TA CAQ - 18001333190120150005601-(10-08-2022)

Tribunal Administrativo del Caquetá

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Detalles

Título
TA CAQ - 18001333190120150005601-(10-08-2022)
Autor
Tribunal Administrativo del Caquetá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA No. 124

RADICACIÓN : 18-001-33-31-901-2015-00056-01

MEDIO DE CONTROL : Reparación directa

DEMANDANTE : José William Daza Correa DEMANDADO : Nación – Mindefensa – Ejército Nacional ASUNTO : Lesiones a conscripto.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2.016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL con el objeto de que se l a declare administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales causados como consecuencia de las afecciones y pérdida de capacidad laboral sufrida mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía” de FlorenciaCaquetá; y como consecuencia de dicha declaración se la condene a

pérdida de capacidad laboral sufrida mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía” de FlorenciaCaquetá; y como consecuencia de dicha declaración se la condene a pagar los perjuicios a ellos causados en la forma planteada en la demanda.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Que el joven JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA ingresó a prestar servicio militar obligatorio como soldado regular, adscrito al Batallón Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía", en buenas condiciones de salud y sin ninguna clase de incapacidad física.

Se indicó que durante la prestación del servicio militar el soldado DAZA CORREA adquirió lesiones orgánicas y mentales requiriendo de servicios médicos tales como: urología, otorrinolaringología y psiquiatría; afecciones que se agravaron en el tiempo resultando hospitalizado en el centro neuropsiquiátrico El Divino NiñoEPS, tras haber presentado un episodio psicótico agudo el 15 de abril de 2.008.

Que según acta de la junta médico laboral del 20 de marzo de 2.014, se lo calificó como no apto para la actividad militar, con un porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica del 31.31%.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

Medio De Control: Reparación Directa

Demandante: José William Daza Correa

Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional

Sentencia Segunda Instancia.

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Se afirmó que como consecuencia de ello su estado de salud fí sico y mental se

Demandante: José William Daza Correa

Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional

Sentencia Segunda Instancia.

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Se afirmó que como consecuencia de ello su estado de salud fí sico y mental se vio disminuido, sin que a la fecha de presentación de la demanda haya sido indemnizado por los perjuicios morales, materiales y daños a la salud que le fueron causados durante la prestación del servicio militar obligatorio.

1.2. Contestación.

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda (fs. 80-105 c. principal), al considerar que no le asiste responsabilidad en las lesiones padecidas por el soldado DAZA CORREA, como quiera que no existe prueba que permita entrever que la entidad participó en la producción del daño o que este fue producto de la actividad militar que desarrollaba en su momento.

Invocó como causal eximente de responsabilidad la fuerza mayor o caso fortuito, ante la imprevisibilidad y la irresistibilidad, toda vez que fue un hecho ajeno a la voluntad del ser humano, pues fue un imprevisto, algo de difícil pronóstico y ocurrencia, en tanto de los hechos se desprende claramente un evento ajeno.

Adujo que se configura la excepción de caducidad si se tiene en cuenta que los daños padecidos por el soldado acaecieron el 16 de agosto de 2 .006, según el informativo administrativo N o. 007 de fecha 5 de febrero de 2 .008, y como la demanda fue presentada en el año 2.015, se superó el término establecido en el artículo 164 literal i) del CPACA. Así mismo, propuso la excepción de falta de

demanda fue presentada en el año 2.015, se superó el término establecido en el artículo 164 literal i) del CPACA. Así mismo, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. Audiencia inicial, etapa probatoria y alegatos de conclusión.

El 15 de noviembre de 2.016 se surtió la audiencia inicial, en la que se fijó el litigio, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, se corrió traslado para alegar y se dictó sentencia (fls. 170 al 187 C. Principal). En dicha diligencia, en la fase de excepciones previas el juzgado declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada; decisión que fue recurrida por el Ejército Nacional.

1.3.1. Oposición.

En lo que interesa a la alzada, el Ejército Nacional, al momento de descorrer el traslado de la demanda, propuso como excepción la de caducidad, sustentada en que el conscripto tuvo conocimiento de los hechos dañinos el 16 de agosto de 2.006, como consta en el informe administrativo No. 007, y como la demanda fue presentada en el año 2.015, consideró que se superó el término establecido en el artículo 164 literal i) del CPACA para la interposición del respectivo medio de control.

1.3.2. Auto recurrido

El a quo, mediante auto interlocutorio proferido en la audiencia inicial, declaró no probada la excepción de caducidad propuesta.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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Demandante: José William Daza Correa

probada la excepción de caducidad propuesta.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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Luego de hacer referencia a varias providencias del Consejo de Estado, consideró que, conforme al material probatorio recaudado , no era factible establecer que víctima directa, dada la lesión sufrida, hubiera podido tener conocimiento de la entidad del daño desde el mismo momento de su ocurrencia, por lo que procedió a negar el medio exceptivo.

Señaló que solamente hasta el momen to de la notificación de la valoración efectuada por la junta médico laboral el 26 de mayo de 2.014, el afectado tuvo conocimiento pleno de la magnitud del daño, en la que , además de la lesión testicular, le fueron dictaminadas otras afecciones, específicamente la psiquiátrica; razón por el cual era a partir de esa fecha que deb ía empezar a contabilizarse el término de caducidad de que trata el artículo 164 del CPACA.

En ese orden, indicó que como la junta médico laboral se notificó el 26 de mayo de 2.014, la demanda inicialmente debí a presentarse el 26 de mayo de 2.016 , término que fue interrumpido con la solicitud de conciliación extrajudicial que se radicó el 2 de diciembre de 2.014, llevándose la re spectiva audiencia el 27 de enero de 2.015, habiéndose reanudado dicho término el 28 de enero del mismo

radicó el 2 de diciembre de 2.014, llevándose la re spectiva audiencia el 27 de enero de 2.015, habiéndose reanudado dicho término el 28 de enero del mismo año; por lo que al presentarse la demanda el día 20 de mayo de 2.015 (folio 61), se hizo dentro del término de dos años de que trata el literal I del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

1.3.3. Recurso de apelación.

La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la decisión de instancia, significando que el Consejo de Estado ha precisado que el término caducidad en todos los casos debe contabilizarse a partir del conocimiento del daño, sin tener en cuenta la estructuración de la pérdida de capacidad laboral ; indicando que en el presente asunto el daño se derivó a partir de hechos ocurridos en el año 2 .006 de lo s cuales se tenía conocimiento con anterioridad , configurándose así la caducidad de la acción.

1.4. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia mediante sentencia de fecha 15 de noviembre de 2.020 (fls. 170 al 187 c. ppal) accedió a las pretensiones de la demanda, disponiendo lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al señor JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, por las lesiones padecidas cuando prestaba servicio militar obligatorio.

EJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al señor JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, por las lesiones padecidas cuando prestaba servicio militar obligatorio.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar a los accionantes, por los siguientes conceptos:p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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 Daño Moral: A favor de JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, el equivalente a 60 SMLMV.  Daño a la salud: A favor de JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, el equivalente a 60 SMLMV.  Daño material en la modalidad de lucro cesante: En favor del señor JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA , el valor de SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($72.056720) M/CTE) CUARTO: NIEGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuesta en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: Se dará cumplimento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA.” (…) Como fundamento de su decisión, la a quo indicó que de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario se pudo establecer la calidad de soldado regular del joven JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, adscrito al Batallón de

Como fundamento de su decisión, la a quo indicó que de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario se pudo establecer la calidad de soldado regular del joven JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, adscrito al Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”, siendo retirado el 8 de febrero de 2.008 por tiempo de servicio militar cumplido. Así mismo, que se le realizó junta médica laboral en la cual se estableció la disminución en su capacidad laboral permanente parcial del 31.31%, calificada como de origen en el servicio por causa y razón del mismo, declarándosele como no apto para la actividad militar.

Bajo estas circunstancias, encontró probado no solo el daño antijurídico, sino también que ese daño se produjo como consecuencia de la alteración de las cargas que debía soportar el ciudadano DAZA CORREA, pues pese a que tenía la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, dicha carga no llevaba consigo el tener que padecer lesiones que le afectaran su salud de carácter permanente, en tanto se produjeron en razón del servicio militar obligatorio que prestaba, incumpliéndose de esta forma con el deber que tiene el Estado de devolver a los conscriptos en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio, rompiendo así el equilibrio frente a las cargas públicas ; razón por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1.5. Apelación.

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL (fls. 192-197 C. principal), presentó y sustentó el recurso de apelación, con fundamento en las siguientes razones:

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL (fls. 192-197 C. principal), presentó y sustentó el recurso de apelación, con fundamento en las siguientes razones:

Aduce que no puede imputársele responsabilidad alguna por los perjuicios ocasionados al demandante, insistiendo que dentro del proceso existen razones suficientes que permiten inferir que el daño padecido por el joven DAZA CORREA se debió a causas extrañas imposibles de prever, en donde no actuó ningún miembro del Ejercito Nacional en su producción, es decir que tales afectaciones no fueron producto de una falla del servicio, ni de un riesgo excepcional, debiéndose analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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En consecuencia, se opuso totalmente a la condena impuesta por el juzgado de instancia, al no configurarse la falla del servicio, en tanto no se sometió al conscripto a un riesgo mayor respecto de sus demás compañeros o bien puesto en situación de desigualdad ante aquellos ni existir ningún otro tipo de responsabilidad, además de configurarse la caducidad de la acción. En consecuencia, solicita revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

1.6. La segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue admitido por esta

instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

1.6. La segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue admitido por esta Corporación mediante proveído del 24 de marzo de 2.017 (fl. 208 C. principal 2). Con auto del 7 de abril de 2.017 se surtió el traslado para alegar de conclusión (f. 212 C. principal 2), término dentro del cual se pronunció la parte demandada reiterando los argumentos expuestos en el escrito de apelación y contestación, respectivamente.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL contra la sentencia de primera instancia.

2.2. Asunto previo.

El 15 de noviembre de 2.016 se surtió la audiencia inicial , en la que el juzgado declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada1; decisión que fue recurrida por esta.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2.017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA, la cual se declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio, concediéndose el recurso de apelación -en el efecto suspensivopresentado por la parte demandada contra de la sentencia de primera instancia.

1 “PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva.

suspensivopresentado por la parte demandada contra de la sentencia de primera instancia.

1 “PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al señor JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA, por las lesiones padecidas cuando prestaba servicio militar obligatorio.

(…)

Se recuerda a las partes que los recursos podrán ser interpuestos, de conformidad con el artículo 247 del CPACA.

Previó a otorgar el uso de la palabra de las partes, se pone de conocimiento que se remitirá el presente asunto al Tribunal Administrativo del Caquetá par a que desate el recurso de apelación propuesto por la entidad demandada contra la decisión de las (sic) excepciones (sic) de caducidad que fue negada en el presente asunto, conforme a los argumentos indicados. (…)”.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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En ese orden, fue remitido el proceso al tribunal para que se surta el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia ; encontrándose, además, pendiente de resolver sobre el recurso de apelación interpue sto contra el auto que negó la excepción de caducidad. De ahí que la Sala, en aplicación del artículo

apelación contra la sentencia de primera instancia ; encontrándose, además, pendiente de resolver sobre el recurso de apelación interpue sto contra el auto que negó la excepción de caducidad. De ahí que la Sala, en aplicación del artículo 323 del C.G.P .2, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A., procederá a adoptar también la decisión que dirima la apelación contra el referido auto.

2.3. Planteamiento del problema jurídico.

De conformidad con los argumentos expuestos por la entidad recurrente, corresponde a la Sala definir si La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL es administrativamente responsable de los perjuicios causados a la parte demandante con ocasión de las lesiones padecidas por el joven JOSÉ WILLIAM DAZA CORREA mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.

No obstante, previo a resolver los planteamientos esbozados por la entidad apelante, debe la Sala pronunciarse sobre la caducidad de la acción, conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandad a en la audiencia inicial frente a la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de un auto proferido en primera instancia por los jueces administrativos, susceptible de apelación, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 243 del mismo ordenamiento.

2.4. De la caducidad, su impugnación y resolución.

Sostiene la entidad demandada que los daños padecidos por el conscripto acaecieron el 16 de agosto de 2 .006, conforme da cuenta el informativo

mismo ordenamiento.

2.4. De la caducidad, su impugnación y resolución.

Sostiene la entidad demandada que los daños padecidos por el conscripto acaecieron el 16 de agosto de 2 .006, conforme da cuenta el informativo administrativo No. 007 de fecha 5 de febrero de 2 .008, y como la demanda fue presentada en el año 2.015, se superó el término establecido en el artículo 164 literal i) del CPACA.

2 “Artículo 323. Efectos en que se concede la apelación. Podrá concederse la apelación:

1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares.

2. En el efecto devolutivo. En este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso.

3. En el efecto diferido. En es te caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. (…) La apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista disposición en contrario.

Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo, y cuando procede en el diferido puede pedir que se le otorgue en el devolutivo.

Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo, y cuando procede en el diferido puede pedir que se le otorgue en el devolutivo. Aunque la apelación de la sentencia se tramite en el efecto devolutivo, se remitirá el original del expediente al superior y el cumplimiento del fallo se adelantará con las copias respectivas. En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible. (…)” (Resalta la Sala).p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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Pues bien, r especto a la oportunidad para demandar la reparación de un daño que se considera fue causado por el Estado, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, dispone lo siguiente:

  1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (Negrillas de la Sala)

En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 ha considerado que en aquellos casos en los cuales no resulte clara la observancia

su ocurrencia.” (Negrillas de la Sala)

En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 ha considerado que en aquellos casos en los cuales no resulte clara la observancia del término de caducidad, debe computarse desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia; por lo que la aplicación de la mencionada normativa del CPACA debe llevarse a cabo a partir del análisis del caso particular con el fin de determinar cuál criterio de los dos señalados en la norma se aplica.

De igual forma, el Consejo de Estado ha precisado que dicha regla no resulta aplicable a todos los casos, dado que, en algunos eventos, se presenta discusión en torno a la manifestación, conocimiento y alcance real del daño producido. Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha dicho:

“(…) La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando –en consecuencia - ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia que no depende ciertamente del afectado por el hecho daños o, no pueda éste obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la ca ducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño”.

En ese orden, cuando se demanda la reparación de daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo,

manifieste el daño”.

En ese orden, cuando se demanda la reparación de daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo, sino que es preciso determinar el momento en el cual la víctima tuvo conocimiento cierto, completo e informado de su naturaleza, su irreversibilidad o no, las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana, entre otros eventos. Así lo ha precisado el Consejo de Estado:

“ (…)

En el asunto puesto a consideración de la Sala, y luego de efectuar una lectura sistemática de los supuestos tácticos relatados en la demanda, se infiere que el daño por cuya indemnización reclama el actor, si bien pudo tener como antecedentes los diferentes episodios que se presentaron entre los días 20 de octubre de 1996 y el 4 de abril de 1997, lo cierto es que fue a partir de la valoración y clasificación de las lesiones evaluadas por la Junta Médica Laboral contenida en el acta número 2827 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de fecha 14 de julio de 1997 y notificada al interesado el mismo día, fecha en la cual

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 21200, C.P. Hernán Andrade Rincón.p Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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el actor tuvo conocimiento del daño o por lo menos pudo tener certeza sobre su

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el actor tuvo conocimiento del daño o por lo menos pudo tener certeza sobre su existencia, daño que a la postre conllevó a la desvinculación del servicio dadas las deterioradas condiciones de salud, las cuales no presentaba cuando ingresó a prestar servicio militar obligatorio.

Contrario a lo expuesto por el Tribunal, el cómputo de la caducidad ha de contarse partir del 14 de julio de 1997, y no a partir de los días 20 de octubre de 1996 o 4 de abril de 1997, pues como se señaló en precede ncia, estas fechas sólo (sic) refieren los antecedentes de la lesión, pero el conocimiento del daño sólo (sic) pudo presentarse a partir de la fecha en la cual se notificó el Acta de la Junta Médica Laboral…”.

De igual forma, la Alta Corporación sobre el particular ya había indicado en sentencia del 15 de febrero de 1996:

“A la luz de la realidad probatoria que se deja expuesta, la Sala deduce que si bien es cierto el hecho dañoso ocurrió el día 27 de noviembre de 1990, también lo es que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de 1994, fecha en la cual se celebró la Junta Médica Laboral, con los resultados que ya se dejaron consignados en este proveído.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el soldado, hubiera instaurado la acción contra la administración, cuando no conocía ni la gravedad, ni los efectos del evento que originó el daño, máxime si se tiene que éste desconocimiento se dio, por motivos imputables a los superiores jerárquicos del lesionado, quienes ignorando la gravedad del accidente, cancelaron en varias oportunidades las citas que éste debía cumplir en el Hospital Militar.

“(…)”

Así las cosas, en la especie, es forzoso hacer, por razones de justicia y también de equidad, una interpretación generosa de l momento a partir del cual empieza a correr el término de caducidad, para permitir la admisión de la demanda y con ésta, el acceso a la administración de justicia.

Ahora bien, debe precisarse que lo señalado en precedencia no puede ser entendido ni aplic ado en forma absoluta y para todos los eventos en que se discuta la responsabilidad patrimonial del Estado por lesiones, porque ello parte de la base de la duda en el momento que marca el conteo de la caducidad, por la forma como se manifiesta o revela el daño, siendo aquí donde se aplica la tesis del conocimiento posterior del hecho, ante la imposibilidad de manifestación externa o fenomenológica alguna de la lesión al bien jurídico protegido, caso donde incumbe al actor demostrar la imposibilidad del conocimiento anterior.

Por consiguiente, la tesis del nacimiento de la caducidad en el caso de lesiones de conscriptos sólo a partir de la notificación del acta de calificación de la pérdida

donde incumbe al actor demostrar la imposibilidad del conocimiento anterior.

Por consiguiente, la tesis del nacimiento de la caducidad en el caso de lesiones de conscriptos sólo a partir de la notificación del acta de calificación de la pérdida de capacidad laboral no es absoluta , teniendo aplicación solo cuando no exista manifestación alguna de la lesión física como circunstancia que constituye el daño con anterioridad a dicha calificación.

De igual forma, el Consejo de Estado ha señalado que la valoración médica y la finalización del tratamiento no modi fican el conteo de la caducidad, cuando sep Radicación: 18-001-33-31-901-2015-00056-01

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trata de lesiones de cuyo conocimiento era consciente el afectado, al igual que advertido del daño desde que se produjo el incidente, por lo que el conocimiento de las secuelas del mismo, ni la cesación del servic io médico influy en en el cómputo del plazo de caducidad. Al respecto indicó:

“No comparte la Sala las apreciaciones hechas por la parte demandante, en relación a que la acción no podía instaurarse hasta tanto se conociera la magnitud del daño y las lesiones definitivas – secuelascausadas con el hecho generador del mismo, toda vez que la conclusión, a la que se llegó con la valoración realizada por la junta médico laboral, fue únicamente respecto de las consecuencias de una lesión que había sido causada con anterioridad.

De otro lado, si bien se ha puntualizado en específicas oportunidades que por regla

médico laboral, fue únicamente respecto de las consecuencias de una lesión que había sido causada con anterioridad.

De otro lado, si bien se ha puntualizado en específicas oportunidades que por regla general el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, lo cierto es que cuando no puede conocerse, en ese momento su existencia o realidad, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se le determina y el paciente tiene conocimiento de ello; no obstante lo anterior, en el asunto sub examine, no se puede predicar esta última hipótesis

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