TA CAQ - 1800133-33-002-2014-00680-01-(23-03-2023)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

-DESPACHO CUARTOMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia – Caquetá, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado 18001-33-33-002-2014-00680-01

Demandante MARÍA INÉS GUTIÉRREZ DE JIMÉNEZ

Demandado MUNICIPIO DE CURILLO Tipo de expediente FÍSICO

Tema: Pensión de sobreviviente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia del 31 de enero de 2017, mediante la cual, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.

Pretende la parte actora que se d eclare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto generado con ocasión del silencio administrativo negativo, respecto de la petición de pensión de sobreviviente presentada el 18 de marzo de 2013.

Que a título de restablecimiento del derecho, se condene al municipio de Curillo, a reconocer y pagar pensión de sobreviviente a favor de la señora María Inés Gutiérrez de Jiménez, en calidad de cónyuge supérstite del causante Gildardo Jiménez García, en aplicación del

y pagar pensión de sobreviviente a favor de la señora María Inés Gutiérrez de Jiménez, en calidad de cónyuge supérstite del causante Gildardo Jiménez García, en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que exigía 26 semanas de cotización, teniendo en cuenta que el fallecimiento ocurrió bajo su amparo; efectiva desde el 30 de abril de 1995 (fecha del fallecimiento) y con efectos fiscales a partir del 18 de marzo de 2010. Así mismo solicita el reconocimiento de intereses moratorios, se indexen los valores de conformidad con el IPC, y se condene en costas a la entidad demandada.

Como hechos relevantes se traen a colación los siguientes:

1. Que el señor Gildardo Jiménez García nació el 04 de abril de 1994 (sic) y falleció el 30 de abril de 1995, por causas de origen común.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01

María Inés Gutiérrez de Jiménez

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2. Relaciona las entidades donde laboró el señor Jiménez García de la siguiente manera:

RESUMEN DE TIEMPO COTIZADO EMPLEADOR DESDE HASTA CAJA SEMANAS Sin Nombre 03/06/1973 01/09/1974 ISS 65.14

Instituto Departamental de Salud del Caquetá 20/01/1975 31/12/1975 CAJANAL 48.71 Hospital Ma. Inmaculada 01/01/1976 16/12/1977 CAJANAL 52.85 Instituto Departamental de Salud – Hospital San Roque

20/01/1975 31/12/1975 CAJANAL 48.71

Hospital Ma. Inmaculada 01/01/1976 16/12/1977 CAJANAL 52.85 Instituto Departamental de Salud – Hospital San Roque 01/01/1978 10/04/1981 CAJANAL 164.14 Alcaldía Municipal Curillo – Caquetá 20/09/1986 31/08/1988 (Sin aportes) 100 Asamblea Departamental 01/10/1991 29/11/1991 (Sin portes) 8.4 Alcaldía Municipal Curillo – Caquetá 01/06/1992 31/12/1994 (Sin aportes) 132.71

TOTAL DE 11 AÑOS Y 10 MESES EQUIVALENTE A 3.990 DÍAS – 571 SEMANAS APROXIMADENTE

3. Indicó que el señor Gildardo Jiménez García prestó sus servicios a la alcaldía municipal de Curillo durante 2 años y 7 meses, equivalentes a 930 días y 123,85 semanas, acumulando más de 26 semanas cotizadas durante el último año de servicio de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original.

4. Señaló que el señor Gildardo Jiménez se desempeñó como alcalde del municipio de Curillo, sin que realizara a su favor cotización alguna que le cobijara las contingencias derivadas de la invalidez, vejez y muerte a ninguna caja o fondo de previsión.

5. Refirió que el señor Gildardo Jiménez García y la señora Maria Inés Gutiérrez De Jiménez contrajeron matrimonio católico el día 17 de ago sto de 1973; como fruto de

5. Refirió que el señor Gildardo Jiménez García y la señora Maria Inés Gutiérrez De Jiménez contrajeron matrimonio católico el día 17 de ago sto de 1973; como fruto de dicha unió concibieron dos hijos: WILFRED JIMÉNEZ GUTIÉRREZ y GIOVANNY

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ.

6. Arguyó que e l 18 de m arzo de 2013 la señora María Inés Gutiérrez De Jiménez , solicitó al Municipio de Curillo el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge del causante, y el 24 de octubre de 2013 requiere nuevamente al ente territorial, para que se pronunciara de fondo frente a la solicitud de pensión, sin que, a la fecha de la presentación de la demanda, se hubiese dado respuesta.

7. Menciona que la situación económica de la señora María Inés Gutiérrez De Jiménez desmejoró desde el fallecimiento de su esposo debido a que era él quien le colaboraba directamente para su sostenimiento.

Como normas violadas señaló los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política Nacional; Ley 1437 de 2011, artículos 1, 3, 103, 104, 138, 154 - 158 y 161; Ley 100 de 1993, artículos 46 inciso segundo (original), 141 y 288.

En el concepto de violación, indicó que el acto acusado está viciado de nulidad por violación de normas superiores, ya que desconoció el marco jurídico en materia pensional que cobija a la demandante, es decir la Ley 100 de 1993 original, y los principios Constitucionales de

de normas superiores, ya que desconoció el marco jurídico en materia pensional que cobija a la demandante, es decir la Ley 100 de 1993 original, y los principios Constitucionales de Igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad e inescindibilidad. Afirma que una vez analizados los requisitos exigidos por el artículo 46 de laSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 3 de 18 Ley 100 de 1993 original, la accionante cumple con los mismos: 26 semanas de cotización previos a la fecha del deceso, pues el causante al momento de su muerte tenía acumuladas más de las exigidas.

Indica que la entidad demandada al no dar respuesta alguna habiendo transcurrido más de nueve (9) meses desde qu e se presentó la petición y sin haberse notifica do decisión que resolviera la petición, dio lugar a la configuración del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo , cuya nulidad se pretende al desconocer los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Frente a los hechos, refirió que el señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D), no nació el 04 de abril de 1994, sino el 04 de abril de 1949 , y murió como consecuencia de un shock hipovolémico causado por heridas de armas de fuego en tórax.

Indicó, que si bien en la demanda se afirmó que el señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D)

hipovolémico causado por heridas de armas de fuego en tórax.

Indicó, que si bien en la demanda se afirmó que el señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D) laboró desde 1976 hasta 1981, no figura prueba en el proceso que corrobore tal afirmación, y por ello solicita que no se tengan en cuentas dichos tiempos.

Adujo que el señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D), prestó sus servicios al municipio de Curillo, como representante legal, entre el 01/06/1992 al 31/12/1994, p ero en dicho periodo no se efectuaron cotizaciones al SGSS, ni a ningún fondo de pensiones, por lo tanto, no se cumplió con el requisito de las 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior, siendo imputable la omisión al representante legal del ente territorial, y que por ello no es viable alegar su propia culpa a su favor, por lo tanto, solicita el despacho desfavorable de las pretensiones.

Refiere que no obra prueba en el proceso, de la convivencia del señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D) y María Inés Gutiérrez, como tampoco la dependencia económica.

Propuso las siguientes excepciones:

i). Inaplicación de Régimen General de Pensiones, Inaplicación de Régimen General de Pensiones. Afirma que el régimen aplicable para el caso del señor Gildardo Jiménez García es el establecido en la Ley 33 de 1985 el cual regula las prestaciones sociales para el sector público, por lo tanto , no es dable aplicar el régimen establecido en la Ley 100 de 1993 tal como lo pide la demandante

es el establecido en la Ley 33 de 1985 el cual regula las prestaciones sociales para el sector público, por lo tanto , no es dable aplicar el régimen establecido en la Ley 100 de 1993 tal como lo pide la demandante

ii). Prescripción: Luego de realizar análisis jurisprudencial, concluye que la demandante pretende que se le reconozca el pago de la pensión desde la fecha en que fallece el señor Gildardo; sin embargo, esta no es procedente porque dicha reclamación se realizó de forma tardía, pues teniendo en cuenta que el señor fallece en abril de 1995, fue hasta el 18 de marzo de 2013 que se realizó la petición para el reconocimiento de dicha pensión, por lo tanto no es dable ni procedente, pues las mesadas reclamadas les ha surgido el f enómeno jurídico de la prescripción.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 4 de 18 Como argumento de defensa, indicó que el régimen aplicable al caso del señor Gildardo -causante de la reclamación de una pensión de sobrevivientees la contenida en la Ley 33 de 1985, pues es la que regula las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público, y en razón de ello, debe acreditar los requisitos consagrados en el artículo 1°: tener 55 años de edad y haber prestado 20 años de labor continua o discontinua al Estado. Afirma que el señor Gildardo no los cumplía, puesto que falleció a los 46 años de edad y laboró en el sector público por solo 9 años, por lo tanto , a la demandante no le asiste el derecho de

que el señor Gildardo no los cumplía, puesto que falleció a los 46 años de edad y laboró en el sector público por solo 9 años, por lo tanto , a la demandante no le asiste el derecho de pensión de sobreviviente.

Citó la sentencia C –083 de 1995 , la cual hace referencia al principio NEMO AUDI TUR PROPIAM TURPITUDENIM ALLEGANS, el cual significa que “nadie puede alegar su propia culpa”.

Señaló los artículos 4, 15 y 22 de la Ley 100 de 1993, para señalar que la seguridad social es un servicio público obligatorio, y los servidores públicos deben estar afiliados al sistema general de pensiones, cuyo empleador será el responsable del pago de los aportes.

I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017, resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.

Luego de hacer un análisis de la Ley 100 de 19 93, concluyó el a quo, que la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones constituye la posibilidad al trabajador para satisfacer los requisitos exigidos por el legislador para, a futuro, acceder al reconocimiento y pago de una prestación pensional, y que dicha afiliación es obligatoria para todos los trabajadores, la cual se encuentra en cabeza del empleador quien es el responsable de realizar pago de su aporte como el de sus trabajadores.

Concluyó que no se cumple con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación reclamada por la demandante en calidad de cónyuge supérstite, pues de lo

realizar pago de su aporte como el de sus trabajadores.

Concluyó que no se cumple con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación reclamada por la demandante en calidad de cónyuge supérstite, pues de lo aportado en el proceso se pudo establecer que el señor Gildardo laboró como Alcalde del Municipio de Curillo por 2 años y 7 meses , y no se realizó ninguna cotización para amp arar las contingencias derivadas de la invalidez, vejez o muerte a ninguna caja o fondo de prevención, aunque podría decirse que de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia, ante la negativa a realizar los pagos o aportes a un fondo prestacional por parte del empleador no es concebible que sea el trabajador quien pague l as consecuencias de dicho acto; sin embargo encontramos que el responsable de realizar dicho aporte era el representante legal del municipio de Curillo, en este caso, el señor Gildardo era el alcalde del municipio y era su responsabilidad realizar el pago o aporte a un fondo prestacional.

I.4. RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado de la parte demandante indicó que el a quo afirmó que en el señor Gildardo Jiménez García confluían las circunstancias de empleador y trabajador, y que por lo tanto élSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 5 de 18 mismo tenía que hacerse los descuentos para aportes al SGSS, y que no es posible presumir su buena fe, y que tampoco se probó su mala fe.

Refirió que el cargo de alcalde es de carácter transitorio y en razón del mandato constitucional

su buena fe, y que tampoco se probó su mala fe.

Refirió que el cargo de alcalde es de carácter transitorio y en razón del mandato constitucional –art. 209debía cumplir con los principios de moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, por lo tanto, el señor Gildardo Jiménez García no podía realizar sus propios descuentos, siendo la delegación la figura empleada en los entes territoriales para que los secretarios, jefes de departamento, gerentes de entidades descentralizadas, jefes de las unidades administrativas, entre otros, celebren contratos, ordenen el gasto y demás, siendo responsable el delegatario.

Expresó que el señor Gildardo Jiménez García no actuó de mala fe al no realizar los respectivos pagos y aportes a seguridad Social, así mismo, que, para esa época, la afiliación al SGSS se encontraba en transición para los servidores públicos territoriales, ya que se hizo obligatoria a partir del 01/07/1995 –Decreto 1068 de 1995 -, por lo que tampoco puede exigírsele cotizaciones a una Caja de Pensión Social, ya que el municipio de Curillo no la tenía.

Por último, manifiestó que, en caso de no acogers e los argumentos del recurso, se analice la condena en costas, al no encontrarse de acuerdo con l os argumentos expuestos por el a quo.

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación; el Municipio de Curillo reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y el Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES.

de Curillo reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y el Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES.

II.1. COMPETENCIA.

Por la naturaleza del proceso, de acuerdo a los artículos 153 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

II.2. ACTO ACUSADO.

Acto ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo, frente a la petición de fecha 18 de marzo de 2013, en la que se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora María Inés Gutiérrez De Jiménez, en calidad de cónyuge supérstite del señor Gildardo Jiménez García (q.e.p.d), en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS.

1. ¿Es procedente que el municipio de Curillo reconozca y pague pensión de sobreviviente a favor de la señora MARÍA INÉS GUTIÉRREZ DE JIMÉNEZ, en calidadSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01

María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 6 de 18 de cónyuge supérstite del s eñor GILDARDO JIMÉNEZ GARCÍA (Q. E.P.D), en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pese a que en los últimos años de

de cónyuge supérstite del s eñor GILDARDO JIMÉNEZ GARCÍA (Q. E.P.D), en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pese a que en los últimos años de servicio -1992 a 1994-, y previo a la entrada en vigencia de dicha ley, no se efectuaron aportes al Fondo de Previsión Social?

2. ¿Es procedente imponerle a la señora MARÍA INÉS GUTIÉRREZ DE JIMÉNEZ las cargas negativas derivadas del no pago de los aportes a pensiones durante el tiempo en que su esposo fallecido fue alcalde de Currillo, y producto de ella negarle el acceso a la pensión de sobrevivientes?

II.4. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.

Pretende la parte actora la nulidad del acto ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo, frente a la petición de fecha 18 de marzo de 2013, en la que se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señ ora María Inés Gutiérrez De Jiménez, en calidad de cónyuge supérstite del señor Gildardo Jiménez García (q.e.p.d), en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte , el municipio de Curillo afirmó que no es procedente dicho reconocimiento , teniendo en cuenta que el señor Gildardo Jiménez García (q.e.p.d) para los años 1992 a 1994, fungió como alcalde de dicha municipalidad, y bajo su cabeza recaía la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por lo tanto, no puede alegar

1994, fungió como alcalde de dicha municipalidad, y bajo su cabeza recaía la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por lo tanto, no puede alegar su propia culpa a su favor.

Así mismo, indicó que la norma aplicable al caso concreto, es la Ley 33 de 1985, vigente para la época de su fallecimiento, la cual exige 55 años de edad y 20 años de servicio, requisitos que no se cumplen, teniendo en cuenta que Gildardo Jiménez García (q.e.p.d) falleció a los 46 años de edad y tan solo contaba con 9 años de servicio en el sector público.

El juez de primera instancia, siguiendo la línea trazada por la defensa de la entidad accionada, resolvió negar las súplicas de la demanda.

- FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL ACTO FICTO O PRESUNTO.

Frente al silencio administrativo negativo, el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, dispone:

“Artículo 83. Silencio negativo . Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. … La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.”Sentencia de Segunda Instancia

que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.”Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 7 de 18 Se encuentra acreditado en el proceso, que el pasado 18 de marzo de 2013 –folio 18 CP1a través de apoderado se radicó petición ante la Alcaldía Municipal de Curillo, solicitando el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de María Inés Gutiérrez de Jiménez, en los términos del artículo 46 de la ley 100 de 1993, en calidad de cónyuge supérstite de l señor Gildardo Jiménez García (Q.E.P.D) , pero la entidad no emitió respuesta alguna, siendo corroborada dicha omisión en la contestación de la demanda, por lo tanto se declarará la configuración del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo.

- SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El artículo 48 Constitucional adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 - dispone que la seguridad social es (i) un “servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado”; y (ii) un derecho fundamental irrenunciable, que debe ser ampliado de manera progresiva para asegurar sus beneficios a todos los habitantes del territorio nacional bajo los principios de eficiencia, solidaridad, universalidad y sostenibilidad.

debe ser ampliado de manera progresiva para asegurar sus beneficios a todos los habitantes del territorio nacional bajo los principios de eficiencia, solidaridad, universalidad y sostenibilidad.

Frente al carácter irrenunciable de la seguridad social, la Corte Constitucional en sentencia C-967 de 2003, dijo lo siguiente:

“El derecho irrenunciable a la seguridad social a que se refiere de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución no está consagrado expresamente en las normas superiores como un derecho fundamental. Sin embargo, adquiere tal carácter cuando según las circunstancias del caso su no reconocimiento puede poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la personalidad. En relación concreta con el derecho a la seguridad social en pensiones, esta Corporación ha sido enfática al establecer que adquiere la mencionada categoría de fundamental por conexidad, cuando su d esconocimiento afecta derechos fundamentales. Así por ejemplo, refiriéndose al carácter fundamental que tiene para las personas de la tercera edad el derecho al pago de una pensión de jubilación reconocida”.

En virtud de la norma precitada –art. 48 CPN-, se expidió la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, la cual tiene por objeto “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”. En su artículo 8 se consagró, que el Sistema de Seguridad Social Integral “ es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por

acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”. En su artículo 8 se consagró, que el Sistema de Seguridad Social Integral “ es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios (…).”

Según el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones tiene como objeto “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones (…), así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.”Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 8 de 18 El sistema de pensiones está conformado por dos regímenes: i). El de prima media con prestación definida y ii). Ahorro individual con solidaridad. En ambos regímenes se reconocen las pensiones vejez, invalidez y sobrevivientes, teniendo en cuenta la suma de las semanas cotizadas. El primero se reconoce adicionalmente la indemnización sustitutiva de las pensiones en caso de que el afiliado no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Respecto a la pensión de sobrevivientes la Corte Constitucional en sentencia C-556 de 2009, consideró que su naturaleza es “ (…) suplir la ausencia repentina del apoyo económico del

Respecto a la pensión de sobrevivientes la Corte Constitucional en sentencia C-556 de 2009, consideró que su naturaleza es “ (…) suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado al grupo familiar, con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsi stencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación.”

- NORMAS DE LA LEY 100 DE 1993 QUE APLICAN AL CASO.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, disponía lo siguiente:

ARTICULO. 46.- Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes . Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y

b) Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

PARAGRAFO. -Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.

se produzca la muerte.

PARAGRAFO. -Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.

La norma anterior hace distinción entre dos tipos de beneficiarios a saber: 1). Los miembros del grupo familiar del pensionado, y 2) LOS miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, condicionando el segundo a un mínimo de 26 semanas de cotización, bien sea, al momento de la muerte, o en el año inmediatamente anterior a la muerte.

Ahora, en lo que respecta a los beneficiarios de la prestación reclamada, tenemos que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, establece el siguiente orden:

ARTICULO. 47.- Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 9 de 18 a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con

éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;

(El texto en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001).

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;

c) A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

En lo referente al monto de la pensión de sobreviviente, el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 832 de 1996, contempla lo siguiente:

ARTICULO. 48.-Monto de la pensión de sobrevivientes . El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado

pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley.

No obstante, lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2014-00680-01 María Inés Gutiérrez de Jiménez

Página 10 de 18 - LEY 6 DE 1945.

En el sector público, la Ley 6 de 1945 , por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo , en su artículo 17 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían de las siguientes prestaciones:

“b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado a

especial de trabajo , en su artículo 17 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían de las siguientes prestaciones:

“b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo …”

- LEY 33 DE 1985.

La anterior disposición fue modificada por la Ley 33 de 1985 , por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Pr