TA CAQ - 1800133-33-004-2017-00714-01-(27-09-2022)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Alex Bocanegra Alonso y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 68.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia del 30 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante la cual se: i) declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación; ii) declaró probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima; y iii) denegó las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Alex Bocanegra Alonso, actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Thiago Alexander Bocanegra Alonso; Marina Alonso Tafur, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijas Jhoana Galvis Alonso y Luz Adriana Alonso Tafur; Mayorly Galvis Tamayo ; Mayerly Bocanegra Alonso, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Hellen Dayana y Ángel Daniel

nombre propio y en representación de sus menores hijas Jhoana Galvis Alonso y Luz Adriana Alonso Tafur; Mayorly Galvis Tamayo ; Mayerly Bocanegra Alonso, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Hellen Dayana y Ángel Daniel Silva Bocanegra; Yorleny Bocanegra Alonso actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Karol Melissa Rodríguez Bocanegra y Luz Divia Bocanegra Alonso, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control con sagrado

1 Folios 213 a 220 CP.3 2 Folios 36 a 39 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 2 de 18

en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Alex Bocanegra Alonso , entre el 15 de mayo y el 18 de septiembre de 2015, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de hurto calificado y agravado, y que culminó con preclusión de la investigación en su favor el 4 de mayo de 2017.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Alex Bocanegra Alonso fue capturado ilegalmente junto con otra persona el 15 de mayo de 2015, por miembros de la Policía Nacional en el barrio

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Alex Bocanegra Alonso fue capturado ilegalmente junto con otra persona el 15 de mayo de 2015, por miembros de la Policía Nacional en el barrio Idema de esta c iudad, presuntamente por la comisión del delito de hurto calificado y agravado.

1. Para esa misma fecha , se legalizó la captura ; se for muló imputación en su contra por el delito de hurto agravado; y se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

1. Como quiera que la imputación realizada era equ ívoca, la Fiscalía posteriormente reformó la imputación y retiró la medida de aseguramiento, por lo que el señor Alex Bocanegra Alonso quedó en libertad el 18 de septiembre de 2015.

1. La Fiscalía solicitó preclusión de la investigación en favor del señor Bocanegra Alonso, la cual fue decretada el 4 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero

Penal del Circuito de Florencia.

1. Así las cosas, Alex Bocanegra Alonso fue injustamente privado de la libertad desde el 15 de mayo al 18 de septiembre de 2015, fecha en que se ordenó su libertad inmediata.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 3 de 18

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Alex Bocanegra Alonso, constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Alex Bocanegra Alonso, constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues su captura y detención devinieron injustas y arbitrarias, luego de que se le precluyera en su favor la investigación penal.

Alegaron que en el marco del procedimiento penal que se le adelantó, la Fiscalía es responsable al haber solicitado la legalización de la captura del señor Bocanegra Alonso, así como por haberle imputado cargos y haber solicitado la imposición de medida de aseguramiento en su contra, para luego pedir la preclusión de la investigación. Añadió que la responsabilidad de la Rama Judicial, surge de la aceptación de los equívocos conceptos emitidos por la Fiscalía, conforme a los cuales el actor fue injustamente privado de la libertad.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación3.

Se opuso a las pretensiones, con fundamento en que no existen fundamentos de hecho o de derecho que le sirvan de sustento, ni se estructuran los supuestos esenciales que permitan establecer su responsabilidad patrimonial.

Seguidamente, manifestó que su actuación estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, por lo que no existe nexo causal con el daño antijurídico alegado por los demandantes.

Refirió que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad, pues no se probó el daño antijurídico, esto es, que la privación de la

alegado por los demandantes.

Refirió que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad, pues no se probó el daño antijurídico, esto es, que la privación de la libertad fuera injusta y arbitraria ni producto de falla en el servicio. Añadió que no hubo rompimiento de las cargas públicas más allá de los límites constitucional y legalmente permitidos.

Arguyó que desde el inicio de la investigación cumplió con la carga procesal de demostrar los enunciados fácticos en lo que se basaba su pretensión para declarar la legalidad de la captura del imputado, e igualmente para que le fuera impuesta la medida de

3 Folios 50 a 66 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 4 de 18

aseguramiento, la que además estaba soportada en los medios cognoscitivos obrantes hasta ese momento en el expediente.

Por otra parte, refirió que, bajo la teoría de la causalidad adecuada, no se presenta nexo causal entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, pues la causa eficiente de la privación de la libertad fue la imposición de la medida de aseguramiento, cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva y la medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta, fundada en que la Rama Judicial es la que debe responder por la condena, toda vez que, en el marco de sus competencias legales, impuso la medida de

de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta, fundada en que la Rama Judicial es la que debe responder por la condena, toda vez que, en el marco de sus competencias legales, impuso la medida de aseguramiento en contra del actor después de valorar los elementos materiales probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar cumplidos los presupuestos de procedencia para su imposición.

1.2.2. La Rama Judicial4.

Dentro del término otorgado para ello contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en ella.

Seguidamente arguyó que la actuación del juez de control de garantías fue ajustada a derecho, pues la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Bocanegra Alonso se fundó en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legamente obtenida que lo vinculaban a la conducta punible imputada, y que fuero n suficientes para imponer la medida de aseguramiento, pues con aquellas se podía inferir razonablemente que era autor o partícipe de la comisión de la conducta punible.

Agregó que la actuación desplegada por el juez de conocimiento también fue ajustada al principio de legalidad, pues al no ver cumplidos los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad penal del actor , puso fin a la acción penal en el sentido de dirimir de fondo el conflicto y disponer su libertad inmediata, con lo que salvagu ardó los derechos constitucionales y legales del aquí demandante.

Así las cosas, concluyó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial, pues sus

fondo el conflicto y disponer su libertad inmediata, con lo que salvagu ardó los derechos constitucionales y legales del aquí demandante.

Así las cosas, concluyó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial, pues sus actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado y la actuación de la

4 Folios 81 a 89 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 5 de 18

Rama Judicial, máxime cuando fue justamente el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia el que decretó la preclusión de la investigación , en virtud de la cual recobró su libertad el demandante. Añadió que aunque la Fiscalía no fue quien decreto la privación de la libertad del actor, sí formuló la respectiva imputación y con su solicitud de preclusión y reconoció las fallas cometidas en la investigación, de modo que es ésta la entidad que debe asumir la responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Finalmente, mencionó que en el presente asunto se encuentra configurada la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima , ya que la captura del señor Alex Bocanegra Alonso se efectuó en circunstancia de flagrancia, cuando éste se movilizaba en una motocicleta junto con otra persona, transportando un televisor de 42 pulgadas marca Panasonic que minutos antes había sido reportado como hurtado, por lo que en consecuencia resulta lógico concluir que conocía de la ilicitud de su conducta.

En ese orden, añadió que la conducta del actor contribuyó de manera grave y significativa

Panasonic que minutos antes había sido reportado como hurtado, por lo que en consecuencia resulta lógico concluir que conocía de la ilicitud de su conducta.

En ese orden, añadió que la conducta del actor contribuyó de manera grave y significativa a que fuera privado de su libertad, lo que implica una carga que se encuentra en el deber de soportar , pues la restricción de este derecho se produjo como resultado de una actuación imputable a él, rompiendo de esa manera el nexo de causalidad, lo que hace inviable el reconocimiento de cualquier condena.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 30 de agosto de 2019, i) declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación; i i) declaró probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima; y iii) denegó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha decisión, el a quo señaló que el régimen aplicable al presente asunto deviene de lo contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en la Ley 270 de 1996, en donde se preceptúa el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Seguidamente, recalcó que no existe claridad frente al régimen específico de imputación que se debe utilizar para resolver los asuntos originados en privaciones injusta s de la libertad, pues inicialmente el Consejo de Estado en su jurisp rudencia contemplaba la posibilidad de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, el cual

5 Folios 213 a 220 CP.3.Medio de Control: Reparación Directa

libertad, pues inicialmente el Consejo de Estado en su jurisp rudencia contemplaba la posibilidad de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, el cual

5 Folios 213 a 220 CP.3.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 6 de 18

posteriormente varió para señalar que debía aplicarse el subjetivo de falla en el servicio, tal como lo reseñó en la Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018.

Sin embargo, también resaltó que en pronunciamientos recientes del Consejo de Estado, dicha Corporación sigue aplicando el régimen objetivo en casos concretos, como por ejemplo, cuando la libertad del ciudadano se genera como consecuencia de la declaratoria de que el hecho delictivo no existió, que el imputado no lo cometió, que la conducta no constituye hecho punible o el uso del in dubio pro reo, para así concluir que, no existe un régimen específico aplicable para resolver estos asuntos, por lo que en consecuencia, el juez en aplicación del principio iura novit curia debe analizar en cada caso cuál de los regímenes es el que va aplicar para resolver el caso en concreto objeto de la litis.

Respecto del estudio de los ele mentos estructurales de responsabilidad administrativa, manifestó que conforme a las pruebas obrantes en el expediente se encontró acreditado el daño antijuridico, traducido en el tiempo que duró la privación de la libertad del señor Alex Bocanegra Alonso, y bajo el entendido de que no estaba obligado a soportar la carga de permanecer privado de esta.

En relación con los elementos de imputación y nexo de causalidad, refirió que la Fiscalía

Bocanegra Alonso, y bajo el entendido de que no estaba obligado a soportar la carga de permanecer privado de esta.

En relación con los elementos de imputación y nexo de causalidad, refirió que la Fiscalía sí contó con motivos fundados para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, como es el informe de captura en flagrancia en donde se relaciona que el aquí demandante fue detenido cuando se le sorprendió transportando en una motocicleta un televi sor que previamente había sido reportado como hurtado, además de que la medida intramural la solicitó con el objeto de asegurar la comparecencia del imputado al proceso, el aseguramiento de la prueba y la protección de la comunicad, así como con el cumplimiento de los demás presupuestos que exige la Ley 906 de 2004 para tales efectos.

De otra parte, indicó que, aunque en el proceso penal se advirtió que el autor del delito de hurto fue una persona , lo cierto es que el ente acusador modificó el tipo penal imputado por el de receptación, por lo que de ese modo no se vulneró ningún derecho del procesado, pues su comportamiento si constituyó delito, al adquirir elementos de dudosa procedencia. Añadió que las actuaciones desplegadas por las autoridades demandadas se ajustaron a derecho, pues sus decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la Ley, pues la medida de aseguramiento impuesta, se dict ó con fundamento en los elementos materiales probatorios e información legamente obtenida exhibida por la Fiscalía en la etapa preliminar de la investigación, por lo que dijo no existir nexo de causalidad ente el daño antijuridico alegado por los demandantes y la actuación desplegada por las entidades demandadas.Medio de Control: Reparación Directa

etapa preliminar de la investigación, por lo que dijo no existir nexo de causalidad ente el daño antijuridico alegado por los demandantes y la actuación desplegada por las entidades demandadas.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 7 de 18

Finalmente, encontró configurada la eximente de responsabilidad administrativa de la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el demandante fue capturado en flagrancia mientras transportaba un electrodoméstico proveniente de la comisión del delito de hurto, lo que conllevó posteriormente a la adecuación de la conducta punible al de receptación . En consecuencia, refirió que el demandante actuó de manera irregular y negligente, lo que conllevó al inicio de la investigación penal en su contra y a la privación de su libertad, por lo que no podía declarase la responsabilidad administrativa de las demandas por el daño irrogado por los demandantes.

1.4. Recurso de apelación.

El apoderado de la parte actora6, dentro del término otorgado para ello, interpuso recurso de apelación con el objetivo de que sea revocado el fallo de primera instancia, para que en su lugar se acceda a las pretensiones invocadas en la demanda.

Alegó no estar de acuerdo con los argumentos invocados por el a quo para declarar configurada la culpa exclusiva de la víctima, pues la Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento fundad a en un delito que no fue cometido por el señor Alex Bocanegra Alonso, ni mucho menos cometi do en circunstancia de flagrancia, por lo que

medida de aseguramiento fundad a en un delito que no fue cometido por el señor Alex Bocanegra Alonso, ni mucho menos cometi do en circunstancia de flagrancia, por lo que alegó que no se cumplieron los presupuestos exigidos por la ley para privar de la libertad de manera preventiva al actor, además de que las autoridades demandadas podían haber impuesto una medida no privativa d e la libertad, ya que ésta última se debe utilizar de manera excepcional y como última ratio.

Finalmente, manifestó que el juez administrativo no es el juez de conocimiento penal, por lo que entonces no puede concluir si el actuar de una persona es contraria a derecho , además de que por el simple hecho de acompañar a una persona a llevar un televisor no puede concluirse que se está cometiendo un delito, más aún cuando con posterioridad se solicitó la preclusión de la investigación en favor del actor, en la que se reconoció que este no tenía nada que ver con el delito de hurto calificado imputado y mucho menos con el de receptación que posteriormente fue imputado.

1.3. Trámite en segunda instancia.

1.3.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora se admitió en el auto del 6 de noviembre de 20207.

6 Folios 222 a 224 CP.3 7 Folio 231 CP.3.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 8 de 18

1.3.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto proferido el 20 de noviembre de 20 208 se corrió traslado a las partes y al

Página 8 de 18

1.3.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto proferido el 20 de noviembre de 20 208 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente. Termino que venció en silencio9.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sal a procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($7.000.000), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

En el marco de la apelación interpuesta por la parte actora, el problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial deben responder patrimonialmente por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Alex Bocanegra Alonso.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) el análisis de la Sal a. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

8 Folio 434 CP.3. 9 Folio 241 CP.3Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 9 de 18

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.10

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad,

aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.10

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros11.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201812 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 13 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funciona rio judicial se enmarcan en los presupuestos de

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 12 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 13 Ibídem. Acápite 117 y 118.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 10 de 18

razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 14-15. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima16.

De conformidad con lo anterior, la Cort e Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declar ación de que el hecho no existió o la conducta era

considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declar ación de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».17

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ause ncia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 18 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños deri vados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafi rmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación19:

14 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 15Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del co mpendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 16 Ibídem. Acápite 124. 17 Ibídem. Acápite 105. 18 Ibídem. Acápite 106.

los particulares”. 16 Ibídem. Acápite 124. 17 Ibídem. Acápite 105. 18 Ibídem. Acápite 106. 19 Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E), 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001-23-31-0002011-00029-01(50173).Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00714-01

Página 11 de 18

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en

arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese priva