TA CAQ - 1800133-33-003-2017-00620-01-(26-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Margarita Isabel Pineda Moreno Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2017-00620-01

Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Patrullero. Dependencia económica de la madre.

Acta número 76.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Margarita Isabel Pineda Moreno , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare el si lencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto por la omisión en contestar la petición radicada el 4 de agosto de 2016.

1 Archivo 1, pág. 1.Sentencia de segunda instancia

1. Se declare el si lencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto por la omisión en contestar la petición radicada el 4 de agosto de 2016.

1 Archivo 1, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar la pensión de sob revivientes, a partir del 6 de diciembre de 2014.

1. Se ordene la actuación de la condena conforme al IPC y el pago de los intereses moratorios que se causen.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. El patrullero Roberth Adrián Jaramillo Pineda ingresó a la Policía Nacional el 1 de diciembre de 2013 y laboró hasta el 6 de diciembre de 2014, fecha en la que falleció en servicio activo . Se desempeñaba como investigador criminal en la Unidad Investigativa de Delitos en el Departamento del Caquetá.

1. Por su fallecimiento, la Subdirección General de la Policía Nacional, mediante la Resolución 00556 de 2015, reconoció la compensación por muerte por un valor de $53.380.686,24 a favor de la señora Margarita Isabel Pineda Moreno y José Domingo Jaramillo Duque en calidad de padres y se negó la pensión de sobrevivientes.

de $53.380.686,24 a favor de la señora Margarita Isabel Pineda Moreno y José Domingo Jaramillo Duque en calidad de padres y se negó la pensión de sobrevivientes.

1. El 4 de agosto de 2016 presentó la reclamación administrativa radicada con el número 087301, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, la Policía Nacional guardó silencio.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas violadas los artículos 2, 13, 25, 48 y 123 de la Constitución Política, 4 de la Ley 1992; 4 y 279 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 238 de 1995; así mismo, en forma general, las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 6a. de 1975, 715 de 2001 y 821 de 2003.

Refirió los artículos 11 y 28 del Decreto 4433 de 2004, para señalar que si bien la Policía Nacional señaló los decretos vigentes que regulan el régimen pensional y prestacional, no tuvo en cuenta la prevalencia del carácter de beneficiaria. Agregó que dependía económicamente de su hijo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Citó el artículo 28 del Decreto 4433 de 2004 e indicó que i) el patrullero Roberth Adrián Jaramillo Pineda fue calificado de la manera correcta en su informe administrat ivo por muerte, el cual determinó su deceso y lo calificó en actos del servicio ; y ii) por esa calificación se otorgaron las prestaciones y reconocimientos consagrados en dicha norma.

Aseguró que la pensión de sobrevivientes a la madre del patrullero estaba supeditada a la dependencia económica, sin embargo, esta fue desvirtuada con los elementos recopilados extraprocesalmente, entre los cuales se encuentra la declaración juramentada de la actora, quien afirma que es casada y depende del señor José Domingo Jaramillo Duque.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 , el Juzgado Tercero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del silencio administrativo negativo, como consecuencia a la no respuesta a la petición elevada por el apoderado de la señor MARGARITA ISABEL PINEDA MORENO ante la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL el día 4 de agosto de 201 6, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su

hijo Roberth Adrián Jaramillo Pineda PT (F).

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Roberth Adrián Jaramillo Pineda PT (F).

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo declarado en el numeral anterior por medio de la cual se niega el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora MARGARITA

ISABEL PINEDA MORENO.

TERCERO: En consecuencia como medida de restablecimiento ORDENAR a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, RECONOCER Y PAGAR la pensión de sobrevivientes a la señora MARGARITA ISABEL PINEDA MORENO establecida en el artículo 28 del Decreto 4433 de 2004 teni endo como base el 50% de las partidas computables establecidas en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 a partir del 06 de diciembre de 2014.

En caso que la cuantía de la pensión de sobrevivientes sea inferior al salario mínimo, se reconozca este últim o como cuantía de la pensión de sobrevivientes de conformidad con el artículo 3 numeral 3.8 de la ley 923 de 2004.

(…)

QUINTO: CONDENAR en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL, por secretaría efectúese la liquidación una vez en fir me esta providencia, así mismo fíjense como agencias en derecho la suma de un millón doscientos ochenta y siete mil pesos M/Cte ($1.287.000.oo).

2 Archivo 1, pág. 77. 3 Archivo 6.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

doscientos ochenta y siete mil pesos M/Cte ($1.287.000.oo).

2 Archivo 1, pág. 77. 3 Archivo 6.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Advirtió que las partes concuerdan en el régimen pensional aplicable, pero no en el requisito de la dependencia económica de los padres de Roberth Adrián Jaramillo Pineda. Encontró acreditado que el patrullero laboró en la Policía Nacional desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 6 de diciembre de 2014, es decir, por un interregno de 2 años, 2 meses y 1 días, incl uido el tiempo de alumno y 3 meses de alta ; además, que en el informativo administrativo por muerte de 2015, se indicó que falleció en actos del servicio.

Citó los artículos 28 y 11 del Decreto 4433 de 2004 y señaló que los requisitos mínimos exigidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se resumen en i) la vinculación del oficial o suboficial de la Policía Nacional ; ii) haber fallecido en actos meritorios del servicio, en combate o por acción directa del enemigo, sin importar el tiempo de servicios; y iii) que los beneficiarios dependieran económicamente del causante.

Dijo que de allí surge la discusión, pues se alegó que en la declaració n extraproceso, la demandante aseguró depender económicamente de su esposo, José Domingo Jaramillo

Dijo que de allí surge la discusión, pues se alegó que en la declaració n extraproceso, la demandante aseguró depender económicamente de su esposo, José Domingo Jaramillo Duque, quien disfruta de una pensión de jubilación por cuenta del Magisterio, además de ser acreedores de una indemnización por parte de la Policía en cuantí a de $53.380.686. Por esta razón, procedió a examinar el mentado elemento.

Trajo en cita las sentencias C -111 de 2006 y T -613 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional para señalar que se pueden evaluar elementos intrínsecos de los beneficiarios, sus condiciones de vulnerabilidad, pero además, la acepción de dependencia no es equiparable a la carencia absoluta de recursos económicos, sino a la falta de condiciones mínimas de subsistencia.

De las pruebas testimoniales practicadas, coligió que i) se demostró la insuficiencia de recursos propios para su autosostenimiento, toda vez que la demandante y su esposo son personas de escasos recursos que vivían de una pensión del magisterio, no tienen vivienda propia y en ese momento sostenían un hogar c ompuesto por ellos y una hija menor que estudiaba en el colegio; «es decir que la situación económica de la familiar no era muy holgada, quedando corroborado con los testigos al manifestar que Roberth Adrián trabajaba desde joven para lograr tener algún in greso, y con parte de él, colaborar en los gastos de su señora madre Margarita que es ama de casa y no devengaba salario ni pensión»; ii) se demostró el constante apoyo económico; y iii) se demostró que este era utilizado para su congrua subsistencia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

pensión»; ii) se demostró el constante apoyo económico; y iii) se demostró que este era utilizado para su congrua subsistencia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Por lo anterior, sostuvo que se cumplieron todos los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como son la dependencia económica, haber fallecido en actos del servicio, y ser los padres los únicos beneficiarios.

Finalmente, consideró que también se reunieron los presupuestos para declarar el silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 4 de agosto de 2016 y que si bien existía un oficio del 28 de noviembre de 2016, no se demostró que haya sido notificado a la demandante o a su apoderado. Sobre la excepción de prescripción, arguyó:

Como quiera que el señor Roberth Adrián Jaramillo Pineda falleció el 6 de diciembre de 2014, y a partir de esa fecha generarse el derecho a sus causantes a percibir la pensión de sobrevivientes, se concluye que ninguna de las mesadas pensionales prescribieron, por cuanto la petición de reconocimiento fue elevada dentro de los tres años siguientes, y la demanda presentada dentro de los tres años subsiguientes, dando entonces la certeza que no opera el fenómeno prescriptivo en este asunto.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandada presentó el recurso de apelación contra la

subsiguientes, dando entonces la certeza que no opera el fenómeno prescriptivo en este asunto.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Su motivo de disenso se contrajo a la dependencia económica de la demandante.

Sobre la afirmación relacionada con la insuficiencia de recursos propios para el autosostenimiento, dijo que no fue probado en el proceso y que se trata de conjeturas del a quo, pues lo que sí se demostró es que José Domingo Jaramillo Dique es beneficiario de una pensión del Magisterio equivalente a $1.302.703,26, «recursos que son suficientes para el sostenimiento en el entendido que el salario mínimo para el año 2019 se encontraba en $828.116».

Frente al constante apoyo económico, aseveró que no existe certeza de que Roberth Adrián Jaramillo Pineda la auxiliara de forma continua y relevante. Añadió que si bien se practicaron unos testimonios, los declarantes son cercanos a la demandante y por ello se ve comprometida su neutralidad y veracidad.

Manifestó que los deponentes dijeron que en no más de 3 ocasiones Roberth Adrián Jaramillo Pineda envió dinero a su señora madre y siempre por intermedio de terceros, sin embargo, el a quo aclaró que el apoyo económico no fue solamente en las 3 ocasiones que los testigos informaron, sino también a través de distintos medios tecnológicos para girar el

4 Archivo 9.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Margarita Isabel Pineda Moreno

los testigos informaron, sino también a través de distintos medios tecnológicos para girar el

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dinero, empero, ello tampoco se compadece con la realidad, toda vez que según las respuestas de las entidades comerciales, Roberth Adrián nunca envió giros de dinero o consignó alguna suma a sus padres.

Adicionalmente, dijo que i) aun si se entendiera que a Roberth Adrián Jaramillo Pineda no le gustaba la idea de utilizar las empresas de giros o bancos para consignar el dinero y por ello acudía a compañeros qu e fueran hasta la ciudad de Medellín para que entregaran el dinero personalmente a su madre, «extrañamente según lo certifica la empresa efecty el occiso sí pudo enviar dinero al señor JHON SEBASTIÁN LÓPEZ AVENDAÑO el día 01-092014 y el 28-11-2014» aun cuando los testigos dijeron que era peligroso hacer los giros en Florencia; ii) en los lugares donde laboró el patrullero existían empresas dedicadas a enviar y recibir giros; iii) el padre del occiso posee una cuenta bancaria donde le consignan la pensión y no fue utilizada en ningún momento para consignar la supuesta cuota o ayuda; iv) los uniformados que viajan mensualmente a la ciudad de Medellín son muy pocos y si bien son policías, son desconocidos para los mismos compañeros, «más aun si

pensión y no fue utilizada en ningún momento para consignar la supuesta cuota o ayuda; iv) los uniformados que viajan mensualmente a la ciudad de Medellín son muy pocos y si bien son policías, son desconocidos para los mismos compañeros, «más aun si observamos que (…) permaneció laborando en la institución menos de un año, por lo cual no es muy amplio el grupo de policías con los cuales haya generado el nivel de confianza que permita entregar una suma de dinero»; v) no existe certeza de ninguna suma de dinero que Roberth Adrián Jaramillo Pineda enviara a su progenitora durante la permanencia en la Policía Nacional dineros, es decir, no se trataba de un constante apoyo económico, sino de una ayuda o colaboración esporádica.

Alegó que no se demostró que el ap oyo económico era utilizado para su congrua subsistencia, por el contrario, según los testigos, el dinero enviado por Roberth Adrián Jaramillo Pineda se destinó para la compra de muebles y para arreglar la casa, lo cual dista de las necesidades de quien depende económicamente de una persona.

Hizo alusión a las declaraciones extrajudiciales rendidas por José Domingo Jaramillo Duque y Margarita Isabel Pineda Moreno, para decir que i) el supuesto dinero era utilizado para gastos de toda la familia y para pagar el dinero que se le prestó para costear la carrera policial; y ii) la dependencia económica de la actora era frente a su esposo, no frente a su hijo.

Por demás, reiteró lo expresado en la contestación de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Margarita Isabel Pineda Moreno

Por demás, reiteró lo expresado en la contestación de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5.1. Admisión del recurso de apelación.5

En auto del 11 de febrero de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.6

Mediante el auto proferido el 4 de marzo de 2021 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Parte demandante. Sostuvo que sí se demostró la dependencia económica.7

1.5.2.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Volvió sobre los argumentos de la apelación.8

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa.

La Ley 1285 de 2009 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia», en el artículo 16 avaló que se decida el proceso en relación

2.1. Cuestión previa.

La Ley 1285 de 2009 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia», en el artículo 16 avaló que se decida el proceso en relación con los cuales su decisión definitiva «entrañe solo la reiteración de la jurisprudencia » sin atender al turno.

Entonces, si bien es cierto que en este Despacho se encuentran pendientes para proferir sentencia otros procesos que ingresaron antes del asunto de la referencia, también lo es que el tema relacionado con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes h a sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que da lugar a que se resuelva esta cuestión de manera anticipada.

2.2. Competencia.

5 Archivo 23. 6 Archivo 27. 7 Archivo 31. 8 Archivo 29.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , conforme con lo consagrado en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la señora Margarita Isabel Pineda Moreno tiene derecho al

de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la señora Margarita Isabel Pineda Moreno tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los términos del Decreto 4433 de 2004, toda vez que dependía económicamente de su hijo, el patrullero Roberth Adrián Jaramillo Pineda.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial de la dependencia económica para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.4. Sobre la dependencia económica para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Marco normativo y jurisprudencial.

El artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, prevé:

Artículo 11.Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo . Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:

(…)

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre l os padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.

(…)

(…)

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre l os padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.

(…)

Este requisito fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C111 de 2016. En esta oportunidad, sostuvo in extenso:

En este sentido se ha sostenido que para poder acreditar la dependencia económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigenciasino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad deSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna. Así lo señaló, por ejemplo, el Consejo de Estado, al declarar la nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994, mediante el cual se pretendía reglamentar la definición del concepto de dependencia económica, al reiterar la jurisprudencia que sobre protección a los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital ha fijado esta Corporación. Al respecto, el citado Tribunal sostuvo:

económica, al reiterar la jurisprudencia que sobre protección a los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital ha fijado esta Corporación. Al respecto, el citado Tribunal sostuvo:

“El art. 47 de la Ley 100 de 1993 (...) no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual s e suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de depe ndencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta ultima que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza

concepto de depe ndencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta ultima que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razon es llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condic iones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”.

Por lo anterior, la dependencia económica ha sido entendida como la falta de condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales.

De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absolut a como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de

la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absolut a como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.

Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada prestación.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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20. En este orden de ideas, a juicio de la Corte, al exigir la disposición acusada la demostración de una dependencia económica “total y absoluta” , establece una hipótesis extrema que termina por hacer nugatoria la posibilidad q ue tienen los padres del causante de acceder a la pensión de sobrevivientes , lo que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad , pues indudablemente sacrifica derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad

padres del causante de acceder a la pensión de sobrevivientes , lo que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad , pues indudablemente sacrifica derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad humana y los principios constitucionales de solidaridad y protección integral a la familia.

A partir de las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional estableció unas reglas para determinar si una persona es o no dependiente económica de otra, estas son: i) para tener independencia económica, los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y vida digna; ii) el salario mínimo no es determinante en la independencia económica; iii) no constituye independencia económica recibir otra prestación; iv) la independencia no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional; v) los ingresos ocasionales no general independencia económica, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes; vi) poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica. Este criterio fue reiterado en la sentencia C-066 de 2016.

Así mismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el requisito de la dependencia económica de los padres para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Por ejemplo, en la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 con ponencia del consejero César Palomino Cortés (expe diente 5467 -18), sostuvo que «la dependencia económica debe examinarse a la luz de los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social, a saber: la protección especial a aquellas personas

dependencia económica debe examinarse a la luz de los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social, a saber: la protección especial a aquellas personas que, por su condición económica, física o men tal, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad, entre otros. De igual forma, la noción comprende la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto – proporcionarse o mantener su subsistencia, por lo tanto, la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo exi