TA CAQ - 1800133-33-004-2017-00828-01-(23-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

SALA CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR Florencia-Caquetá, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA No. 129

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 18001-33-33-004-2017-00828-01

DEMANDANTE: CONCEPCION PARRA SAENZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL SISTEMA E INSTANCIA: ORAL – SEGUNDA INSTANCIA ACTA No.: 55 DE LA FECHA

Tema: Pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que conllevó a la declaratoria de prescripción de la acción penal – Acción civil ordinaria en contra de responsables directos para obtener la reparación de perjuicios derivados de un delito o culpa.

ASUNTO.

Procede la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentados por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019, mediante la cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia despachó desfavorablemente las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretende la parte actora que se declare a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Nacional de Administración Judicial, administrativamente responsable por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración

Pretende la parte actora que se declare a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Nacional de Administración Judicial, administrativamente responsable por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que conllevó a la declaratoria de prescripción de la acción penal.

Que como consecuencia de lo anterior , se condene a la entidad a reconocer y pagar por perjuicios los preestablecidos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia en sentencia de fecha 6 de junio de 2014 y por la Sala Plena del Tribunal Superior de Florencia en sentencia de 26 de marzo de 2015 , proferidas dentro del proceso penal con radicado número 18001310400220100004901 adelantado por el delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas, siendo procesado el señor Jairo Mora Benavides, y víctimas la señora Concepción Parra Sáenz, Roque Carvajal Ibarra y su menor hijo Jheiner Stiven Carvajal Parra.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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Asimismo solicitó que se condene a la entidad a p agar por concepto de daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a favor de cada uno de los demandantes, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la declaratoria de prescr ipción de la acción penal , indemnización por los perjuicios materiales sufridos por cada uno de ellos, en razón a la pérdida de oportunidad por

favor de cada uno de los demandantes, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la declaratoria de prescr ipción de la acción penal , indemnización por los perjuicios materiales sufridos por cada uno de ellos, en razón a la pérdida de oportunidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable al Juzgado Segundo y Tercero Penal del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, por transgredir derechos convencional y constitucionalmente amparados como el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación integral, la tutela judicial efectiva y la garantía de resolución judicial del asunto en un plazo razonable.

Que las sumas que se reconozcan sean debidamente indexadas y que la entidad reconozca a favor de los demandantes los intereses moratorios sobre los conceptos de perjuicios.

Como aspectos fácticos relevantes señaló que:

1. El 21 de agosto de 2006, la buseta afiliada a la empresa Coomotor Florencia Ltda. conducida por el señor Jairo mora Benavides sufrió un accidente en el que perdieron la vida varias personas y otras tantas resultaron heridas.

2. El día 15 de septiembre de 2009 la Fiscalía 11 Seccional de Florencia profirió resolución de acusación en contra de Jairo Mora Benavides, por el delito de homicidio culposo en concurso de lesiones personales culposas, el cual quedó ejecutoriado el día 15 de abril de 2010. El expediente fue recibido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia el día 29 de abril de 2010.

día 15 de abril de 2010. El expediente fue recibido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia el día 29 de abril de 2010.

3. En el interregno del 13 de mayo de 2010 al 22 de febrero de 2011, el apoderado de la parte civil solicitó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia que señalara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria, con el fin de evitar la prescripción de la acción penal. Finalmente, mediante auto de fecha 23 de febrero de 2011 el juzgado señaló el día 14 d e marzo de 2011 a las 15:00 h oras para llevar a cabo la audiencia preparatoria, la cual fue aplazada para el día 3 de mayo de 2011.

4. El 20 de abril de 2012 , el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia, recibió el expediente penal proveniente del Juzgado Segundo Penal del Circuito, en cumplimiento del Acuerdo 513 del 8 de marzo del 2012 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, que dispuso tramitar en ese despacho judicial los procesos que se adelantan bajo la ley 600 del 2000. El día 23 de mayo de 2012 se avocó el conocimiento.

5. Mediante misivas del 03 de mayo de 2012, 19 de diciembre del 2012, 05 de febrero de 2013 y 16 de abril de 2013, el apoderado jud icial de la parte civil solicitó al juez Tercero Penal del Circuito de Florencia, señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia Pública.

6. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia, mediante auto del 23 de abril de

Tercero Penal del Circuito de Florencia, señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia Pública.

6. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia, mediante auto del 23 de abril de 2013, señaló el día 16 de mayo de 2013 para llevar a cabo la audiencia pública , la cual se aplazó para el 05 de junio de 2013, fecha en la cual se inició la diligencia, peroSentencia de Segunda Instancia

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fue suspendida y reprogramada para el día 07 de junio de 2013, y posteriormente fue suspendida para el día 11 de junio de 2013.

7. El 05 de julio de 2013 el Juzgado Tercero Penal del Circuito declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia pública efectuada el 7 de junio de 2013, y señaló el día 17 de septiembre de 2013 para realizar la audiencia pública, con el fin de vincular al propietario del vehículo como tercero civilmente responsable.

8. Mediante auto del 01 de noviembre de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito remite las actuaciones al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, en cumplimiento del Acuerdo 609 del 30 de octubre de 2012.

9. El 24 de febrero de 2014 se llevó a cabo la audiencia pública por parte del Juzgado

Segundo Penal del Circuito de Florencia.

10. Mediante peticiones de fecha 3 de marzo y 17 de marzo de 2014 los apoderados de

9. El 24 de febrero de 2014 se llevó a cabo la audiencia pública por parte del Juzgado

Segundo Penal del Circuito de Florencia.

10. Mediante peticiones de fecha 3 de marzo y 17 de marzo de 2014 los apoderados de la parte civil solicitaron al juzgado que se profiriera la respectiva sentencia, en aras de evitar la configuración de la prescripción de la acción penal.

11. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia profiere sentencia de primera instancia de fecha 06 de junio de 2014, en la que resolvió decla rar penalmente responsable al señor Jairo Mora Benavides como autor del delito de homicidio culposo en concurso con lesiones personales culposas, condenándolo a 139 meses de prisión y 63.33 salarios de multas, la inhabilidad para el ejercicio derechos y funciones públicas por un período igual a la pena ; decretó la prohibición de conducir vehículos automotores, y condenó solidariamente al conductor, al propietario del vehículo, a Coomotor Florencia Ltda. y Seguros la Equidad (hasta el tope de la póliza) al pago de perjuicios morales y materiales.

12. Según constancia secretarial del 18 de junio de 2014 expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, la sentencia fue apelada, y mediante escrito el 14 de julio de 2014, los apoderados de la parte civil de común acuerdo le expresaron su preocupación al juez, frente a la posibilidad de que opere la prescripción de la acción penal.

13. En fecha 1° de agosto de 2014 el proceso es repartido al Tribunal Superior del Distrito

su preocupación al juez, frente a la posibilidad de que opere la prescripción de la acción penal.

13. En fecha 1° de agosto de 2014 el proceso es repartido al Tribunal Superior del Distrito Judicial, correspondiéndole al magistrado Miguel Antonio Díaz Palacios.

14. A través de memorial del 1° de septiembre de 2014, el apoderado de la parte civil solicita que se brinde prioridad al proceso ante la inminencia de la estructuración del fenómeno de la prescripción.

15. Mediante Acuerdo PSAA13-10277 del 19 de diciembre de 2014, la sala administrativa del Consejo Superior de la judicatura suprimió el despacho del magistrado Miguel Antonio Díaz Palacios, por lo cual pasó el proceso al despacho de la magistrada Gloria

María Villarreal Ramírez.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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16. La Sala Plena del Tribunal Superior de Florencia resolvió los recursos de apelación a través de sentencia de fecha 26 de marzo de 2015, confirmando la sentencia de fecha 6 de junio de 2014.

17. Contra la referida sentencia los apoderados de los terceros civilmente responsables interpusieron demanda de casación, y previa admisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , mediante proveído del 16 de septiembre de 2015, declaró prescrita s las acciones penal y civil adelantadas en contra de Jairo Mora Benavides, y en consecuencia se ordenó la cesación del procedimiento , y compulsó

la Corte Suprema de Justicia , mediante proveído del 16 de septiembre de 2015, declaró prescrita s las acciones penal y civil adelantadas en contra de Jairo Mora Benavides, y en consecuencia se ordenó la cesación del procedimiento , y compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo seccional de la judicatura del Caquetá para investigar a los juzgados de primera instancia que t uvieron a su cargo el expediente coma ya que pudieron haber incurrido en mora en el trámite del proceso.

1.2. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Señaló que la comisión de un hecho punible puede traer consigo efectos patrimoniales respecto de ciertas personas y estas cuentan con dos vías para obtener el resarcimiento de los perjuicios: 1) acción civil: cuya caducidad es de 20 años si no se incoa de manera independiente; 2) la Constitución de parte civil en el proceso penal en cuyo caso la prescripción se iguala a la de la acción penal. Señaló que la extinción de la acción penal no extingue los derechos patrimoniales que se hayan podido producir, los cuales podrán ventilarse en la jurisdicción ordinaria.

Indicó, que, si bien los demandantes se constituyeron como parte civil en el proceso penal, el daño alegado no puede tenerse por cierto por las siguientes razones:

1. No es posible considerar que la condena por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas al señor Jairo Mora Benavides hubiera sido cierta o segura de no haber ocurrido la prescripción de la acción penal porque, al contrario, tal seguridad solo se puede derivar de las firmeza de la sentencia de segunda instancia proferida

personales culposas al señor Jairo Mora Benavides hubiera sido cierta o segura de no haber ocurrido la prescripción de la acción penal porque, al contrario, tal seguridad solo se puede derivar de las firmeza de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso penal porque, tampoco es dable afirmar el carácter inexorable de la condena civil en el marco del mencionado proceso penal, puesto que ella se encontraba supeditada a lo que hubiera encontrado probado en el expediente el juez de la causa.

2. Las víctimas tenían la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, al cabo de un proceso ordinario de responsabilidad extracontractual se ordenara el pago de los perjuicios derivados de la conducta del señor Mora Benavides; es decir, el solo hecho de haberse declarado la prescripción de la acción penal no le da el carácter de cierto al daño, puesto que se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisión de la entidad pública lo cual no ocurrió en el sub-lite.

1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante providencia del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió negar las pretensiones de la demanda y abstenerse condenar en costas, señalando que no se evidenció que los accionantes hubiesen agotado la acción civ il ante laSentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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jurisdicción ordinaria para el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales que les fueron generados como consecuencia del hecho punible o que habiéndolo impetrado en razón a la declaratoria de la cesación del procedimiento de la acción penal, esta no haya sido próspera. Lo que evidenció es que dicha opción -independiente de la penalsubsistía para la reparación patrimonial de los demandantes y no fue agotada.

Concluyó señalando que la declaratoria de prescripción de la acción penal por parte de la Corte Suprema de Justicia y el fracaso de la constitución de parte civil dentro del mismo, por sí sola no les generó una pérdida de la oportunidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que la parte actora no agotó todas las vías procesales que tenía a su alcance.

1.4. EL RECURSO DE APELACION.

El apoderado de la parte actora indicó que los d emandantes fueron despojados -con la declaratoria de la prescripción de la acción penalde cualquier posibilidad de indemnización de los daños o perjuicios derivados del accidente acaecido el 21 de agosto de 2006, ya que la norma aplicable era el artículo 993 del Código de Comercio, lo que significa e implica que la acción indemnizatoria contractual había prescrito el 21 de agosto de 2008.

Precisa que la opción reparación a favor de los demandantes se vio frustrada en el momento en que se declaró la prescripción de la acción penal, lo cual vulnera los derechos a la

la acción indemnizatoria contractual había prescrito el 21 de agosto de 2008.

Precisa que la opción reparación a favor de los demandantes se vio frustrada en el momento en que se declaró la prescripción de la acción penal, lo cual vulnera los derechos a la reparación integral como tutela judicial efectiva y resolución judicial en plazo razonable.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Según constancia secretarial de fecha 25 de enero de 2021, venció en silencio el traslado para alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. COMPETENCIA.

Conforme con lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso.

2.2. PROBLEMAS JURÍDICOS.

Conforme al recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora , corresponde a la Sala determinar, si ¿en el presente caso se configuró el daño consistente en la pérdida de la oportunidad para reclamar la indemnización derivada del hecho punible?Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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2.3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR A CTUACIONES DEL

APARATO JUDICIAL.

La Ley 270 de 1996 “Estatuto de la Administración de Justicia”, en desarrollo del artículo 90 constitucional, recogió la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos

APARATO JUDICIAL.

La Ley 270 de 1996 “Estatuto de la Administración de Justicia”, en desarrollo del artículo 90 constitucional, recogió la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales1.

Con la precitada ley se estableció los casos en los cuales se puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del Aparato Judicial, las cuales quedaron, junto con la noción de falla del servicio judicial, definidas en los artículos 65 a 69:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de l os casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Así, el estatuto determinó como imputables a la administrac ión de justicia los daños que se causen en el defectuoso funcionamiento de la administración, por error jurisdiccional o por privación injusta de la libertad, de modo tal, que el legislador pretendió tipificar bajo estos

1 ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciale s. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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libertad.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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fundamentos las formas en que puede presentarse la atribución de la responsabilidad extracontractual a la Nación - Rama Judicial.

2.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

El Consejo de Estado en sentencia de fecha 03 de enero de 2013 2 con ponencia del Magistrado MAURICIO FAJARDO GOMEZ, afirmó que el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, es de carácter residual. Veamos:

“(…) a la luz de las normas legales transcritas queda claro que el legislador estableció tres hipótesis en alguna de las cuales se deben enmarcar los hechos objeto de la demanda con el fin de que se declare una eventual responsabilidad del Estado por la actividad del Aparato Judicial:

1. el error jurisdiccional;

1. la privación injusta de la libertad (cuyos argumentos se hacen extensivos a la retención de bienes muebles e inmuebles y a los casos de limitación de derechos distintos a la libertad física como el de la libre circulación); y,

1. el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

Las dos primeras son hipótesis principales, mientras que la tercera es de carácter residual, lo cual quiere decir que, si los hechos del caso no se enmarcan en el error jurisdiccional o en la privación injusta de la libertad, le corresponderá al juez determinar

residual, lo cual quiere decir que, si los hechos del caso no se enmarcan en el error jurisdiccional o en la privación injusta de la libertad, le corresponderá al juez determinar si a la luz de los hechos puestos en su conocimiento se configura un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.”

Respecto del título de imputación por defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial, el Consejo de Estado en sentencia del 22 de noviembre de 20013 con ponencia del Magistrado Ricardo Hoyos Duque, sostuvo que se está en presencia de éste título jurídico de imputación en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces:

“La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“… nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , SECCION TERCERA, SUBSECCION A, Consejero

ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), Radicación número: 66001-2331-000-2000-00876-01(23769), Actor: LUIS ENRIQUE OCHOA ESTRADA, Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL, Referencia:

APELACION SENTENCIA DE REPARACION DIRECTA

31-000-2000-00876-01(23769), Actor: LUIS ENRIQUE OCHOA ESTRADA, Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL, Referencia: APELACION SENTENCIA DE REPARACION DIRECTA 3 Sentencia de 22 de noviembre de 2001; C.P. Ricardo Hoyos Duque; Exp. 13.164, reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594; de febrero 4 de 2010, Exp. 17.956.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño -incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistradosi su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

Así mismo, la Alta Corporación en sentencia del 16 de julio de 2015 4, con ponencia del Magistrado CARL OS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, señaló que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las actuaciones judicialesacciones u omisiones - de los funcionarios judiciales o de los particulares con facultades jurisdiccionales, y cuando se causen daños con ello, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios:

acciones u omisiones - de los funcionarios judiciales o de los particulares con facultades jurisdiccionales, y cuando se causen daños con ello, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios:

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales –distintas a la expedición de providencias– necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas. Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales; en efecto, en relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con unas u otras se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de ind emnizar los perjuicios. (…) ese detrimento debe ser acreditado, no sólo porque no siempre la falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera un daño antijurídico sujeto a resarcimiento, sino porque, aun cuando no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, es a partir del mismo que el análisis de la falla alegada por quien demanda y la relación de causalidad cobran importancia, porque “si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, h asta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la

no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, h asta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil. (…)”

Para iniciar el estudio de la presunta responsabilidad de la Rama Judicial, la Sala procederá a d eterminar, en primer lugar, la existencia y configuración del daño alegado por el demandante, toda vez que, “si no hubo daño, o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultaría necio e inútil.”5

4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUB SECCION A Consejero

ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015) Radicación número: 76001 -23-31-000-2006-00871-01(36634) Actor: LUIS ARMANDO CARPIO CAICEDO Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - FISCALIA GENERAL DE LA NACION Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA 5 Fernando Hinestrosa, Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Extraído del texto El Daño, Juan Carlos Henao. Pg. 36.Sentencia de Segunda Instancia Reparación Directa 18001-33-33-004-2017-00828-01 Concepción Parra Sáenz contra la Nación – Rama Judicial

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4.2. DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD PARA RECLAMAR EL PAGO DE

INDEMNIZACIÓN.

En el presente caso se alega la pérdida de la oportunidad derivada de la declaratoria de prescripción de la acción penal y civil dentro de la investigación penal No. 180013104002201000049-00 adelantada en contra de JAIRO MORA BENAVIDES por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, siendo lesionados los señores CONCEPCIÓN PARRA SAENZ, ROQUE CARVAJAL IBARRA y su menor hijo JHEINER STIVEN CARVAJAL PARRA, entre otros; quienes se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido la pérdida de oportunidad como:

“(…) un fundamento de daño, que si bien no tiene todas las características de un derecho subjetivo, autoriza a quien ha sido objeto de una lesión a su patrimonio ─material o inmaterial─ a demandar la respectiva reparación, la cual será proporcional al coeficiente de oportunidad que tenía y que injustificadamente perdió.”6

Así mismo señaló que el daño por pérdida de oportunidad puede ser positivo o negativo:

“puede presentarse en dos supuestos, uno positivo -chance de gainy otro negativo -chance d´éviter une perte-. Positivo, cuando la víctima tiene la expectativa legítima de recibir un beneficio o adquirir un derecho, pero por la acción u omisión de un tercero

-chance d´éviter une perte-. Positivo, cuando la víctima tiene la expectativa legítima de recibir un beneficio o adquirir un derecho, pero por la acción u omisión de un tercero se frustra definitivamente la esperanza de su concreción. Negativa, cuando la víctima afronta una situación o curso causal desfavorable y tiene la expectativa cierta que la intervención de un tercero evite o eluda un perjuicio, pero que en razón de la omisión o de la intervención defectuosa de dicho tercero, el resultado dañoso se produce y la víctima padece el perjuicio indeseado.” 7

(…)

Además de ello, fijó tres elementos necesarios para para que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por pérdida de oportunidad:

“para que se configure la pérdida de oportunidad es necesario verificar la concurrencia de tres elementos: i) falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado, es decir, la incertidumbre respecto a si el beneficio o perjuicio se iba a recibir o evitar; ii) certeza de la existencia de una oportunidad; iii) certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o evitar el perjuicio se exti