TA CAQ - 1800133-33-002-2016-01012-01-(22-02-2023)

Página 1 de 30

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

-SALA CUARTAMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia, veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA Radicado : 18001-33-33-002-2016-01012-01

Demandante : LUZ PATRICIA MURCIA GARCÍA Y OTROS Demandado : NACIÓN – MINDEFENSA – POLICIA NACIONAL Tipo de expediente : FISICO

Tema: Caída de menor de edad de un brinca - brinca inflable, en actividad lúdico recreativa organizada por la Policía Nacional/Deber de cuidado y custodia/Falla del servicio por omisión en la seguridad y prevención.

Acta No. 013 de la fecha

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala Cuarta del Trib unal Administrativo del Caquetá a pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por ambas partes procesales, contra la sentencia del 31 de octubre de 2018, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia concedió las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA1

Las pretensiones de la demanda se plantearon así:

Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, es administrativa y extracontractualmente responsable por las lesiones que sufrió el menor Emerson Corredor Murcia, en la actividad psicosocial lúdico recreativa llevada a cabo en agosto de 2015, en el

Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, es administrativa y extracontractualmente responsable por las lesiones que sufrió el menor Emerson Corredor Murcia, en la actividad psicosocial lúdico recreativa llevada a cabo en agosto de 2015, en el barrio El Laguito, municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá.

En consecuencia, se condene a la entidad accionada a reconocer y pagar a f avor de los demandantes los daños y perjuicios causados, tanto materiales como inmateriales, los cuales se estimaron de la siguiente manera:

1 Folio 137 al 147 del CP1.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 2 de 30

Los hechos que sustentan las pretensiones se resumen así:

1. Mediando Orden Administrativa de Servicios N° 007 suscrita por el comandante de la estación de policía de San Vicente del Caguán – Caquetá, en fecha 09 de agosto del 2015 se llevó a cabo actividad psicosocial lúdica recreativa en el barrio El Laguito, donde el menor Emerson Corredor Murcia sufrió caída desde uno de los juegos , lo que ocasionó un trauma cerebral con severas consecuen cias en el oído, ojo y hemicara izquierda.

2. El médico Eduardo Bastos Carvajal le practicó valoración médica al menor para establecer la pérdida de la capacidad laboral, concluyendo que el accidente le ocasionó: trauma craneoencefálico, parálisis facial iz quierda, trastorno del nervio

establecer la pérdida de la capacidad laboral, concluyendo que el accidente le ocasionó: trauma craneoencefálico, parálisis facial iz quierda, trastorno del nervio facial, fractura de mastoides izquierda e hipoacusia izquierda ; y le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral del 29.30%.

3. Por lo hechos en que resultó lesionado el menor , se adelantó investigación disciplinaria en el Comando del Departamento de Policía Caquetá, bajo el radicado

DECAQ-2015-86.

La parte actora le imputa responsabilidad a la entidad accionada a título de falla del servicio por falta de previsión, vigilancia y cuidado de los miembros de la Policía Nacion al en la actividad lúdico recreativa.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2 indicó que en el presente caso se configuran las eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, pues tal como se desprende de las declaraciones recibidas en el proceso disciplinario P-DECAQ 205 – 86, el accidente se dio por un actuar imprudente del menor Emerson Corredor Murcia, ya que en un acto de rebeldía corrió hacía una esquina del saltarín inflable, ocasionando con ello que se rompiera una cuerda y se cayera de la atracción.

Agrega que faltó supervisión de un familiar responsable, pues al momento de participar en la actividad lúdica el menor se encontraba solo, sin la compañía y supervisión de algún familiar o adulto responsable.

2 Folio 124 al 136 del CP1.

No. DEMANDANTE CALIDAD

POR

PERJUICIOS

actividad lúdica el menor se encontraba solo, sin la compañía y supervisión de algún familiar o adulto responsable.

2 Folio 124 al 136 del CP1.

No. DEMANDANTE CALIDAD

POR

PERJUICIOS

MORALES

DAÑO A LA SALUD

VULNERACION DE BIENES

CONVENCIONAL Y

CONSTITUCIONALMENTE

PROTEGIDOS

LUCRO CESANTE

CONSOLIDADO

1 EMERSON CORREDOR

MURCIA VÍCTIMA DIRECTA 100 SMLMV 400 SMLMV 100 SMLMV $100,000,000

2 LUZ PATRICIA MURCIA

GARCÍA MADRE 100 SMLMV 100 SMLMV

3 JEISSY ALEZANDRA

MURCIA GARCÍA HERMANA 50 SMLMV 50 SMLMV

4 ALEJANDRINA GARCÍA

PEDRAZA ABUELA 50 SMLMV 50 SMLMVSentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 3 de 30 Afirma que el dictamen de pérdida de la capacidad no cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el Código General del Proceso , puesto que no se acompañó con los documentos que le sirvieron de fundamento, y los que acreditan la idoneidad y experiencia del perito. Asimismo, indicó que tampoco es idóneo, toda vez que no fue proferido por un equipo interdisciplinario o por la entidad administradora del régimen subsidiado a la que pertenecía el menor.

Arguye que los perjuicios reclamados no se encuentran debidamente acreditados y planteó

equipo interdisciplinario o por la entidad administradora del régimen subsidiado a la que pertenecía el menor.

Arguye que los perjuicios reclamados no se encuentran debidamente acreditados y planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto a la señora Alejandría García de Pedraza.

I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia del 31 de octubre del 2018, resolvió conceder las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL en consideración a lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR no probados los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho determinante de un tercero, propuestos p or la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

TERCERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por las lesiones causadas al menor EMERSON CORREDOR MURCIA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

a) Por concepto de daño moral:

b) Por concepto de daño a la salud:

NACIONAL, pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

a) Por concepto de daño moral:

b) Por concepto de daño a la salud:

A favor de EMERSON CORREDOR MURCIA, el equivalente a cuarenta (40) SMLMV al pago efectivo de la condena.

3 Folio 318 al 326 del CP3.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 4 de 30 c) Por concepto de Lucro Cesante:

A favor de EMERSON CORREDOR MURCIA, el equivalente a CINCUENTA Y

SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

SIETE PESOS ($56.525.677) M/CTE.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»

Indicó que el daño se concreta en la afección a la integridad personal, física y la salud del menor Emerson Corredor Murcia.

Frente a la imputación fáctica y jurídica, señaló que para el día de los hechos había una orden administrativa de servicios que dispuso la realización del evento lúdico recreativo, y que, durante su desarrollo, se realizaron juegos para los niños, entre ellos, «el brinca - brinca inflable», del cual cayó el menor Emerson, ocasionándole graves lesiones.

Argumentó que la Policía Nacional tenía la responsabilidad del orden y la seguridad del evento, no solo como deber institucional sino como organizadora del evento.

inflable», del cual cayó el menor Emerson, ocasionándole graves lesiones.

Argumentó que la Policía Nacional tenía la responsabilidad del orden y la seguridad del evento, no solo como deber institucional sino como organizadora del evento.

Señaló que si bien el proceso disciplinario -en averiguación de responsablesfue archivado porque encontró probado que el accidente de marras se debió a un actuar imprudente de los menores que se encontraban en el saltarín e hicieron caso omiso a la orden de bajarse , lo cierto es, que de las declaraciones allí recibidas se desprende que hubo una omisión en las medidas de seguridad por parte de la entidad, ya que el menor Emerson Corredor Murcia no debó subir al saltarín, puesto que la actividad ya había culminado , no obstante, se permitió su ingreso, situación que no es admisible, al tratarse de una actividad lúdica para menores de edad que requieren de especial atención, custodia, control y cuidado.

Indicó que, en ese orden, la entidad demandada omitió las medidas de seguridad necesarias para desarrollar la actividad lúdica programada, máxime cuando la población a la que estaba dirigida eran menores de edad -específicamente niños-, quienes, según sus características psicológicas y comportamentales, no estaban en un grado avan zado de madurez y autocontrol.

El juzgado de instancia concluye afirmando que:

«no se cumplieron con las normas de seguridad para la correcta utilización del saltarín, pues si bien no se acreditó si el número de niños, edades y peso eran las permitidas o no para las condiciones específicas del inflable, lo que sí se evidencia es que una de las causas para que dicho juego se desnivelara fue la aglomeración de los

saltarín, pues si bien no se acreditó si el número de niños, edades y peso eran las permitidas o no para las condiciones específicas del inflable, lo que sí se evidencia es que una de las causas para que dicho juego se desnivelara fue la aglomeración de los niños en un solo lado, sumado al hecho de permitirse el ingreso de estos pese a que la estructura inflable ya contaba con menores en si parte alta, lo que permitió el desequilibrio para uno de los lados, que permite avizorar entonces que se sobrepasó el peso que el inflable podía soportar, ocasionándose por ello el accidente, debido al rompimiento de una de las cuerdas de lo sostenía…»

Respecto de las causales de exoneración de responsabilidad alegadas -culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero - indicó que n o se demostró que el comportamiento delSentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 5 de 30 lesionado directo fuera la causa determi nante para la producción del daño, ni se acreditó la verificación de los elementos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad.

I.5. EL RECURSO DE APELACIÓN.

La parte demandante4 planteó su inconformidad frente a tres puntos a saber:

1. En relación con la indemnización reconocida por concepto de daño a la salud , solicitó que se aumentara a 400 S.M.L.M.V., debido a que las lesiones que sufrió el menor Emerson Corredor Murcia evidencian circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño, tal y como consta en el dictamen pericial allegado.

menor Emerson Corredor Murcia evidencian circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño, tal y como consta en el dictamen pericial allegado.

2. Solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados de bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos , en el sentido de que la Policía Nacional continúe prestando todos los servicios médicos qu e el menor Emerson Corredor Murcia requiera para su total recuperación.

3. Finalmente solicitó condenar de costas en ambas instancias a la entidad demandada.

La entidad demandada5 sustentó el recurso de apelación frente a los siguientes puntos:

1. Ausencia de falla del servicio: Afirmó que para el caso concreto se tomaron todas las medidas de seguridad, por tratarse de un evento donde participaban menores de edad acompañados de sus padres, omisión que se presentó con los padres o representantes del menor Emer son Corredor Murcia, pues aquellos no acudieron al evento y no estuvieron al tant o del comportamiento del menor. Agregó que se implementaron las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo del evento, y que no se tuvieron en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño, su mayor o menor imprevisibilidad y los medios que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

2. Aseveró que no se encuentran debidamente acreditados los perjuicios morales, y que demás de ello, el juez de primera instancia debió negar el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, en razón a que los daños y perjuicios deben estar plenamente acreditados para el momento de la ocurrencia de los hechos, por cuanto n o se puede fallar con base en meras

perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, en razón a que los daños y perjuicios deben estar plenamente acreditados para el momento de la ocurrencia de los hechos, por cuanto n o se puede fallar con base en meras expectativas. Respecto al reconocimiento del lucro cesante futuro, indicó que el a quo aplicó erradamente la cifra utilizada como ingreso base de liquidación.

3. Reiteró que: i) la valoración médica efectuada por el médic o especialista en salud ocupacional, no reúne los requisitos previstos en la ley para poder determinar la pérdida de capacidad laboral del menor, pues la autoridad competente para determinar tal cosa son las juntas regionales y la nacional de invalidez, po r tanto, solicitó que no se tenga como prueba el dictamen pericial realizado por el médico Eduardo Bastos Carvajal. ii) El comportamiento imprudente del menor Emerson

4 Folio 283 al 289 del CP3. 5 Folio 290 al 309 del CP3.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 6 de 30 Corredor Murcia desencadenó el desafortunado accidente. iii) Se generó un incumplimiento de los padres en el deber de vigilancia de la conducta del menor, y así, se constituyó el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad del Estado.

I.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante6 y la parte demandada 7 reiteraron lo expuesto en los recursos de apelación.

II. CONSIDERACIONES.

II.1. COMPETENCIA.

La parte demandante6 y la parte demandada 7 reiteraron lo expuesto en los recursos de apelación.

II. CONSIDERACIONES.

II.1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instan cia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

II.2. PROBLEMAS JURÍDICOS.

De conformidad con los recursos de apelación elevados por ambos extremos procesales, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

a. ¿El concepto médico aportado por la parte demandante es válido para acreditar la pérdida de capacidad laboral del menor Emerson Corredor Murcia?

b. ¿La entidad es responsable por daños y perjuicios irrogados a los demandantes, derivados de las lesiones sufridas por el menor Emerson Corredor Murcia?

c. ¿Se configuró la culpa exclusiva de la víctima y/o el hecho de un tercero?

d. ¿Los demandantes tienen derecho a la indemnización de perjuicios que reclaman?

II.3. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.

a. Autoridades competentes para calificar la pérdida de la capacidad laboral.

El 03 de octubre de 2016, el médico cirujano especialista en Salud Ocupacional, Eduardo Bastos Carvajal, emitió evaluación de la disminución de la capacidad laboral del menor Emerson Corredor Murcia, señalando que sufrió un 29.30% de pérdida de la capacidad laboral.

Bastos Carvajal, emitió evaluación de la disminución de la capacidad laboral del menor Emerson Corredor Murcia, señalando que sufrió un 29.30% de pérdida de la capacidad laboral.

Al respecto, consideró la entidad demandada que dicho dictamen no es idóneo para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del menor, ya que las autoridades

6 Folio 346 al 332 del CP2. 7 Folio 333 al 345 del CP1.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 7 de 30 competentes para ello son las juntas regionales de calificación de invalidez, las cuales están integradas por un equipo interdisciplinario.

Con la finalidad de resolver este asunto, la Sala advierte que la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2014, refirió que la valoración de la disminución de la capacidad laboral se encuentra regulada básicamente en las leyes y decretos que desarrollan el SGRP, con mayor énfasis en la Ley 100 de 1993, el Decreto 917 de 1999 y el Decreto 2463 de 2001:

“4.4. Para establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de alguna de las prestaciones asistenciales o económicas a que se hizo referencia, se requiere la calificación de la pérdida de capacidad laboral, entendida como un mecanismo que permite fijar el porcentaje de afectación del “ conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en un trabajo habitual” [11]. El derecho a la valoración de la

permite fijar el porcentaje de afectación del “ conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en un trabajo habitual” [11]. El derecho a la valoración de la disminución de dicha capacidad se encuentra regulado básicamente en las mismas leyes y decretos que desarrollan el SGRP, con mayor énfasis en la Ley 100 de 1993, el Decreto 917 de 1999 y el Decreto 2463 de 2001, en lo que tiene que ver con el procedimiento respectivo.

4.5 Por expresa remisión del artículo 250 de la Ley 100 de 1993, la clasificación de pérdida de capacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe ajustarse a las mismas reglas y procedimientos establecidos para la valoración de pérdida de capacidad laboral para el caso de padecimientos por riesgo común, es decir, la calificación de pérdida de capacidad laboral tiene luga r independientemente de la causa, profesional o común, que determine la necesidad de dicha valoración.

Conforme con ello, la calificación de la pérdida de capacidad laboral ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional, como un derecho que tie ne toda persona, el cual cobra gran importancia al constituir el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en la medida que permite establecer a qué tipo de prestacio nes tiene derecho quien es afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Esta Corte ha indicado:

“Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importan cia el derecho

como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Esta Corte ha indicado:

“Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importan cia el derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, ya que ésta constituye un medio para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior por cuanto tal evaluación permite determi nar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. Adicional a ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que la originan la disminución de la capacidad laboral. Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los organismos médicos competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, ésta arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De allí que la evaluación forme parte de los deberes de lasSentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 8 de 30 entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría fundamento para el reconocimiento pensional…”[12]

4.6. Es pertinente mencionar que, según lo manifestado por este tribunal, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe atender las condiciones específicas de la persona, apreciadas en su conjunto, sin que sea posible establecer diferencias en razón al origen, profesional o común, de los factores de incapacidad. En ese mismo sentido,

de la pérdida de capacidad laboral debe atender las condiciones específicas de la persona, apreciadas en su conjunto, sin que sea posible establecer diferencias en razón al origen, profesional o común, de los factores de incapacidad. En ese mismo sentido, esta valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, también de novedades que resulten de la evolución de la enfermedad o accidente, o de una situación de salud distinta que puede tener un origen común.

Así mismo, puede suceder que en un primer momento la afectación padecida, sea producida por un accidente o por enfermedad específica, no genere incapacidad alguna, pero también puede ocurrir que con el transcurso del tiempo se presenten secuelas que tornen más grave la situación de salud de la persona, caso en el cual se requiere la valoración de la pérdida de capacidad laboral para establecer su duración y consecuencias, teniendo en cuenta las verdaderas causas que originaron la disminución de la capacidad de trabajo y el eventual estado de invalidez.

En consecuencia, el derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral no puede tener un término perentorio para su ejercicio, en tanto que la idoneidad del momento en que el afiliado requiere la definición del estado de invalidez o la determinación del origen de la misma, no depende de un período específico, sino de las condiciones reales de salud, el grado de evolución de la enfermedad y el proceso de recuperación o rehabilitación.

Por ello, el simple paso del tiempo no puede constituirse en barrera para el acceso al dictamen técnico que permitirá establecer las prestaciones económicas causadas por el advenimiento del riesgo asegurado, sin importar que este derive su origen de una

recuperación o rehabilitación.

Por ello, el simple paso del tiempo no puede constituirse en barrera para el acceso al dictamen técnico que permitirá establecer las prestaciones económicas causadas por el advenimiento del riesgo asegurado, sin importar que este derive su origen de una enfermedad profesional, accidente laboral o de una afección de origen común. De otra parte, ha de recordarse que del ejercicio del derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral depende la efectividad de otras garantías fundamentales, indefectiblemente relacionadas con la dignidad humana, como son la seguridad social, el derecho a la vida digna y el mínimo vital.

El artículo 418 de la ley 100 de 1993 , que regula la calificación del estado de invalidez, estableció las autoridades competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral:

“(…) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP- , a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas

8 ARTICULO 41. Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.Sentencia de Segunda Instancia

deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 9 de 30 contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales (…)

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen.

A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales.”

(énfasis fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, les corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud realizar, en una primera oportunidad, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez . En caso de exis tir inconformidad del interesado, la Entidad deberá

en una primera oportunidad, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez . En caso de exis tir inconformidad del interesado, la Entidad deberá solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión del caso, decisión que será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esto significa que, antes que nada, es competencia del primer conjunto de instituciones mencionadas la práctica del dictamen de pérdida de capacidad laboral y la calificación del grado de invalidez. En términos generales, solamente luego, si el interesado se halla en desacuerdo con la decisión, el expediente debe ser remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y, de ser impugnado el correspondiente concepto técnico, corresponderá resolver a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Por otro lado, la Ley 917 de 1999 -Manual Único de Calificación de Invalidezen su artículo 49, contempla los requisitos y procedimientos para la calificación y fundamentación del

9 Artículo 4º.Requisitos y procedimientos para la calificación de la invalidez y la fundamentación del dictamen.

Para efectos de la calificación de la invalidez, los calificadores se orientarán por los requisitos y procedimientos establec idos en el presente manual para emitir un dictamen. Deben tener en cuenta que dicho dictamen es el documento que, con carácter probatorio, contiene el concepto experto que los calificadores emiten sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en:

a) Consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los hechos ocurridos que

de un afiliado y debe fundamentarse en:

a) Consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron; y el DIAGNOSTICO CLINICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica, la historia ocupacional y con las ayudas de diagnóstico requeridas de acuerdo con la especificidad del problema.

b) Establecido el diagnóstico clínico, se procede a determinar la PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL del individuo, mediante los procedimientos definidos en el presente manual. En todo caso, esta determinación debe ser realizada por las administradoras con personal idóneo científica, técnica y éticamente, con su respectivo reconocimiento académico oficial. En caso de requerir conceptos, exámenes o pruebas adicionales, deberán realizarse y registrarse en los términos establecidos en el presente manual.

c) Definida la pérdida de la capacidad laboral, se procede a la CALIFICACION INTEGRAL DE LA INVALIDEZ, la cual se registra en el dictamen, en los formularios e instructivos que para ese efecto expida el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben registrar por lo menos: el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral causado por el accidente o la enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la fundamentación con base en el diagn óstico y demás informes adicionales, tales como el reporte del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01

informes adicionales, tales como el reporte del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-002-2016-01012-01 Luz Patricia Murcia García y otros

Página 10 de 30 dictamen que dete