TA CAQ - 180013331-901-2015-00054-01-(22-02-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ

Florencia, veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Asunto: Privación de la libertadLey 600

Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y Otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y

Otro.

Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

Acta de discusión: No. 10 de la fecha

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra sentencia de 2 de diciembre de 2019 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1.Por vía de reparación directa los actores solicitaron se declare responsables al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS en supresión - del Ministerio de DefensaEjército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que –aseveranfueron objeto los señores Neftali Losada Zamora y Jeremías Lozada Zamora . Pidieron que, como consecuencia de tal declaración, se ordene indemnizar perjuicios materiales e inmateriales.

fueron objeto los señores Neftali Losada Zamora y Jeremías Lozada Zamora . Pidieron que, como consecuencia de tal declaración, se ordene indemnizar perjuicios materiales e inmateriales.

2. Fundamentaron sus pretensiones relatando que el 22 de septiembre de 2008, Neftali Losada Zamora junto con 5 personas más fue capturado en un retén realizado por miembros del Ejército Nacional y por detectives del DAS en el municipio de San Vicente del Caguán, luego fue llevado al Batallón “Cazadores” donde estuvo retenido por 4 días al ser ti ldado de gu errillero y finalmente fue trasladado a Florencia siendo presentado a la prensa como “botín de guerra”; se le impuso por parte de la Fiscalía medida de aseguramiento privativa de la libertad que se cumplió en el centro penitenciario “Cunduy”, la cual se extendió por 5 meses contados desde el 02 de octubre de 2008. Se aseguró que el señor Neftali, era propietario de un establecimi ento comercial que fue saqueado por los agentes del DAS y del Ejército dando fe de ello, los vecinos y los miembros de la Junta de Acción

Comunal.

3.Por su parte, el señor Jeremía Losada Zamora, al percatarse de la captura de su hermano, procedió a indagar sobre su situación jurídica y se percató que en su contra se había librado orden de captura, por lo que decidió escaparse de su residencia, abandona r su establecimiento comercial y vivir en la clandestinidad hasta el mes de diciembre de 2008, cuando por recomendación de un profesional

1 Folio 23 al 38 de archivo Nro. 2 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa

hasta el mes de diciembre de 2008, cuando por recomendación de un profesional

1 Folio 23 al 38 de archivo Nro. 2 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

2 de 13

del derecho decidió entregarse a las autoridades judiciales, las cuales decidieron no imponer medida de aseguramiento.

4.El 29 de enero de 2009, la Fiscalía 16 seccional de Puerto Rico, revocó la medida de aseguramiento que pesaba sobre Neftali Losada Zamora, decretando su libertad y por auto del 18 de marzo de 2013, se ordenó preclucir la investigación penal que se seguía contra los hermanos Losada Zamora y otras personas.

2. Contestación de la demanda

5. La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional2 Sostuvo que se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, como quiera que no dependía de su representada emitir la orden de medida de aseguramiento, pues su función se limitó a detener y poner a disposición de las autoridades c ompetentes a las personas involucradas.

6.NaciónFiscalía General de la Nación: Contestó extemporáneamente.

7.Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A (Extinto DAS). Dijo que fue la Fiscalía General de la Nación la que profirió la orden de captura contra Neftalí Lozada Zamora, la que se adelantó dentro de un procedimiento de allanamiento que

Fiscalía General de la Nación la que profirió la orden de captura contra Neftalí Lozada Zamora, la que se adelantó dentro de un procedimiento de allanamiento que fue acompañado por miembros del Ejército Nacional siendo por tanto ajustada a derecho su aprehensión. Alegó, que no se demostró que agentes del DAS participaran en el operativo realizado el 22 de septiembre de 2008 y que por tanto no cabe ninguna responsabilidad a su representada.

8.Por lo anterior propuso como excepciones la del rompimiento del nexo de causalidad y falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Sentencia de primera instancia

9.Mediante sentencia de 02 de diciembre de 2019 3, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la parte demandada respecto de la Nación Ministerio de DefensaEjército Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS ( extinto) hoy Patrimonio Autónomo Púb lico PAP Fiduprevisora S.A así mismo en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora NUBIA LOPEZ PUENTES, conforme lo dispuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y respecto de JEREMIAS LOZADA ZAMORA conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA

Seguridad - DAS y respecto de JEREMIAS LOZADA ZAMORA conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es ad ministrativa y extracontractualmente resp onsable por los perjuicios causados al señor NEFTALI LOSADA ZAMORA, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto, conforme a lo demostrado en la presente litis

2 Folio 120 al 129, C.P 1 3 Folio 283 al 291 C.P 2Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

3 de 13

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION , a reconocer y pagar a los

accionantes, los siguientes conceptos:

En la modalidad de daño moral

DEMANDANTE PARENTESCO SLMLMV

NEFTALI

LOSADA

ZAMORA Directo perjudicado 50

JEREMIAS

LOSADA ZAMORA Hermano del perjudicado 25

BLANCA NIEVES

CEDEÑO

PIMENTEL Compañera permanente de Jeremías Losada 7,5

ABIGAIL

ZAMORA PERDOMO Madre del directo perjudicado 50

MARIA JESÚS

LOSADA ZAMORA Hermana del directo perjudicado 25

NURY LOZADA

LÓPEZ

ZAMORA PERDOMO Madre del directo perjudicado 50

MARIA JESÚS

LOSADA ZAMORA Hermana del directo perjudicado 25 NURY LOZADA LÓPEZ Hija del directo perjudicado 50 DIANA CAMILA LOSADA LÓPEZ Hija del directo perjudicado 50 NADIA ANDREA LOZADA Hija del directo perjudicado 50 NEIDY ALEJANDRA LOZADA LÓPEZ Hija del directo perjudicado 50 ONACIS LOSADA Hermano del perjudicado 25

Daño material en la modalidad de lucro cesante:

En favor del señor NEFTALÍ LOSADA ZAMORA la suma CUATRO MILLONES

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($4.096.460).

QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEXTO: Sin condena en costas.

10. Refirió que no existía prueba de la retención del señor Jeremías Losada Zamora, como tampoco de la configuración de un perjuicio de orden inmaterial, por lo que no había lugar a reconocerle ningún tipo de indemnización.

11.Tuvo por acreditado el daño irrogado a Neftalí Losada Zamora, traducido en la privación de la libertad de que fue objeto y en la preclusión de la investigación declarada por providencia del 29 de enero de 2009, actuaciones que fueron

11.Tuvo por acreditado el daño irrogado a Neftalí Losada Zamora, traducido en la privación de la libertad de que fue objeto y en la preclusión de la investigación declarada por providencia del 29 de enero de 2009, actuaciones que fueron adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Añadió que no se estructuró ningún eximente de responsabilidad, pues aun cuando el señalamiento en contra del señor Neftalí fue hecho por terceros quienes se retractaron de su testimonio, la investigación fue realizada de oficio por la Fiscalía, entidad que impuso la medida de aseguramiento y de manera posterior precluyó la investigación,Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

4 de 13

correspondiéndole por tanto el reconocimiento y pago íntegro de todos los perjuicios causados.

12.Reconoció el daño moral con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014 y el perjuicio material lo tasó presumiendo que el perjudicado devengaba para la fecha de los hechos un salario mínimo legal mensual vigente.

4. Impugnación

13.La Fiscalía General de la Nación apeló4 arguyendo que con la sentencia de instancia se desconocieron los testimonios recepcionados por el ente acusador para imponer a la luz de los postulados de la Ley 600 de 2000 la medida de aseguramiento al señor Neftalí Losada Sarmiento por el delito de rebelión , misma que estuvo jurídica y probatoriamente respaldada.

imponer a la luz de los postulados de la Ley 600 de 2000 la medida de aseguramiento al señor Neftalí Losada Sarmiento por el delito de rebelión , misma que estuvo jurídica y probatoriamente respaldada.

14.Por lo anterior, aseguró que la detención no fue injusta, por lo que el daño que pudo sufrir el señor LOSADA ZAMORA, no tiene la categoría de antijurídico, pues el ciudadano se encontraba en el deber de soportar la carga de la medida impuesta, por existir en la investigación pruebas de su presunta responsabilidad en la comisión de la conducta punible endilgada.

5. Trámite en segunda instancia.

15.Mediante auto de 13 de octubre de 2020 5, se admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 30 de octubre siguiente se corrió traslado para alegar de conclusión6, haciéndolo así, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación7 que reiteró en similares términos los argumentos expuestos en la apelación y el Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A 8, señaló que no era viable jurídicamente determinar responsabilidad por la privación injusta de la libertad, toda vez que la actuación del DAS., se limitó a materializar una orden emitida por autoridad judicial competente, pero la actuación judic ial estuvo a cargo del funcionario judicial de la Fiscalía y fue este quien en ejercicio de sus facultades legales expidió la orden de privación de la libertad , razón por la cual procede su desvinculación de la Litis.

16.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado

legales expidió la orden de privación de la libertad , razón por la cual procede su desvinculación de la Litis.

16.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

17.Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA -.

18.En aplicación del artículo 320 del Código General del Proceso9, la Sala analizará la providencia impugnada únicamente respecto de los motivos de inconformidad planteados por el recurrente.

4 Folio 293 al 298 C.P 2 5 Archivo 20 del expediente judicial electrónico 6 Archivo 24 del expediente judicial electrónico 7 Archivo 26 del expediente judicial electrónico 8 Archivo 27 del expediente judicial electrónico 9 “Aplicable a partir de su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014. “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

5 de 13

2. Problema jurídico.

19.Corresponde a la Sala establecer si la decisión de la a quo, de acceder a las

Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

5 de 13

2. Problema jurídico.

19.Corresponde a la Sala establecer si la decisión de la a quo, de acceder a las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, es contraria a derecho y debe ser revocada, según plantea el apelante , por cuanto no hubo daño antijurídico (en la medida en que la detención se ajustó a la ley) . De ser así, habrá de proveerse fallo de reemplazo

3. Análisis de la Sala.

3.1. Régimen de responsabilidad aplicable a asuntos de privación de la libertad.

20. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables.

21.Es ya canónica la puntualización reiterada por el Consejo de Estado, al definir el daño como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado; al calificarlo como antijurídico por ausencia del deber de soportarlo (lo que significa, en términos prácticos, que es imputable al Estado como falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional, pues de lo contrario el daño ha de ser asumido por quien lo sufre o por un tercero), y al derivar de ello su naturaleza resarcible.

22. Uno de los eventos en los que –en abstracto - el Estado debe responder patrimonialmente por causación de daño antijurídico, es aquel en que una persona es injustamente privada de su libertad por decisión de autoridad judicial

22. Uno de los eventos en los que –en abstracto - el Estado debe responder patrimonialmente por causación de daño antijurídico, es aquel en que una persona es injustamente privada de su libertad por decisión de autoridad judicial competente. Así lo establece –desarrollando el precitado canon constitucional - la

Ley 270 de 1996:

ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” (…) ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

23.La Corte Constitucional emitió sentencia SU 072/1810, respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que señaló que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el 68 de la Ley 270 /96 se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis 11; pero precisó que, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.

adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”. 10 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 11 Ibídem. Acápite 117 y 118.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

6 de 13

razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 12.13. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la eventual culpa de la víctima como factor causal del daño14.

24.El Consejo de Estado profirió, en agosto de 2018 , sentencia de unificación de jurisprudencia15, sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en que se reclama reparación por privación de la libertad de una persona a la que posteriormente se revoca dicha medida, y precisó:

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho

levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello. (…)

25.Entonces, el jue z ha de determinar (i) la antijuridicidad del daño (ii) de ser antijurídico, si el demandante con su actuar doloso o gravemente culposo –en

fundamentos que le sirven de base para ello. (…)

25.Entonces, el jue z ha de determinar (i) la antijuridicidad del daño (ii) de ser antijurídico, si el demandante con su actuar doloso o gravemente culposo –en términos iuscivilistasconcitó la iniciación del proceso penal y la privación de su libertad, y (iii) la imputabilidad del daño a la demandada.

12 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 13 Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 14 Ibídem. Acápite 124.

definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 14 Ibídem. Acápite 124. 15 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018. Expediente: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947). CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Es de aclarar que si bien en noviembre 15 de 2019 la Sección Tercera dispuso “dejar sin efectos” la sentencia de unificación, la misma conserva relevancia como referente de decisión por cuanto (a) dados los efectos inter partes de la acción de tutela resulta cuestionable que la decisión se extienda otros procesos, y (b) en todo caso las consideraciones allí expuestas –que corresponde a las sostenidas por la H. Corte Constitucionalconstituyen doctrina jurídica con validez como criterio auxiliar en la aplicación del DerechoMedio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

7 de 13

26. Ninguna relevancia tiene, entonces, en orden a evaluar la responsabilidad, la forma de terminación del proceso. Como queda expuesto, la evaluación de si la detención fue justa o injusta no depende de ello, sino de la satisfa cción o insatisfacción de los presupuestos legales exigidos para la adopción de esa decisión.

27.El Tribunal confirmará la sentencia impugnada por encontrar que la imposición de la medida de asguramiento no fue necesaria, proporcional y razonable.

decisión.

27.El Tribunal confirmará la sentencia impugnada por encontrar que la imposición de la medida de asguramiento no fue necesaria, proporcional y razonable.

28.Las piezas procesales recaudadas dan cuenta de los siguientes hechos:

29.El ciudadano Neftalí Losada Zamora fue capturado el 22 de septiembre de 200816

30.El 2 de octubre de 200817, el Fiscal Seccional 280 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Neftalí Losada Zamora, por la presunta conducta punible de rebelión sin beneficio de libertad provisional.

31.El 29 de enero de 200918, la Fiscalía Dieciséis Seccional de Puerto Rico, revocó la anterior medida de aseguramiento y el 18 de octubre de 201319, resolvió precluir la investigación por el delito de rebelión en favor de Neftalí Losada Zamora.

3.1.1. Análisis del Caso.

Antijuridicidad del daño:

32.Dado que la medida de aseguramiento constituye un instrumento que no ostenta carácter punitivo, sino que es una cautela dirigida a propiciar las condiciones necesarias para el cabal adelantamiento del proceso penal, es no sólo admisible sino inc luso obligada su utilización. No se trata, en efecto, de una facultad discrecional -sino de tipo regladola de imponer medidas de aseguramiento.

33.Tal como lo hace evidente la citada Sentencia de Unificación, la propia Constitución es el fundamento de la restricción a la libertad como medida preventiva en el proceso penal (subrayaremos):

33.Tal como lo hace evidente la citada Sentencia de Unificación, la propia Constitución es el fundamento de la restricción a la libertad como medida preventiva en el proceso penal (subrayaremos):

La excepcionalidad que se pregona supone, en sí misma, que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto y que, por lo tanto, la imposición de medidas que lo limitan resulta legítima, siempre y cuando se den todos los presupuestos legales que así lo permitan o lo exijan. Con todo, es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende debatir sobre la preponderancia del derecho funda mental a la libertad, ni mucho menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto de la limitación de tal derecho, pues ello es incuestionable; sin embargo, lo que sí se quiere poner de presente, por un lado, es que las medidas a través de las cuales s e puede restringir la libertad son, igualmente, de carácter constitucional, si se tiene en cuenta que el artículo 28 de la Carta Política dispone que las personas pueden ser detenidas o arrestadas en virtud de mandato escrito del juez, “con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” y, por otro lado, que la detención, a

16 Según consta en el hecho 5° de la demanda, información que fue corroborada por la FIDUPREVISORA S.A en el escrito de contestación de demanda. 17 Folio 6-13 C.P1 18 Folio 34-44 C.P1 19 Folio 77-87 C.P1Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro

18 Folio 34-44 C.P1 19 Folio 77-87 C.P1Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

8 de 13

propósito de su carácter preventivo y excepcional, se impone con estricto cumplimiento de los requisitos que ella exige, mientras se define la responsabilidad del investigado.

Sobre el rango constitucional de la medida restrictiva de la libertad se encuentra que el numeral 1 del artículo 250, antes de ser modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, obligaba a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requirieran para asegurar que el imputado compareciera al proceso penal, lo que, como ya se dijo, es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva; se trataba, entonces, de una excepción de estirpe constitucional, respecto del artículo 28 superior.

34.El aparte resaltado pone de presente cuál es el referente para evaluar el ajuste a derecho de la detención preventiva: será antijurídica en caso de que no sea ordenada judicialmente por escrito, en la forma y p or los motivos legalmente definidos. Y el juicio de juridicidad/antijuridicidad del daño derivado de la prisión preventiva utiliza el mismo referente: las medidas de aseguramiento (en las condiciones autorizadas por la Carta) generan daño que debe ser soportado por los ciudadanos. Pero en caso de que sean practicadas sin cumplir los requisitos de ley (que son de orden formal, unos; y de orden sustancial, otros), el daño se hace

condiciones autorizadas por la Carta) generan daño que debe ser soportado por los ciudadanos. Pero en caso de que sean practicadas sin cumplir los requisitos de ley (que son de orden formal, unos; y de orden sustancial, otros), el daño se hace antijurídico, pues el ciudadano no está obligado a soportar la limitación ilícita de sus derechos.

35.En ese orden de ideas, como en el presente asunto se trata de la imposición de detención preventiva dentro de las reglas procesales contempladas en la Ley 600 de 2000, la Sala estudiará los criterios y requisitos legalmente pertinentes en vía de determinar la procedencia de la medida restrictiva de la libertad.

36.Frente a las medidas de aseguramiento y los requisitos que deben ser analizados para su imposición, establece el Código, lo siguiente:

Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. Artículo 357. Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:

1. Cuando el delito tenga prevista pena de pr isión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.

2. Por los delitos de:

(…)

37.Aplicado ese rasero al sub iúdice, no puede concluirse cosa distinta a la antijuridicidad del daño irrogado a la parte demandante.

de cuatro (4) años.

2. Por los delitos de:

(…)

37.Aplicado ese rasero al sub iúdice, no puede concluirse cosa distinta a la antijuridicidad del daño irrogado a la parte demandante.

38.En efecto: en el marco de lo en precedencia consignado, la antijuridicidad del daño por privación de la libertad debe juzgarse por estimación de las circunstancias que determinaron la imposición de la medida de aseguramiento.

39. En tal marco estimativo, encuentra la Sala –pues así se reseña en los documentos traídos del proceso penal, especialmente la providencia que impuso laMedio de control: Reparación Directa Demandante: Nadia Andrea Lozada López y otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3331-901-2015-00054-01

9 de 13

medida de aseguramientoque la privación de la libertad de Neftalí Losada Zamora se fundó en lo siguiente20:

(…) pasa al despacho a estudiar las pruebas allegadas al plenario, lo cual y para un mejor entendimiento serán agrupadas en lo relativo a cada uno de los hechos que han surgido en la presente investigación y que demuestran que (…) NEFTALI LOSADA ZAMORA, efectivamente hacen parte de la insurgencia, específicamente de la Unión de Milicias Bolivarianas de las FARC

Con la prueba testimonial rendida bajo la gravedad del juramento, por LIBARDO

MUÑETÓN SAAVEDRA, FRANKLIN PEREZ DÍAZ, EDWUIN LUNA, CALOS

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, HERNAN