TA CAQ - 1800133-33-001-2015-1071-01-(09-02-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónFlorencia, nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Contrato Realidad

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Margarita Quintero Orozco

Demandado: Municipio de Morelia Radicación: 18001-33-33-001-2015-1071-01

Acta de discusión: No. 06 de la fecha

I. ASUNTO

1. Procede la Sala a resolver recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia de 29 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, que denegó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Demanda

1. Margarita Quintero Orozco presentó demanda contra el Municipio de Morelia, pretendiendo1 i) que se declare la nulidad de la Resolución 100 -02-05-122 del 10 de abril de 2015, mediante la cual la demandada decidió no reconocer la existencia de relación laboral entre ella y el Municipio y del acto ficto generado por la falta de decisión del recurso de reposición radicado el 6 de mayo de 2015 contra dicha resolución, (ii) que, a título de restablecimiento de derecho , se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo laborado, sumas que deberán ser indexadas conforme al IPC, con el respectivo pago de intereses.

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo laborado, sumas que deberán ser indexadas conforme al IPC, con el respectivo pago de intereses.

2. Los hechos que se aduce como soporte de las pretensiones, se circunscriben a que la demandante fue vinculada por el municipio para prestar los servicios como psicóloga de la Comisaría de Familia desde el 3 de enero de 2013 hasta el 3 de julio de 2014, mediante tres contratos de prestación de servicios entre los que hubo solo unos días de interrupción ; que el 3 de julio de 2014 se le informó de la terminación del último contrato; que al día siguiente radicó oficio en que informó de su estado de gravidez, y que lo reiteró el 8 de julio; que la administración se abstuvo de renovar su vinculación, por lo que la demandante acudió a la acción de tutela , que le fue concedida en primera instancia y confirmada en segund a mediante fallo de 23 de enero de 2015, fecha en la que su hijo ya había nacido, habiendo estado desprotegida durante su estado de gestación. Agregó que el 12 de marzo de 2015 solicitó el reconocimiento de la existencia de relación laboral y el pago de los emolumentos y prestaciones correspondientes, decisión que fue despachada desfavorablemente mediante los actos administrativos demandados.

3. Como concepto de la violación indicó que el contrato fue celebrado con arreglo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, pero la relación se desdibujó pues existió subordinación. Explicó que se configuró una relación laboral ya que prestó sus servicios de manera personal, cumpliendo horarios de trabajo, desarrollando

lo previsto en la Ley 80 de 1993, pero la relación se desdibujó pues existió subordinación. Explicó que se configuró una relación laboral ya que prestó sus servicios de manera personal, cumpliendo horarios de trabajo, desarrollando

1 Folio 166-169 Cuaderno Principal 1.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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actividades adicionales a las contratadas, sometida a control y usando herramientas de trabajo y espacio físico suministrados por el municipio, lo que constituye indicios específicos de la existencia de una relación de trabajo . Dijo que la demandada desconoció los desarrollos constitucionales, jurisprudencial es y doctrinales acerca de la primacía de la realidad sobre las formas, y que, por haber vulnerado el fuero especial por embarazo, debe indemnizarla en los términos del artículo 239 del C.S.T.-.

4. Señaló que los actos demandados incurrieron en causales de a nulación por infracción normativa y falsa motivación, en atención a la subordinación de la que fue objeto la demandante, y también por violación al derecho de audiencia y defensa, pues la terminación de la relación se hizo inaplicado los procedimientos que rigen la materia y porque se omitió el deber legal de resolver el recurso propuesto.

2.2 Contestación de la Demanda.

5. El Municipio contestó la demanda2 oponiéndose a sus pretensiones. Dijo que la actora estuvo vinculada contractualmente con la entidad sin que hubiera

2.2 Contestación de la Demanda.

5. El Municipio contestó la demanda2 oponiéndose a sus pretensiones. Dijo que la actora estuvo vinculada contractualmente con la entidad sin que hubiera subordinación; que no es cierto que fuera informada de la terminación de su último contrato pues desde su suscripción conocía su término; que informó de su estado de gravidez tiempo después, cuando ya había otra persona contratada; que el juez de tutela no ordenó la celebración de un nuevo contrato; y que por tratarse de una psicóloga contratada para valorar pacientes era apenas lógico que se le proporcionara un espacio físico en las instalaciones de la entidad.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3 (fls. 298-311 C.2)

6. El Juez Primero Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida. Luego de reseñar el marco jurídico del contrato de prestación de servicios, sostuvo que correspondía a la actora acreditar la existencia de los elementos de la relación laboral, y que no lo hizo. En efecto, aunque tuvo por acreditado que el servicio fue prestado en forma personal por la actora, y que se pagó los honorarios pactados, concluyó que el hecho de que se le organizara una oficina en la Comisaría de Familia, y que atendiera pacientes y dictara charlas en horario laboral, no demostraba subordinación, pues tales actividades correspondieron a la coordinación que debía existir entre contratante y contratista , tal como lo expuso el Consejo de Estado en fallo del 6 de mayo de 2015

(radicado interno192312). Añadió que las actividades que realizó la actora se dieron

actividades correspondieron a la coordinación que debía existir entre contratante y contratista , tal como lo expuso el Consejo de Estado en fallo del 6 de mayo de 2015 (radicado interno192312). Añadió que las actividades que realizó la actora se dieron dentro de los plazos pactados, por lo que no se probó la continuidad en la prestación del servicio.

7. Expuso que la vigencia de los contratos estaba claramente establecida, lo que impedía que se generara expectativas de permanencia y avisos de terminación del vínculo. Destacó que, mediante acción de tutela, se pretendió la declaratoria de la existencia de la relación laboral , habiéndose decidido en segunda instancia negar dicha pretensión, pero ordenando la suscripción de un nuevo contrato que no fue aceptado por la demandante.

8. Finalmente señaló que atendiendo al estado de gravidez que os tentaba la demandante y siguiendo las reglas vertidas en la sentencia SU 075 de 2018 de la Corte Constitucional, procedería el reconocimiento de las cotizaciones a seguridad

2 Folio 246 a 253 Cuaderno Principal 2. 3 Folio 298 a 311 Cuaderno Principal 2Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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social durante la gestación siempre que se demostrara la existencia de una relación laboral, hecho que no se configuró y que hace improcedente tal reconocimiento.

IV. El recurso.4

9. Planteó la parte demandante que con los testimonios de los señores Lewis Rojas

laboral, hecho que no se configuró y que hace improcedente tal reconocimiento.

IV. El recurso.4

9. Planteó la parte demandante que con los testimonios de los señores Lewis Rojas y Gustavo Nuñez, se acreditó la continuidad en la prestación del servicio y que, aunque la relación contractual presentó interrupciones, ellas obedecieron a que los contratos no podían celebrarse más allá de la vigencia fiscal y sin el certificado de disponibilidad presupuestal.

10. En cuanto a la subordinación explicó que se configuraron los supuestos de la Recomendación 1985 de la OIT -instrumento internacional vinculante - y por tanto debieron ser valor ados por el juez de instancia por haber sido expuestos en la demanda y en los alegatos de conclusión.

11. Insistió en que antes de que expirara el plazo de ejecución del último contrato la administración tuvo conocimiento del estado de gravidez de la demandante y se abstuvo de renovar el contrato, presumiéndose que la desvinculación fue por causa del embarazo, situación que además le otorgaba una protección constitucional que fue reconocida por un juez de tutela.

V. Trámite impartido en esta instancia judicial.

Mediante auto del 28 de febrero de 2020 6,se admitió el recurso de apelación interpuesto. Se corrió traslado para alegar el 10 marzo de 20207, término dentro del cual el apoderado de la demandada8 dijo que mediante un fallo de tutela se protegió el fuero de estabilidad reforzada por el estado de gravidez de la demandante lo que no implicó el reconocimiento de la existencia de una relación contractual y además que no se probó que sobre la demandante se ejercía algún tipo de subordinación .

el fuero de estabilidad reforzada por el estado de gravidez de la demandante lo que no implicó el reconocimiento de la existencia de una relación contractual y además que no se probó que sobre la demandante se ejercía algún tipo de subordinación . La apoderada de la parte demandante 9, reiteró en términos similares los argumentos expuestos en la impugnación.

VI. CONSIDERACIONES

12. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación, conforme al artículo 153 10 del CPACA. En aplicación del artículo 320 del Código General del Proceso11, la Sala analizará la providencia impugnada únicamente en cuanto a los repararos concretos formulados por el apelante único.

6.1. Problema jurídico

4 Folio 314 a 316 Cuaderno Principal 2 5 R198 - Recomendación sobre la relación de trabajo: a saber: la posibilidad de existencia de instrucciones y control, la integración del trabajador en la organización de la empresa, la realización del trabajo en beneficio ajeno, la ejecución personal del trabajo, la realización de la la bor en un horario determinado, la realización del trabajo en lugar indicado o aceptado por quien lo solicita, la disponibilidad del trabajador, el suministro de herramientas, maquinarias o materiales por quien recibe el trabajo, periodicidad de la remunera ción, carácter de esa remuneración de única o principal fuente de ingresos, pago por parte de quién recibe el trabajo de los viajes necesarios para ejecutar la labor e inexistencia de riesgos financieros 6 Folio 334 Cuaderno Principal 3. 7 Folio 338 Cuaderno Principal 3. 8 Folio 341-343 Cuaderno Principal 3. 9 Folio 359-357 Cuaderno Principal 3.

6 Folio 334 Cuaderno Principal 3. 7 Folio 338 Cuaderno Principal 3. 8 Folio 341-343 Cuaderno Principal 3. 9 Folio 359-357 Cuaderno Principal 3. 10 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”. 11 “Aplicable a partir de su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2014. “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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13. Corresponde a esta Sala determinar si es procedente revocar la decisión recurrida y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda en consideración a que se habría acreditado, además de la subordinación, que la administración no

13. Corresponde a esta Sala determinar si es procedente revocar la decisión recurrida y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda en consideración a que se habría acreditado, además de la subordinación, que la administración no renovó el contrato pese a tener conocimiento de que la demandante se encontraba en estado de gravidez.

6.2. Análisis de la Sala

Marco normativo de referencia

14. Establece el Decreto Ley 2400 de 1968 (artículo 2, inciso final12):

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

15. A partir de dicho mandato legal, la Corte Constitucional puntualizó (sentencia C614 de 2009):

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido co mo un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de

empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que c orresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos

16. Ahora: esta regla no es de carácter absolut o, como se lee en el aparte jurisprudencial recién transcrito: el contrato de prestación de servicios es instrumento de gestión pública que tiene propio y lícito lugar de aplicación. Así, el artículo 32 de la Ley 80 de 199313, determina que el contrato de prestación de servicios es aquel celebrado por una entidad estatal para el desarrollo de actividades ligadas a la administración o funcionamiento de la misma y, que solo puede llevarse a cabo con personas naturales, cuando dichas funciones no puedan realizarse con el personal de planta o, sean requeridos para su desarrollo conocimientos especializados.

17. Por su parte el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 22) definió el contrato de trabajo como aquel mediante el cual: “(…) una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración (…)”, e indicó (artículo 2314)

12 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. 13 “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso

con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 14 “ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; yMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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que para la existencia de un contrato laboral se requiere la concurrencia de tres elementos esenciales, a saber: i) la prestación personal del servicio, ii) la subordinación y la iii) remuneración del servicio.

18. En cuanto a las diferencias entre esos tipos contractuales, precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-154 del 19 de marzo de 199715:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se

Constitucional en Sentencia C-154 del 19 de marzo de 199715:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios , la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servi cio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de

contratante de impartir órdenes a quien presta el servi cio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un c ontrato de prestación de servicios independiente.

19. La prestación de servicios personales a la administración puede darse por diferentes vías: como relación legal y reglamentaría (empleado público), como relación contractual laboral (trabajador oficial) y c omo relación contractual de prestación de servicios. Las dos primeras obedecen a una relación laboral, que surge de la conjunción de tres elementos: (i) subordinación del empleado al empleador, (ii) prestación personal del servicio y (iii) pago de una remuneración. En cambio, en el contrato de prestación de servicios la actividad es independiente, puede ser desarrollada por una persona natural o jurídica, y excluye la subordinación del contratista.

20. Puede ocurrir, sin embargo, que el contrato de prestación de servicios resulte desvirtuado cuando se demuestre que encubre una relación que conjunta los elementos ya mencionados y que, por tanto, es -materialmente y pese a que formalmente se califique de otra cosa - una de orden laboral. Ello dará lugar a que, en desarrollo del mandato de primacía de la realidad sobre las formas que establece el artículo 53 constitucional, se declare la existencia de la relación laboral, y se condene al pago de salarios y prestaciones en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales, pues el contrato de prestación de servicios -como ha sostenido el Consejo

c. Un salario como retribución del servicio.

realizan la misma función pero en calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales, pues el contrato de prestación de servicios -como ha sostenido el Consejo

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” 15 Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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de Estado16no puede constituirse en instrumento para desconocer los derechos laborales.

21. En el referido marco estimativo, es claro que no interesa el nombre que se haya dado al vínculo, sino su contenido obligacional material y su real concreción. Si en la ejecución contractual se configuran los señalados elementos esenciales, debe declararse la existencia de la relación laboral.

22. En sentencia proferida el 19 de enero de 2015 por el Consejo de Estado 17, se

puntualizó:

En la actualidad se tiene, que para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos ; especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público.

A contrario, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993 cuando: se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es

A contrario, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993 cuando: se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; se le pagan honorarios por los servicios prestados; y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

23. Tanto el Consejo de Estado 18 cuanto la Corte Constitucional 19 han precisado que la subordinación es uno de los elementos más importantes para desentrañar de un contrato estatal una relación laboral.

24. La coordinación de actividades, siempre requerida para desarrollar de forma adecuada el objeto del contrato de prestación de servicios, implica la sujeción del contratista a ciertas condiciones para su cumplimiento que no constituyen una relación de poder y sujeción entre las partes . Se trata de una consecuencia de la obligación de las entidades públicas de vigilar de forma permanente la correcta ejecución de los contratos estatales, en tanto están involucrados recu rsos públicos y los fines esenciales del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como la efectividad de los derechos e intereses de los administrados20.

Por tanto, el contratante está facultado para supervisar, establecer parámetros, definir condiciones ye incluso proferir instrucciones, con el objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio contratado.

25. De ahí que la Ley 80 de 1993 establezca como deberes de los contratistas la colaboración con las entidades con tratantes en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla, así como el acatamiento de “…las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan…”21.

colaboración con las entidades con tratantes en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla, así como el acatamiento de “…las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan…”21.

26. Ahora bien: cuando se plantea la existencia una relación laboral subyacent e a un contrato de prestación de servicios de carácter estatal, la ventaja probatoria la estableció el legislador a favor del contratante, y no como ocurre en el Código Sustantivo del Trabajo en el que quien presta un servicio personal no está obligado a p robar que lo hizo bajo la continuada subordinación o dependencia. En casos

16 Consejo de Estado, secc. 2ª, sub-secc. “B”, sentencia del 25 de marzo de 2010. CP Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, Exp. 1131-09 17 Sección Segunda, Subsección “A”, con ponencia del Consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, dentro del proceso radicado bajo el número 47001 -23-33-000-2012-00016-01(3160-13), promovido por Esteban Paternostro Andrade contra el SENA 18 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C. cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 25000-23-42-000-2018-01830-01 (2423 -2021)

Accionante: Rigoberto Benavides Cediel Accionado: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 19 Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. 20 Artículo 3º de la Ley 80 de 1993 21 Artículo 5, numeral 2ºMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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como el sub judice solo se desvirtuará la naturaleza del contrato de prestación de servicios si el actor cumple debidamente su carga probatoria. Al respecto, puntualizó el Consejo de Estado:

"De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.16 “En el caso concreto y conforme con el recurso de apelación, debe analizarse si la parte demandante efectivamente demostró que, mientras fue contratada por prestación de servicios, estuvo bajo el elemento de subordinación o dependencia frente al Servicio Nacional de Aprendizaje.

“(…).

“Así, debe recordarse que el elemento de la subordinación requiere, para su configuración, que esta se ejecute de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, es decir, que exista una sujeción o depe ndencia constante de quien presta el servicio respecto de su contratante, elementos que

configuración, que esta se ejecute de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, es decir, que exista una sujeción o depe ndencia constante de quien presta el servicio respecto de su contratante, elementos que no fueron demostrados en el presente caso”. (negrilla del texto original).

27. Para avanzar en el señalamiento del marco de referencia de la decisión a adoptar, ha de refe rirse la Sala a la solicitud que hace la demandante de que se efectúe control de convencionalidad que tome como referente la recomendación 198 de la OIT. A este respecto se precisará que tal control de convencionalidad no es distinto ni independiente del c ontrol de constitucionalidad que los jueces de la República ejercen oficiosa y permanentemente , pues los instrumentos de derecho internacional no tienen carácter supraconstitucional, sino que deben su aplicabilidad en el orden interno al hecho de que la Constitución los integra a su texto y los hace parte del ordenamiento jurídico nacional.

28. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional de manera enfática y reiterada ( Vid. por todas Sentencia C-146 de 2021), las normas de derecho internacional no tienen carácter supraconstitucional, y configuran apenas referentes normativos a tomar en consideración, junto con las normas de nuestra Constitución Políticanorma de normas y fundamento supremo y último de nuestro Estado de Derechoal momento de ejercer la labor jurisdiccional.

29. El entendimiento del llamado control de convencionalidad como ejercicio de contrastación de las normas internas con las internacionales soslaya el hecho de que el nuestro es un Estado soberano que no reconoce órdenes jurídicos superiores a la Constitución, norma suprema del ordenamiento, y que la aplicabilidad que los

contrastación de las normas internas con las internacionales soslaya el hecho de que el nuestro es un Estado soberano que no reconoce órdenes jurídicos superiores a la Constitución, norma suprema del ordenamiento, y que la aplicabilidad que los tratados