TA CAQ - 1800133-36-038-2017-00232-01-(09-02-2023)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ -SALA CUARTAMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR Florencia, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA Radicado : 18001-33-36-038-2017-00232-01

Demandante : JOSÉ OSCAR TREJOS GUERRERO Y OTROS Demandado : NACIÓN – MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Tipo de expediente : HÍBRIDO

Tema: Caducidad de la acción de reparación directa. Secuestro de soldado voluntario deja como secuela estrés postraumático. Flexibilización del cómputo del término de caducidad por: imposibilidad material de ejercer el derecho de acción , y, en caso de lesiones o afecciones que se conocen con posterioridad a la fecha de los hechos.

Acta No. 009 de la fecha

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA.

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2021, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, resolvió declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

I.1. La demanda.1 Pretende la parte actora que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional , por los perjuicios causados a los

I. ANTECEDENTES.

I.1. La demanda.1 Pretende la parte actora que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional , por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión a las afecciones y pérdida de capacidad laboral que sufrió el señor Diego Fernando Trejo Quiceno, como consecuencia del combate y posterior secuestro del que fue víctima por parte de las FARC.

Que como consecuencia de lo anterior se condene a la entidad deman dada a pagar a favor de los demandantes los siguientes conceptos y sumas de dinero:

1 Folio 200 al 208 del 01CuadernoPrincipal1.pdfSentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 2 de 17 Demandante Calidad en la que actúa Daño Moral Daño a la Salud2 Lucro Cesante3 1 Diego Fernando Trejos Quiceno Victima Directa 100 s.m.l.m.v 400 s.m.l.m.v $ 158.589.640 2 Felipe Trejos Arteaga Hijo 100 s.m.l.m.v

3 María Eugenia Arteaga Marín Compañera Permanente 100 s.m.l.m.v 4 José Oscar Trejos Guerrero Padre 100 s.m.l.m.v 5 Martha Lucia Trejos Quiceno Hermano (a) 50 s.m.l.m.v 6 Daneri José Quiceno Bedoya Hermano (a) 50 s.m.l.m.v

Los hechos relevantes de la demanda se resumen así:

6 Daneri José Quiceno Bedoya Hermano (a) 50 s.m.l.m.v

Los hechos relevantes de la demanda se resumen así:

1. En el año 1997 Diego Fernando Trejos Quiceno ingresó al Ejército Nacional como Soldado Voluntario, y una vez terminada la instrucción militar el 14 de noviembre de

1997, fue enviado para el Batallón de Contraguerrilla No.52 de la Brigada Móvil No.3.

2. El 25 de marzo de 1998, en el sitio denominado “Quebrada del Billar”, Inspección rural de Remolinos del Caguán jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá – Caquetá, las compañías “C, D y E” sostuvieron enfrentamiento armado con miembros de la ONT FARC, que concluyó con el secuestro de Diego Fernando Trejos Quiceno, donde recibió tratos inhumanos y degradantes. En fecha 28 junio de 2001 fue dejado en libertad.

3. A partir de agosto de 2001, la Dirección de Sanidad sometió a Diego Fernando Trejos Quiceno a tratamientos médicos, y en fecha 10 de diciembre de 2001 se le practicó Junta Médica No. 3701, en la que se le diagnosticó «estrés postraumático», y le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 28.25% y con fundamento en ello fue retirado del servicio activo.

4. A través de fallo de tutela de fecha 01 de octubre de 2008, se le ordenó al Ejército Nacional brindar los servicios médicos requeridos por el accionante , y que una vez trascurridos 6 meses, se le practicara una nueva Junta Médica Laboral.

Nacional brindar los servicios médicos requeridos por el accionante , y que una vez trascurridos 6 meses, se le practicara una nueva Junta Médica Laboral.

5. El 14 de febrero de 2014 la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le pr acticó a Diego Fernando Trejos la Junta Médico Laboral No. 66961, mediante la cual se le diagnosticó «estrés postraumático agravado», calificó la pérdida de capacidad laboral en 81.14%.

6. El daño padecido por Diego Fernando Trejos es de carácter continuado, el cual se materializó con el dictamen que realizó la Junta Médica el día 13 de febrero de 2014, pues solo hasta el referido dictamen se logró establecer cuando y con qué magnitud se produjo el referido daño.

7. Diego Fernando Trejos actualmente padece una afectación grave en su salud, lo que le dificulta realizar muchas actividades cotidianas y depender constantemente del

2 Teniendo en cuenta que el actor sufrió ESTRÉS POS TRAUMÁTICO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS como consecuencia del combate y posterior secuestro por 3 años. 3 Para lo cual se deberá tener en cuenta el s.m.l.m.v del año 2002 incrementado en un 60%, más el 30% de prestaciones sociales, la vida probable de la víctima directa, el 81.14% de pérdida de la capacidad laboral, y el IPC.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 3 de 17 cuidado de sus familiares.

I.2. Contestación de la demanda4.

Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 3 de 17 cuidado de sus familiares.

I.2. Contestación de la demanda4. Afirma que en el presente asunto se configuró la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, ya que el daño padecido por Diego Fernando Trejos, fue causado en medio de un ataque proveniente del grupo terrorista FARC (tercero), por lo tanto, no se ve comprometida la responsabilidad de la entidad demandada. Añadió que precitado ataque se revistió de las características de imprevisibilidad e irresistibilidad , razón por la cual , el Estado no está obligado responder por cargas que no le son atribuible. Agregó que los daños sufridos por soldados profesionales con ocasión a los riesgos in herentes a su actividad laboral están cubiertos por la ley.

Frente a la solicitud de indemnización, indicó que no se cumplió con la carga de la prueba del daño emergente; y que no se acreditó el parentesco entre el hijo, padre y hermanos con el señor Diego Fernando Trejos.

I.3. Sentencia de primera instancia5. Mediante sentencia del 30 de junio de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, declaró probada de oficio la caducidad del medio d e control de reparación directa, y, e n consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Afirmó el a quo , que la víctima directa sufrió un daño continuado (vgr. desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro), por tanto, el término de caducidad debe empezar

Afirmó el a quo , que la víctima directa sufrió un daño continuado (vgr. desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro), por tanto, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, es decir, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando estén dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen. En el caso puntual analizó que el presente medio de control se encuentra caducado porque:

• El término de caducidad empezó a correr a partir del 29 de junio de 2001, pues para entonces ya había cesado el daño y las circunstancias que le impedían al señor Diego Fernando Trejos Quiceno materialmente ejercer su derecho de acción. - Para la época de la ocurrencia de los hechos «25 de marzo de 1998» el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años. - La demanda se interpuso el 11 de julio de 2016, cuando ya habían trascurrido más de dos años.

Añadió que, si en gracia de discusión se aceptará la tesis de la parte demandante, de que el actor solo pudo conocer del daño hasta el dictamen de la Junta Médico Laboral, lo cierto es que el dictamen a tener en cuenta sería el del 10 de diciembre de 2001, pues fue en ese dictamen que se le diagnosticó a Diego Fernando Trejos Quiceno “trastorno de stress postraumático” pues lo que se hizo en e l dictamen de la Junta Médica Laboral del 14 de febrero de 2014 fue evaluar nuevamente la magnitud del daño en atención a la agravación de la patología diagnosticada.

postraumático” pues lo que se hizo en e l dictamen de la Junta Médica Laboral del 14 de febrero de 2014 fue evaluar nuevamente la magnitud del daño en atención a la agravación de la patología diagnosticada.

4 Folios 223 al 234 del 01CuadernoPrincipal1.pdf 5 15SentenciaPrimeraInstancia.pdfSentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 4 de 17 Así las cosas, si se contara la caducidad desde la fecha de notificación del dictamen de la Junta Médica Laboral del 10 de diciembre de 2001, esto es, el 11 de diciembre de 2001, el plazo para interponer la demanda venció el 10 de diciembre de 2003, y como la demanda se presentó el 11 de julio de 2016, la conclusión sería la misma, esto es, que operó la caducidad por presentación extemporánea de la demanda.

I.4. El recurso de apelación6.

La parte demandante, formuló recurso de apelación en contra de la sentencia del 30 de junio de 2021, en el cual solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, con las siguientes consideraciones:

• Reiteró que el daño padecido por Diego Fernando Trejos Quiceno corresponde a un daño continuado, el cual se materializó con el dictamen de la Junta Médica del 14 de febrero de 2014, pues solo hasta el referido dictamen se pudo conocer a ciencia cierta

daño continuado, el cual se materializó con el dictamen de la Junta Médica del 14 de febrero de 2014, pues solo hasta el referido dictamen se pudo conocer a ciencia cierta cuándo y con qué magnitud se produjo o se consolidó el daño, no pudiéndose evaluar con anterioridad, pues la Junta Médica No. 3701 practicada el 10 de diciembre de 2001 no tiene validez por cuanto se ignoró el contenido del artículo 79 numeral 3-040 del Decreto 94 de 1989, y se manifestó por parte del especialista y de los miembros que integran la citada Junta que para ese día Diego Fernando Trejos se encontraba asintomático, es decir, en buen estado de salud.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

II.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo regulado en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia-, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

II.2. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación incoado por la apoderada de la parte demandada, esta Sala deberá entrar a analizar si ¿En el presente asunto se encuentra configurado el fenómeno jurídico de la caducidad?

II.3. Solución al problema jurídico.

Pretende la parte demandante a través del medio de control de reparación directa, que se declare responsable patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el daño ocasionado a Diego Fernando Trejos Quiceno, consistente en el

Pretende la parte demandante a través del medio de control de reparación directa, que se declare responsable patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el daño ocasionado a Diego Fernando Trejos Quiceno, consistente en el diagnóstico de “Trastorno de stress postraumático” y p érdida de la capacidad laboral del 81.14%, derivado del secuestro del cual fue víctima el pasado 25 de marzo de 1998, cuando se desempeñaba como soldado voluntario.

6 17.RecursoApelacionParteActora.pdfSentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 5 de 17 Por su parte, el juez de instancia encontró que el presente medio de control se encuentra caducado, comoquiera que la demanda se interpuso hasta el año 2016, siendo que Diego Fernando Trejos fue dejado en libertad el 28 de junio de 2001, y la primera Junta Médico Laboral se le practicó el 1 0 de diciembre 2001. A juicio del a quo, la segunda Junta Médico Laboral que se le practicó el 14 de febrero de 2014, no es la que define el inicio del término de caducidad, sino que la misma se debe computar desde el 11 de diciembre de 2001, por lo tanto, el fenómeno jurídico de la caducidad se configuró el 11 de diciembre de 2003.

Inconforme con la decisión del a quo, la parte actora interpone recurso de apelación, señalando que el término de caducidad debe contabilizarse desde el 14 de febrero de 2014

Inconforme con la decisión del a quo, la parte actora interpone recurso de apelación, señalando que el término de caducidad debe contabilizarse desde el 14 de febrero de 2014 porque: i) El secuestro de Diego Fernando Trejos sucedió el 25 de marzo de 1998 ; ii) Fu e dejado en libertad el 28 de junio de 2001; iii) Se le practicó la Junta Médica Laboral No. 3701 el 10 de diciembre 2001 ; iv) Solo hasta el 14 de febrero de 2014 , cuando se le practicó la Junta Médica Laboral, se logró conocer la magnitud del daño.

a). Sobre el fenómeno jurídico de la caducidad.

Respecto a la caducidad, el Consejo de Estado ha indicado que «es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportu no del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.» 7 Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente.

La Corte Constitucional ha sostenido que es imperioso que exista un término de caducidad de las acciones judiciales, pues «el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría una grave distorsión en su verdadero significado si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie» . En

de las acciones judiciales, pues «el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría una grave distorsión en su verdadero significado si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie» . En concreto, «semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia, comoquiera que derivaría en la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos.»8

En efecto, la seguridad jurídica se protege con el establecimiento de un término de caducidad, en tanto que el mismo es «un límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Esta do un determinado derecho», previniendo que «la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no sea objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se v erá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado»9.

En cuanto al término para ejercer la demanda con pretensión de reparación directa, el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo10, adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de

7 Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicación 08001-23-31-000-2010-00762-01(41037) del 26 de julio de 2011. 8 Sentencia C-394 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 9 Sentencias C-115 de 1998 (M.P. Hernando Herrara Vergara) y SU-447 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).

8 Sentencia C-394 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 9 Sentencias C-115 de 1998 (M.P. Hernando Herrara Vergara) y SU-447 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo). 10 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 6 de 17 2000, establecía que, en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba con fundamento en la fecha en la que aparecía la víctima y, si ello no ocurría, desde el momento en el que quedaba ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso p enal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. En similar sentido el artículo 164 -2 literal i) de la Ley 1437 de 2011 11 prevé la misma regla frente a la desaparición forzada, y para los demás casos, establece que la caducidad debe contabilizarse a partir de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o del momento en el que el afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha posterior, “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

momento en el que el afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha posterior, “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. Dichas disposiciones anteriormente relacionadas, señalan expresamente que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de dos (02) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, y prevén una excepción en los casos desaparición forzada, haciendo flexible el inicio del cómputo del término de caducidad , hasta tanto aparezca la víctima y, si ello no ocurría, desde el momento en el que quedaba ejecutori ado el fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Bajo estas precisiones, observa la Sala que las normas que regulan el término de caducidad de la acción de reparación directa contemplan el término rígido de dos (02) años, cuya excepción o flexibilización no es aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta que el hecho generador del daño es el secuestro, el cual difiere del delito de desaparición forzada. Sin embargo, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 12, puntualizó que: «en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron

eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que

“Sin embargo, el término de caducidad de la acción de re paración directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se resalta). Esta disposición regula la caducidad de la pretensión de reparación directa en los eventos en los que el término empezó a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, según lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. 11 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. “Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se co ntará a

ocurrencia. “Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se co ntará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se destaca). 12 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SALA PLENA, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)A, Actor: JUAN JOSÉ COBA OROS Y OTROS, Demandado: MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL Y OTROS, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - REPARACIÓN DIRECTA,Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 7 de 17 hubiesen impedido materialme nte el ejercicio del derecho de acción y , una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.» Para arribar a dicha conclusión, señaló que: «el término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eventos en los que se a fectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , por la

«el término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eventos en los que se a fectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , por la configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la constitución de apoderado.»«… se trata de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, p ues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.»; por tanto, « el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando ad vierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insis te, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.»13 Aplicando lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que en el presente asunto es aplicable la excepción para el inicio del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, teniendo en cuenta que Diego Fernando Trejos Quiceno, solo recobró su

Aplicando lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que en el presente asunto es aplicable la excepción para el inicio del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, teniendo en cuenta que Diego Fernando Trejos Quiceno, solo recobró su libertad hasta el año 2001, por lo tanto, se encontraba materialmente imposibilitado para ejercer el derecho de acción. b). El presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Previo a adelantar el análisis dela caducidad en el presenta caso, observa la Colegiatura que el tema de debe abordar desde dos ángulos: i) La caducidad cuándo la persona se encuentra en imposibilidad material de ejercer el derecho de acción, y ii) La cadu cidad en casos de lesiones o afecciones que no se conocen de manera instantánea para la fecha de los hechos, sino desde la fecha en que se conoce el perjuicio. i) La caducidad cuándo la persona se encuentra en imposibilidad material de ejercer el derecho de acción.

En el presente asunto se atribuye responsabilidad patrimonial al Estado, frente al secuestro del cual fue víctima el soldado voluntario Diego Fernando Trejos, y las afecciones «estrés post traumático» padecidas por él, las cuales fueron detectadas luego de su cautiverio.

13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SALA PLENA, Consejera

ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)A, Actor: JUAN JOSÉ COBA OROS Y OTROS, Demandado: MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL Y OTROS, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - REPARACIÓN DIRECTA,Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 8 de 17 En el proceso reposa Informativo Administrativo por Secuestro No. 141 del 16 de noviembre de 200114, suscrito por el Comandante de la Brigada Móvil No. 3, en el que se consignó que en fecha 25 de marzo de 1998, en el sitio denomin ado “quebrada el billar”, inspección rural de Remolinos del Caguán, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, la Compañía Móvil de la Teófilo Forero, secuestró al soldado voluntario Diego Fernando Trejo Quiceno, y que su liberación se dio el 28 de junio de 2001.

Es decir, que la causa que imposibilitaba materialmente al señor Diego Fernando Trejo Quiceno para ejercer su derecho de acción, cesó el día de su liberación, esto es, el 28 de junio de 2001, por lo tanto, el término de caducidad del presente medio de control debió computarse a partir del 29 de junio de 2001.

Por lo expuesto considera la Sala que en el presente asunto en efecto se configura el

junio de 2001, por lo tanto, el término de caducidad del presente medio de control debió computarse a partir del 29 de junio de 2001.

Por lo expuesto considera la Sala que en el presente asunto en efecto se configura el fenómeno jurídico de la caducidad, pues los demandantes contaban con un término de 2 años contados a partir del 29 de junio de 2001 para acudir ante la jurisdicción a través del medio de control de reparación directa por la situación fáctica aquí analizada, es decir que tenían hasta el 29 de junio de 2003 como fecha límite para presentar dicha demanda.

1. La caducidad en casos de lesiones o afecciones que no se conocen de manera instantánea para la fecha de los hechos, sino desde la fecha en que se conoce el perjuicio.

La parte actora, pretende hacer ver, que el término de caducidad debe computarse a partir del 14 de febrero de 2014, cuando se le practicó la segunda Junta Médico Laboral No. 66961 (en cumplimiento de un fallo de tutela), en la que se estableció una disminución de la pérdida de la capacidad laboral del 81.14%, afirmando que solo hasta este momento se logró conocer las afecciones reales a la salud del señor Diego Fernando Trejos Quiceno.

“IV CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS

(AFECCIÓN POR EVALUAR - DIAGNÓSTICO – ETIOLOGÍA –

TRATAMIENTOS VERIFICADOS – ESTADO ACTUAL – PRONÓSTICO –

FIRMA MÉDICO)

Fecha: 12/02/2014 Servicio: PSIQUIATRÍA

FECHA DE INICIO REFIERE QUE EL 98 LE SECUESTRARON EN VILLAS

FIRMA MÉDICO)

Fecha: 12/02/2014 Servicio: PSIQUIATRÍA

FECHA DE INICIO REFIERE QUE EL 98 LE SECUESTRARON EN VILLAS

DURE AÑOS AMARRADO DE PIES Y MAN OS PERMANENTE PESADILLAS

ANSIOSO NO SE ME QUITA DE LA MENTE HOSPITALIZACIONES

CONTROLES PERMANENTES POR PSIQUIATRÍA ESTRESADA MENOS

PESADILLAS SE ME OLVIDA TODO SIGNOS Y SÍNTOMAS ÍTEM 1

ETIMOLOGÍA MULTIFACTORIAL DIAGNÓSTICO TRAUMA DE ESTRÉS

POSTRAUMÁTICO G RAVE, EPISODIO CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS.

ESTADO ACTUAL PSICOMOTOR SIN ALTERACIÓN AFECTO MODULADO

ANSIOSO TRISTE PENSAMIENTO LÓGICO NO IDEAS DELIRANTES NO

IDEAS DE MUERTE NI SUICIDIO SENSOPERCEPCIÓN NIEGA PRONOSTICO

14 01CuadernoPrincipal1-Folio 33Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Reparación Directa11001-33-36-038-2017-00232-01 Diego Fernando Trejos Quiceno y otros

Página 9 de 17

DEBE CONTINUAR DE MANERA PERMANENTE E ININ TERRUMPIDA

MANEJO POR PSIQUIATRÍA NULL FDO MÉDICO ESPECIALISTA. –

(…)

VI CONCLUSIONES

ADIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:

1) DURANTE COMBATE POR ACCIÓN DIRECTA DEL ENEMIGO FUE

VÍCTIMA DE SECUESTRO PRESENTANDO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

ADIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:

1) DURANTE COMBATE POR ACCIÓN DIRECTA DEL ENEMIGO FUE

VÍCTIMA DE SECUESTRO PRESENTANDO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

GRAVE CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS VALORADO Y TRATADO POR EL

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA BASAN QUIEN CONCEPTUA QUE DEBE

CONTINUAR EN TRATAMIENTO DE MANERA PERMANENTE E

INDETERMINADA POR ESTE SERVICIO FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN.”

Pero previo a ello, tenemos que en fecha 10 de diciembre de 2001, se le practicó Junta Médica Laboral, la cual que consignada en Acta No. 3701, en la que se diagnosticó «estrés post traumático» al SLV. Diego Fernando Trejos Quiceno (por la cual estima la parte actora que le asiste responsabilidad patrimonial al Estado), así:

«CONCEPTOS DE ESPECIALISTAS

(…) SERV