TA CAQ - 1800133-33-002-2017-00835-01-(04-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre cuatro (4) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Tema: Lesiones conscripto. Lesión en pie de soldado regular por accidente con ambulancia que era conducida por un compañero.

Acta número 72.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por ambas partes contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Víctor Alfonso Verana Murillo, en nombre propio y representación de sus menores hijos Harold Andrés y Loren Victoria Sapuy, Yanet, Leydy Leandra, Cristian David y Sharol Sofía Verana Murillo , Karen Lorena Sapuy Claros, Y aneth Verana Murillo por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable

el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por las lesiones, afecciones y pérdida de capacidad laboral

1 Folio 38.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 2 de 20

adquirida por Víctor Alfonso Verana Murillo, durante la prestación del servicio militar obligatorio en la Brigada Móvil 6 en Larandia, Caquetá.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los

perjuicios así:

a. Morales. Demandante Calidad Monto en SMLMV Víctor Alfonso Verana Murillo Lesionado 100 Karen Lorena Sapuy Claros Esposa 100 Yanet Verana Murillo Madre 100 Leidy Leandra Verana Murillo Hermana 50 Cristian David Verana Murillo Hermano 50 Harold Andrés Verana Sapuy Hijo 100 Loren Victoria Sapuy Hija de crianza 100 Sharol Sofía Verana Murillo Hermana 50

b. Materiales. A título de daño emergente y lucro cesante, consistente en la pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con el ingreso mensual adicionado el 25% de prestaciones sociales.

c. Daño a la salud o vida en relación. Demandante Calidad Monto en SMLMV Víctor Alfonso Verana Murillo Lesionado 100

el 25% de prestaciones sociales.

c. Daño a la salud o vida en relación. Demandante Calidad Monto en SMLMV Víctor Alfonso Verana Murillo Lesionado 100 Karen Lorena Sapuy Claros Esposa 100 Yanet Verana Murillo Madre 100 Leidy Leandra Verana Murillo Hermana 50 Cristian David Verana Murillo Hermano 50 Harold Andrés Verana Sapuy Hijo 100 Loren Victoria Sapuy Hija de crianza 100 Sharol Sofía Verana Murillo Hermana 50

1. Se actualicen las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la decisión definitiva, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y s.s. del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 3 de 20

1. Víctor Alfonso Verana Murillo ingresó como soldado regular al Ejército Nacional en la Brigada Móvil 6, adscrito al Fuerte Militar de Larandia, Caquetá.

1. Durante el tiempo que estuvo reclutado fue sometido a intensas actividades físicas y militares de largas jornadas, así como a prestar el turno de centinela y cargar objetos pesados.

1. Durante el tiempo que estuvo reclutado fue sometido a intensas actividades físicas y militares de largas jornadas, así como a prestar el turno de centinela y cargar objetos pesados.

1. Según el informativo administrativo por lesiones del 5 de agosto de 2016, el 18 de junio de 2016, en cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la unidad, al encontrarse en el campo de paradas del Batallón Guepí, Víctor Verana fue envestido por un vehículo de tipo ambulancia de placas DZQ que era conducida por el soldado profesional Henry Leal Araque «afectándole el pie derecho, se le prestan los primeros auxilios, posteriormente se lleva al dispensario médico del fuerte militar de Larandia, remitido por urgencia a la clínica medilaser de la ciudad de Florencia Caquetá siendo atendido por el servicio de ortopedia y traumatología, quienes emiten diagnóstico mediante epicrisis FX de falagen proximal de 5 dedo de pie derecho, realizándole el procedimiento adecuado en la fecha mencionada mencionado soldado se encuentra en recuperación».

1. El Comandante del Batallón de la Brigada Móvil 6 conceptuó que, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, la lesión se debía calificar conforme al literal b), es decir, «en el servicio por causa y razón del mismo».

1.2. Admisión de la demanda.2

En el auto proferido el 19 de diciembre de 2017, se resolvió i) rechazar la deman da promovida por Sharol Sofía Vera Murillo; y ii) admitir la demanda de los demás accionantes.

1.3. Contestación de la demanda.3

promovida por Sharol Sofía Vera Murillo; y ii) admitir la demanda de los demás accionantes.

1.3. Contestación de la demanda.3

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que no se demostró la falla en el servicio de la entidad , pues no existen los elementos que permitan afirmar que las enfermedades que padece el soldado regular se ocasionaron la prestación del servicio militar obligatorio.

2 Folio 60. 3 Folio 68.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 4 de 20

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y activa. Frente a esta última, dijo que los hermanos de Víctor Alfonso Verana Murillo son mayores de edad y están en la capacidad de contribuir con los gastos de sus padres.

1.4. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Karen Lorena Sapuy Claros, conforme a las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la entidad demandada.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la entidad demandada.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones causadas al joven VÍCTOR ALFONSO VERANA MURILLO, durante la prestación del servicio militar obligatorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: En consecuencia, CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a cancelar las siguiente sumas de dinero:

• Por concepto de Perjuicios Morales:

DEMANDANTE CALIDAD SMLMV

VÍCTOR ALFONSO VERANA MURILLO Víctima 20

YANET VERANA MURILLO Madre 20

CRISTIAN DAVID VERANA MURILLO Hermano 10

LEIDY LEANDRA VERANA MURILLO Hermana 10

• Por concepto de Daño a la Salud:

Para VÍCTOR ALFONSO VERANA MURILLO, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago efectivo de la condena.

• Por concepto de Perjuicios Materiales (lucro cesante):

Para VÍCTOR ALONSO VERANA MURILLO, la suma de VEINTIOCHO MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

($28.470.294) M/CTE.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. (…).

(…).

CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

($28.470.294) M/CTE.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. (…).

(…).

4 Expediente digitalizado, archivo 29.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 5 de 20

Como asunto previo, estudió i) la caducidad del medio de control; y ii) la legitimación en la causa por activa y pasiva. Indicó que frente a la demandante Karen Lorena Sapuy Claros no se demostró el vínculo mediante testimonios o prueba documental.

Luego, se detuvo en el régimen de responsabilidad aplicable cuando se trata de daños ocasionados a los soldados conscriptos y procedió a examinar sus elementos.

Sobre el daño, sostuvo que Víctor Alfonso Verana Murillo perdió el 10.50% de la capacidad laboral mientras prestaba el servicio militar obligatorio. A continuación, al examinar el juicio de imputación, indicó que i) en los exámenes de ingreso se determinó que el actor era apto para el servicio militar; y ii) la lesión fue adquirida durante su permanencia en la institución castrense, cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en la calidad de soldado regular.

Arguyó que, en efecto, la lesión sufrida por el actor ocurrió en el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la unidad cuando estaba en el campo de paradas

soldado regular.

Arguyó que, en efecto, la lesión sufrida por el actor ocurrió en el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la unidad cuando estaba en el campo de paradas del Batallón Guepí cuando fue atropellado por una ambulancia conducida por otro militar; en virtud de ese accidente, sufrió una fractura en la primera falange del quinto dedo que le causó una secuela permanente como fue la pérdida de capacidad laboral del 10.50% según la valoración realizada por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

Por lo anterior, coligió que la entidad debe reparar el daño, toda vez que según la descripción de los hechos realizada por el Comandante de la Brigada Móvil 6, la afección fue calificada como «en el servicio por causa y razón del mismo». A continuación señaló:

No sobra precisar que en el plenario se demostró que la entidad demandada utilizó los procedimientos y métodos que disponía, en ese momento, para manejar el cuadro clínico que aquejaba al joven VERANA MURILLO, empero, dicha circunstancia no lo exime de responsabilidad, teniendo en cuenta que por la situación de especial sujeción de los soldados conscriptos, el Estado se obliga a devolverlos a la vida civil en iguales condiciones en que s e encontraban antes de su reclutamiento.

Luego procedió a tasar los perjuicios en la forma indicada en la parte resolutiva.

En los perjuicios morales, sostuvo que i) que menor Jarol Andrés Verana Sapuy contaba con 1 año y 6 meses para la fecha de ocurrencia de los hechos, por tanto, ante la inmadurez

En los perjuicios morales, sostuvo que i) que menor Jarol Andrés Verana Sapuy contaba con 1 año y 6 meses para la fecha de ocurrencia de los hechos, por tanto, ante la inmadurez psicológica y cognitiva derivadas de su edad, resultaba imposible que experimentaraSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 6 de 20

sentimientos de aflicción ante la lesión de su padre; y ii) Lorenz Victoria no había nacido, por tanto, tampoco se puede inferir dolor moral, angustia y aflicción.

Concretamente, el lucro cesante fue tasado sobre el salario mínimo mensual aumentado en un 25% por prestaciones sociales y, a su vez, tomando el porce ntaje de pérdida de capacidad laboral.

1.5. Recurso de apelación.

1.5.1. Parte demandante.5

Solicitó que se reconozcan los perjuicios morales a los menores Jarol Andrés y Loren Victoria Verana Sapuy, toda vez que estaba legitimada para actuar a través de su padre, circunstancia que fue omitida por el a quo. Manifestó que existe un trato desigual con dichos menores en relación con los demás familiares, «trato diferencial que no encuentra ninguna circunstancia fáctica que lo justifique, ya que el vínculo familiar que une al hijo con la víctima directa de los hechos está amparado constitucionalmente y equiparado al núcleo familiar

circunstancia fáctica que lo justifique, ya que el vínculo familiar que une al hijo con la víctima directa de los hechos está amparado constitucionalmente y equiparado al núcleo familiar que se establece a partir de los lasos de consanguinidad y, por tanto, aquel merece un trato idéntico al otorgado a los demás familiares».

1.5.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.6

Insistió que el daño padecido por Víctor Alfonso Verana Murillo se debió a una causa extraña a la entidad, pues lo acontecido «no fue otro que el producto de lo imprevisible e irresistible, además tampoco se demostró que el daño cuya indemnización se persigue, se haya presentado por negligencia, deficiencia o inoportuna prestación de los servicios médicos (…) cuando prestó el servicio militar obligatorio, por el contrario se encuentra probado que oportunamente se realizaron las valoraciones médicas requeridas, se practicaron los exámenes necesarios, los diagnósticos correspondientes y se suministraron los tratamientos e intervenciones requeridas». Agregó que el soldado no fue expuesto a un riesgo anormal, por cuanto la actividad que cumplía no requería capacidades o destrezas mayores a las mínimas normales. Finalmente, solicitó que no sea condenado e n costas, toda vez que no debe aplicarse el régimen objetivo.

5 Expediente digitalizado, archivo 31, pág. 3. 6 Expediente digitalizado, archivo 32, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 7 de 20

1.6. Trámite de segunda instancia.

1.6.1. Admisión del recurso de apelación.7

En el auto proferido el 5 de noviembre de 2020, se admitieron los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 28 de febrero de 2020.

1.6.2. Alegatos de conclusión.

El 13 de noviembre de 2020 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.8

1.6.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.9 Reiteró los argumentos del recurso de apelación.

1.6.2.2. Parte demandante. Volvió sobre los argumentos de la alzada.

1.6.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la lesión padecida por Víctor Alfonso Verana Murillo cuando prestaba el servicio militar obligatorio; y en caso afirmativo, ii) si debe reconocerse los perjuicios morales a los menores Jaron Andrés y Lorenz Victoria Verana Sapuy.

7 Expediente digitalizado, archivo 35, pág. 3. 8 Expediente digitalizado, archivo 36, pág. 5. 9 Expediente digitalizado, archivo 39.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 8 de 20

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derro tero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración en relación con conscriptos; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, e l cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.10

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado11.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su

la Sección Tercera del Consejo de Estado11.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12

10 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 11 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 12 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 9 de 20

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este

Página 9 de 20

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peli gro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normat ivos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita l a

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita l a mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que sean ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar deSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar deSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 10 de 20

acuerdo con las circunstancia en las que se produjo el daño antij urídico. Al respecto ha precisado lo siguiente:

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –, y de otro lado, el de la falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada. (…)

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta atribuible al Estado, con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación que se vienen de enunciar.”13

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servic io si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

Lo anterior se permite, dado que los conscriptos no ingresan de manera voluntaria a las Fuerzas Militares o de Policía, lo hacen con el fin de cumplir el servicio militar obligatorio como un deber que les impone la Constitución Política y cuyo fin es defender la independencia nacional y las instituciones públicas14. Por ser de esta manera, los títulos de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les oc asionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

Ello es así, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, al someter a los

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 05001-23-25-000-1994-0002001(19031). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Referencia: Accion de Reparación Directa 14 Artículo 216 de la Constitución Política «(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Víctor Alfonso Verana Murillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2017-00835-01

Página 11 de 20

conscriptos a la obligación de prestar el servicio militar y, por ende, limitar su libertad individual, e ntabla con estos una relación de especial sujeción que lo convierte en garante de su estado físico y mental y, en consecuencia, lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos15. Al respecto, ha señalado el Consejo de

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, y la q ue surge de los daños padecidos por un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente. Esta distinción tiene su fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar o policial les es impuesta a los ciuda danos por el orden jurídico, en el segundo evento las personas ingresan al servicio por iniciativa propia, con lo que asumen los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. (…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o el policía en la medida en que es una persona sometida a su custodia y cuidado, lo que implica que debe responder por los daños que le sean causados en la ejecución de la función pública. En otras palabras, la administración debe reintegrar a los soldados conscriptos a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio (…).16

Cabe precisar que la r esponsabilidad del Estado queda sin fundamento cuando se l