TA CAQ - 1800133-33-001-2015-00017-01-(15-03-2023)
Detalles
- Título
- TA CAQ - 1800133-33-001-2015-00017-01-(15-03-2023)
- Autor
- Tribunal Administrativo del Caquetá
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ
Florencia, quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Asunto: Policía. Retiro discrecional
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Evaristo Romero Reina
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2015-00017-01
Acta de discusión: No. 15 de la fecha
I. Asunto
1. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia de 31 de enero de 2020 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, que denegó las pretensiones de la demanda.
II. Antecedentes
2.1. Demanda1
2. Por vía de nulidad y restablecimiento del derecho , el actor formuló demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (en adelante la Policía ), solicitándose anule la Resolución No. 01561 del 21 de abril de 2014, por medio de la cual se le retiró del servicio activo . Pidió que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara a la demandada reintegrarlo al empleo que desempeñaba, y se le pagara los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
3. Como fundamento fáctico expuso que ingresó a la Policía el 01 de octubre de
derecho, se ordenara a la demandada reintegrarlo al empleo que desempeñaba, y se le pagara los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
3. Como fundamento fáctico expuso que ingresó a la Policía el 01 de octubre de 2002; que se encontraba adscrito como patrullero a la Dirección de C; que el 15 de marzo de 2013 fue trasladado a la inspección de Río Negro , en Puerto Rico
(Caquetá), para desempeñarse en la sección de vigilancia; que el 30 de agosto de 2013 se vio afectado en su mano izquierda en actos del servicio, lo que le gener ó incapacidades médicas y recomendación de no cargar peso ni realizar actividades de esfuerzo con esa mano; que tal situación condujo a que fuera objeto de rechazo y malos tratos de parte de sus superiores; que el 24 de febrero de 2014 sufrió otro accidente laboral que le afectó el pie izquierdo, lo que hizo que se le prohibiera el uso de botas y botines ; que, sin embargo, el 21 de marzo se le notificó traslado al municipio de Milán ; que ante ello elevó petición para que se considerará sus especiales circunstancias ; y que en respuesta se le com unicó que “el registro médico analizado NO CUMPLE con el criterio de incapacidad, sino de recomendación médica” y se le instó para que cumpliera la orden de traslado.
4. Agregó que fue retirado del servicio el 21 de abril de 2014, por voluntad de la Dirección General, cuando aún contaba con incapacidad parcial y estando
1 Folios 67 al 101 Cuaderno Principal No.1Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
Dirección General, cuando aún contaba con incapacidad parcial y estando
1 Folios 67 al 101 Cuaderno Principal No.1Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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Demandante: Evaristo Romero Reina
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pendiente una operación del empeine del pie izquierdo, que se llevó a cabo de manera posterior.
5. Como fundamento jurídico , alegó que el acto administrativo demandado adolece de desviación o abuso de poder y de violación al derecho de audiencia o de defensa. Explicó que aun cuando el artículo 62 del Decreto 1791 de 2000, faculta al Director General de la Policía Nacional para retirar a sus subalternos, tal decisión debe estar precedida d e la recomendación la Junta de Evaluación o Clasificación, la que, aunque para el caso concreto se llevó a cabo, no se compadeció con la realidad, es decir, con las situaciones de acoso y persecución laboral que sobre el demandante pesaban (v.gr traslado sin autorización, anotaciones negativas con las que se pretendía presionarlo para que renunciara). En ese mismo sentido aseguró que para lograr hacer efectivo su traslado al Municipio de Milan, la entidad incidió en el hecho que se le cambiara la orden de i ncapacidad parcial por una restricción en el uso de botas.
6. Agregó que el concepto de la Junta de Evaluación o Clasificación se fundó en sanciones de amonestación escrita, sin que se hubiere adelantado un proceso disciplinario con garantía del debido proceso.
2.2. Contestación de la demanda2.
sanciones de amonestación escrita, sin que se hubiere adelantado un proceso disciplinario con garantía del debido proceso.
2.2. Contestación de la demanda2.
7. La Policía se opuso a lo demandado. Dijo que el traslado a Milán contó con concepto favorable de auditor médico, y que no existe prueba de la incapacidad parcial que se refiere en la demanda. Agregó que el retiro del actor se soportó en la causal de “voluntad de la Dirección General” prevista en el Decreto 1791 de 2000.
8. Aseguró que se contó con el concepto de la Junta de Evaluación y Clasificación, el cual se basó en evidencias documentales y argumen tos jurídicos, por lo que no es posible aceptar que el actor pretenda imponer a la administración la realización de procedimientos a los cuales no está obligada. Y que el demandante no presentó objeción o reclamación alguna frente a las anotaciones en su h oja de vida con las
que se evidenció su falta de compromiso institucional y que a lo largo de su carrera le fueron abiertos 4 procesos disciplinarios.
9. Propuso excepción de inepta demanda, por no indicar el vicio que afecta la legalidad del acto demandado.
2.3. Sentencia de primera instancia.
10. Mediante sentencia de 31 de enero de 20203, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas . Como sustento re señó el marco legal y jurisprudencial de la facultad discrecional del gobierno y del Director General de la Policía pa ra el retiro de los uniformados .
Respecto del caso sometido a decisión indicó que el acto acusado se sustentó en
sustento re señó el marco legal y jurisprudencial de la facultad discrecional del gobierno y del Director General de la Policía pa ra el retiro de los uniformados . Respecto del caso sometido a decisión indicó que el acto acusado se sustentó en razones objetivas y hechos ciertos contenidos en los registros sentados por miembros de la institución castrense que en su momento fungían como calificadores del actor, con lo que quedó en evidencia que la finalidad perseguid a era el mejoramiento del servicio. Agregó que el concepto emitido por la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, con el cual se motivó el acto de retiro , estaba soportado en los formularios de seguimiento y evaluación del actor.
2.4. Recurso de apelación
2 Folio 129 a 156 del cuaderno principal No.2 3 Folio 285 a 295 del cuaderno principal No.3Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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11. La parte d emanante apeló4. Propuso como objeto del recurso que, previa revocación del fallo impugnado, se acceda a las pretensiones de la demanda. Indicó que tanto la ley como la jurisprudencia constitucional señalan que la decisión de retiro de un miembro de la Policía Nacional debe estar precedida del concepto de la Junta de Evaluación y Calificación, cuya recomendación debe estar sustentada en elementos objetivos y razonables que permitan justificar el retiro; que, sin embargo,
retiro de un miembro de la Policía Nacional debe estar precedida del concepto de la Junta de Evaluación y Calificación, cuya recomendación debe estar sustentada en elementos objetivos y razonables que permitan justificar el retiro; que, sin embargo, para el caso concreto se desvinculó al actor con fundamento en un concepto que a su vez encontró asidero en unas anotaciones en el folio de vida del patrullero Romero Reina, en las que claramente se nota que fue objeto de persecuciones y acoso laboral, situaciones que no fueron val oradas por el juez de instancia, entre las cuales señaló: (i) que para lograr hacer efectivo su traslado al Municipio de Milan, la entidad incidió en el hecho que se le cambiara la orden de incapacidad parcial por una restricción en el uso de botas , (ii) que a los pocos días de su retiro debió ser intervenido quirúrgicamente de su pie izquierdo , (iii) que hubo constantes traslados sin autorización y (iv) que las anotaciones negativas buscaban que el actor renunciara y/o pagara para desanotarlas . Indicó que estas situaciones quedaron probadas con las declaraciones rendidas por los testigos Jhon Alver Daza Cuellar y Jonathan Fernando Pinzón.
12. Para la parte r ecurrente, el concepto de la Junta de Evaluación se fundó en sanciones de amonestación escrita, sin que se hubiere adelantado un proceso disciplinario con garantía del debido proceso, por lo que resultan ser ineficaces jurídicamente.
2.5. Trámite de segunda instancia.
13. Mediante auto de 13 de octubre de 20205, se admitió el recurso de apelación. El 30 de octubre siguiente6 se corrió traslado para alegar de conclusión, término dentro
2.5. Trámite de segunda instancia.
13. Mediante auto de 13 de octubre de 20205, se admitió el recurso de apelación. El 30 de octubre siguiente6 se corrió traslado para alegar de conclusión, término dentro del cual lo hicieron las partes: la demandada 7, señaló que el retiro del actor buscó el mejoramiento del servicio, decisión que se ajustó a los parámetros legales que regulan el asunto. Por su parte, la demandante8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
14. Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
15. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación, conforme al artículo 1539 del CPACA. De conformidad con los límites propios de la competencia del juez de segunda instancia, la Sala examinará únicamente los motivos de inconformidad planteados por la parte apelante.
3.2. Problema jurídico
4 Folio 297 a 304 del cuaderno principal No.3 5 Archivo 8 del expediente judicial electrónico 6 Archivo 12 del expediente judicial electrónico 7 Archivo 14 del expediente judicial electrónico 8 Archivo 15 del expediente judicial electrónico 9 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de aut os susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de aut os susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”.Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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16. Atendiendo al recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala definir si debe revocarse la sentencia apelada para en su lugar declarar la nulidad del acto administrativo a través del cual la Policía dispuso el retiro del actor por voluntad de
su Director General.
3.3. Análisis del caso.
17. Sobre e l retiro discrecional del servicio , el artículo 54 10 del Decreto Ley 1791/2000 señala que: “Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio. (…) El retiro se hará por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la
Policía Nacional.”
18. A su turno, el artículo 4° 11 de la ley 857 de 2003 12, en complemento de la disposición anterior dispone que para el ejercicio de tal facultad se requiere previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o de la Junta de Evaluación y Clasificación, según se trate de Oficiales o Suboficiales, Agentes y personal del Nivel Ejecutivo, respectivamente.
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o de la Junta de Evaluación y Clasificación, según se trate de Oficiales o Suboficiales, Agentes y personal del Nivel Ejecutivo, respectivamente.
19. Sobre esta causal precisó el Consejo de Estado13:
Tratándose del retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional se ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional, como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
(…).
10 ARTÍCULO 54. RETIRO. Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio. El retiro se hará del nivel ejecutivo, y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.
11 Artículo 4º. Retiro por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía Nacional . Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o el Director General de la Policía Nacional para el caso de los Suboficiales, podrán disponer el r etiro de los mismos con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales.
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales. El ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo podrá ser delegado en el Ministro de Defensa Nacional, para el caso de los Oficiales hasta el grado de Teniente Coronel y en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación para el caso de los Suboficiales bajo su mando, observando el procedimiento que sobre el particular se señale en cuanto a composición y recomendaciones en el evento de tal delegación respecto de la Junta Asesora y de Evaluación y Clasificación de que trata el inciso anterior. Parágrafo 1º. La facultad delegada en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación a que se refiere el inciso anterior se aplicará para los casos de retiro del personal Nivel Ejecutivo y agentes bajo su mando, a que se refiere el artículo 62 del Decreto-ley 1791 de 2000. Parágrafo 2º. Los funcionarios competentes serán responsables por la decisión que adopten de conformidad con la Constitución y la ley. 12 por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones.
13 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
M. P: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE. 9 DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE (2012) Expediente: 680012315000200101079 02 Referencia: 2190-2010 Actor: NELSON ARCILA ARIAS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “B”
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001 -23-31-000-2002-03530-01(1613-09) Actor: ALEX GA BRIEL CASTRO RODRIGUEZ Demandado:
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONALRadicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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Por su parte, cabe señalar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como el retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional es la razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.
para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.
En este sentido, el artículo 36 del C.C.A., consagra la regla general de la discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión.
20. Nótese entonces que la facultad discrecional no es ilimitada, pues debe estar soportada en razones objetivas, y perseguir el mejoramiento del servicio.
21. En relación con la motivación de los actos administrativos por medio de los cuales se ejerce esta facultad, la Corte Constitucional estableció (sentencia SU172/1514) un estándar mínimo, el cual fue acogido por el Consejo de Estado 15.
Véase:
“1.1. La tesis de la Corte Constitucional con relación al caso
En la sentencia que tuteló los derechos del aquí demandante16se establece como motivo de unificación el estándar de motivación de los actos administrativos de retiro de los miembros activos de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad discrecional, que propone la Corte Constitucional en los siguientes términos:
“…si bien en principio no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos administrativos, los estándares de los dos altos Tribunales hoy en día son sustancialmente similares.
“…si bien en principio no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos administrativos, los estándares de los dos altos Tribunales hoy en día son sustancialmente similares.
Lo anterior, debido a que ambos entienden que la facultad discrecional debe estar encaminada a cumplir proporcionalmente el fin propuesto, el mejoramiento del servicio, por lo cual la Administración debe tener razones ciertas y objetivas que le permiten ejercerla y tales razones deben ser conocidas por el afectado.
(…) Por ello, conjugando las tesis señaladas, la Sala Plena de esta Corporación, en ejercicio de la función unificadora, pa sa a proponer el estándar mínimo de motivación para que, en todo caso, prevalezca la interpretación que más se acompasa con los postulados del Estado Social de Derecho, el principio de legalidad y respeto por los derechos fundamentales de los policías: Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la Polic ía Nacional no necesariamente estén motivados en el sentido de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí se exige que estén sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente exigible. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser suficiente y razonado.
14 Sentencia SU 172 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 15 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION
14 Sentencia SU 172 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 15 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION "A",C.P: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ (E), 22 de julio de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-25000-2000-00207-01(1615-03) Actor: FERNANDO CRISTANCHO ARIZA Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL 16 SU 172/15Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre el acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio. El concepto emitido por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente esta instituida a la Policía Nacional, en razón de función constitucional. No obstante, lo anterior, a la expedición de ese concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto administrativo de retiro, y la c uales servirán de base para evaluar si el
exigibles a los entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto administrativo de retiro, y la c uales servirán de base para evaluar si el retiro se fundó en la discrecionalidad o en la arbitrariedad. El afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron lugar a la recomendación por parte del Comité de evaluación o de la junta asesora, una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe analizar , entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la información adicional pertinente de los policiales. Si los documentos en los cuales se basa la recomendación de retiro del policía tienen carácter reservado, los mismos conservarán t al reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del afectado. El carácter reservado de tales documentos se mantendrá, mientras el acto administrativo permanezca vigente. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser valorados por el Juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica que se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan esclarecer i huno o no motivos para el retiro. (…).
“1.2. Tesis del Consejo de Estado.
las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan esclarecer i huno o no motivos para el retiro. (…).
“1.2. Tesis del Consejo de Estado.
“De acuerdo con la relación hecha por la Corte Constitucional el Consejo de Estado ha considerado, que en determinados y precisos casos en los que aparecen demostrados con una hoja de vida intachable los excepcionales servicios prestados por el funcionario proceden el reintegro en la medida en que con ello se demostró un inadecuado uso de la facultad discrecional de libre remoción.
Tesis sostenida en las sentencias del 18 de mayo de 2000, expediente 2459-99, magistrado ponente Alejandro Ordóñez Maldonado, 25 de enero de 2001 y 13 de septiembre de 2001, expediente 1657/01, magistrado ponente Jesús María Lemos Bustamante.
De acuerdo con lo indicado, la hoja de vida cumple un papel de importancia especial en la valoración que corresponde efectuar al juez de lo contencioso administrativo en materia del ejercicio de las facultades discrecionales por la Administración, por tratarse de elementos que deben ser apreciados a través de elementos objetivos como los que se consignan en ella. Esto permite al juez fi jar una pauta o derrotero que permita examinar en forma cabal una decisión discrecional que “debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa ”, según lo dispone el artículo 36 del Código Contencio so Administrativo.” (Negrillas de la Sala)
5.4 La Sala confirmará la sentencia de primera instancia por encontrarla
de causa ”, según lo dispone el artículo 36 del Código Contencio so Administrativo.” (Negrillas de la Sala)
5.4 La Sala confirmará la sentencia de primera instancia por encontrarla ajustada a derecho.Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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22. El material probatorio recaudado acredita que el actor se desempeñó como patrullero –nivel ejecutivo - de la Policía Nacional durante 11 años y 21 días 17.
También, que durante su carrera obtuvo varias felicitaciones18, pero también que tuvo anotaciones negativas19. Así mismo se registran 3 sanciones, 2 de multa de 15 días y 1 de suspensión por 30 días20.
23. Igualmente, que el 27 de marzo de 201421 la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, evaluó la trayectoria profesional del actor, y recomendó al Director General de la Policía Nacional el retiro del Patrullero Evaristo Romero Reina. En dicho documento se consignó lo siguiente:
Luego de examinar las razones del servicio que imponen la naturaleza de la función constitucional asignada a la Policía Nacional, esto es, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Se han evaluado las actuaciones del señor Patrullero EVARISTO ROMERO REINA, demostrándose una afectación con su actuar al servicio que presta en l a Dirección de Carabineros y
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Se han evaluado las actuaciones del señor Patrullero EVARISTO ROMERO REINA, demostrándose una afectación con su actuar al servicio que presta en l a Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, por las razones que se exponen a continuación: (…) 151011 “ANOTACIÓN... por la falta de respeto y de subordinación para con el señor Intendente CLAVES PERDOMO JAMID ALBERTO Jefe de la Unidad Canina, toda vez que se le solicitó entregar los chalecos de los caninos salir al servicio de las ferias de COFEMA, contestando de forma grosera que, de malas, nuevamente se le llama la atención para que se pusiera en la posición fundamental y escuchara la orden y se negó levantando las manos en forma desafiante... (…) 151011 “ANOTACIÓN: ... por la falta de compromiso con la orden impartida consistente de ser el directo responsable de diligenciar los libros de servicio de la unidad tales como minuto de servicio la cual no fue diligenciada los días 10, 11, 12, 13, 14 del mes de octubre del año actual, lo cual no informo oportunamente alguna novedad... (…) 220113 CONDICIONES PERSONALES: se le hace la AFECTACION NEGATIVA al pt. ROMERO REINA EVARISTO, por el incumplimiento a la orden de la formación del personal de la unidad a las 14:00 horas, fin coordinar los reentrenamientos de los caninos en la especialidad de detección de minas y explosivos al igual que los de detección de estupefacientes que ha presentado fallas en la búsqueda y registro que solicita la vigilancia y el personal de la sijin ... contestando que él no formaba y que
caninos en la especialidad de detección de minas y explosivos al igual que los de detección de estupefacientes que ha presentado fallas en la búsqueda y registro que solicita la vigilancia y el personal de la sijin ... contestando que él no formaba y que primero se iba a almorzar haciendo caso omiso de la orden impartida por sus superiores (…) 050313 “COMPORTAMIENTO; por el incumplimiento demostrado en tomarse atribuciones que no le compete en la Unidad Canina como guía canino en salir a descansar medio día del 05032013, sin informarle a nadie ni siquiera al señor Jefe de la Unidad Canina IJ. IRIARTE, por ninguno de los medios ni radial ni muchos menos vía celular, a lo cual tome la decisión de iniciar la búsqueda del señor Patrullero llegando al descaro de que el señor se encontraba durmiendo en su residencia. (…) 300413 COMPORTAMIENTO: por la falta de responsabilidad, profesionalismo, tolerancia, ética policial y aceptación de las políticas institucionales, las cuales se encuentran enmarcadas dentro del respeto y la disciplina policial; debido a los hechos ocurridos el día de hoy 30/04/13 a las 07:00 horas con el señor Patrullero HENRY MEDINA PENAGOS qu ien actúa en calidad de integrante Escuadrón Móvil de
17 Folio 170 cuaderno principal No. 1 18 Folio 171 cuaderno principal No. 1 19 Disco compacto visto folio 201 del cuaderno principal No. 1archivo “Formulario seguimiento PT Romero Reina Evaristo” Folio 100 en adelante 20 Folio 164 cuaderno principal No. 1
18 Folio 171 cuaderno principal No. 1 19 Disco compacto visto folio 201 del cuaderno principal No. 1archivo “Formulario seguimiento PT Romero Reina Evaristo” Folio 100 en adelante 20 Folio 164 cuaderno principal No. 1 21 Folio 3-5 cuaderno principal No. 1Radicado: 18001-23-33-001-2015-00017-01
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Demandante: Evaristo Romero Reina
Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional
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Carabineros, quien en el momento descrito
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