TA CAQ - 1800133-33-004-2017-00822-01-(27-09-2022)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Alexander Artunduaga Vargas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro.

Radicación: 18001-33-33-004-2017-00822-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 68.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia del 2 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda.2

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Alexander Artunduaga Vargas, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Lina Alejandra Artunduaga Hernández y Jhon Alexander Artunduaga Quintero; así como María Emérita Vargas Ramírez, Olga Lucia, Alexander, Carolina, Luz Mary, Fernando, Martha Cecilia, Jesús María, Robinson, Oscar, José Luis y Roldan Artunduaga Vargas , por conducto de apod erado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por

del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la detención injusta que

1 Folios 180 a 186 CP.2 2 Folios 52 a 71 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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sufrió el señor Alexander Artunduaga Vargas, entre el 2 5 y el 26 de mayo de 2011, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de hurto calificado y agravado, y que culminó con preclusión de la investigación en su favor el 29 de septiembre de 2015.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Alexander Artunduaga Vargas fue capturado el 25 de mayo de 2011, cuando ejecutaba actividades de mecánica de motos en su taller en el municipio de Florencia – Caquetá, al ser sindicado del delito de hurto calificado y agravado.

1. Luego de su captura, fue conducido a los calabozos de la SIJIN, donde permaneció privado de la libertad hasta el 26 de mayo de 2011, cuando se ordenó su libertad, pero continuó vinculado a la investigación penal.

1. El 29 de septiembre de 2015, una vez agotado el ritual propio del proceso penal

permaneció privado de la libertad hasta el 26 de mayo de 2011, cuando se ordenó su libertad, pero continuó vinculado a la investigación penal.

1. El 29 de septiembre de 2015, una vez agotado el ritual propio del proceso penal en el marco de la Ley 906 de 2004, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia con funciones de conocimiento, precluyó la investigación en su favor.

La decisión quedó ejecutoriada, en tanto no se presentó ningún recurso.

1. Desde que fue privado de la libertad hasta que se emitió la providencia a través de la cual se precluyó la investigación en su favor, él y su familia se vieron sometidos a la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la investigación penal, lo que les generó mucha angustia y sufrimiento, pues solo pensaban en el momento en que fuese privado nuevamente de la libertad, ya que la mora de la administración de justicia en resolver el asunto, contribuyó a esta situación.

1. El señor Alexander Artunduaga Vargas permaneció privado injustamente de la libertad entre el 25 al 26 de mayo de 2011, lo que constituye un daño antijurídico que no se encontraba en el deber de soportar, como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas, pues su captura y su vinculación a la investigación penal se tornó injusta y arbitraria en el marco de la preclusión de la investigación proferida en su favor.

1.2. Contestación de la demanda.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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1.2.1. La Rama Judicial.3

Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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1.2.1. La Rama Judicial.3

Dentro del término otorgado para ello, contesto la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que exponen los demandantes.

Seguidamente arguyó que la actuación del juez de control de garantías fue ajustada a derecho, pues la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Artunduaga Vargas se concretó en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legamente obtenida que lo vinculaban a la conducta punible imputada, los cuales no constituyen plena prueba para demostrar su responsabilidad penal y proferirse sentencia condenatoria, pero sí suficientes para imponer la medida de aseguramiento, pues con aquellas se podía inferir razonablemente que era autor o participe de la comisión de la conducta punible.

Agregó que la actuación desplegada por el juez de conocimiento también fue ajustada al principio de legalidad, pues al no ver cumplidos los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad penal del actor puso fin a la acción penal en el sentido de dirimir de fondo el conflicto y disponer su libertad inmediata, con lo que salvaguardó los derechos constitucionales y legales del señor Artunduaga Vargas.

Así las cosas, concluyó en que no hay responsabilidad de la Rama Judicial, pues sus actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado y la actuación de la

actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado y la actuación de la Rama Judicial, máxime cuando fue justamente el Juez Segundo Penal Municipal de Florencia el que declaró la preclusión, en virtud de la cual recobró su libertad. Añadió que, aunque la Fiscalía no fue quien decretó la privación de la libertad del actor, sí formuló la respectiva imputación y, una vez verificada la causal prevista en los artículos 331, 332-1 de la ley 906 de 2004, sustentó la petición de preclusión, con lo que reconoció las fallas en la investigación, de modo que es ésta la entidad que debe asumir la responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Finalmente, mencionó que en el presente asunto se encuentra configurada la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, ya que es un hecho cierto que el señor Alexander Artunduaga Vargas, resultó involucrado en los hechos materia de investigación. Y arguyó que su conducta contribuyó de manera grave y significativa a que fuera privado de la libertad, además de que tampoco ejerció dentro del proceso penal el derecho que le

3 Folios 94 a 104 CP.1Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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concede el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, por lo que favoreció que su privación de la libertad se extendiera hasta la etapa de juicio.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación.

concede el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, por lo que favoreció que su privación de la libertad se extendiera hasta la etapa de juicio.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía contestó de manera extemporánea la demanda 4, razón por la cual el a quo no tuvo en cuenta sus argumentos de defensa.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha conclusión, indicó que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no se logró acreditar el daño antijuridico alegado por los demandantes, pues se probó que la detención de la que fue objeto el señor Artunduaga Vargas fue efectuada por miembros de la Policía Nacional, en cumplimiento de las facultades oto rgadas por los artículos 301 y 302 del CPP, adem ás de que la detención no superó el termino de las 36 horas, procedimiento dentro del cual también se le garantizaron todos sus derechos como capturado, pues una vez legalizada su captura se ordenó su libertad inmediata, ya que el juez de co ntrol de garantías no encontró merito para imponer una medida de aseguramiento.

Agregó que el daño alegado por los demandantes no tiene el carácter de antijuridico, pues correspondió a una carga mínima que éste está en el deber de soportar, tal como lo reconoció el Consejo de Estado al momento de resolver un caso similar. Así las cosas, al no acreditarse el primer elemento de la responsabilidad estatal, esto es el daño antijuridico

reconoció el Consejo de Estado al momento de resolver un caso similar. Así las cosas, al no acreditarse el primer elemento de la responsabilidad estatal, esto es el daño antijuridico del cual se pretende indemnización, concluyó que no se podía proseguir con el análisis de los demás elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado.

1.4. Recurso de apelación.

El apoderado de la parte actora6, solicitó que se revoque el fallo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que no comparte el argumento del a quo para negar las pretensiones de la demanda, esto es, que no existe daño antijuridico , ya que la privación de la libertad no

4 Folio 154 CP.1 5 Folios 180 a 186 CP.2 6 Folios 204 y 205 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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superó las 36 horas y por ello no existe el deber de reparar. En ese orden, interpela a esta judicatura por el t érmino que debe durar una privación de la libertad, para causar daño a una persona o familia que amerite indemnización por parte del Estado.

Agregó que aunque la detención del señor Alexander Artunduaga Vargas, solamente duró 24 horas, lo cierto es que quedó vinculado a una investigación penal por un espacio superior a los cuatro (4) años, con la incertidumbre de cuál sería el resultado del proceso, para que finalmente la Fiscalía solicitara la preclusión en su fa vor, lo que insiste, sí generó un daño a los demandantes, pues permaneció vinculado injustamente a un proceso penal por un

finalmente la Fiscalía solicitara la preclusión en su fa vor, lo que insiste, sí generó un daño a los demandantes, pues permaneció vinculado injustamente a un proceso penal por un delito que no cometió , aunado al escarnio periodístico al que se vio sometido por los diferentes medio de comunicación, pues en el ambiente le quedó la fama de ladrón y jalador de motos.

Finalmente, indicó que en ningún momento actuó con culpa grave o dolo desde la perspectiva del derecho civil, por tal motivo, alegó que en ningún momento dio lugar a la apertura del proceso penal en su contra, por lo que insiste en que a los demandantes se les causó un daño antijuridico y que el Estado se encuentra en la obligación de resarcir.

1.4. Trámite en segunda instancia.

1.4.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora se admitió en el auto del 2 de octubre de 20207.

1.4.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante auto proferido el 13 de octubre de 20 208 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

Dentro del término otorgado, la Fiscalía General de la Nación 9 presentó escrito en el que solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, pues indicó que su actuación se surtió conforme a los mandatos constitucionales y legales vigentes para la época de los hechos, además de que no se logró acreditar el mentado daño antijuridico por el que se reclama

conforme a los mandatos constitucionales y legales vigentes para la época de los hechos, además de que no se logró acreditar el mentado daño antijuridico por el que se reclama indemnización, pue s por el contrario, recalcó que en sub judice sí existió razón

7 Folio 211 CP.2. 8 Folio 215 CP.2. 9 Folio 218 a 220 CP.2Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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jurídicamente relevante para haber capturado al demandante, carga que debió soportar conforme a la denuncia previa y los indicios que existieron en su contra.

Igualmente, la Rama Judicial 10 solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, y reiteró los argumentos facticos y jurídicos expuestos en sus demás actuaciones procesales.

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio11.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($ 35.600), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($ 35.600), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

En el marco de la apelación interpuesta por la parte actora, el problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial deben responder patrimonialmente por el daño sufrido a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Alexander Artunduaga Vargas.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) el análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

10 Folios 222 y 223 CP.2 11 Folio 224 CP.2.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.12

Sin embargo, la Cor poración siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros13.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201814 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privaci ón injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesi s,15 pero consi deró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las

exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesi s,15 pero consi deró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 16-17. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima18.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 13 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854,

19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 14 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 15 Ibídem. Acápite 117 y 118. 16 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 17Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio juris prudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 18 Ibídem. Acápite 124.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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los particulares”. 18 Ibídem. Acápite 124.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que «el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».19

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 20 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el má ximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación21:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente

actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en

19 Ibídem. Acápite 105. 20 Ibídem. Acápite 106. 21 Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E), 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001-23-31-0002011-00029-01(50173).Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del E stado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención’.

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…).

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C -037 de 1996 y SU072 de 201822, el Consejo de Estado23 ha mencionado que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla del

legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla del servicio, la responsabilidad se analiza por un régimen objetivo (daño especial); iv) en cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay sustento para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen de falla o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

Bajo los anteriores parámetros normativos y jurisprudenciales, la Sala analizará en caso de proceder, la eventual responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en el caso concreto.

2.4. Hechos probados.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas. 23 Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B. Consejero Ponente Fredy Ibarra Martínez. Radicado: 08001233100020090048401(50628)Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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Conforme a las pruebas válidamente allegadas -principalmente la documental trasladada de otras actuaciones-, se tiene en lo pertinente, lo siguiente:

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Conforme a las pruebas válidamente allegadas -principalmente la documental trasladada de otras actuaciones-, se tiene en lo pertinente, lo siguiente:

1. El 25 de abril de 2011, la Fiscalía Quinta Local de Florencia presentó solicitud de audiencia preliminar para expedición de orden de captura en contra del señor Alexander Artunduaga Vargas y otro, por el punible de hurto agravado dentro del radicado 18001610517520110016424.

1. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Florencia con funciones de control de garantías, en audiencia del 26 de abril de 2011, negó la expedición de orden de captura contra el señor Alexander Artunduaga Vargas y otro25.

1. La Fiscalía Quinta Local de Florencia, nuevamente elevó el 3 de mayo de 2011 solicitud de audiencia preliminar para la expedición de orden de captura en contra del señor Alexander Artunduaga Vargas y o tro, por el punible de hurto calificado y agravado dentro del radicado 18001610517520110016426.

1. La Juez Cuarta Penal Municipal de Florencia, mediante Oficio del 26 de mayo de 2011, libró la boleta de libertad 0139 dirigida al Comandante de la SIJIN DECAQ, para que dejara inmediatamente en libertad al señor Alexander Artunduaga Vargas, pues el Juzgado se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal radicado bajo el número

18001610517520110016427.

1. El 26 de junio de 2011, la Fiscalía Quinta Local de Florencia presentó escrito de

aseguramiento en su contra dentro del proceso penal radicado bajo el número 18001610517520110016427.

1. El 26 de junio de 2011, la Fiscalía Quinta Local de Florencia presentó escrito de acusación en contra del señor Alexander Artunduaga Vargas y otro, por el punible de hurto calificado y agravado dentro del radicado

18001610517520110016428.

1. Para el 5 de septiembre de 2011, se llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia la audiencia de formulación de acusación en contra del señor Alexander Artunduaga Vargas y otro29, y el 28 de septiembre de 2012 se realizó la audiencia preparatoria30.

24 Folios 30 a 31 CP.1 25 Folio 34 ibídem 26 Folios 32 y 33 ibídem 27 Folio 35 ibídem 28 Folios 36 a 40 ibídem. 29 Folios 43 y 44 ibídem 30 Folios 45 a 48 ibídemMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-004-2017-00822-01

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1. Finalmente, el 29 de septiembre de 2015 se instaló la audiencia de juicio oral en contra del señor Alexa