TA CAQ - 1800133-33-001-2015-00177-01-(09-02-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez Florencia, febrero nueve (9) de dos mil veintitrés (2023) Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01

Tema: Responsabilidad de la Policía Nacional (ESMAD) por manifestaciones de estudiantes en la Universidad de La Amazonía. Valoración probatoria.

Acta número 08. ASUNTO Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.1 I.1.1. Pretensiones. Alinson y Diana María Lara Gómez; María del Rosario, Francelina, Graciela, Silvio, Alirio y Climaco Gómez Cabrera; Luis Freddy Gutiérrez Gómez; John Fredy Castañeda Gómez; Gustavo Adolfo, María Isabel Pineda Zambrano; Herman Iglesias Lara; María Isabel Lara Higuita; Orfaly y Yina Maryuri Lara; José Alberto Henao Lara; Ángel Iván Cuitiva Lara;

Aurora Higuita Lara; y Erika Marcela Capera Calderón, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del 1 Expediente digitalizado, archivo 8, pág. 5.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Universidad de La Amazonía son extracontractual y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados el 6 de diciembre de 2012 en disturbios que se presentaron en la sede principal del claustro universitario entre los estudiantes que se encontraban en la manifestación y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (en adelante ESMAD) de la Policía Nacional. ii. Como consecuencia de lo anterior, se condene a las entidades a pagar las

siguientes sumas de dinero: a. Morales. Demandante Calidad SMLMV Lesiones de Alinson Lara Gómez Alinson Lara Gómez Víctima 100 María del Rosario Gómez Cabrera Madre 100 Diana María Lara Gómez Hermana 50 Luis Freddy Gutiérrez Gómez Hermano 50 Francelina Gómez Cabrera Tía 50

Graciela Gómez Cabrera Tía 50 Alirio Gómez Cabrera Tío 50 Clímaco Gómez Cabrera Tío 50 John Fredy Castañeda Gómez Primo 50 Lesiones de Gustavo Adolfo Pineda Zambrano Gustavo Adolfo Pineda Zambrano Víctima 100 María Isabel Pineda Zambrano Madre 100 Lesiones de Herman Iglesias Lara Herman Iglesias Lara Víctima 100 María Isabel Lara Higuita Madre 100 Orfaly Lara Hermana 50 José Alberto Henao Lara Hermano 50 Yina Maryuri Lara Hermana 50 Ángel Iván Cuitiva Lara Hermano 50

• Erika Marcela Capera Calderón Víctima 100

b. Daño a la salud. A favor de Alinson Lara Gómez 400 SMLMV, y a Gustavo Adolfo Pineda Zambrano, Herman Iglesias Lara y Erika Marcela Capera Calderón, 100 SMLMV a cada uno. c. Alteración grave de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación. Los mismos montos de los perjuicios morales. d. Materiales – lucro cesante. A favor de Alinson Lara Gómez, Gustavo Adolfo Pineda Zambrano, Herman Iglesias Lara y Erika Marcela Capera Calderón, Página 2 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 los salarios o ingresos que dejaron de percibir debido a la disminución laboral parcial o permanente y temporal o definitiva en calidad de

Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 los salarios o ingresos que dejaron de percibir debido a la disminución laboral parcial o permanente y temporal o definitiva en calidad de afectados, a partir del salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 25% por prestaciones sociales, la vida probable, la edad actual. iii. Se ordene actualizar las sumas reconocidas conforme al IPC y el pago de los intereses moratorios de conformidad con el CPACA.

I.1.2. Hechos. Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Para el periodo académico comprendido entre el 30 de julio y el 21 de diciembre de 2012, los demandantes se encontraban matriculados en la Universidad de La Amazonía. ii. En agosto de 2012, un grupo de estudiantes de diferentes programas de dicha universidad, iniciaron asambleas informativas para tratar las medidas de incremento en las matrículas y demás servicios, dado que eran de gran relevancia por la crisis económica que no permitía entregar condiciones estables de contratación a los maestros y que comprometía la calidad académica. iii. El 18 de septiembre de 2012, el estudiante Albeiro Benítez -presidente del Consejo Estudiantilapoyado por un grupo de estudiantes, inició una huelga de hambre que se prolongó aproximadamente por 45 días. iv. Por motivos de salud Albeiro Benítez levantó su huelga de hambre, pero las manifestaciones estudiantiles continuaron. Para este momento, como medio de

hambre que se prolongó aproximadamente por 45 días. iv. Por motivos de salud Albeiro Benítez levantó su huelga de hambre, pero las manifestaciones estudiantiles continuaron. Para este momento, como medio de presión, se tomaron parte del bloque administrativo en donde desarrollaban los motines, pernoctaban y desarrollaban sus actividades de protesta. Esta situación despertó reacciones encontradas en la comunidad universitaria, lo cual generó que en diferentes oportunidades se dieran enfrentamientos verbales entre los administrativos y los estudiantes manifestantes.

1. Dadas las altas tensiones que se presentaban, el 6 de diciembre de 2012 el rector de la universidad «con el fin de intervenir en el supuesto secuestro de algunos administrativos por parte de los estudiantes manifestantes» , solicitó y Página 3 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 autorizó una violenta intervención por parte del ESMAD, el cual ingresó a las instalaciones. vi. En desarrollo del operativo policial, decenas de estudiantes resultaron lesionados por el uso desproporcionado de la fuerza. En estos hechos se realizaron capturas de estudiantes, entre ellos, de Albeiro Benítez, quien ya no estaba participando directamente de la manifestación. vii. En la retoma se imprimió tal fuerza que el estudiante Alinson Lara Gómez, por

cubrirse la cara de un golpe que le lanzó un miembro del ESMAD, resultó con fractura de epífisis distal de radio izquierdo, desplazada por trauma con objeto contundente (bolillo) en el tercio anterior de antebrazo izquierdo. Fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. viii. Gustavo Adolfo Pineda Zambrano, quien se encontraba acompañando a sus amigos en la huelga, recibió múltiples golpes en el desalojo que realizó el ESMAD. Fue atendido en el Hospital María Inmaculada por trauma contuso en brazo izquierdo y tórax, con dolor persistente, equimosis en tórax y cara lateral izquierda, herida tipo quemadura en el codo izquierdo, e inhalación de gases. ix. Herman Iglesias Lara, cuando estaba en la cafetería de la universidad, presenció y fue víctima de la toma del bloque administrativo por parte del ESMAD, quienes dispararon una bala de goma en su brazo izquierdo ocasionándole una herida y escoriación en el cuello. Igualmente, recibió múltiples golpes e insultos por parte de administrativos y empleados de seguridad, quienes aprovecharon la ocasión para discriminarlo por su condición de miembro activo de la comunidad LGBTI.

1. Gustavo Pineda presentó una queja ante la Procuraduría Regional del

Caquetá, la cual fue desestimada por irrelevante. Por su parte, en el proceso iniciado por Herman Iglesias Lara no se adelantaron las gestiones propias de la investigación y se ordenó la terminación por no existir material probatorio suficiente. xi. Erika Marcela Capera Calderón fue víctima de múltiples golpes en el abdomen y otras partes de su cuerpo. Ingresó al Hospital María Inmaculada en donde fue atendida por traumatismos superficiales múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis. Página 4 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 I.1.3. Imputación al Estado.

Sostuvieron que: Los actos ejercidos por la autoridad Policial y la autoridad Administrativa de la Universidad de La Amazonía que se supone surgen por la apremiante solicitud del Rector LEONIDAS RICO MARTÍNEZ debieron planificarse y plasmarse en una Orden de Servicio o Plan de Marcha por medio del cual se autorizara el desplazamiento del (...) ESMAD para su intervención en la sede principal de la Universidad de La Amazonía, la cual a la fecha pese a ser solicitada mediante Derecho de Petición por parte de ALINSON LARA GOMEZ aún se desconocen. En

el claustro Universitario debieron agotarse los métodos diferentes como el dialogo o la concertación para lograr acuerdos que permitieran el buen desarrollo de la manifestación, antes de recurrir al empleo de la fuerza, NO se observaron las medidas suficientes para el respeto de los Derechosa Humanos de los manifestantes. (pág. 79). I.2. Contestación de la demanda. I.2.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.2 Sostuvo que i) 24 funcionarios de la universidad solicitaron al rector la intervención de la fuerza pública para que pudieran salir, ya que estaban encerrados por un grupo de estudiantes; ii) dicha intervención atendió los parámetros constitucionales y el buen uso de la fuerza; iii) el rector autorizó el ingreso y se generaron actos violentos y vandálicos contra bienes públicos y privados; iv) no se configuraron los elementos de la responsabilidad, toda vez que cumplió con el deber legal de atender el requerimiento del rector de la universidad y liberar a un grupo de personas (mujeres, hombres y niños) que se encontraban secuestradas dentro del bloque administrativo por parte de unos estudiantes que lanzaban arengas a la fuerza pública; v) se configuró el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, toda vez que con el escaso material probatorio aportado no se puede establecer que las lesiones fueron causadas por los uniformados, además, porque se encontraban mitigando los disturbios en los diferentes puntos con el fin de evacuar a las personas que estaban retenidas en las instalaciones de la universidad; e vi) igualmente se configuró el eximente de culpa exclusiva de la víctima

fin de evacuar a las personas que estaban retenidas en las instalaciones de la universidad; e vi) igualmente se configuró el eximente de culpa exclusiva de la víctima porque los estudiantes participaron en la retención ilegal de dichas personas, luego se trató de una conducta imprudente o culposa. I.2.2. Universidad de La Amazonía.3 2 Archivo 02, pág. 205. 3 Archivo 08, pág. 81. Página 5 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 También se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no concurren todos los elementos de la responsabilidad, dado que no existe prueba de la cual pueda inferirse que el daño sufrido por los demandantes fue causado por alguno de los funcionarios del establecimiento educativo. Propuso las excepciones de i) inepta demanda por falta de requisitos formales; ii) falta de legitimación en la causa porque no se anexaron a la demanda los registros civiles de nacimiento que acreditaran el parentesco de los demandantes con Herman Lara Higuita; iii) ausencia total de poder; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; v) culpa exclusiva de la víctima; vi) inexistencia del derecho; y vii) hecho de un tercero.

I.3. Sentencia de primera instancia.4 En la sentencia proferida el 4 de junio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. En primer lugar, se pronunció sobre los siguientes asuntos:

1. Ejercicio oportuno del medio de control. Indicó que los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2012; la solicitud de conciliación se radicó el 5 de diciembre de 2014 y la constancia se expidió el 27 de enero de 2015, luego la demanda fue presentada oportunamente el 28 de enero de 2015. ii. Legitimación en la causa por activa. Se aportaron todos los registros civiles de nacimiento.

En segundo lugar, se detuvo en la cláusula general de responsabilidad del Estado y de su configuración cuando se trata del ejercicio del derecho a la manifestación y el orden público. En tercer lugar, procedió a examinar los elementos de la responsabilidad. A partir de lo consignado en las historias clínicas, encontró acreditado el daño derivado de las lesiones padecidas el 6 de diciembre de 2012 por Alinson Lara Gómez, Gustavo Adolfo Pineda Zambrano, Herman Iglesias Lara y Erika Marcela Capera Calderón. 4 Archivo 30. Página 6 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro

Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01

A continuación, en el juicio de imputación, procedió a relacionar las pruebas frente a cada uno de los demandantes y, entre otras cosas, expuso que i) los actores eran estudiantes de la Universidad de La Amazonía y se encontraban en paro desde el mes de octubre con ocasión de las alzas en las matrículas, el cual inició con la toma del primer piso del bloque administrativo, donde los estudiantes pernoctaron por aproximadamente 2 meses, sin embargo, el 6 de diciembre de 2012 en horas de la tarde, intentaron tomarse el segundo piso del bloque administrativo, lo cual fue impedido por los empleados de la universidad; iii) como consecuencia del enfrentamiento entre estudiantes que hacían parte de la protesta y aquellos que estaban al margen como de los empleados del establecimiento educativo, los demandantes impidieron que salieran de las instalaciones; iv) en virtud de esta situación, el rector solicitó la intervención de la fuerza pública para el desalojo inmediato de los estudiantes; v) el ESMAD intentó persuadirlos para que desistieran de la retención y abandonaran el recinto de manera pacífica, pero como no encontraron respuesta positiva de los estudiantes, procedieron a lanzar gases lacrimógenos y algunas granadas de aturdimiento causando que la turba se disolviera y así mismo ayudaron a que las personas retenidas salieran.

Consideró que las pruebas que demostraron los hechos antes referidos desvirtúan los testimonios de la parte demandante, según los cuales, el ESMAD llegó de improvisto a la protesta pacífica realizada por los estudiantes; dijo que, por el contrario, está demostrado que actuaron conforme a la necesidad de libertar al personal administrativo. Añadió que si bien es cierto que los demandantes sufrieron lesiones en medio de esa jornada de protesta, no se puede establecer quién las causó, pues cuando llegó la fuerza pública, muchos estudiantes ya estaban lesionados por el enfrentamiento existente entre los mismos estudiantes o entre estos y el personal administrativo, quienes solo se defendieron de los protestantes violentos. Sobre la actuación de la fuerza pública consideró que había cumplido con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, dado que estuvo precedido de un fin legítimo y, además, utilizaron en debida forma los gases lacrimógenos y las granadas aturdidoras. Agregó que en ningún momento se vulneró por parte de las demandadas el derecho de protesta de los estudiantes. Concluyó que la parte actora no cumplió con la carga probatoria para encontrar acreditados los elementos de la responsabilidad, pues si bien no hay duda del daño, los elementos que reposan en el expediente no permiten dilucidar que el causante haya sido el Estado. Página 7 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01

I.4. Recurso de apelación.5 La parte demandante se alzó en apelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestó que se ratificaba en «cada uno de los argumentos, análisis fácticos y jurídicos expuestos en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia, donde se realizó un estudio minucioso de las pruebas obrantes en el proceso y al configuración de cada uno de los elementos de la responsabilidad estatal». Adicionalmente, sostuvo que:

1. Se configuró el daño, traducido en las lesiones padecidas por cada uno de los demandantes y no se valoraron las pruebas en debida forma, pues de las pruebas se extrae que fueron los miembros de la Policía Nacional quienes se las causaron. ii. Se ignoraron los artículos 216 a 218 de la Constitución Política, así como el Decreto 1512 de 2000, conforme a los cuales, las instituciones encargadas de vigilar las manifestaciones son la Policía y el Ejército Nacional; e igualmente, el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes fue desatendido por los uniformados, toda vez que desplegaron agresiones en contra de los estudiantes y manifestantes, quienes no se encontraban armados o con elementos que pudieran causar daño. iii. Bajo la gravedad de las lesiones físicas y verbales, entre ellas, la de Alinson Lara, se puede deducir que existió desproporcionalidad porque lo trataron mal, lo golpearon con un

daño. iii. Bajo la gravedad de las lesiones físicas y verbales, entre ellas, la de Alinson Lara, se puede deducir que existió desproporcionalidad porque lo trataron mal, lo golpearon con un bolillo y le dieron fuertes golpes, conductas que eran desproporcionadas porque él no los estaba atacando y cuando la cantidad de policiales era mayor. iv. La Policía Nacional no pudo determinar que los demandantes tuvieran antecedentes penales, que se encontraran armados o cualquier otra situación distinta a la de estar bloqueando una infraestructura física que realmente ameritara la golpiza a la que fueron sometidos.

1. En el video del 7 de diciembre de 2012 cargado en la plataforma Youtube se puede evidenciar la forma en que fueron agredidos; «obsérvese qué acciones estaban desplegando y cuántos uniformados habían controlado al estudiante». vi. De acuerdo con el oficio expedido el 7 de mayo de 2021 por el Departamento de Policía Caquetá, no obra ningún tipo de información o documentación relacionada con la 5 Archivo 32.

Página 8 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 actividad desarrollada por el ESMAD, situación que deja en entredicho la sujeción al marco de legalidad y sí demuestra que no se cumplió con el manual para tal fin. No obra prueba documental que acredite los diálogos de concertación primarios, cuánto personal desplegó el operativo ni cuánto armamento gastaron. vii.No se tuvo en cuenta la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por el Consejo de

prueba documental que acredite los diálogos de concertación primarios, cuánto personal desplegó el operativo ni cuánto armamento gastaron. vii.No se tuvo en cuenta la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por el Consejo de Estado con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico (expediente 65350), la cual reitera la postura zanjada de que no solo el título de falla en el servicio es el que debe analizarse. viii. Si en gracia de discusión se admitiera que el despliegue del ESMAD se dio dentro del marco normativo, si existe un daño en los manifestantes en esa acción, se deben resarcir los perjuicios. ix. Los funcionarios de la universidad no estaban encerrados en contra de su voluntad y eso fue ratificado por el entonces vicerrector, quien indicó que gran parte de los miembros del personal administrativo acordó quedarse en el bloque administrativo con el ánimo de preservar sus equipos y material encargado y no huir por la presión estudiantil.

1. Es equívoco concluir que el desalojo, acudiendo a tratos físicos degradantes y la utilización de gases lacrimógenos, haya tenido como fin liberar a los funcionarios de la universidad cuando ellos podían salir libremente.

I.5. Trámite de segunda instancia. Mediante el auto proferido el 22 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.6 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se manifestó.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.6 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se manifestó.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011. 6 Segunda instancia, archivo 04. Página 9 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 2.2. Problema jurídico. Comoquiera que en la alzada la parte demandante no se pronunció sobre la responsabilidad de la Universidad de La Amazonía, en esta instancia únicamente corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por el daño antijurídico -lesionesy los perjuicios causados a los demandantes el 6 de diciembre de 2012 cuando se desarrollaba una jornada de protesta en las instalaciones del establecimiento educativo. Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración cuando se trata de manifestaciones o

marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración cuando se trata de manifestaciones o protestas; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. 2.3. Marco normativo y jurisprudencial. 2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público. La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina

el fracaso ineluctable de la pretensión.7 Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la 7 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. Página 10 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado8. En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»9. El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de

imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó: Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada. Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia , lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto) 8 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 9 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar Página 11 de 39Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: María del Rosario Gómez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro

Radicación: 18001-33-33-001-2015-00177-01 2.3.2. De la responsabilidad del Estado por lesiones suscitadas en desarrollo de manifestaciones o protestas.

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de las personas a manifestarse públicamente y a la posibilidad de establecer limitaciones a tales garantías que fueron delegadas en el legislador. El artículo 37 reza: ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. En cuanto al ejercicio de este derecho se refiere, resulta evidente que su marco de aplicación es amplio frente a la posibilidad que tienen las personas de reunirse y manifestarse públicamente, pues se entiende que el disenso hace parte del régimen democrático y, por consiguiente, debe ser garantizado siempre que se ejerza de forma pacífica. El Consejo de Estado ha indicado que solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa una violación al ordenamiento, toda vez que las personas tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que se adopten por las autoridades estatales. Por ejemplo, en sentencia del 25 de febrero de 1993, expediente 7826, siendo ponente el conse