que el señor FABIAN REY reapareció en el Caquetá y que se acogió a la desmovilización, PERO NUEVAM ENTE

DESAPARECIÒ TAL Y COMO LAS PRUEBAS DE DENUNCIA LO DEMUESTRAN.

La comunicación se ha logrado solo con la señora Ginet, pues en su refugio en Huila huyendo aun, para salvar su vida, la de su madre, la de sus hijos, están dispersos por la geografía col ombiana, entonces que se comunicó conmigo para que le regresara los papeles de esta demanda a su sra madre que dice no aguantar más,

huyendo aun, para salvar su vida, la de su madre, la de sus hijos, están dispersos por la geografía col ombiana, entonces que se comunicó conmigo para que le regresara los papeles de esta demanda a su sra madre que dice no aguantar más, porque ella ya va a quemar los papeles , y fue donde ya le expliqué que el juzgado Tercero Administrativo de Florencia habí a determinado no conceder las pretensiones, pues al perder sus seres queridos en hechos que son ampliamente conocidos tanto por la Nación Colombiana, el ejército de Colombia, la fiscalía General de la Nación, la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, tal y como se ha probado durante estos diez largos años, no les ha prestado ayuda, me cuenta que su señora madre la señora EDILMA, fue operada en plena pandemia, viven de arriendo y con serias dificultades económicas, “en rebusque” todo ello para poder enviarle dinero a sus hijos para que no “deserten” de seguir estudiando como el primero de sus hijos; que sin ayudas del gobierno están luchando pese a todo lo ocurrido (hay familia viviendo en Piendamó, un municipio del Cauca; hay otros en la capital Popayán, en Cali otra y en Huila el resto).

Acudió al artículo 287 del Código General del Proceso, para señalar que no se resolvió lo relacionado con la muerte del señor José Arvey Quintero Andrade ocurrida el 11 de agosto de 2011 ni tampoco «por el acaecimiento de la sistematicidad, con quería (sic) la guerrilla y acabar con la familia hoy dispersa que comenzó con acciones de las AUC matando al sr.

de 2011 ni tampoco «por el acaecimiento de la sistematicidad, con quería (sic) la guerrilla y acabar con la familia hoy dispersa que comenzó con acciones de las AUC matando al sr. REINALDO QUINTERO PILLIMUE». Afirmó que el Consejo de Estado erró al examinar la caducidad de l a acción, pues si bien «rectificó que el error dado por la Procuraduría 36 Judicial de Pasto Nariño, no fue el 17 de agosto sino el mismo 11 de Agosto de 2010 y eseSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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mismo día fue el día de la radicación en la Procuraduría, FALTABA UN DÍA PARA VENCERSE SU DERECHO y así lo dice el mismo Consejo de Estado (...). La demanda se interpuso el día 09 de noviembre de 2010 y no como asegura el Consejo de Estado en hoja original (...) pero realmente se radicó en fecha no extemporánea (...)», Luego indicó:

Como el término que tenía en ese entonces la parte demandante era hasta el 12 de agosto de 2010 para los DOS AÑOS contados desde el fallecimiento del sr JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE e interpuso e interrumpió el término un día antes el 11 de agosto de 2010 ante la Procuraduría 36 Judicial de Pasto Nariño, ese día debió sumarse a la cuenta final o sea después de que la Procuraduría emitió la certificación

11 de agosto de 2010 ante la Procuraduría 36 Judicial de Pasto Nariño, ese día debió sumarse a la cuenta final o sea después de que la Procuraduría emitió la certificación que fue el 08 de noviembre de 2010, al día siguiente se reanudaba el término para caducar pero con la adición del día que faltaba entonces tenía hasta el día 10 de noviembre de 2010, para interponer válidamente la demanda, pero ella no se radicó el diez (10)de noviembre, se interpuso tal y como lo demuestro el 09 de noviembre de 2010. (pág. 4)

También sostuvo:

Respecto a la adición se solicita en tiempo, como apelación para que se garantice el art 29 superior y el control de legalidad y porque las consecuencias son nefastas incluso se tiene que cambiar nuevamente a la Ciudad de Pasto, pues las pruebas determinan efec tivamente que SI TENIA RAZON la parte demandante con su apoderada en ese momento la Dra. Libia Patricia Manrique Silva y que si estaban dentro del término para interponer la demanda, para que conocieran los jueces de PASTO porque no estaba CADUCADA LA acción DE reparación CONFORME A LA NORMA ANTERIOR Decreto 01 de 1984 que es de DOS AÑOS ( igual que la 1437 de 2011), contados desde el día siguiente de los hechos o sea DESDE el 12 de AGOSTO de 2008 y hasta 12 de agosto de 2010, que se extendió hasta el 09 de noviembre válidamente y en tiempo para interponer la demanda que hoy teniendo en cuenta que la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Nariño resolvió rechazar la demanda presentada por los demandantes respecto de la muerte de dichas

noviembre válidamente y en tiempo para interponer la demanda que hoy teniendo en cuenta que la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Nariño resolvió rechazar la demanda presentada por los demandantes respecto de la muerte de dichas personas y que el Consejo de Estado también las negó hoy se produce otro daño se niega totalmente las pretensiones y se niega el acceso a la administración de Justicia, aun cuando en tiempo se apeló esa decisión con la conclusión de que no tenía razón el Tribunal administrat ivo de Nariño, ya con este fallo estamos en una situación muy desventajosa pues el proceso al retirar al señor FABIAN REY que reapareció no tiene por qué aparecer en la jurisdicción del Circuito del Caquetá, pues como relató la sra Ginet, reapareció pero m uy posiblemente lo mataron y al enterarme pongo en conocimiento de inmediato a su señoría de lo acontecido a la fecha.

Por lo anterior, solicitó que se adicione la sentencia para que se analice la muerte del señor Reinaldo y de su hijo José Arbey; adicionalmente, que se tengan en cuenta los documentos adjuntos al recurso de apelación relacionados con «el desaparecido FABIÁN REY, que apareció y la señora GINET habló con él, lo que no [le] confirma ella, PERO que reapareció como reinsertado no [le] aclara si con el mismo nombre o se lo cambiaron al momento de la REINSERCIÓN, situación que deseo tener más tiempo para investigar por derechos de petición, la situación que se presenta pues el señor FABIAN REY estaba en la demanda como desaparecido y hoy según la señora Ginet reapareció y volvió a desaparecer según ella».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

petición, la situación que se presenta pues el señor FABIAN REY estaba en la demanda como desaparecido y hoy según la señora Ginet reapareció y volvió a desaparecer según ella».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Luego, manifestó que no estaban de acuerdo con la decisión, pues el Ejército Nacional aceptó que José Arvey era su colaborador y por eso le dieron una serie de prerrogativas y que, debido a que él y su familia eran guerrilleros, «su familia pasó a ser objetivo militar de la misma guerrilla, incluso se relata que fue el finado JOSE ARVEY quien diò las coordenadas para que el gobierno Uribe diera de baja al cabecilla de las FARC alias Raúl Reyes, pero hubieron de lado las pruebas, no solicitaron las que pidió en demanda inicial y las que se adicionaron con posterioridad AHORA, solicitamos que el Tribunal que conozca del tema las avale y se las pueda realizar para que la verdad sea la luz que determine la responsabilidad del ejército nacional por falla en el servicio y la indemnización por tanto sufrimiento de una familia que hoy por cuenta del conflicto en Colombia están dispersos en 4 departamentos al origen de sus sueños.»

• Adición del recurso de apelación.

En el escrito presentado oportunamente el 17 de julio de 2020, la parte actora adicionó el recurso de apelación en los siguientes términos:

Se hace necesario Honorables magistrados revisar las denuncias y avnce (sic) de la

En el escrito presentado oportunamente el 17 de julio de 2020, la parte actora adicionó el recurso de apelación en los siguientes términos:

Se hace necesario Honorables magistrados revisar las denuncias y avnce (sic) de la Fiscalia en todos estos años, pero lo que si es cierto es que estando protegido por el Ejercito Nacional el señor JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE, tuvo un final realmente triste y la principal pregunta que hay que hacerse es: Si estaba ayudando al ejercito porque, no tuvo efectiva protección? (Sic)

Es importante que se valoren, se revisen todas las pruebas y se autorice practicar las pruebas que no se concedieron por parte del AD QUO y las que los magistrados crean convenientes pata que no sea este un caso mas de impunidad, entre otras la que el mism o ejercito acepta con pruebas en el plenaruio (sic) que el sr JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE si era colaborador del ejercito y por ello le dieron una serie de prerrogativas y que debido a que el y el señor FABIAN REY su hermano, eran guerrilleros su familia p asó a ser objetivo militar de la misma guerrilla, y por ende su desplazamiento incluso se relata que fue el finado JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE, fue quien diò (sic) las coordenadas para que el gobierno Uribe Velez diera de baja al cabecilla de las FARC alia s Raúl Reyes, pero obviaron las pruebas, no solicitaron las que pidió en demanda inicial y las que se adicionaron con posterioridad

(...).

Todo ello se argumentará y sustentará pues ni siquiera LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO es responsable por el DESPLAZAMIENTO pues esta plenamente probado

con posterioridad

(...).

Todo ello se argumentará y sustentará pues ni siquiera LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO es responsable por el DESPLAZAMIENTO pues esta plenamente probado en donde de todos y cada uno de los miembros de la familia sufren en silencio una verdadero drama familiar

No es un tema personal, como lo ha ce ver el AD QUO, las pruebas obrantes determinan que con andaba el señor JOSE ARVEY QUINTERO ANDRADE, era una guerrillera y que de acuerdo los testimonios del señor alias MOJOSO, ella colaboró en la muerte de quien después de estar en la guerrila (sic) con un mando alto, luego se desmovilizó y ayidó (sic) a salvar vidas, a enaltecer al ejército, claro con bonificaciones que nunca llegaron a sus verdaderos dolientes.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.6. Trámite de segunda instancia.

1.6.1. Admisión del recurso de apelación.

El 17 de marzo de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.14

1.6.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto del 31 de mayo de 2022, se corrió el traslado a las partes y al Ministerio

Administrativo de Florencia.14

1.6.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto del 31 de mayo de 2022, se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales.15

1.6.2.1. Parte demandante.16 Volvió sobre el recurso de apelación.

1.6.2.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Guardó silencio.

1.6.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, de conformidad con el numeral 1º del artículo 133 del Decreto 01 de 1984, el cual prevé que los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia «de las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…).»

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar i) si debe analizarse lo relacionado con la muerte de José Arvey Quintero Andrade; y ii) si los argumentos expuestos en el recurso de apelación permiten examinar si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable o no de la desaparición del señor Fabián Quintero Pillimue y el desplazamiento forzado de los actores.

14 C2, archivo 03. 15 C2, archivo 14. 16 C2, archivo 16.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: María Edilma Andrade de Quintero y otros

Demandado: Nación