TA CAQ - 1800133-33-001-2012-00435-01-(26-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA N.º 175

Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Efraín Gómez Gómez Demandado: Departamento del Caquetá Asunto: Supresión cargo – Insuficiencia estudio técnico

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 07 de septiembre de 2.018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor EFRAÍN GÓMEZ GÓMEZ , actuando en nombre propio, instaur ó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los decretos Nos. 000669 del 31 de mayo de 2.012 y 000710 del 06 de junio de 2.012 y en el oficio SED 01832 del 1 de junio de 2.012, proferidos por el Gobernador del Departamento del Caquetá y la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, respectivamente, mediante los cuales se modific ó la planta de personal de la

oficio SED 01832 del 1 de junio de 2.012, proferidos por el Gobernador del Departamento del Caquetá y la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, respectivamente, mediante los cuales se modific ó la planta de personal de la administración y se desvincul ó al demandante del cargo que venía desempeñando en el ente territorial, por supresión del mismo.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía, con el correspondiente reconocimiento y pago de los h aberes salariales y demás prestaciones dejadas de percibir desde que se presentó su retiro y hasta cuando sea reincorporado al servicio.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se afirmó que la asamblea departamental del Caquetá mediante ordenanza No. 025 del 2009 autorizó al gobernador para ejercer funciones pro tempore a efectos de

1 Fs. 479-521, c. 3.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Efraín Gómez Gómez

Demandado: Departamento del Caquetá

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modificar la estructura de la planta de personal de la secretaría de educación adscrita; que en el artículo 3° se indicó “los funcionarios que sean vinculados a la estructura de la Secretaría de Educación en razón a su transformación o reorganización, no podrán ser desmejorados en sus condiciones salariales y tendrán continuidad en su vinculación laboral”.

Que en razón de ello, el gobernador expidió el decreto No. 00515 del 19 de marzo

reorganización, no podrán ser desmejorados en sus condiciones salariales y tendrán continuidad en su vinculación laboral”.

Que en razón de ello, el gobernador expidió el decreto No. 00515 del 19 de marzo de 2.010, estableciendo la estructura y las funciones de la secretaría de educación; que, con posterioridad, mediante ordenanza 024 del 13 de noviembre de 2.010 se ordenó el presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiación de gastos del departamento para la vigencia fiscal compr endida entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2.011.

Señaló que el 22 de noviembre de 2.010 se expidió el decreto No. 002481, por medio del cual se adoptó la planta de cargos que soportaría la nueva estructura organizacional de la secretaría de educación, conforme al proyecto de modernización expedido por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se determinó que el total de cargos administrativos serían 51, de los cuales 10 estaría n a cargo del departamento con recursos propios y los restantes 41 serían financiados con la cuota de administración de hasta el 2% de la asignación del sistema general de participaciones por población atendida ; que mediante decreto 002630 del 30 de diciembre de 2010 se adoptó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los servidores de la secretaría de educación.

Que mediante oficio No. 2010 EE35946 de fecha 31 de diciembre de 2.010 , la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó el nombramiento provisional de 29 cargos así: 5 profesionales universitarios, códi go 219, grado 03; 13 profesionales

Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó el nombramiento provisional de 29 cargos así: 5 profesionales universitarios, códi go 219, grado 03; 13 profesionales universitarios código 219, grado 02; y 11 técnicos operativos código 314, grado 03.

Manifestó que por acto No. 00180 calendado el 21 de enero de 2.011 el demandante fue vinculado a la secretaría de educación, al cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, el cual para la fecha de la presentación de la demanda el grado había sido modificado a 12, el cual es de carrera administrativa.

Que en reunión efectuada entre los días 3 0 de mayo al 1 de junio de 2.012, el Ministerio de Educación Nacional le indicó la entidad territorial que cualquier ajuste o modificación a nivel de la secretaría de educación y en la planta de cargos validada por la entidad de orden nacional en el año 2.010, deb ía obedecer a un estudio técnico, para ser presentado y validado ante el proyecto de modernización del ministerio.

Afirmó que, en desconocimiento de lo anterior, el departamento del Caquetá expidió el decreto 00669 del 31 de mayo de 2.012 mediante el cual se suprimieron unos cargos de la secretaría de educación, el cual le fue comunicado al demandante el 7 de junio de la misma anualidad, acto administrativo en el que no se suprimió el cargo ejercido por él desempeñado; circunstancia por la cual su retiro debería estar sustentado en razones del servicio y en criterios objetivos.

Que dicho acto administrativo fue modificado mediante decreto 00710 del 06 de

ejercido por él desempeñado; circunstancia por la cual su retiro debería estar sustentado en razones del servicio y en criterios objetivos.

Que dicho acto administrativo fue modificado mediante decreto 00710 del 06 de junio de 2.012, en el que se suprimieron 12 cargo s y no 14, como inicialmente se había establecido y como consecuencia se reintegraron 2 personas a quienes se les había suprimido el cargo, sin que mediara una razón objetiva o criterio de selección entre quienes había sido retirados.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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Finalmente, se precisó que: i) la facultad y la obligación de adecuar la estructura de la entidad se contradecía con la constancia del Comité de Conciliación de la entidad, en la que se indicó que en el presente asunto no se llegaba a acuerdo alguno por cuanto se “considera que la supresión de los cargos ordenada a través del decreto 000669 del 31 de mayo de 2012 no obedeció a un cambio en la estructura orgánica ni a la modernización de la administración departamental”; ii) que en la justificación técnica para la supresión de cargos en provisionalidad de la planta de empleo de la entidad, el estudio no se presentó en la reunión que se estaba adelantando con el Ministerio de Educación, para hacer seguimiento a la estructura organizacional de la secretaría de educación, en razón del proyecto de modernización; iii) que se presentaba un déficit en el funcionamiento con recursos del Sistema General de Participaciones de Educación en gastos de la nómina de personal de la Secretaría de

secretaría de educación, en razón del proyecto de modernización; iii) que se presentaba un déficit en el funcionamiento con recursos del Sistema General de Participaciones de Educación en gastos de la nómina de personal de la Secretaría de Educación, cuando existía por parte del ministerio la autorización de utilizar el 2% de la asignación del Sistema General de Participación por población atendida con el propósito de soportar y ejecutar los procesos misionales de la entidad territorial, queriendo decir que no era el departamento que quien soportaba el pago de nómina de la mayoría de los funcionari os; iv) que resultaba inviable sostener una nómina de personal que excedía la capacidad de pago presupuestal, cuando con recursos propios se financian 10 funcionarios del orden directivo y los otros 41 con recursos del Sistema General de Participaciones, amen de los cargos suprimidos, de los cuales, ninguno era de nivel directivo, que se cancela ban con recursos propios, saltando a la vista que no se logró reducción en el déficit como se planteo en el estudio técnico.

Como normas violadas, señaló: artículos 1, 2, 6, 13, 25, 26, 29, 53, 321 a 125 y 209 de la Constitución Política; ley 715 de 2.001; artículo 2 y literal h) del artículo 4 de la ley 872 de 2.003; artículo 46 de la Ley 909 de 2004 ; decreto 1494 de 2.005; artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005; artículos 15, 16 y 19 del decreto 1716 de 2009; artículos 20 y 21 del decreto 1306 de 2.009.

En el concepto de violación, se formularon los siguientes cargos:

1716 de 2009; artículos 20 y 21 del decreto 1306 de 2.009.

En el concepto de violación, se formularon los siguientes cargos:

-Nulidad del acto administrativo demandado por expedición en forma irregular e infracción de las normas en que se debería fundar.

Referenció que la modificación de las plantas de personal de las secretarías de educación que sean financiadas con recursos del Sistema General de Participación debe cumplir un procedimiento que se simplifica en la elaboración de un estudio técnico, el cual debe contener el análisis de los requerimientos de modificación y un estudio financiero que demuestre la procedencia de la modificación de la planta , asegurando que el referido estudio debe ser al remitido Ministerio de Educación, y solo con el concepto de favorabilida d de este se puede emitir los actos administrativos de modificación de la planta.

-Nulidad por expedición en forma irregular.

Argumentó que la supresión de los cargos realizado mediante el acto administrativo acusado no reunió todos los requisitos exigidos en la ley 909 de 2004 y el decreto 1227 de 2005; que únicamente re unía el componente establecido en el numeral 1 del artículo 97, como lo es el análisis de procesos técnicos -misionales y de apoyo , dejando de lado la inclusión de la evaluación de la prestación de los servicios y de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos ; señalando que el estudio técnico resultó insuficiente, los títulos desarrollados no indica ban nada alExpediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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Demandante: Efraín Gómez Gómez

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respecto, que “solo se circunscriben a mostrar unos cuadros comparativos, los cuales son totalmente ilegibles utilizando la crisis fiscal como caballito de batalla, incluso llegando a decir, que es muy posible que el incremento salarial establecido de manera general por el Gobierno Nacional que es del 5% no podía ser implementado en el Ente Territorial, debido a las pobres finanzas del Departamento, pero incongruente con lo dicho, pues con el Decreto No. 000971 del 8 de agosto de 2012 aplicó el incremento del 5% con retroactividad al 1 de enero de 2012 para los funcionarios de la Gobernación del Caquetá.”

Que se planteó , además, un título denominado “ PLANTA DE PERSONAL, NOMENCLATURA Y ESCALA SALARIAL”, donde únicamente se tratan las normas que regulan la reforma de las plantas de personal, omitiéndose realizar el estudio correspondiente sobre cada cargo existente, sus funciones, perfiles y las funciones que desarrollan; que se centró exclusivamente a determinar el tiempo que tarda un funcionario en realizar determinados procesos, para determinar si existía sobrantes de horas, sobre las cuales se consideró en el informe que debían de reducirse para optimizar los procesos y el recurso humano, sin analizar si , efectivamente, la prestación de los servicios mejoró y si el ahorro era significativo con el recorte de la planta de personal.

Que se desconoció en su totalidad el estudio técnico contratado por el Ministerio de Educación y realizado por la firma BM Consulting Business Management , que concluyó con la validación de la estructura organizacional para la secretaría de

planta de personal.

Que se desconoció en su totalidad el estudio técnico contratado por el Ministerio de Educación y realizado por la firma BM Consulting Business Management , que concluyó con la validación de la estructura organizacional para la secretaría de educación, que desde el principio indicó que el número de cargos de la estructura adoptada, es decir 51, número que se consideraba obedecía a la cantidad de personas y cargos que exige los procesos validados por el ministerio conforme la ley 871 de 2.003, reglamentada mediante decreto 4110 de 2.004 y decreto 4295 de 2.007.

Advirtió que existían 2 estudios técnicos, uno de la gobernación y otro de la secretaría de educación, siendo el de esta última entidad copia del estudio técnico presentado por la gobernación, evidenciándose la improvisación, la falta de seriedad y la imposibilidad de que el estudio técnico presentado por la secretaría respondiera a la realidad de la entidad.

-Nulidad por falsa motivación.

Señaló que la motivación que sustentó al acto administrativo de supresión de cargos no obedeció a un criterio de legalidad, sino a uno arbitrario y sin motivación real, en consideración a la insuficiencia del estudio técnico , circunstancia por la cual no se podía determinar si lo que se requería para mejorar el servicio era suprimir los empleos.

Que el estudio técnico realizado estaba alejado de la realidad, al no lograr determinar que con la eliminación de los cargos no se reduciría el déficit de la entidad, por cuanto eran financiados por el Sistema General de Participaciones , más no con recursos propios; que la estructura de la secretaria validada por el ministerio en el

que con la eliminación de los cargos no se reduciría el déficit de la entidad, por cuanto eran financiados por el Sistema General de Participaciones , más no con recursos propios; que la estructura de la secretaria validada por el ministerio en el año 2010 tuvo su propio financiamiento con base en la autoriz ación dada por esta entidad mediante oficio 2010EE48132 de fecha 16 de julio de 2010, por medio del cual se indicó que entregaría un 2% de la asignación del Sistema General de Participaciones con el propósito de soportar y ejecutar los procesos misionales de dicha secretaría, en razón del proyecto de modernización, donde además se advirtió que en ningún caso estos recursos podrían ser utilizados para sustituir fuentes deExpediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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financiación y/o pagar empleos del nivel directivo, ello en razón a que los mencionados cargos eran los únicos financiados con recursos propios del departamento.

Precisó que a ninguna de las personas afectadas con la supresión de sus cargos les fue informada las razones de hecho y de derecho para adoptar una decisión en ese sentido, es deci r, que en nada se pronunció la administración del por qué decidió desvincular al demandante y no a otra persona que ostentaba el mismo cargo, código y grado, en tanto cumplía el actor con los requisitos contenidos en el decreto 785 de 2005, por el cual se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que

código y grado, en tanto cumplía el actor con los requisitos contenidos en el decreto 785 de 2005, por el cual se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004, además que en su vida laboral al servicio del Estado no había sido objeto de investigaciones y sanciones ; que con la modificación del decreto 00669 por medio del decreto 00710 del 6 de junio de 2.012, se resolvió incorporar a 2 funcionarios que , así como el actor, habían sido retirados, considerándolo como una acción discriminatoria.

-Nulidad del acto por desviación de poder.

Argumentó que era flagrante el error cometido, por cuanto se suprimió el empleo a 11 profesionales universitarios y a 1 técnico, en clara violación a lo preceptuado por el artículo de la ley 80 de 1993 y en contradicción con la racionalización del gasto público pregonada como motivo del acto administrativo de supresión de cargos, por cuanto se contrató por prestación de servicios profesionales al señor Libardo España Claros, por la suma de $4.000.000, erogación que supera el mayor de los salarios que devengaban quienes ocupaban los cargos suprimidos ; que para la suscripción del contrato de prestación de servicios se hizo una imputación presupuestal como de gastos de funcionamiento , para term inar haciendo el CDP con un rubro que pertenecía a gastos de inversión, evidenciándose el desconocimiento en la inversión de los recursos.

1.2. Posición de la demandada2.

Adujo, en oposición a las pretensiones de la demanda, que con la supresión de

de los recursos.

1.2. Posición de la demandada2.

Adujo, en oposición a las pretensiones de la demanda, que con la supresión de cargos no se trató de una reestructuración o modificación de la planta de personal del departamento del Caquetá, en tanto no se cambió la estructura orgánica; por lo que no estaba obligado a ceñirse a las directrices y aprobación del Departamento Administrativo de Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública, en tanto dichos lineamientos se exigen es para los estudios técnicos que soportan las modificaciones de las plantas de empleo, situación que no ocurrió en el sub lite.

Que la supresión del empleo del demandante obedeció al resultado de la recomendación que arrojó la justificación técnica y no al capricho o decisión arbitraria; que, conforme a la propuesta formulad a, se hizo para racionalizar los gastos, lo que implicó suprimir empleos por motivos de índole institucional y de mejora del servicio , pues se hacía inviable sostener una nómina de personal que excedía la capacidad presupuestal del departamento, como consecuencia el déficit fiscal.

2 Fs. 654-671, C.3.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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Demandante: Efraín Gómez Gómez

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1.3. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 07 de septiembre de 2.018 decidió:

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1.3. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 07 de septiembre de 2.018 decidió:

“PRIMERO: DECLÁRESE no probadas la excepci ón de presunción de legalidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECRETESE la nulidad parcial de los actos administrativos constituidos por los Decretos 00066 9 del 31 de mayo de 2012 por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la Secretaría de educación de la Gobernación del Caquetá y el Decreto 000710 del 6 de junio de 2012 que modificó el artículo 1 del Decreto 000669 de 2012, expedidos por el Gobernador del Caquetá, y la nulidad del oficio No. SED 01892 del 01 de julio del 2012, en lo que respecta al cargo que desempeñaba el señor EFRAIN GOMEZ GOMEZ.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al D EPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, reintegrar al señor EFRAIN GOMEZ GOMEZ , al cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 o a la nomenclatura homologada, o a otro de igual o superior categoría, siempre y cuando dicho cargo no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido, el demandante se encuentre en edad de retiro forzoso o se haya pensionado, y a título indemnizatorio se ordenará reconocer y pagar al

categoría, siempre y cuando dicho cargo no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido, el demandante se encuentre en edad de retiro forzoso o se haya pensionado, y a título indemnizatorio se ordenará reconocer y pagar al demandante el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.

La sumas que sean reconocidas como consecuencia de esta sentencia, serán actualizadas de acuerdo con la fórmula planteada en las consideraciones.

CUARTO: Niéguese las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% del valor determinando en el acápite de la cuantía de la demanda.

Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del .C.G.P.

(…)”.

Para arribar a tal conclusión, consideró el a quo que, confrontado cada uno de los presupuestos y condiciones que se exigen para reformar la planta de personal de las entidades territoriales, en el caso concreto estaban ausentes los presupuestos mínimos que señala el artículo 97 del decreto 1227 de 2005, en tanto si bien se realizó un estudio técnico y/o justificación, este no cumplía con los requisitos de ley; que, adicional a ello, el supuesto déficit presupuestal y financiero del departamento, que hacía inviable sostener una nómina de personal , no se probó; y que si bien se

realizó un estudio técnico y/o justificación, este no cumplía con los requisitos de ley; que, adicional a ello, el supuesto déficit presupuestal y financiero del departamento, que hacía inviable sostener una nómina de personal , no se probó; y que si bien se allegó un estudio financiero para una reestructuración de pasivos conforme a la ley 550 de 1999, no fue realizado para sustentar la supresión de cargos.

Señaló que si bien el gobernador por mandato Constitucional tiene competencia para suprimir cargos, los actos administrativos que expida deben estar motivados y sustentados en las necesidades del servicio o en razones de modernización,

3 Fs. 739-756, c.5.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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justificada en estudios técnicos que a sí lo demuestren, los que deben garantizar el mejoramiento de la entidad y el cumplimiento como mínimo de los aspectos que señala el artículo 97 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004.

Que la secretaría de educación tiene una regulación especial, la cual se financia con recursos del Sistema General de Participaciones ; que el decreto 1494 de 2.005 reglamentó los procedimientos que deben observar las entidades territoriales certificadas para realizar modificaciones en la planta de cargos docentes, directivos docentes y administrativos, organizada conjuntamente por la Nación y la entidad territorial, es decir que el estudio técnico debe ser sometido a consideración del Ministerio de Educación.

certificadas para realizar modificaciones en la planta de cargos docentes, directivos docentes y administrativos, organizada conjuntamente por la Nación y la entidad territorial, es decir que el estudio técnico debe ser sometido a consideración del Ministerio de Educación.

Concluyó que los actos acusados resultaban nulos por expedición irregular y falsa motivación, habida consideración que el estudio técnico o justificación no cumplió con los parámetros que fija la ley para este tipo de procedimientos.

1.4. Del recurso de alzada4.

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, la parte demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia , planteando su revocatoria en los siguientes términos:

Señaló que los actos acusados no adolecen de las causales de nulidad referenciadas por el juzgado de instancia, pues agotaron el trámite procedimental establecido en la ley, que su expedición obedeció al mejoramiento organizacional de la entidad, la eficiencia del uso de los recursos y en pro del interés general.

Que conforme a la autorización del artículo 46 de la ley 909 de 2004, la gobernación realizó el estudio técnico, analizando las cargas de trabajo de los empleos, los procesos técnico-misionales y de apoyo, así como la evaluación de la prestación de los servicios, de las fun ciones y los perfiles, en los términos del artículo 97 del decreto 1227 de 2005, lo cual permitió concluir en la insuficiencia de los recursos de funcionamiento y la oferta de competencia que supera ba la demanda, sobrante de horas laborales, considerando que la entidad podía seguir cumpliendo con su misión

decreto 1227 de 2005, lo cual permitió concluir en la insuficiencia de los recursos de funcionamiento y la oferta de competencia que supera ba la demanda, sobrante de horas laborales, considerando que la entidad podía seguir cumpliendo con su misión institucional obteniendo un ahorro aproximado a los $363.000.000 anuales, cifra con la cual compensaría parte del hueco presupuestal existente en gasto de personal.

Aclaró que , pese a financiarse los emolumentos salariales de los nuevos cargos administrativos avalados por el ministerio, con la cuota de administración hasta del 2% de la asignación del Sistema General de Participaciones, no se garantizaba su pago total, debiendo asumir el departamento una parte con recursos propios.

Finalmente, manifestó que el juzgador de primera instancia desconoció la sentencia de la Corte Constitucional SU-556 de 2.014, en tanto: i) ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales desde la fecha del retiro hasta cuando sea reintegrado, desconociendo el límite máximo indemnizatorio de veinticuatro (24) meses; y, ii) omitió ordenar que de la suma indemnizatoria se realizara el descuento de todo lo que la persona desvinculada hubiese percibido como sumas de dinero percibidas por concepto laboral.

4 Fs. 758-761 C. principal 5.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

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Argumentó que la entidad durante el trámite procesal ejerció su derecho de defensa y contradicción, sin mostrar conductas dilatorias, temerarias y de mala fe, solicitando

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Argumentó que la entidad durante el trámite procesal ejerció su derecho de defensa y contradicción, sin mostrar conductas dilatorias, temerarias y de mala fe, solicitando con ello se reconsidere la condena en costas.

1.5. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto del 19 de abril de 2.019 se admitió el recurso de apelación 5; con providencia del 19 de abril de 2.019 se corrió traslado para alegar6, término dentro del cual la parte demandante present ó escrito7, reiterando lo expuesto en la demanda.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

El Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2.011.

2.2. Problema jurídico.

Conforme a los argumentos expuestos por la parte recurrente, la Sala deberá establecer si el proceso de supresión de cargos adelantado por el gobernador del Caquetá en la secretaría de educación, dentro del cual se suprimió el cargo que ocupaba el demandante, cumplió a cabalidad con los requisitos que la ley exige para este tipo de procedimientos.

Así mismo , deberá estudiarse si resulta procedente aplicar las reglas jurisprudenciales contenidas en el sentencia SU - 556 de 2.014 para efectos de cuantificar el daño material.

En ese entendido, es claro para la Sala que el análisis debe girar en torno a determinar si fueron observados por parte del Departamento del Caquetá los requisitos formales que consagran las normas que regulan el procedimiento para la

En ese entendido, es claro para la Sala que el análisis debe girar en torno a determinar si fueron observados por parte del Departamento del Caquetá los requisitos formales que consagran las normas que regulan el procedimiento para la supresión de un empleo público y la incidencia de aquellos en la decisión; y de otro lado, las circunstancias en las que la administración expidió el acto acusado sin el cumplimiento -según se afirma - de tales requisitos formales, para concluir si , efectivamente, la omisión es de tal gravedad que amerite declarar la nulidad de los actos administrativos acusados o si se trata de un requisito de menor entidad, cuyo desconocimiento en nada incidiría frente a la decisión de la administración.

De considerarse la nulidad de las decisiones administrativas sujeto a análisis judicial, se analizará la condena en costas impuesta a la parte vencida.

De ello dependerá la confirmación, modificación o revocatoria de la sentencia de primera instancia.

2.3. De las pruebas allegadas al proceso.

La Sala encuentra acreditado lo siguiente:

5 Fs. 781, C. principal 5. 6 Fs. 785, C. principal 5. 7 Fs. 785, C. principal 5.Expediente No. 18001-33-33-001-2012-00435-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Efraín Gómez Gómez

Demandado: Departamento del Caquetá

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• Mediante ordenanza No. 031 de 1998 8, la Asamblea Departamental del Caquetá instituyó el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los Empleados del departamento, de los in