TA CAQ - 1800133-34-005-2014-00009-01-(20-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veinte (20) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Distribuidora Surtilima S.A.S.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Radicación: 18001-33-34-005-2014-00009-01

Tema: Decomiso de mercancía.

Acta número 66.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

La Distribuidora Surtilima SAS, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 4.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Distribuidora Surtilima S.A.S.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 4.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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a. Resolución 1-03-238-421-636-1-0003127 del 24 de mayo de 2013 expedida por el jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN , en la cual se determinó decomisar la mercancía aprehendida por el acta 28/00032 FISCA que corresponde a los ITEMS: 1 (160 unidades), 3 y 4 (10 unidades), 9 (26 unidades), 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27, por no presentar la declaración de importación.

b. Resolución 03-236-408-601-776 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la anterior.

1. A título de restablecimiento del derecho, se declare la legalidad de la mercancía retenida y se restituya, conforme al inventario realizado que consta en el Acta

28/00032 FISCA.

1. Se ordene compensar en dinero las mercancías que, por el transcurso del tiempo, han adquirido o alcanzado su fecha de vencimiento, conforme al valor real representado en l as facturas emitidas por la sociedad, que asciende a

$19.996.287.

1. Las sumas que se ordenen sean actualizadas conforme al IPC; se ordene el

real representado en l as facturas emitidas por la sociedad, que asciende a $19.996.287.

1. Las sumas que se ordenen sean actualizadas conforme al IPC; se ordene el pago de las costas y el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Es una empresa legalmente constituida y autorizada para comercializar y distribuir productos de consumo masi vo. Para esto, realiza la compra de mercancía nacional e importada de diferentes proveedores, la cual es avalada con facturas legalmente expedidas ; por tanto, no realiza ningún acto de importación y en sus archivos no reposan documentos que acrediten el ingreso legal de mercancía extranjera, ya que quienes hacen esta gestión son sus proveedores, «simplemente la empresa (...) se encarga de tener los soportes para demostrar en debida forma la adquisición nacional de la mercancía».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. El 24 de septiembre de 2012 fue retenida la mercancía de su propiedad y, posteriormente, la División de Gestión de Fiscalización de las DIAN expidió el Acta 28/00032 FISCA el 10 de octubre de 2012, fundamentado en que la mercancía, al momento de ser inmovilizada, no estaba acompañada de ningún documento soporte que demostrara su legal introducción al territorio aduanero

Acta 28/00032 FISCA el 10 de octubre de 2012, fundamentado en que la mercancía, al momento de ser inmovilizada, no estaba acompañada de ningún documento soporte que demostrara su legal introducción al territorio aduanero nacional. Así m ismo, se avaluó en $8.545.148 conforme a una consulta de precios del 9 de octubre de 2012.

1. El acta de aprehensión fue aclarada mediante el auto 1 -28-238-01-005 del 25 de octubre de 2012, en el cual se modificó el valor total del avalúo de la mercancía y se fijó en $8.904.408.

1. La sociedad presentó escrito de objeción contra el acta de aprehensión, bajo el argumento de que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de importación.

1. El 1 de febrero de 2013, la División de Gestión de Fiscalización de la DIA N realizó un nuevo inventario.

1. Mediante el Oficio 1.03-328-421-012 del 21 de enero de 2013, la funcionaria GIT solicitó a la sociedad Procter & Gamble Colombia Ltda., importador de la mercancía retenida, certificar mediante un contador público las factur as aportadas por la actora, con el fin de probar el vínculo comercial . Este requerimiento fue cumplido bajo el consecutivo 001495 del 4 de febrero de 2012.

1. A pesar de la información y documentación aportada, la DIAN expidió la Resolución 1-03-328-421-636-1-0003127 del 24 de mayo de 2013, en la cual ordenó decomisar a favor de la Nación, la mercancía aprehendida con el Acta

Resolución 1-03-328-421-636-1-0003127 del 24 de mayo de 2013, en la cual ordenó decomisar a favor de la Nación, la mercancía aprehendida con el Acta 28/00032 FISCA que corresponde a los ítems 1 (160 unidades), 3 y 4 (10 unidades), 9 (36 unidades), 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27, por no presentar la declaración de importación. Esta fue avaluada en $5.735.292.

1. Contra la anterior decisión, presentó recurso de reconsiderac ión, bajo el argumento de la violación al debido proceso.

1. Mediante la Resolución 03-236-408-601-776 del 18 de septiembre de 2013, se resolvió el recurso de consideración , en el sentido de modificar el artículo primero.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política, 768 y 769 del Código Civil, 773, 822, 835 y 871 del Código de Comercio, 3 y 41 del CPACA, 617 , 683 y 742 del Estatuto Tributario, 2 y 471 del Decreto 2685 de 1999.

Manifestó que si bien la DIAN tiene la facultad para perseguir la mercancía introducida

742 del Estatuto Tributario, 2 y 471 del Decreto 2685 de 1999.

Manifestó que si bien la DIAN tiene la facultad para perseguir la mercancía introducida ilegalmente al país, la prueba de este hecho se debe exigir al importador y no al propietario de la mercancía quien, bajo los postulados de la buena fe, la adquiere «pensando» que fue legalmente importada, por ello solo se pueden exigir las facturas que demuestren la compra y no procede el decomiso, «porque debe tenerse en cuenta que la obligación aduanera es de carácter personal y que, por lo tanto, es al importador a quien corresponde presentar la respectiva declaración de importación y acreditar su legalidad, quien, de no hacerlo, incurrirá en la multa y se hará acreedor de la sanción accesoria de clausura y cierre del respectivo establecimiento». Citó la sentencia C -634 de 2011 proferida por la Corte Constitucional para señalar que la DIAN desconoció el precedente fijado por las Altas Cortes.

Sostuvo que se violaron los artículos 29 de la Constitución Política y 40 del CPACA, toda vez que no se valoraron las facturas de compra que fueron aportadas, las cuales eran válidas para certificar que la sociedad había comprado la mercancía en el territorio nacional al importador Procter & Gamble.

Argumentó que a los pocos días de ser retenida la mercanc ía, la sociedad demostró ser compradora de buena fe, toda vez que aportó las facturas de compraventa que respaldaba la mercancía retenida; así mismo, anexó las declaraciones de importación que fueron conseguidas a través de su proveedor, sin embargo, nunca se tuvieron en cuenta estas pruebas.

la mercancía retenida; así mismo, anexó las declaraciones de importación que fueron conseguidas a través de su proveedor, sin embargo, nunca se tuvieron en cuenta estas pruebas.

1.2. Contestación de la demanda.2

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que si bien las compras pueden ser de buena fe, las facturas que las respalda no son suficientes para acreditar el cumplimiento de sus deberes, pues el comerciante, propietario, transportador, poseedor o tenedor de las mercancías debe portar consigo la declaración de importación del bien.

2 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 15.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Consideró que no es cierto que la demandante solo se encarg ue de tener los soportes de la adquisición nacional, pues cuando se aprehendieron las mercancías no contaba con la documentación exigida por la ley, como es el caso de la declaración de importación. Además, dijo que en la demanda se aceptó que se incumplió e l régimen aduanero colombiano, toda vez que, de conformidad con los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999, el propietario, poseedor, transportador y demás personas que indica la norma, deben cumplir con la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de

1999, el propietario, poseedor, transportador y demás personas que indica la norma, deben cumplir con la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general , cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.

Arguyó que a la sociedad demandante no se le exigía la obligación personal del importador de las mercancías como son la presentación formal de la declaración de importación y los pagos de los tributos por este concepto, pero sí debía presentar los documentos tales como la declaración del régimen aduanero, planilla de envío o factura de nacionalización, los cuales no estaban en su poder al momento de la aprehensión y, si bien posteriormente allegaron la documentación correspondiente, esta no amparaba algunos elementos y, por ello, se ordenó el decomiso. Luego precisó que:

1. Las mercancías aprehendidas y luego decomisadas no fueron de propiedad del importador Procter & Gamble Ltda., toda vez que en las facturas aportadas, no se encontraban amparadas algunas de ellas, de forma que no es cierto que fuera adquiriente de buena fe, «toda vez que en el plenario se demostró que el adquiriente primario y el primer propietario de las mercancías de origen extranjeros que fueron decomisadas, era propiamente la Distribuidora Surtilima

S.A.S.».

1. Como las mercancías decomisadas no se encontra ban inmersas dentro de las facturas de nacionalización, declaración de importación o planillas de envío, debe entenderse que ingresaron de forma ilegal al país.

1. La DIAN tiene la facultad de perseguir las mercancías que se encuentran

facturas de nacionalización, declaración de importación o planillas de envío, debe entenderse que ingresaron de forma ilegal al país.

1. La DIAN tiene la facultad de perseguir las mercancías que se encuentran ilegalmente en el territorio nacional y con la investigación adelantada, se demostró que las que fueron decomisadas no estaban amparadas por los documentos necesarios para acreditar su legalidad, además, se aprehendieron bajo la propiedad del demandante.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió denegar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas.

Luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial, indicó que el problema jurídico se contrae a determinar la legalidad del decomiso de las mercancías relacionadas en los ítems Nos. 1 (12 unidades de acondicionador head & shoulders de 200 ml, lote No. 2197030200) 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27 del Acta No. 28-00032 del 10 de octubre de 2012.

Precisó que del análisis de las declaraciones de importación se extrae que los actos son legales, toda vez que las mercancías aprehendidas por la DIAN no tienen sustento de

Precisó que del análisis de las declaraciones de importación se extrae que los actos son legales, toda vez que las mercancías aprehendidas por la DIAN no tienen sustento de importación alguno, lo cual permite inferir que los productos incautados no cumplieron con la legislación aduanera.

A continuación, procedió a examinar cada uno de los ítems y a comp ararlos con las declaraciones de importación para señalar que las referencias descritas en las declaraciones de importación no concuerdan con las señaladas en el acta de aprehensión y las facturas suscritas por el importador Procter & Gamble, por tanto, los productos incautados, no tenían soporte aduanero alguno que demostrara el ingreso legal al territorio nacional.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Sustentó la alzada en 3 cargos a saber:

1. Desconocimiento del acervo probatorio y el precedente jurisprudencial.

Afirmó que el a quo valoró las declaraciones de importación, pero no tuvo en cuenta los demás elementos probatorios que fueron aportados como, por ejemplo, las relación de facturas y manifiesto de importación de la mercancía decomisada, las facturas de venta expedidas por Procter & Gamble Ltda, y el certificado emitido por dicha sociedad bajo el

3 Expediente digital, archivo 02. 4 Expediente digital, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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4 Expediente digital, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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consecutivo 001495 del 4 de enero de 2012 que fue requerido por la DIAN y que certificaba las facturas aportadas.

Sostuvo que si se hubieran tenido en cuenta esos documentos, se habría podido concluir que la sociedad era una compradora de buena fe que adquirió legalmente la mercancía extranjera en el territorio nacional y, por tanto, que la DIAN no tenía fundamento legal para la decisión de decomisarla.

1. Se trasgredió el principio de buena fe.

Indicó que se le impuso una carga que no debía soportar, toda vez que se denegaron las pretensiones por no haber aportado a la DIAN la s declaraciones de importación, documentos que eran propios del importador que fue plenamente identificado.

Argumentó que en sede administrativa se demostró que era una compradora de buena fe y que, al tener dicha calidad, no era necesario que aportara al proceso las declaraciones de importación, ya que estos eran exigibles únicamente al importador y no al tenedor de la mercancía.

1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Expuso que el a quo no tuvo en cuenta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 18 de julio de 2012 (C.P. María Claudia Rojas Lasso) y 9 de diciembre de 2004 (Rafael

E. Ostau de Lafont Pianeta).

el 18 de julio de 2012 (C.P. María Claudia Rojas Lasso) y 9 de diciembre de 2004 (Rafael

E. Ostau de Lafont Pianeta).

1.5. Trámite de la segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.5

Mediante el auto proferido el 17 de febrero de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

5 Expediente digital, carpeta segunda instancia, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5.2. Alegatos de conclusión.

El 4 de marzo de 2021 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.6

1.5.2.1. DIAN.7

Arguyó que las mercancías decomisadas no contaban con la declaración de importación, planillas de envío o facturas que las ampararán, por tanto, se entiende que ingresaron al territorio nacional de forma ilegal. Además, sostuvo que la decisión de primera instancia no fue caprichosa, toda vez que se encontró que la entidad en todas las etapas procesales respecto a los derechos de la sociedad; examinó todas y cada una de las pruebas aportadas

territorio nacional de forma ilegal. Además, sostuvo que la decisión de primera instancia no fue caprichosa, toda vez que se encontró que la entidad en todas las etapas procesales respecto a los derechos de la sociedad; examinó todas y cada una de las pruebas aportadas en sede administrativa; y solicitó a la sociedad Procter & Gamble las fac turas donde se probara el vínculo comercial entre el importador y la sociedad demandante, sin embargo, en la documentación allegada se pudo constatar que al momento de la aprehensión, las mercancías estaban bajo la propiedad de la empresa accionante. Luego dijo:

De lo manifestado hasta el momento, este extremo procesal asevera que la decisión del A -quo se encuentra en el lado correcto del principio de legalidad y/o del ordenamiento jurídico doméstico, pues no se puede pasar inadvertido que la operadora judicial en su sentencia (pág. 7 a 11 Sentencia 1ra Instancia), conoció qué dentro del expediente administrativo, la DIAN fue garantista de los derechos del accionante; porque la demandante en el proceso administrativo presentó en 3 ocasiones y etapas diferentes pruebas, y se constató que mi representada en todas le respeto los derechos a Surtilima SAS analizándole cada una de las pruebas que ella aportó, tanto así, que las últimas pruebas allegadas en el recurso de reconsideración, mi prohijada, al hacerle un estudio minucioso y especializado alcanzó a evidenciar que las mercancías relacionada en los ítems 1(480 unidades), 2,4 (10 unidades) 5, 6, 7, 8, 9 (36 unidades) 10,13 , 15, 17, 22 y 24, se encontraron amparadas, con las declaraciones de importación y las factura s aportadas por la

2,4 (10 unidades) 5, 6, 7, 8, 9 (36 unidades) 10,13 , 15, 17, 22 y 24, se encontraron amparadas, con las declaraciones de importación y las factura s aportadas por la accionante en su momento, y por tanto, se les hizo entrega de las mismas. Pero ello no ocurrió con las mercancías descritas en los ítems 1 (12 unidades de acondicionador head & shoulders de 200 ml. lote No. 2197030200), 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 27, toda vez que, están si se debían decomisar en razón que no se logró demostrar su legal introducción al territorio aduanero nacional. (pág. 2).

Sobre el postulado de buena fe, manifestó que la parte actora pretende inducir en erro r al juez, pues de acuerdo con lo demostrado, las mercancías aprehendidas y luego decomisadas eran de propiedad del actor. Adicionalmente, indicó que el extremo activo le negó la oportunidad de examinar si era procedente o no la aplicación de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional.

6 Expediente digital, carpeta segunda instancia, archivo 14. 7 Expediente digital, carpeta segunda instancia, archivo 16.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Precisó que a la sociedad no se le está exigiendo la obligación personal que se le exige al

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Precisó que a la sociedad no se le está exigiendo la obligación personal que se le exige al importador de las mercancías de origen extranjero como son la presentación formal de la declaración de importación y los pagos de los tributos a que haya lugar por concepto de esta, sencillamente porque lo que estaba buscando era determinar la legalidad de la introducción de esos elementos al país y para ello no interesaba la calidad en que había participado la parte actora, como quiera que frente a cualquier inconveniente se le podía solicitar apoyo para que llegaran los documentos tales como la declaración del régimen aduanero, la planilla de envío o factura de nacionalización, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1161 de 2002, 3, 87, 460, 470 y 502 del Decreto 2685 de 1999.

1.5.2.2. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos del recurso de apelación.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la sociedad Distribuidora Surtilima S.A.S. era una compradora

de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la sociedad Distribuidora Surtilima S.A.S. era una compradora de buena fe que adquirió la mercancía extranjera en el país y, por tanto, si los actos administrativos adolecen de nulidad por haber violado su derecho al debido proceso.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre las funciones de la DIAN frente a la mercancía importada; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

8 Expediente digitalizado, carpeta segunda instancia, archivo 20.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.3. Funciones de la DIAN. Marco normativo y jurisprudencial.

El Decreto 4048 de 2008 «por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales» (vigente para la época de los hechos9), estableció que a esta entidad le corresponde «la administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La dirección y

de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición».

Igualmente, en el artículo 3º, estableció que le corresponde ejercer las siguientes funciones:

1. Dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones a nivel nacional, en concordancia con las políticas trazadas en el programa macroeconómico y las políticas generales adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dentro del modelo de gestión institucional.

1. Dirigir y administrar la gestión aduanera y disponer de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación.

1. Administrar los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y comercio exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control,

demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

A su turno, el Decreto 2685 de 1999 «por el cual s e modifica la Legislación Aduanera» , indicó que la aprehensión es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 ibidem; a su turno, el decomiso es el acto «en virtud del cual pasan a poder de

9 Pues fue derogado por el Decreto 1742 de 2020.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502[10]».

Igualmente, el artículo 3º, prevé que serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía ; así mismo, serán responsables de las obligac iones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

mismo, serán responsables de las obligac iones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

Además, el artículo 87 ibidem consagra que la obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando lo requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.

Y, el artículo 469 ib., consignó:

Artículo 469. Fiscalización aduanera

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad.

Para el ejercicio de sus funciones contará con las amplias facultades de fiscalización e investigación consagradas en el presente Decreto y las establecidas en el Estatuto Tributario.

La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Las mercancías extranjeras que se encuentren en el territorio aduanero nacional, salvo los

que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Las mercancías extranjeras que se encuentren en el territorio aduanero nacional, salvo los equipajes de viajeros, deberán estar amparadas por uno de los siguientes documentos:

a) Declaración de régimen aduanero

b) Planilla de envío o,

c) Factura de Nacionalización, en los casos expresamente consagrados en este Decreto.

10 «Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. (...) 1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que se configuren los eventos previstos en los parágrafos primero y segundo del artículo 231º del presente Decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión»Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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