TA CAQ - 1800133-33-001-2019-00355-01-(17-05-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá

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Detalles

Título
TA CAQ - 1800133-33-001-2019-00355-01-(17-05-2023)
Autor
Tribunal Administrativo del Caquetá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2.023)

SENTENCIA Nº 070

Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Erika María Nuvan Luna Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria docente - transacción.

Decide la Sala Primera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 22 de abril de 2.022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. A S U N T O P R E V I O.

Si bien el despacho del magistrado ponente tiene en la actualidad bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo con anterioridad al presente asunto -lo que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1 .998 exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho -; es de observar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”, esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tema

los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”, esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, sobre el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado1 ha tenido la oportunidad de pronunciarse fijando una posición consolidada frente al derecho que le asiste al docente oficial, al tratarse de un servidor público, al reconocimiento de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, en aplicación de las Leyes 244 de 1.995 y 1071 del 2.006, motivo por el cual la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada, como se procede.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La demanda2

La señora ERIKA MARÍA NUVAN LUNA , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado respecto de la petición presentada el 1 de octubre de 2.018, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío de las cesantías que le fueron reconocidas ; y a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la indemnización moratoria, co rrespondiente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los 65 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. De igual forma, solicita se ordene la indexación de las sumas reconocidas y el

salario por cada día de retardo, contados desde los 65 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. De igual forma, solicita se ordene la indexación de las sumas reconocidas y el

1 Sentencia de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDAConsejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, veinticinco (18) de julio de 2018, Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15). 2 Anexo 01 del expediente digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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Demandante: Erika María Nuvan Luna Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria docente – transacción.

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cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 al 195 del CPACA.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se afirmó q ue el 6 de abril de 2.018 la demandante solicitó ante el FOMAG el reconocimiento y pago de la s cesantías a las que tenía derecho, la s cuales le fueron reconocidas mediante resolución No. 0546 del 16 de julio de 2.018 , siendo cancelada el 10 de septiembre de 2.018 , cuando el plazo máximo para ello venció el 23 de julio de esa anualidad , por lo que se presentaron 49 días de mora, contados a partir del cumplimiento de los 65 días hábiles que tenía para dicho pago la entidad.

de esa anualidad , por lo que se presentaron 49 días de mora, contados a partir del cumplimiento de los 65 días hábiles que tenía para dicho pago la entidad.

Que, e n consecuencia, mediante escrito del 1 de octubre de 2.018 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, siendo despachada desfavorablemente a través del acto ficto acusado.

Como normas violadas, mencionó las siguientes: Ley 91 de 1989, artículo s 5 y 15; Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2 y Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.

Como sustento del concepto de violación se planteó como único cargo el de infracción en las normas en que la administración debió fundarse.

Luego de reseñar la normatividad aplicable al sub examine , se adujo que el espíritu garantista de la ley 1071 de 2.006, al establecer los términos pere ntorios para el reconocimiento y pago de la cesantía, estaba siendo burlado por la entidad demandada, al cancelar la prestación con posterioridad a los 65 días luego de hab erse realizado la respectiva solicitud, obviando la protección de los derechos del trabajador, haciéndose el FOMAG acreedor a la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

Después de hacer alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema, se indicó que no existía duda respecto del derecho que le asistía al demandante, en tanto ha sido reiterativa la referida jurisprudencia sobre la fórmula de calcular el tiempo en que debe darse respuesta a las peticiones.

2.2. Contestación a la demanda.

ha sido reiterativa la referida jurisprudencia sobre la fórmula de calcular el tiempo en que debe darse respuesta a las peticiones.

2.2. Contestación a la demanda.

La entidad demandada guardó silencio, conforme se hace constar en el expediente3.

2.3. De la solicitud de terminación del proceso por parte del FOMAG al haber suscrito contrato de transacción con la parte actora4.

Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2.020 el FOMAG solicitó la terminación del proceso, dada la suscripción del acuerdo de transacción con la apoderada de la parte demandante.

Dicha solicitud fue despachada en forma desfavorable por el a quo mediante auto de fecha 16 de julio de 2.021, al considerar que el valor transado entre las partes no se ajustaba a los parámetros autorizados por el FOMAG; esto es, que en procesos judiciales -como el presenteen los que la liquidación de la sanción por mora correspondía a un

3 Archivo en PDF N° 01 del estante digital. 4 Archivo en PDF N° 08 del estante digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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Demandante: Erika María Nuvan Luna Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria docente – transacción.

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valor inferior a $ 10.000.000, sólo se podía pagar el 90% del valor de la liquidación, por lo que al realizar la respectiva operación matemática se halló que:

Liquidación en concreto - 10% de la misma= X

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valor inferior a $ 10.000.000, sólo se podía pagar el 90% del valor de la liquidación, por lo que al realizar la respectiva operación matemática se halló que:

Liquidación en concreto - 10% de la misma= X $1.832.860,9 - $183.286,09 = $1.649.574,81, siendo este el valor máximo a reconocer.

Que, en ese entendido, las partes no podían transar ningún valor superior , tal como consta en la cláusula cuarta del correspondiente contrato; que, sin embargo, se reconoció a favor de la demandante la suma de $1.706.456,70 por concepto de sanción por mora, monto superior al que se debía reconocer . Por lo que el contrato de transacción fue rechazado por la iudex a quo.

2.4. Sentencia de primera instancia5.

Mediante sentencia de fecha 22 de abril de 2.022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, se concedieron las pretensiones de la demanda, a saber:

“(…)

(…)”.

Para arribar a tal conclusión, la a quo, luego de realizar la transcripción normativa y jurisprudencial que da cuenta del régimen prestacional que cobija a la demandante y de los fundamentos jurídicos que soportan sus pretensiones, concluyó que se encontraba demostrado que el día 1 de octubre de 2.018 radicó solicitud de retiro de cesantías, como se desprende de la parte considerativa de la Resolución No. 0546 del 16 de noviembre de 2.018 , expedida por la secretaría de educación municipal de

cesantías, como se desprende de la parte considerativa de la Resolución No. 0546 del 16 de noviembre de 2.018 , expedida por la secretaría de educación municipal de Florencia, mediante la cual se reconoció a su favor la suma de $3.505.133,oo m/cte; que el 10 de septiembre de 2.018 se giró a la beneficiaria la suma de $3.505.133,oo m/cte., es decir, que solo hasta tal fecha la entidad demandada realizó el correspondiente giro por concepto de las cesantías reconocidas ; que, en razón a ello,

5 Archivo en PDF N° 34 del estante digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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Demandante: Erika María Nuvan Luna Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria docente – transacción.

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la sanción moratoria correrá setenta 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento.

Que en el interregno entre la solicitud y el pago, esto es, entre el 6 de abril y el 10 de septiembre de 2.018 , se superó el términ o de los 70 días hábiles, que vencían inicialmente el 23 de julio de 2.018 , por lo que a partir del día siguiente y hasta la fecha de pago se contaban los días de sanción moratoria; que, en consecuencia, entre el 24 de julio y el 22 de agosto de 2018 transcurrieron 29 días de mora.

Indicó, igualmente, que teniendo como base la asignación básica devengada por la

el 24 de julio y el 22 de agosto de 2018 transcurrieron 29 días de mora.

Indicó, igualmente, que teniendo como base la asignación básica devengada por la actora para la fecha de la causación de la mora, esto es, para el año 2 .018, momento para el cual devengaba $1.896.063 mensuales, daba como liquidación en concreto: $1.896.063/30 = $ 63.202,1 día de salario x 29 días de mora , para un total de $1.832.860,9 por concepto de indemnización por mora en el pago de las cesantías.

2.5. Recurso de apelación6.

Como razones de inconformidad contra la sentencia de instancia, la parte demanda da indica que la unificación jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los años 2.017 y 2 .018 inicialmente era adversa a la posición sostenida por el Ministerio de Educación Nacional, en relación con la sanción por mora en el pago de las cesantías que se impon ían al FOMAG ; q ue las Altas Cortes determinaron que la sanción por mora sí es aplicable al pago de cesantías del FOMAG, a pesar de que no esté pr evisto en la s Leyes 91 de 1 .989 y 962 de 2 .005; que, no obstante, la presencia de problemas operativos en las entidades territoriales impide el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas resoluciones que reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG.

Que entre las partes demandante y demandada se suscribió un contrato de transacción con anterioridad a proferir se la sentencia de primera instancia , en razón del cual se

las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG.

Que entre las partes demandante y demandada se suscribió un contrato de transacción con anterioridad a proferir se la sentencia de primera instancia , en razón del cual se pagó al docente el día 21 de agosto de 2.020 la suma de $1.706.457; por lo que resulta improcedente que mediante sentencia se ordene el pago de la sanción moratoria, como quiera que podría configurarse un doble pago, un detrimento patrimonial, así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas y aceptadas por el apoderado de la parte demandante.

Finalmente, sobre la condena en costas impuesta en primera instancia, manifiesta que se aparta de la pacífica jurisprudencia del Consejo de Estado, al señalar una imputación de condena en costas objetiva, sin tener presente que en la jurisdicción contencioso administrativa, como lo ha señalado la sección segunda, se debe tener en cuenta la actuación de la parte que apodero, en la medida que siempre actuó de acuerdo con lo señalado por la ley 91 de 1989.

III. C O N S I D E R A C I O N E S.

3.1. Competencia.

6 Anexo 37 del Expediente Digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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Demandante: Erika María Nuvan Luna Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria docente – transacción.

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El Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, conforme

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El Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2.011.

3.2. Problema jurídico.

Conforme a los argumentos de la alzada, corresponde a la Sala definir si se debe tener en cuenta el valor pagado por la entidad demandada a la parte actora, producto del contrato de transacción suscrito entre las partes durante el trámite del proceso, antes de que se dictara sentencia de primera instancia; y, por otro lado, si se debe acudir a aspectos subjetivos en la actuación de las partes a fin de definir la condena en costas.

De la s respuestas que se d en a dichos problemas, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, revoque o modifique.

3.3. Marco legal de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, al tenor de las Leyes 244 de 1.995 y 1071 de 2.006.

La Ley 244 de 1.9957 fijó los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas -inicialmentede los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado, estableciendo una sanción por la mora en el pago tardío de las mismas8.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1071 de 2 .0069 se adicionó y modificó la anterior disposición, haciéndola extensiva al pago de las cesantías parciales, en los siguientes términos:

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1071 de 2 .0069 se adicionó y modificó la anterior disposición, haciéndola extensiva al pago de las cesantías parciales, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funcione s públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

7 “Por medio de la se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”. 8“Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una

Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una vez aportados los requ isitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada re conocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. S in embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.” 9 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos:

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.

2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este art ículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Así, se tiene que la referida ley amplió la posibilidad del reconocimiento de sanción moratoria frente a l trámite de solicitud de cesantías parciales, pero manteniendo la regulación concerniente a los términos para resolver la solicitud de cesantías definitivas o parciales: 10 días para ordenar correcciones o adiciones a la solicitud si a ello hubiere lugar, 15 días para resolver la solicitud, 5 días de ejecutoria y 45 para el pago efectivo; es decir, que en regularidad de circunstancias entre la radicación de la solicitud y el

lugar, 15 días para resolver la solicitud, 5 días de ejecutoria y 45 para el pago efectivo; es decir, que en regularidad de circunstancias entre la radicación de la solicitud y el pago de la prestación deben transcurrir máximo 65 días10. De igual manera, se reitera que la sanción corresponde a un día de salario por cada día de retardo, para cuya acreditación basta con certificar el no pago dentro de aquéllos términos; aunque en este punto debe aclararse que la pauta jurisprudencial orienta que cuando la mora ocurre en la expedición del acto de reconocimiento, el cómputo de los

10“…existe línea jurisprudencial de la Sección Segunda en el sentido que el término para efectuar el pago efectivo de las cesantías es de 65 días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud, si ésta reúne los requisitos necesarios para su reconocimiento. Este término comprende quince (15) días hábiles para expedir la Resolución de liquidación de las cesantías definitivas, cinco (5) días hábiles de su ejecutoria, y cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de la presta ción social.” (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 11 de julio de 2013, expediente 1496 11)Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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términos se inicia a partir de la fecha de radicación de la solicitud, a razón de 65 días, puesto que “no se compadece con el sentido de la normatividad mencionada qu e la indemnización por la falta de pago oportuno de cesantías se genere sólo ante el incumplimiento del término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el acto administrativo que las reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo11”.12

Ahora, sobre la calidad de empleado público de los docentes, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2.018 manifestó:

"Los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que d e carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia

docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonant e esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional"13

Así mismo, indicó a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, así:

"La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación socialcesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución . Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábile s discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de

del día en que quedó en firme la resolución . Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábile s discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006". (Negrilla fuera de texto).

Respecto a la exigibilidad de la sanción moratoria, concluyó la misma sentencia:

“3.5.1 Unificar jurisprudenc ia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

11 Nota original: “Ha sido lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. V. gr sentencia de la Subsección B, del 24 de abril de 2008, radicado interno 7008 -2005, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante, que a su vez hace mención a la sentencia del 7 de diciembre de 2000, Subsección A, radicado interno 2020-00, CP. Dr. Alberto Arango Mantilla, y a la sentencia del 12 de diciembre de 2002, Subsección B, radicado interno 1604-01, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante.” 12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2013, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente nº 1496-11. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación No.

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente nº 1496-11. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación No. 73001233300020140058001 (496115), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00355-01

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3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley4 para que la entidad int entara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual

al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva.

Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el p ago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto. 3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el

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