TA CAQ - 1800133-33-002-2017-00131-01-(02-11-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETA

SALA CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia, dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2.022)

Sentencia No. 147

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 18001-33-33-002-2017-00131-01

Demandante: Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sistema instancia: Oral – Segunda instancia Tipo de expediente: Digitalizado

Acta No.: 65

Tema: Retiro del servicio de patrullero por facultad discrecional. Aplicación de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y Consejo de Estado.

ASUNTO.

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte actora en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2020, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA. 1

Pretende la parte acto ra que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 152 del 26 de septiembre de 2016, expedida por el Departamento de Policía del Caquetá, por medio de la cual se retiró del servicio al Patrullero Glen Jeffrey Baracaldo

Resolución 152 del 26 de septiembre de 2016, expedida por el Departamento de Policía del Caquetá, por medio de la cual se retiró del servicio al Patrullero Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez; y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro si n solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía, así como al pago de forma indexada de los salarios, prestaciones sociales y demás haberes dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

Los hechos que sustentan las pretensiones se resumen así:

1. En el año 2001 el señor Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez se vinculó como alumno en

la carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, obtuvo el cargo de patrullero de

1 Folio 60 a 63 del CP1.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 2 de 20 policía el 09 de octubre de 2003 y fue destinado a laborar en la estación de policía de San Vicente del Caguán – Caquetá, como integrante de la patrulla de vigilancia.

2. El día 15 de septiembre de 2016, el Teniente Jimmy Alberto Rodríguez Melocomandante de la estación de policía -, ordenó a Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez y otros patrulleros adscritos al personal del ESVIC de San Vicente del Caguán, trasladarse a la vereda San Juan Lozada a realizar actividades para el control de abigeato.

otros patrulleros adscritos al personal del ESVIC de San Vicente del Caguán, trasladarse a la vereda San Juan Lozada a realizar actividades para el control de abigeato.

3. Dando cumplimiento a la orden se desplazaron en un vehículo oficial, y en realización de sus labores fueron detenidos por miembros del Ejército Nacional, con el fin de aclarar y esclarecer los antecedentes del personal policial.

4. El Coronel Juan Cadena Castillo -comandante de la Novena Brigada del Ejército perteneciente al municipio de San Vicente del Caguán -, ordenó despojar del armamento a los patrulleros de policía con el fin de verificar su autenticidad y la identificación de los funcionarios , quienes fueron trasladados al batallón donde se adelantó la respectiva investigación y judicialización.

5. El día 18 de septiembre de 2016 se llevó acabó audiencia de legalización de captura en contra del patrullero Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez, quien fue dejado en libertad toda vez que se decretó ilegal la captura.

6. Como consecuencia del incidente con el Ejército Nacional, el día 16 de septiembre de 2016, el señor Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez y sus demás compañeros no se presentaron al comando de policía de San Vicente.

7. Mediante Resolución 152 del 26 de septiembre de 2016, se ordenó retirar a Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General de la Policía.

8. No existió proporcionalidad y razonabilidad en la sa nción impuesta al demandante, máxime cuando no se le notificó del proceso disciplinario y tampoco se ha desvirtuado

la Dirección General de la Policía.

8. No existió proporcionalidad y razonabilidad en la sa nción impuesta al demandante, máxime cuando no se le notificó del proceso disciplinario y tampoco se ha desvirtuado su presunción de inocencia en el proceso penal.

Como normas violadas señaló los artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política.

En el concepto de violación planteó cuatro (4) cargos a saber:

1. Violación del debido proceso y derecho de defensa: El proceso disciplinario es una acción obligatoria que debe iniciar una entidad cuando considere que un funcionario ha incurrido alguna conducta disciplinable, por tanto, se trata de una obligación de orden o interés público o social y en razón de ello, era necesario que la Policía Nacional iniciara proceso disciplinario en contra del demandante con el fin de garantizar sus derechos –derecho de defensa-, lo cual no le fue permitido.

1. Expedición irregular y desviación de poder: Se configura la desviación de poder cuando se utilizan las atribuciones otorgadas por la ley con el propósito de buscarSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01

Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 3 de 20 una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, que para el caso concreto se refiere al interés de que la prestación del servicio sea eficiente.

Afirma que la entidad demanda desconoció que el demandante no incurrió en un acto antiético , ya que se e ncontraba detenido ilegalmente por miembros del Ejército N acional, y aunado a ello, se encontraba bajo la subordinación del

Afirma que la entidad demanda desconoció que el demandante no incurrió en un acto antiético , ya que se e ncontraba detenido ilegalmente por miembros del Ejército N acional, y aunado a ello, se encontraba bajo la subordinación del Teniente Jimmy Albeiro Rodríguez Melo, quien fue el que ordenó su salida de la Estación de Policía.

1. Falsa motivación: Los hechos que se tuvieron en cuenta para la expedición de la Resolución No. 152 del 26 de septiembre de 2016 no estuvieron debidamente probados en la actuación administrativa, toda vez que se dieron por ciertos los motivos por los cuales el Ejército Nacional realizó el procedimiento de la captura y judicialización del demandante, endilgándosele una conducta punible que no cometió.

1. Indebido uso de la facultad discrecional: Existió un indebido uso de la facultad discrecional, la cual no es absoluta, y va encaminada al logro del buen servicio.

Consideró que el acto administrativo demandado se expidió por razones distintas al buen servicio, ya que de la hoja de vida del actor se puede concluir que durante su permanencia en la institución se desempeñó con responsabilidad, consagración, compromiso y espíritu de trabajo y nunca fue investigado disciplinariamente, por ende, se caracterizó por ser un funcionario ejemplar.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2.

Indicó que no es requisito que el uniformado rinda descargos ante los miembros de las Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, ya que el retiro del actor se consideró únicamente con la finalidad de lograr un mejoramiento del

de Evaluación y Clasificación para Suboficiales personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, ya que el retiro del actor se consideró únicamente con la finalidad de lograr un mejoramiento del servicio, con motivos específicos y claros, los cuales se encuentran descritos en el Acta No. 206-SUBCO-ARTAH 2.25 y la Resolución No. 152 del 26 de septiembre de 2016; por ende, el acto acusado fue expedido en ejercicio de la potestad discrecional conferido al Director General de la Policía Nacional, atribución que so lo requiere la recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, de conformidad con el artículo 55 y 62 del Decreto 1791 de 2000 y artículo 4 parágrafo 1 de la Ley 857 de 2003.

Afirmó que el buen desempeño de la labor encomendada a un funcionario no puede garantizarle la permanencia en su cargo, y que las calificaciones del servicio y las anotaciones positivas deben demostrar que el desempeño del poli cial es de carácter excepcional y extraordinario para que ello tenga la fuerza de desvirtuar la legalidad del acto administrativo que retira del servicio a un miembro de la institución.

Realizó una transcripción de los informes realizados por miembros de la Policía Nacional, que dan cuenta de los hechos acontecidos el 15 de septiembre de 2016 que dieron origen a

2 Folio 120 al 157 del CP1.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 4 de 20

Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 4 de 20 la investigación penal en contra del demandante, relacionados con el saqueo de una finca y secuestro de dos personas.

Adujo que se cumplió con el estándar mínimo de motivación fijados para los retiros por voluntad del Gobierno Nacional o del Director General, ya que, al examinar el formulario de seguimiento y la trayectoria del demandante, se encontraron razones de peso que permitieron evidenciar que el señor Glen Jeffrey Baracaldo no estaba alineado con la función institucional, y contrario a ello , estaba causando un grave daño al servicio p restado por la Policía Nacional, perjudicando el interés público.

Finalizó coligiendo que el demandante interpreta de manera equivocada la causal de retiro de la cual fue objeto, pues la misma es de carácter discrecional y no tiene carácter sancionatorio ni es consecuencia de un proceso penal o disciplinario, ya que el ejercicio discrecional para retirar del cargo a un funcionario del servicio no implica un juicio disciplinario en el que se juzgue una conducta, ni se inhibe por el hecho de ser una persona honorable, ni tampoco porque el funcionario cuente con numerosas felicitaciones.

I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el Despacho desestimó los testimonios aportados por la parte demandante, al considerar que estos son contradictorios con los testimonios recopilados de ntro del

de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el Despacho desestimó los testimonios aportados por la parte demandante, al considerar que estos son contradictorios con los testimonios recopilados de ntro del proceso disciplinario, y que además de ello, no se allegaron pruebas que brindaran credibilidad a lo manifestado por ellos.

Posteriormente desarrolló el caso concreto teniendo en cuenta los parámetros previstos en la sentencia SU-172 de 2015 de la Corte Constitucional, y precisó que la Resolución No. 152 del 26 de septiembre de 2016 fue debidamente motivada, y que las razones fueron objetivas y fundadas en hechos ciertos, ya que tuvo en cuenta las anotaciones negativas que reposan en la hoja de vida del demandante, sumado a la situación particular acaecida el 1 6 de septiembre de 2016 que dio origen a investigaciones de tipo penal.

Afirmó el a quo que el hecho de que al momento de tomarse la decisión de retirar del servicio al demandante no se hubiera proferido decisión de fondo dentro de las investigaciones penales y/o disciplinarias, no es óbice para considerar que el material que se encontraba hasta el momento permitía inferir de manera razonable que los policías apre hendidos – incluido el demandantese encontraban realizando actividades contrarias a sus deberes, ya que: i) no había un plan de marcha para el operativo, ii) había una d enuncia formal por el secuestro de un civil a manos de varias personas que se movilizaban en dos camionetas y una turbo y iii) el demandante no estaba autorizado para salir de la estación de policía para realizar operaciones, por su condición de salud.

secuestro de un civil a manos de varias personas que se movilizaban en dos camionetas y una turbo y iii) el demandante no estaba autorizado para salir de la estación de policía para realizar operaciones, por su condición de salud.

Concluyó afirmando que eran válidas las exigencias realizadas por la Junta evaluadora, la cual consideró que los hechos ocurridos tuvieron despliegue periodístico en el territorio

3 Folio 268 al 286 del CP3.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 5 de 20 nacional, por ende, se trata de una conducta reprochable desde el punto de vista ético, y por ende, consideró que el acto administrativo demandado reunió los parámetros exigidos por la Corte Constitucional para proceder con el retiro del personal con fundamento e n la facultad discrecional, y en ese orden de idas no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo.

I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN4.

El apoderado judicial de la parte demandante reiteró que Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez actuó por expresa orden impartida por el Teniente Jimmy Albeiro Melo -superior jerárquicoy que contrario a lo colegido en primera instancia, la orden de control de abigeato en la vereda de San Juan de Losada de San Vicente del Caguán, sí quedó registrada en el libro de minutas. Señala que de las declaraciones rendidas por el Patrullero José Fernando Ramírez García y el Capitán Víctor Edgardo Suarez Angulo, en la apertura de indagación prelimi nar

minutas. Señala que de las declaraciones rendidas por el Patrullero José Fernando Ramírez García y el Capitán Víctor Edgardo Suarez Angulo, en la apertura de indagación prelimi nar No. 823, se evidenció que sí se realizó un plan de marcha de fecha 15 de septiembre de 2016, en donde se relacionaba el desplazamiento a la vereda Sa n Juan de Lozada para verificar un hurto de ganado, se nombró al personal que participaría, el cual coincide con el personal detenido, y adicional a ello, se mencionó el vehículo oficial en el que se haría el desplazamiento y el armamento que portaría el personal.

Agrega que en la declaración del Teniente JIMMY ALBEIRO RODRIGUEZ MELO se dejó señalado que existí información sobre el hurto de ganado en la vereda San Juan de Lozada, y que él le informó al Teniente Coronel Becerra que haría un plan marcha co n el fin de dar captura a la persona que estaba cometiendo el ilícito.

Refiere que los chalecos del CTI fueron hallados en una tula a la orilla de la carretera, por ende, dichos chalecos no le fueron encontrados al personal de la Policía que fue capturad o por el Ejército N acional, lo cual se pude corroborar con la declaración del Coronel JULIAN

ERNESTO CADENA CASTILLO.

Adujo que no existe prueba alguna con la que se pueda determinar que el demandante participó en hechos ilícitos, ya que: i) se movilizaba en un vehículo oficial; ii) portaba armas de dotación oficial; iii) vestía el respectivo uniforme de la Policía Nacional y los demás elementos de uso exclusivo de la misma institución; iv) al momento del registro del vehículo,

de dotación oficial; iii) vestía el respectivo uniforme de la Policía Nacional y los demás elementos de uso exclusivo de la misma institución; iv) al momento del registro del vehículo, el Ejército Nacional no encontró ninguna irregularidad; v) Las prendas del CTI con las cuales presuntamente se estaban cometiendo delitos en la zona, fue ron halladas en la carretera, más no en posesión del personal policía; vi) se dejó anotación en el libro de minuta sobre la salida del personal de policía; vii) el conductor de la NPR que llevó a los uniformados a la vereda San Juan de Lozada indicó ello en la Estación de Policía; viii) El procedimiento de captura y los actos posteriores fueron declarados ilegales por el juez de control de garantías; ix) no ha mediado proceso disciplinario en contra del demandante por los hechos del 16 de septiembre de 2016.

De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, considera que se debe revocar la decisión de primera instancia, y declarar la nulidad del acto acusado al haberse

4 Folio 300 al 308 del CP3.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 6 de 20 expedido de manera irregular y con desviación de poder, ya que no se encuentra probado que el demandante hubiera despegado acciones antiéticas.

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

I.5.1. La parte demandante5 reiteró lo expuesto en la demanda y en el recurso de apelación, añadió que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

I.5.1. La parte demandante5 reiteró lo expuesto en la demanda y en el recurso de apelación, añadió que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo es de carácter subjetivo, pues el a quo tomó la decisión con fundamento en el hecho de que el demandante está incurso en un proceso penal por la conducta punible de secuestro simple; sin embargo, no tuvo en cuenta que dicho proceso será archivado ya que han transcurrido más de 5 años desde el inicio de la investigación penal y no se ha formulado imputación al demandante.

I.5.2. La parte demandada6 reiteró que el acto administrativo demandando se profirió por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, facultad que es delegada a los comandantes de departame nto previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, y que por ende, la decisión de retiro del servicio no se debió al procedimiento de captura de la cual fue objeto el demandante por parte del Ejército Nacional el 16 de septiembre de 2016.

Señaló que el señor Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez se encontraba desde el mes de enero del año 2016 en situación administrativa de excusa parcial que era renovada mensualmente, y debido a ello solo ejercía actividades administrativas y no operativas, por lo que resulta extraño que para el día 16 de septiembre de 2016 se ofreciera a salir a la zona rural a realizar actividades de tipo operativo.

I.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

extraño que para el día 16 de septiembre de 2016 se ofreciera a salir a la zona rural a realizar actividades de tipo operativo.

I.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Según constancia secretarial del 05 de abril de 2021, venció en silencio el término de traslado especial.7

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo regulado en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia-, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

II.2. ACTO ACUSADO.

Resolución No. 152 del 26 de septiembre de 2016, expedida por el Departamento de Policía del Caquetá, por medio del cual se retiró del servicio activo al Patrullero Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez. Tal disposición señala que:

5 Folio 340 6 Folio 325 al 338 del CP3. 7 Folio 344 del CP3.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 7 de 20 “(…)

Teniendo en cuenta la recomendación de retiro del servicio activo de la Policía Nacional, efectuada mediante Acta No. 206 – SUBCO – ARTAH 2.25, del 23 de noviembre de 2016, por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal de Nivel Ejecutivo

efectuada mediante Acta No. 206 – SUBCO – ARTAH 2.25, del 23 de noviembre de 2016, por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal de Nivel Ejecutivo y Agentes, transcrita anteriormente, es necesario acoger dicha recomendación, en virtud de lo cual el Director de la Policía Nacional,

RESUELVE:

Artículo 1°. Retirar del Servicio Activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, al policial relacionado a continuación de conformidad con lo establecido en el artículo 4° Parágrafo 1° de la ley 857 del 26 de diciembre de 2003 y artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, al señor Patrullero BARACALDO ORDOÑEZ GLEN JEFFREY, identificado con la cédula de ciudadanía 80.002.061 de Bogotá Cundinamarca, retiro que fue recomendado por la Junta de Evaluación y Clasificación del Departamento de Policía Caquetá para Suboficiales, Nivel ejecutivo y agentes, mediante Acta No. 206 – SUBCO – ARTAH 2.25, del 23 de noviembre de 2016.

(…)”

II.3. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandante, le corresponde a esta Colegiatura establecer si: ¿el acto acusado se encuentra viciado de nulidad?

II.4. DEL CASO CONCRETO.

Pretende la parte actora que se revoque la sentencia de primera instancia y que en su lugar se acceda a la s pretensiones de la demanda, y afirma que el acto acusado se encuentra

II.4. DEL CASO CONCRETO.

Pretende la parte actora que se revoque la sentencia de primera instancia y que en su lugar se acceda a la s pretensiones de la demanda, y afirma que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por violación al debido proceso y derecho de defensa, expedición irregular y desviación de poder, falsa motivación e indebido uso de la facultad discrecional. Lo anterior, comoquiera que se retira del servicio activo al demandante por la presunta pérdida de confianza que se deriva de unos hechos que no fueron probados, y sobre los que no se le ha declarado penal ni disciplinariamente responsable.

Por su parte, la ent idad accionada defiende la legalidad del acto administrativo de retiro, señalando para el efecto que se tuvo en cuenta la trayectoria del uniformado y las anotaciones negativas en su folio de vida, y que además de ello, el acto está precedido de la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, por ende, era procedente el retiro, en pro del mejoramiento del servicio.

Por ende, procede la Sala a verificar si el acto administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad, o sí, por el contrario, la parte actora no logró desvirtuar su presunción de legalidad.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 8 de 20 - Retiro de miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional por voluntad de la dirección general.

Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 8 de 20 - Retiro de miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional por voluntad de la dirección general.

Se encuentra probado en el proceso que el señor GLEN JEFFREY BARACALDO ORDOÑEZ ingresó como alumno del nivel ejecutivo en el año 2003, y para la fecha del retiro -2016ostentaba en cargo de patrullero de la Policía Nacional. Los artículos 216 y 218 de la Constitución Política, establecen que la Policía Nacional tiene como propósito mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia en paz de todos los habitantes del territorio colombiano, por ello, y como consecuencia de tan importante labor, se le otorgó al Director General de la Policía Nacional la facultad de retiro del servicio por voluntad de la Dirección Nacional, con la finalidad de prestar un mejor servicio y cumplir con las fin alidades de la institución.

Sin embargo, dicha facultad discrecional está sometida a requisitos para su legalidad, o de lo contrario debe ser retirada del ordenamiento jurídico, así lo ha establecido el Consejo de Estado en sentencia de esta Subsección, de 3 de agosto de 2006, C. P. doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, radicado interno No. 0589-05, actor: Jesús Antonio Delgado Guana:

“En síntesis, en el ejercicio de la facultad discrecional se presume la legalidad del acto, vale decir que estuvo inspirado en razones del buen servicio, pero no de los motivos, dado que aunque formalmente no se exige la motivación de la decisión, ello no quiere decir que carezca de motivos, y en este sentido, corresponde al juez apreciar y valorar

vale decir que estuvo inspirado en razones del buen servicio, pero no de los motivos, dado que aunque formalmente no se exige la motivación de la decisión, ello no quiere decir que carezca de motivos, y en este sentido, corresponde al juez apreciar y valorar el rendimiento del servidor con sustento en la última calificación de servicios y en las anotaciones que registre la hoja de vida con inmediatez al retiro a falta de otros elementos probatorios que demeriten el rendimiento del actor, los cuales corresponde aportar a la entidad demandada en la tarea de consolidar la legalidad de la medida.”.

Es así como el Decreto 1791 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”, reguló la forma en q ue el personal uniformado se desprende del servicio, lo cual se conoce como retiro, sus causales, y la facultad discrecional que posee el Gobierno y la Dirección General de la Policía, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 54. RETIRO . <Apartados tachados INEX EQUIBLES> Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defe nsa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales y en los demás grados en los casos de destitución,Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Asesora del Ministerio de Defe nsa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales y en los demás grados en los casos de destitución,Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

Página 9 de 20 incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no superar la escala de medición del Decreto de evaluación del desempeño o muerte”.

“ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.

2. Por llamamiento a calificar servicios. 3. <CONDICIONALMENTE exequible> Por disminución de la capacidad sicofísica.

4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

5. Por destitución. 6. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Por voluntad del Gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, los suboficiales y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño

Policial.

8. Por incapacidad académica.

9. Por desaparecimiento.

10. Por muerte”.

“ARTÍCULO 62. RETIRO POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO, O DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los oficiales o la Dirección General de la Policía

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los oficiales o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo, los suboficiales, y agentes podrán disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional para los oficiales o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva para los demás uniformados”.

Así mismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU -091 del 25 de febrero de 2016, indicó lo siguiente respecto al tema:

“…si bien en principio no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos administrativos, los estándares de los dos altos Tribunales hoy en día son sustancialmente similares.

Lo anterior, debido a que ambos entienden que la facultad discrecional debe estar encaminada a cumplir proporcionalmente el fin propuesto, el mejoramiento del servicio, por lo cual la Administración debe tener razones ciertas y objetivas que le permiten ejercerla y tales razones deben ser conocidas por el afectado.

60. Esa interpretación que es la que han aplicado en forma mayoritaria los operadores jurídicos, no es la única, lo cual hace necesaria la intervención de los órganos de unificación de jurisprudencia, a fin de proteger el principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico, tal y como se explicó en acápites atrás.Sentencia de Segunda Instancia

Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

órganos de unificación de jurisprudencia, a fin de proteger el principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico, tal y como se explicó en acápites atrás.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 18001-33-33-002-2017-00131-01 Glen Jeffrey Baracaldo Ordoñez contra Departamento del Caquetá

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