TA CAQ - 1800133-33-003-2018-00143-01-(27-09-2022)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson González Hernández y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 68.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia del 27 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte demandante.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Robinson González Hernández , actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Robinson Alberto González García; Marleny Martínez Cocoma, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Ashley Viviana González Martínez; Luz Dary, Jairo, Marisol y Nini Johana González Hernández, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por

de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Robinson González Hernández, entre el 28 de mayo de 2013 y el 9 de enero de 2015, dentro del proceso penal que se

1 Folios 179 a 182 y 210 CD Audiencia Inicial con Juzgamiento CP.2 2 Folios 82 a 93 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 2 de 18

adelantó en su contra por el delito de homicidio agravado en concurso con el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, y que culminó con sentencia absolutoria en su favor el 15 de febrero de 2016.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Faiber Zambrano Leal fue asesinado por un hombre que le propinó varios disparos el día 11 de marzo del 2012, a las 4: 00 pm, en la manzana 5 casa 92 del barrio El Minuto de Florencia.

1. El hijo del occiso manifestó a la Fiscalía que el sujeto que le disparó a su padre se «parecía» a un compañero de trabajo de él y que le apodaban “Cochino”,

del barrio El Minuto de Florencia.

1. El hijo del occiso manifestó a la Fiscalía que el sujeto que le disparó a su padre se «parecía» a un compañero de trabajo de él y que le apodaban “Cochino”, características que condujeron a la individualización de Robinson González

Hernández.

1. «Por tan simple versión », la Fiscalía 11 Seccional de Florencia sindicó a Robinson González Hernández d el delito de homicidio bajo circunstancia de agravación y pidió al juez de control de garantías la medida de detención intramural.

1. Así las cosas, Robinson González Hernández, fue injustamente privado de la libertad desde el 28 de mayo de 20 13 hasta el 9 de enero del 2015, fecha en que se ordenó su libertad inmediata, lo que constituye un daño antijurídico que no se encontraba en el deber de soportar, como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas, pues su detención se tornó injusta y arbitraria en el marco de la sentencia absolutoria proferida en su favor.

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Robinson González Hernández fue injusta, desproporcional y excesiva frente al abanico de posibilidades que tenía la Fiscalía para evitar que se conjuraran los peligros de obstrucción a la justicia, la no comparecencia y los riesgos para la sociedad y las víctimas. Como, por ejemplo , la obligación de someterse a un mecanismo de vigil ancia electrónica; presentarse periódicamente ante el juez; la prohibición de salir del país, entre otras.Medio de Control: Reparación Directa

obligación de someterse a un mecanismo de vigil ancia electrónica; presentarse periódicamente ante el juez; la prohibición de salir del país, entre otras.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 3 de 18

Además, recalcaron no entender cómo se embarcó al demandante en un proceso penal sólo por un señalamiento aligerado, reduciéndolo a la cárcel sin tener las pruebas que exige la ley para demostrar su responsabilidad en la comisión del homicidio de conformidad con el artículo 381 de la Ley 906 del 2004. Por lo que finalmente, alegaron que e ste hecho constituye un daño antijurídico que les debe ser indemnizado conforme al artículo 90 de la Constitución Política.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. La Rama Judicial3.

Dentro del término otorgado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en la demanda.

Seguidamente arguyó que la actuación del Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia se concretó en decretar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía 11 Seccional, con base en los elementos materiales pro batorios, evidencia física e información legalmente recaudados hasta ese momento y como garantía de los fines contemplados en el artículo 250 de la Constitución Política. Además, recalcó que, las audiencias preliminares se agotaron con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del procesado,

legalmente recaudados hasta ese momento y como garantía de los fines contemplados en el artículo 250 de la Constitución Política. Además, recalcó que, las audiencias preliminares se agotaron con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del procesado, en las que, por su naturaleza, no se discutió la responsabilidad penal del imputado, ya que el juez de control de garantías toma su decisión con elementos que no constituyen plena prueba de su responsabilidad.

Así mismo, dijo que la actuación del juez de control de garantías fue ajustada a derecho, pues la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor González Hernández se fundó en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legamente obtenida que lo vinculaban a la conducta punible imputada, y que fueron suficientes para imponer la medida de aseguramiento, pues con aquellas se podía inferir razonablemente que era autor o participe de la comisión de la conducta punible.

Agregó que la actuación desplegada por el juez de conocimiento también fue ajustada al principio de legalidad, pues al no ver cumplidos los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad penal del actor puso fin a la acción penal en el sentido de dirimir de fondo el conflicto y disponer su libertad inmediata, con lo que salvaguardó los derechos constitucionales y legales del señor González Hernández.

3 Folios 105 a 115 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 4 de 18

Concluyó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial, pues sus actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que no existe

Página 4 de 18

Concluyó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial, pues sus actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado y la actuación de la Rama Judicial, máxime cuando fue justamente el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia el que declaró la absoluci ón, en virtud de la cual recobró su libertad. Añadió que, aunque la Fiscalía no fue quien decreto la privac ión de la libertad del actor, sí formuló la respectiva imputación y , con su solicitud de absolución , reconoció las fallas cometidas en la investigación, de modo que es e sta la entidad que debe asumir la responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Finalmente, mencionó que en el presente asunto se encuentra configurada la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, ya que la privació n de la libertad del aquí demandante se basó en la declaración, el reconocimiento fotográfico y el testimonio del señor Fernando Narváez, testigo presencial de l homicidio objeto de investigación, manifestación que resultó determinante para privar de la lib ertad al señor González Hernández. Así mismo, arguyó que, la conducta del procesado contribuyó a que fuera privado de la libertad, pues no ejerció dentro del proceso penal el derecho que le concede el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, por lo que favorec ió que su privación de la libertad se extendiera hasta la etapa de juicio.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación4.

Se opuso a las pretensiones de la demanda , con fundamento en que no existen

se extendiera hasta la etapa de juicio.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación4.

Se opuso a las pretensiones de la demanda , con fundamento en que no existen fundamentos de hecho o de derecho que le sirvan de sustento, ni se estructuran los supuestos esenciales que permitan establecer su responsabilidad patrimonial.

Seguidamente, manifestó que su actuación estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, por lo que no existe nexo causal entre sus actuaciones y el daño antijurídico alegado por los demandantes.

Refirió que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad, pues no se probó el daño antijurídico, esto es, que la privación de la libertad fuera injusta y arbitraria, ni producto de falla en el servicio. Añadió que no hubo rompimiento de las cargas públicas más allá de los límites constitucional y legalme nte permitidos.

4 Folios 120 a 146 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 5 de 18

Arguyó que desde el inicio de la investigación, cumplió con su carga procesal de demostrar los enunciados facticos en lo que se basaba su pretensión para declarar la legalidad de la captura del imputado, igualmente para que le fuera impuesta la medida de aseguramiento, la que además estaba soportada en los medios cognoscitivos obrantes hasta ese momento en el expediente.

Por otra parte, refirió que bajo la teoría de la causalidad adecuada no se presenta nexo

la que además estaba soportada en los medios cognoscitivos obrantes hasta ese momento en el expediente.

Por otra parte, refirió que bajo la teoría de la causalidad adecuada no se presenta nexo causal entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, pues el origen de la privación de la libertad fue la imposición de la medida de aseguramiento, cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva y la medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta e inexistencia de daño antijurídico, fundada en que fue la Rama Judicial la que en el marco de sus competencias legales, impuso la medida de aseguramiento en contra del actor, previa valoración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar cumplidos los presupuestos de procedencia para su imposición, por lo que alegó, es la entidad que debe responder por una eventual condena.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentenci a proferida el 27 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Para arribar a dicha decisión, el a quo señaló que el régimen aplicable al presente asunto deviene de lo contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política , en concordancia con lo establecido en la Ley 270 de 1996, en donde se preceptúa el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

deviene de lo contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política , en concordancia con lo establecido en la Ley 270 de 1996, en donde se preceptúa el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Seguidamente, recalcó que no existe claridad frente al régimen específico de imputación que se debe util izar para resolver los asuntos originados en privaciones injusta de la libertad, pues inicialmente el Consejo de Estado en su jurisprudencia contemplaba la posibilidad de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, el cual posteriormente varió para señalar que debía aplicarse el régimen subjetivo de falla en el servicio, tal como lo reseñó en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018.

5 Folios 178 a 182 CP.2 y CD Folio 210 CP.2.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 6 de 18

Sin embargo, también resaltó que en pronunciamientos recientes del Consejo de Estado, dicha Corporación también sigue aplicando el régimen objetivo en casos concretos como, por ejemplo , cuando la libertad del ciudadano se genera como consecuencia de la declaratoria de que el hecho delictivo no existió, que el imputado no lo cometió, que la conducta no constituya hecho punible o el uso del in dubio pro reo, para así concluir que, no existe un régimen especifico aplicable para resolver estos asuntos, por lo que en consecuencia, el juez en aplicación del principio iura novit curia debe analizar en el caso en concreto, cuál de los regímenes es el que va aplicar para resolver el caso en concreto objeto de la litis.

consecuencia, el juez en aplicación del principio iura novit curia debe analizar en el caso en concreto, cuál de los regímenes es el que va aplicar para resolver el caso en concreto objeto de la litis.

Respecto a l estudio de los elementos estructurales de responsabilidad administrativa , manifestó que conforme a las pruebas obrantes en el expediente se encontró acreditado el daño antijuridico, traducido en el tiempo que duro la privación de la libertad del señor Robinson González Hernández, sin embargo, respecto de los elementos de imputación y nexo de causalidad, refirió que no se acreditaron porque la parte actora incumplió con la carga probatoria que le impone la ley, pues no se allegó el proceso penal que se adelantó al demandante, especialmente los audios de las audiencias que se llevaron a cabo para efectos de conocer cuáles fueron los argumentos que tuvo la Fiscalía y la Rama Judicial para imponer la medida de aseguramiento y luego absolver al aquí demandante.

Así las cosas, concluyó que, a falta del referido material probatorio, era imposible efectuar el estudio de responsabilidad administrativa bajo el régimen de imputación objetiva o subjetiva, ya que se desconoce la causal que se invocó para la absolución del señor González Hernández, pues reiteró que ni siquiera se aportaron las providencias conforme a las cuales se impuso la medida de aseguramiento y luego se absolvió de responsabilidad penal al actor.

1.4. Recurso de apelación.

El apoderado de la parte actora 6 interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestó no estar de acuerdo con el argumento del a quo al afirmar que

1.4. Recurso de apelación.

El apoderado de la parte actora 6 interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestó no estar de acuerdo con el argumento del a quo al afirmar que con la demanda no se aportaron los CDs contentivos de las providencias emitidas en las audiencias preliminares (legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento), acusación, preparatoria, y juicio oral, pues recalcó que con la demanda sí se adjuntaron, e incluso se a llegó el audio correspondiente a la audiencia en la que se ordenó la libertad inmediata del demandante por vencimiento de términos.

6 Folios 213 a 223 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 7 de 18

Recabó en que sí aportó los CDs contentivos de las audiencias en las que se emitieron las providencias por las que se le restringió el derecho a la libertad al actor , pues son necesarios y condición sine qua non para admitir la demanda . Así mismo , expresó que desconoce las causas por la s cuales los CDs no están dentro del proceso y que no se explica cómo el jue z al percatarse de esta ausencia , se abstuvo de peticionarlos oficiosamente.

Por otra parte, alegó que debe declararse responsables a las entidades demandadas por la privación inj usta de la libertad de la que fue objeto el señor Robinson González Hernández, pues no se cumplieron los presupuestos que exigía la Ley penal vigente para la época de los hechos para privarlo de la libertad, especialmente argumentó que: i) no

la privación inj usta de la libertad de la que fue objeto el señor Robinson González Hernández, pues no se cumplieron los presupuestos que exigía la Ley penal vigente para la época de los hechos para privarlo de la libertad, especialmente argumentó que: i) no existió flagrancia, por lo que no se imponía una urgencia y mucho menos estaba presente el factor de actualidad que reclama la viabilidad de la captura; ii) el Fiscal y el Juez malentendieron que todo delito que tiene pena que exceda de 4 años, obliga a imponer medida de aseguramiento, pues este aspecto no es determinante conforme al parágrafo del artículo 308 de la Ley 906 de 2004; iii) no se observó el principio de previsión, lo que obliga tanto al fiscal y al juez a valorar si , con los elementos con vocación probatoria, se imponía inexorablemente el encarcelamiento; y iv) la f iscal desatendió la Directiva 13 de 2006 que obliga a pedir excepcionalmente medida en las condiciones y de la naturaleza como se hizo.

Finalmente, realizó una síntesis de la demanda, las posiciones de las partes y del Ministerio Público en la audiencia de fallo, en donde destacó que debe declararse la responsabilidad patrimonial de las demandadas por su actuación defectuosa dentro del proceso penal.

1.3. Trámite en segunda instancia.

1.3.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora se admitió en el auto del 11 de septiembre de 20207.

1.3.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto proferido el 12 de noviembre de 20208 se corrió traslado a las partes y al

auto del 11 de septiembre de 20207.

1.3.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto proferido el 12 de noviembre de 20208 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente. Termino dentro del cual, la parte actora 9 allegó escrito de alegaciones

7 Folio 261 CP.2. 8 Folio 434 CP.3. 9 Folios 272 a 279 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 8 de 18

finales en los que reiteró los argumentos expuestos en sus anteriores salidas procesales, especialmente las invocadas en su recurso de alzada.

Así mismo, la Fiscalía General de la Nación 10 y la Rama Judicial11 presentaron escrito en donde solicitaron se confirme la sentencia de primera instancia, y reiteran los argumentos facticos y jurídicos expuestos en sus demás salidas procesales; por su parte el Ministerio Público guardó silencio12.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Prelación de fallo.

En la actualidad, el Despacho Tercero del Tribunal Administrativo del Caquetá tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998,

En la actualidad, el Despacho Tercero del Tribunal Administrativo del Caquetá tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva « entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia».

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la responsabilidad del Estado derivada de la presunta privación injusta de la libertad, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han fijado criterios consistentes y reiterados, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la referida ley 1285, la Sala Segunda de Decisión se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.2. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($ 12.000.000), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2018 ($390.621.000).

10 Folio 281 CP.2 11 Folios 283 a 285 CP.2 12 Folio 286 CP.2Medio de Control: Reparación Directa

salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2018 ($390.621.000).

10 Folio 281 CP.2 11 Folios 283 a 285 CP.2 12 Folio 286 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 9 de 18

2.3. Problema jurídico.

En el marco de la apelación interpuesta por la parte actora, el problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial deben responder patrimonialmente por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la priva ción de la libertad de la que fue objeto el señor Robinson González Hernández.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) el análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.13

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros14.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201815 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia

de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 14 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 15 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-003-2018-00143-01

Página 10 de 18

injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que d eclaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 16 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 17-18. Finalmente, agregó la sentencia citada,

independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 17-18. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima19.

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».20

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 21 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patri monial del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de l a Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de

legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de l a Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada,

16 Ibídem. Acápite 117 y 118. 17 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 18Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 19 Ibídem. Acápite 124.

definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 19 Ibídem. Acápite 124. 20 Ibídem. Acápite 105. 21 Ibídem. Acápite 106.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-