TA CAQ - 1800133-33-002-2015-00625-01-(26-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Tema: Conscripto. Reclutamiento indebido por condición de desplazado.

Acta número 76.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación presentados por ambas partes contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Alejandro Sánchez Casas, Claudia Lorena Lugo Cárdenas, Israel Vanegas Tovar, Cecilia y William Casas Gómez, Yan Carlos y Dania Lorena Vanegas Casas por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable por los perjuicios causados a los demandantes por el reclutamiento de Alejandro Sánchez Casas para la prestación del servicio militar obligatorio desde el 26 de junio

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable por los perjuicios causados a los demandantes por el reclutamiento de Alejandro Sánchez Casas para la prestación del servicio militar obligatorio desde el 26 de junio

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 42.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 2 de 21

hasta el 26 de agosto de 2013, «sin que el Ejército Nacional tuviera en cuenta que su calidad de desplazado, lo exoneraba de prestar dicho servicio al Estado».

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los

perjuicios así:

a. Morales. Demandante Calidad SMLMV Alejandro Sánchez Casas Víctima directa 120

Claudia Lorena Lugo Cárdenas Compañera permanente 100 Cecilia Casas Gómez Madre 100 Israel Vanegas Tovar Padrastro 100 William Casas Gómez Hermano 60 Yan Carlos Vanegas Casas Hermano 60 Dania Lorena Vanegas Casas Hermano 60

1. Se actualicen las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la decisión definitiva, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y s.s. del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. En enero de 2009, Alejandro Sánchez Casas y su familia fueron víctimas de amenazas por parte de las FARC, por ello, se tuvieron que desplazar forzadamente de su lugar de residencia -Municipio de San Vicente del Caguánal Municipio de El Doncello.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 3 de 21

1. Pusieron en conocimiento su situación de desplazamiento y fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 25 de febrero de 2009.

1. Posteriormente, regresaron al casco urbano del Municipio de San Vicente del

Caguán.

1. Para el año 2013, Alejandro Sánchez Casas trabajaba en el lavadero de carros

1. Posteriormente, regresaron al casco urbano del Municipio de San Vicente del

Caguán.

1. Para el año 2013, Alejandro Sánchez Casas trabajaba en el lavadero de carros «Lavadero J» de dicho municipio, con lo cual derivaba su sustento y el de su familia.

1. El 26 de junio de 2013, aproximadamente a las 6:30 p.m., luego de cumplir su jornada laboral, se dirigió a su casa de habitac ión, sin embargo, durante el trayecto fue retenido por el Ejército Nacional y trasladado al Batallón de Infantería 36 “Cazadores” del mismo municipio.

1. Cuando Cecilia Casas Gómez se enteró del reclutamiento de su hijo, se dirigió a las instalaciones del batallón y manifestó a los encargados la situación de desplazado; para ello, exhibió todos los documentos que acreditaban tal condición.

1. Alejandro Sánchez no «aguantó la vida castrense» y los malos tratos a los que se veía sometido, por tanto, decidió fugarse de la institución militar para retornar al seno de su familia.

1. Prestó el servicio militar de forma indebida desde el 26 de junio hasta el 26 de agosto de 2013.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, bajo el argumento de que no está probado el vínculo marital de Alejandro Sánchez Casas y Claudia Lorena Lugo Cárdenas ni la calidad de padre de crianza de Israel Vanegas Tovar.

Sostuvo que no existen pruebas de reparos en la incorporación del demandante, por lo que

Alejandro Sánchez Casas y Claudia Lorena Lugo Cárdenas ni la calidad de padre de crianza de Israel Vanegas Tovar.

Sostuvo que no existen pruebas de reparos en la incorporación del demandante, por lo que no existe ningún daño que deba ser reparado; además, que tampoco se indicó algún perjuicio mientras prestaba el servicio militar obligatorio que pueda ser indemnizado.

2 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 120.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 4 de 21

Citó el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 para señalar que el demandante no se encontraba en ninguna exención para la prestación del servicio militar obligatorio. También se opuso al reconocimiento de los perjuicios deprecados.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 , el Juzgado Segundo Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL , frente a los demandantes CLAUDIA LORENA LUGO CÁRDENAS y ISRAEL VANEGAS TOVAR, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, causados al señor ALEJANDRO SÁNCHEZ CASAS , como consecuencia de ser compelido desde el 20 de junio de 2013 al 28 de julio de 2013 en el Batallón de Infantería de selva No. 35 “Héroes del Guepi”.

CUARTO: (sic) En consecuencia, CONDÉNESE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO, a reconocer y pagar a los accionantes en calidad de

perjuicios morales las siguientes sumas:

Para el joven ALEJANDRO SÁNCHEZ CASAS como directo perjudicado, a la señora CECILIA CASAS SANCHEZ en calidad de madre de la víctima, y a CLAUDIA LORENA LUGO CARDENAS en calidad de compañera permanente la suma de cinco (5) SMLMV para cada uno de ellos.

Para WILLIAM CASAS GOMEZ, YAN CARLOS VANEGAS CASAS y DANIA LORENA VANEGAS CASAS, en calidad de hermanos se recocerá la suma de dos punto cinco ( 2.5) SMLMV para cada uno de ellos; y Para ISRAEL VANEGAS TOVAR en calidad de padrastro la suma de cinco (5) SMLMV.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte vencida. Por secretaría realizar la liquidación de conformidad a los parámetros establecidos en la parte considerativa

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte vencida. Por secretaría realizar la liquidación de conformidad a los parámetros establecidos en la parte considerativa de este proveído, esto es, en el equivalente al 4% del valor de las pretensiones concedidas en el sub lite.

Luego de estudiar la caducidad del medio de control y la legitimación por activa de los demandantes, abordó i) el contexto normativo de la prestación del servicio militar obligatorio y cuando se trata de personas víctimas del conflicto a rmado; ii) el debido proceso en los trámites de reclutamiento e incorporación al servicio militar; y iii) la medida

3 Archivo 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 5 de 21

de compeler a quienes no han cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar.

Después refirió los hechos probados en el proceso para indicar que la incorporación de Alejandro Sánchez Casas vulneró el debido proceso, toda vez que su incorporación inicialmente se dio mediante la modalidad de redadas o batidas cuando fue compelido por la autoridad castrense mientras se d esplazaba por la calle, lo cual está prohibido por la Constitución al tratarse de una medida restrictiva de la libertad personal que carece de autorización judicial.

También consideró que la entidad demandada no demostró que se agotara el procedimiento previo de inscripción y las etapas subsiguientes, de las cuales se pudiera

autorización judicial.

También consideró que la entidad demandada no demostró que se agotara el procedimiento previo de inscripción y las etapas subsiguientes, de las cuales se pudiera establecer que el actor era apto para el servicio e hiciera obligatoria su incorporación, «procediendo a citarlo y ante su no comparecencia, siendo formalmente declarado como remiso y, por ende, tener la potestad de compelerlo a prestar el servicio militar».

Expuso que sí se demostró la situación de víctima del conflicto armado, pues se aportó la certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas del 29 de mayo de 2015, en la cual se consignó que esta calidad la ostentaba desde el 12 de enero de 2009, circunstancia que lo eximiría de la prestación del servicio militar obligatorio. Esto, aunado a que la demandante, Cecilia Casas Gómez, se dirigió varias veces a la institución militar sin obtener resultados, lo cual no fue controvertido por la entidad demandada.

En lo que toca a los perjuicios, reconoció únicamente los morales y frente al daño a la salud (antes vida en relación) manifestó que no fue demostrado.

1.4. Recursos de apelación.

1.4.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, presentó el recurso de apelación. Sostuvo que se deben negar las pretensiones de la demanda porque i) no se acreditaron los perjuicios inmateriales ordenados en la sentencia; y ii) no hay pruebas para que pueda ser declarada la falla en el servicio.

de apelación. Sostuvo que se deben negar las pretensiones de la demanda porque i) no se acreditaron los perjuicios inmateriales ordenados en la sentencia; y ii) no hay pruebas para que pueda ser declarada la falla en el servicio.

4 Expediente digitalizado archivo 2, pág. 36.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 6 de 21

Manifestó que el a quo trasladó la carga de la prueba a la entidad «de que el demandante no hubiera acudido a informar la situación exenta en prestar el servicio militar obligatorio cuando el demandante que debía acreditar con prueba sumaria que había acudido a informar tal situación, y no tan solo con el testimonio o la declaración de una de las demandantes y que tiene interés en las resultas del proceso como es la madre del joven incorporado, que por demás no es precisa en las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde informó tal situación, asunto que es de importancia porque eso no permit ió a la entidad conocer de manera integral y poder tomar una decisión administrativa diferente a la incorporación del joven».

1.4.2. Parte demandante.5

Sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta la prueba testimonial para tasar los perjuicios morales, los cuales de manera clara y expresa, expusieron el padecimiento que sufrió todo el núcleo familiar de Alejandro Sánchez Casas, no solo durante el tiempo que permaneció en la insti tución castrense, sino en el proceso de incorporación. En el mismo sentido se

morales, los cuales de manera clara y expresa, expusieron el padecimiento que sufrió todo el núcleo familiar de Alejandro Sánchez Casas, no solo durante el tiempo que permaneció en la insti tución castrense, sino en el proceso de incorporación. En el mismo sentido se pronunció frente al daño a la vida en relación – daño a la salud.

Sobre las agencias en derecho, manifestó que no se tuvo en cuenta que dentro de la actuación, le tocó movilizar todo el aparato judicial desde la presentación de la conciliación prejudicial, la demanda, la contestación de las excepciones, el traslado de los testigos y la presentación de las alegaciones finales, por tanto, se debía reconocer más del 4% del valor de lo reconocido.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En el auto proferido el 14 de enero de 2021 , se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 19 de mayo de 2020.6

1.5.2. Alegatos de conclusión.

5 Archivo 05. 6 Archivo 25.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 7 de 21

El 21 de enero de 2021 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.7

Página 7 de 21

El 21 de enero de 2021 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.7

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Reiteró los argumentos del recurso de apelación.8

1.5.2.2. Parte demandante. Volvió sobre lo expuesto en la alzada.9

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por el reclutamiento del señor Alejandro Sánchez Casas para prestar el servicio militar obligatorio a pesar que era desplazado por la violencia ; y en caso afirmativo, ii) si debe incrementarse el monto de los perjuicios morales y reconocerse el daño a la salud – vida en relación.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la

en relación.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Marco normativo y jurisprudencial.

7 Archivo 30. 8 Archivo 32. 9 ArchivoSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 8 de 21

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.10

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proces o no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado11.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo so bre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-2003elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

10 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 11 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 12 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 9 de 21

Debe, sin duda, plantearse u n juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba

escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iu ra novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del d año antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del d año antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

2.4. Hechos probados.

En el plenario, se encuentran los siguientes:

1. Según la certificación expedida el 29 de mayo de 2015 por la Unidad Nacional de Víctimas, los señores Cecilia y William Casas Gómez, Alejandro Sánchez Casas, Yan Carlos y Dania Lorena Vanegas Casas están registrados como víctimas de desplazamiento forzado, desde el 12 de enero de 2009.13

1. En el Oficio 1098 del 13 de octubre de 2013 se certificó que Alejandro Sánchez Casas fue incorporado por el Batallón de Infantería 35 “Héroes del Guepi”.14

1. En el informe 001 del 16 de julio de 2013, se comunicó al comandante del batallón que el soldado campesino, Alejandro Sánchez Casas, salió de la unidad y se fugó.15 Por ello, fue declarado desertor desde ese día.16

13 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 25. 14 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 182. 15 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 185. 16 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 187.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 10 de 21

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 10 de 21

1. Es decir, Alejandro Sánchez estuvo prestando el servicio militar obligatorio desde el 20 de junio hasta el 28 de julio de 2013.17

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto.

2.5.1. Sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Como se consignó en el acápite anterior, Alejandro Sánchez Casas fue reclutado para prestar el servicio militar en el año 2013, a pesar de que, desde 2009, era considerado como víctima de desplazamiento forzado por la violencia.

El artículo 216 de la Constitución Política prevé que «la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo». A su turno, la Ley 48 de 1993 (reglamentada por el Decreto 2048 de 1993) sobre el reclutamiento, consagró exenciones: i) en todo tiempo: cuando se trate de limitados físicos y sensoriales permanentes y los indígenas que residan en su territorio; y ii) en tiempos de paz para los clérigos y religiosos, el hijo único hombre o mujer, los casados que hagan vida conyugal, inhábiles relativos y permanentes, entre otros.

Luego, la Ley 1448 de 2011 «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», en el artículo 140 consagró:

Luego, la Ley 1448 de 2011 «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», en el artículo 140 consagró:

ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T -373 de 2013, expuso sobre la condición de desplazamiento forzado y la mentada obligación constitucional lo siguiente:

4.7. Adicional a lo anterior, al proferirse la sentencia T-025 de 2004 y la declaratoria del “Estado de cosas inconstitucional” emitida por esta corporación, se definió una nueva “excepción temporal” para aquellas personas en condición de desplazamiento forzado que se hallan en edad de prestar el servicio militar, con el objeto principal de garantizar el derecho fundamental a la personalidad jurídica. La anterior situación se presentó como solución a los múltiples problemas de identificació n y registro de un

17 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 60.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros

presentó como solución a los múltiples problemas de identificació n y registro de un

17 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 60.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Alejandro Sánchez Casas y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00625-01

Página 11 de 21

alto número de población desplazada que debido a la ausencia de documentos, no podía acceder a determinados bienes y servicios. Estos fundamentos fueron ampliamente expuestos por la Corte Constitucional, mediante el auto 008 de 2009 según el cual:

“Así, en cuanto al derecho a la identificación, se propuso ordenar al Ministerio de Defensa Nacional el establecimiento de una estrategia para la solución de la situación militar y la provisión de la libreta militar sin costo para los hombres, en especial entre 18 y 25 años, desplazados que no cuenten con este documento. No hubo de parte de los voceros del gobierno ninguna objeción al respecto, y, por el contrario se consideró que era una decisión viable en el corto plazo. La Corte Constitucional, en consecuencia, ordenará al Ministerio de Defensa Nacional que para el 4 de mayo de 2009 diseñe e inicie el proceso de implementación de una estrategia para que esta población cuente con la libreta militar respectiva. El Ministerio de Defensa Nacional presentará a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2009 un informe sobre las medidas adoptadas y el cronograma de implementación. En el informe que presente el Director de Acción Social el 30 de octubre de 2009 y

Ministerio de Defensa Nacional presentará a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2009 un informe sobre las medidas adoptadas y el cronograma de implementación. En el informe que presente el Director de Acción Social el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010 para valorar el av ance en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, deberá haber un capítulo expreso sobre los avances y resultados de la estrategia adoptada, de tal manera que sea posible apreciar q ue se avanza de manera acelerada en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

(…) 4.8. En desarrollo de la orden transcrita, el Ministerio de Defensa, emitió, entre otras, las Resoluciones 1700 de 2006 y 2341 de 2009, con las cuales ordenó a la División de Reclutamiento del Ejército expedir a favor de las personas en condición de desplazamiento, una tarjeta militar provisional por una vigencia de tres años y a un menor costo. Dicha situación con el objeto de implementar medidas puntuales acordes con las providencias aludidas, garantizar la superación del estado de cosas inconstitucional y efectivizar los derechos de la población desplazada. Así las cosas, y acorde con lo señalado en la sentencia T -372 de 2010, se puede decir que la expedición de la tarjeta temporal:

(i) Constituye una manifestación de los principios de solidaridad e igualdad, en la medida en que brinda protección a las personas en situación de desplazamiento forzado como sujetos en estado de debilidad manifiesta.

(i) Constituye una manifestación de los principios de solidaridad e igualdad, en la medida en que brinda protección a las personas en situación de desplazamiento forzado como sujetos en estado de debilidad manifiesta.

(ii) Permite a la población desplazada, una exención transitoria de la obligación le