TA CAQ - 180013333-002-2014-00275-01-(12-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA N° 167

Expediente No. 18001-3333-002-2014-00275-01

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Consuelo Bernal Galindo Demandado: Municipio de Florencia Asunto: Supresión cargo – Insuficiencia estudio técnico

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la entidad demandada contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2.017 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante la cual se accedió parciamente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

La señora CONSUELO BERNAL GALINDO , actuando en nombre propio, instaur ó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los decretos Nos. 0573 del 26 de octubre de 2.013 y 0579 del 30 de octubre de 2013 y oficio DA-0-3805 del 30 de octubre del mismo calendario , mediante los cuales se modificó la planta de personal de la administración y se le desvinculó del cargo que venía desempeñando en el ente territorial; y a título de restablecimiento del derecho

oficio DA-0-3805 del 30 de octubre del mismo calendario , mediante los cuales se modificó la planta de personal de la administración y se le desvinculó del cargo que venía desempeñando en el ente territorial; y a título de restablecimiento del derecho se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía, con el correspondiente reconocimiento y pago de los haberes salariales y demás prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación y hasta cuando sea reincorporado al servicio.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Afirmó que la señora CONSUELO BERNAL GALINDO fue vinculada en provisionalidad mediante decreto No. 168 del 05 de septiembre de 2.009 a la planta de personal del municipio de Florencia, en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03.

1 Fs. 223-269, c. 1.Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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Demandante: Consuelo Bernal Galindo

Demandado: Municipio de Florencia

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Que el 5 de diciembre de 2 .012, el concejo municipal profirió el acuerdo 032 "Por medio del cual se otorgan facultades a la Alcaldesa de Florencia Caquetá previo estudio técnico reestructure modernice -sicla administr ación central y descentralizada del Municipio de Florencia y se dicten otras disposiciones". Que, con posterioridad, el 16 de febrero de 2013, la secretaria administrativa y la jefe de recursos humanos de la alcaldía de Florencia elaboró un estudio de conveniencia y

descentralizada del Municipio de Florencia y se dicten otras disposiciones". Que, con posterioridad, el 16 de febrero de 2013, la secretaria administrativa y la jefe de recursos humanos de la alcaldía de Florencia elaboró un estudio de conveniencia y oportunidad para contratar la prestación de servicios profesionales y apoyar a la administración municipal en la gestión para la elaboración e implementación de todos los estudios del proceso de modernización.

Refirió que el 28 de febrero de 2.013 , el municipio celebró contrato de prestación de servicios No. 20130081 con la Corporación Soluciones Socialmente Competentes, entidad que elaboró el estudio técnico para la modernización institucional de la alcaldía, emitiéndose los siguientes actos administrativos:

1. Decreto 0292 del 31 de mayo de 2013 'Por el cual se establece la estructura de la Alcaldía de Florencia, se señalan las funciones sus dependencias y se dictan otras disposiciones".

2. Decreto 0293 del 31 de mayo de 2013 " Por el cual se fusionan establecimientos públicos en la Alcaldía de Florencia, y se dictan otras disposiciones".

3. Decreto 0294 del 31 de mayo de 2013 "Por el cual se suprime la planta de personal del Instituto Municipal de Obras Civiles -IMOC DEL Banco Inmobiliario y Fondo de Vivienda de Interés Social de Florencia, se modifica la Planta de Personal de la Alcaldía de Florencia y se dictan otras disposiciones".

4. Decreto 0295 del 31 de mayo de 2013 "Por el cual se cambia la naturaleza jurídica y denominación de una entidad pública de carácter municipal".

disposiciones".

4. Decreto 0295 del 31 de mayo de 2013 "Por el cual se cambia la naturaleza jurídica y denominación de una entidad pública de carácter municipal".

5. Decretos 0495 y 0496 del 11 de septiembre de 2013.

Que luego de crear unos empleos en el nivel central para compensar el proceso de absorción, la demandante fue incorporada a la nueva pla nta, a través del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 0 5, según acta de posesión 110 del 12 de septiembre de 2013.

Indicó que en el mes de octubre del mismo año, la mandataria local emitió el decreto 0573 del 26 de octubre de 2013 en el que estableció la nueva planta de personal de la alcaldía, suprimiendo la totalidad de la planta existente y creando unos empleos; que el 30 de octubre se profirió el decreto 0579, por medio del cual incorporó a los servidores públicos a los cargos creados, sin que la demandante fuera incluida, por lo que su nombramiento provisional fue terminado , sin mediar un estudio técnico que concluyera que debía ser retirado del servicio, previa comparación de perfiles, retén social y demás consideraciones obje tivas que permitieran a la administración tomar dicha decisión.

Que la supresión de su cargo le fue notificado mediante oficio DA-0-3805 del 30 de octubre de 2013, el cual le fue puesto en conocimiento el 13 de noviembre de 2.013, fecha para la cual estaba en vigencia la ley de garantías electorales -09 deExpediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

fecha para la cual estaba en vigencia la ley de garantías electorales -09 deExpediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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Demandante: Consuelo Bernal Galindo

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noviembre-; desconociéndose la certeza de que el mentado acto administrativo hubiese sido expedido el 30 de octubre.

Finalmente, precisó que se desconoció la relativa estabilidad laboral que le asistía a la demandante por si nombramiento en provisionalidad en un empleo de carrera.

Como normas violadas, señaló: preámbulo, artículos 6, 13, 25, 53, 125 y 209 de la Constitución Política; Ley 909 de 2004 ; artículo 228 del Decreto 019 de 2012, artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005.

En el concepto de violación, se formularon los siguientes cargos:

1. Infracción a las normas en que debería fundarse por falencias en el estudio técnico : argumentó que el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y su modificación contenida en el artículo 228 del Decreto-Ley 019 de 2012 señalan que la reestructuración de la planta de personal o de empleos públicos de las entidades del orden nacional o territorial, debe ceñirse a criterios claros de necesidades del servicio o a razones de modernización de la administración, lo que permite a la administración pública realizar reformas a las plantas de empl eos que tiene a su cargo, siempre y cuando estén previamente justificadas.

Que, para ello, se debe efectuar un estudio técnico que t enga como finalidad

administración pública realizar reformas a las plantas de empl eos que tiene a su cargo, siempre y cuando estén previamente justificadas.

Que, para ello, se debe efectuar un estudio técnico que t enga como finalidad justificar la reforma de la planta de personal, bien sea por necesidad del servicio o modernización de la administración.

Señaló que el municipio efectuó contratación de servicios profesionales para la estructuración del estudio técnico en contravía de la ley, considerando que aunque el contrato y el documento de estudios previos señaló una contratación de apoyo y asesoría para su consecución, dicha afirmación es falsa al establecer como metas al contratista la entrega de productos consoli dados de análisis histórico de la entidad y la evaluación de metas de trabajo.

1. Falsa motivación por no acatamiento del estudio técnico: manifestó que conforme el artículo 46 de la ley 909 de 2004 las reformas de las plantas de personal deben ser moti vadas conforme el estudio técnico, en tanto que su estructuración dota a la administración de las herramientas jurídicas, fácticas y presupuestales para modificar la planta de personal, por lo que el municipio de Florencia deb ía acatarlo en su integridad, así como el ejercicio que desarroll ara en virtud de las facultades conferidas por el concejo municipal para la creación, fusión o supresión de dependencias o entidades . Precisando que dicho instrumento se convertía en un acto preparatorio de la modificación a la planta de personal, conforme se estableció en el decreto 0573 del 26 de octubre de 2013.

Afirmó qu e el estudio técnico no contempló la supresión del cargo que el actor ejercía, contrario sensu, señaló la inclusión de gran cantidad de empleos en la planta

en el decreto 0573 del 26 de octubre de 2013.

Afirmó qu e el estudio técnico no contempló la supresión del cargo que el actor ejercía, contrario sensu, señaló la inclusión de gran cantidad de empleos en la planta global de la administración; que d el nivel central del municipio, el estudio técnico solo propuso la supresión del cargo denominado JEFE DE OFICINA código 006 grado 04 adscrito a la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AGROPERCUARIA -UGAA-, debido a que dicha dependencia se transformó en la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, resultando necesario el cambio de denominación del empleo, código y grado, conllevando a su supresión; que los demás empleos sobre los cuales planteó corresponden a las entidades descentralizadas. Así mismo, se contempló laExpediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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necesidad de crear empleos en la planta de personal del nivel central, más no de eliminarlos, como erradamente se indicó en los actos administrativos objeto de controversia.

1. Infracción a las normas en que debería fundarse: señaló que se infringió lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 909 de 2004 , al considerar que el estudio técnico mencionado en los actos administrativos sujeto de demanda no correspondió al elaborado por la firma contratada, al sugerirse en este que los cargos a suprimir era los de las entidades descentralizadas; que mediante derecho de petición solicitó copia del estudio técnico que motivó la supresión del emple o que la demandante

al elaborado por la firma contratada, al sugerirse en este que los cargos a suprimir era los de las entidades descentralizadas; que mediante derecho de petición solicitó copia del estudio técnico que motivó la supresión del emple o que la demandante ejercía, sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda la entidad no le había brindado respuesta, concluyendo con ello que no existió estudio técnico.

1. Infracción de las normas en que debería fundarse por desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre estabilidad relativa de los servidores

públicos nombrados en provisionalidad en empleos de carrera : refirió que al tenor del artículo 5 de la ley 909 de 2004, el empleo ocupado por la actora era de carrera administrativa el cual estaba provisto de forma provisional , con cierta estabilidad laboral.

Que al suprimir los empleos la entidad no indicó qui énes lo desempeñaban, de tal suerte que al momento de la incorporación todos los servidores en provisionalidad estaban en las mismas condiciones para acceder nuevamente al servicio ; que la entidad debió hacer un estudio de perfiles y un retén social que permitiera establecer un orden de prelación de derechos al empleo, sin embargo, de forma arbitrar ia se decidió que la demandante no ingresaba a la nueva planta , desconociéndose su estabilidad relativa como servidor nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera.

1. Infracción de las normas en que debería fundarse por desconocimiento del derecho de estabilidad relativa del padre Jefe de Hogar: arguyó que no existe certeza de la época de expedición del oficio en el que se suprimió el empleo de la demandante, lo cierto es que su des vinculación se hizo efectiva estando en vigencia la prohibición de la ley de garantías.

existe certeza de la época de expedición del oficio en el que se suprimió el empleo de la demandante, lo cierto es que su des vinculación se hizo efectiva estando en vigencia la prohibición de la ley de garantías.

1. Desviación de poder: la alcaldesa desvió las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, al abrogarse una facultad discrecional para suprimir el empleo desempeñado por l a demandante, considerando que esa decisión no obedeció al estudio técnico realizado por la firma contratada, sino que se apartó del mismo sin sustento alguno.

1.2. Posición de la demandada2.

Adujo, en oposición a las pretensiones de la demanda, que carecían de fundamento legal; que los actos administrativos acusados fueron expedidos en pleno ejercicio de las competencias legales atribuidas al alcalde municipal y con fundamento en el mandato constitucional.

Que el proceso de modernización tuvo su génesis en el plan de desarrollo y en lo dispuesto por el concejo municipal, emprendiéndose la evaluación y el estudio técnico de la planta de personal del municipio mediante la aplicación de lo que para

2 Fs. 286-303, C.2.Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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el efecto establec e la Constitución Política, la normatividad y política pública de gestión de personal, lo cual derivó en la realización de un estudio técnico que sustentó la expedición del decreto 0573 de fecha 26 de octubre de 2013.

el efecto establec e la Constitución Política, la normatividad y política pública de gestión de personal, lo cual derivó en la realización de un estudio técnico que sustentó la expedición del decreto 0573 de fecha 26 de octubre de 2013.

Refirió que el estudio técnico elaborado por la entidad territorial, con el apoyo del contratista, fue el que determinó si se debían crear o suprimir empleos de la planta de personal, conten iendo las consideraciones técnicas , por lo que la planta de personal establec ida y tal como fue concluido en el estudio, tiene los cargos necesarios y suficientes para atender sus responsabilidades ; siendo provistos con empleados con el perfil, requisitos y experiencia exigida para el desempeño de sus funciones en el manual de funciones y competencias laborales.

Que durante su elaboración se identificó las situaciones de protección especial o reten social en la que se encontraban incursos algunos servidores, como lo son los padres/madres cabeza de familia sin alternativa económica, discapacitados, personal próximo a pensionarse, maternas y aforados.

Propuso como excepciones: i) ausencia de causa para demandar y, ii) legalidad de los actos administrativos.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 30 de noviembre de 2.01 7 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el Decreto 000 573 del 26 de octubre de 2013 "Por el cual se establece la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Florencia”

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el Decreto 000 573 del 26 de octubre de 2013 "Por el cual se establece la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Florencia” proferido por la Alcaldesa del Municipio de Florencia , del Decreto 0579 de l octubre de 2013 “Por medio del cual se incorporaron los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio de Florencia a la nueva planta de personal” proferido por la Alcaldesa del Municipio de Florencia , y del Oficio DA-0-3805 del 30 de octubre de 2013, por medio del cual se notifica a la señora Consuelo Bernal Galindo de la supresión del cargo que desempeñaba y su desvinculación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR coma medida de restablecimiento del derecho que el Municipio de Florencia reintegre a la señora CONSUELO BERNAL GALINDO al cargo que venía desempeñando al m omento de la supresión, y a título indemnizatorio que reconozca y pague el equivalente a los salari os y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier conc epto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.

(…)”.

3 Fs. 530-536, C.3.Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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(…)”.

3 Fs. 530-536, C.3.Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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Para arribar a tal conclusión, consideró la a quo que, pese a que l a representante legal de la entidad territorial contaba con las facultades para adelantar los estudios previos que considerara necesarios para posteriormente llevar a cabo el proceso de modernización de la planta de personal, estos se realizaron con pleno desconocimiento de lo establecido en el artículo 46 de la ley 909 de 2.004, modificado por el artículo 228 del decreto ley 019 de 2.012 , en tanto no fueron claramente determinados y se elaboraron sin asesoría previa de la Función Pública, que es la competente en procesos de reforma administrativa en el nivel territorial, incluida la planta de personal; encontrando con ello acreditado el cargo de infracción a las normas en que debía funda rse, por lo que consideró inocuo el análisis de los demás cargos de nulidad formulados.

1.4. De los recursos de alzada.

1.4.1. Parte demandante4

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia planteando su revocatoria , en los siguientes términos:

Señaló que la juez de primera instancia limitó la medida de restablecimiento del derecho acatando la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU -556 de 2014; sin embargo, considera que dicho pronunciamiento no es aplicable al presente

Señaló que la juez de primera instancia limitó la medida de restablecimiento del derecho acatando la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU -556 de 2014; sin embargo, considera que dicho pronunciamiento no es aplicable al presente asunto, al no compadecerse “con el mandato de justicia, esto es, de dar a cada uno su derecho, ya que supone una mengua en la bien fundada expectativa de reparación al momento de proponer la pretensión, cuando la jurisprudencia preveía una fórmula de indemnización plena y no menguada como la existente actualmente”

A su juicio, no es justa la indemnización reconocida, teniendo en cuenta que la SU de la Corte Constitucional se funda en una estadística del DANE sobre el tiempo que tarda un colombiano en hallar empleo, la cual se obtiene de una muestra que no se compadece con los casos concretos.

Argumentó que la sentencia SU -556 de 2.014 no es aplicable al caso concreto, fundamentándose en el principio de irretroactividad de la jurisprudencia , considerando que al ser fuente del derecho no puede aplicarse retroactivamente. Como sustento citó sentencias del Consejo de Estado donde se indicó que en los eventos en que en segunda instancia, al cambiarse de criterio sobre el medio de control idóneo para decidir determinado asunto, luego de presentada la demanda , no era razonable n i proporcionado sorprender al demandante con una decisión en ese sentido, lo que obstaculiza el goce y ejercicio del derecho a acceder a la justicia, constituyéndose en una barrera ilegítima, por quien está encargado de valer su contenido y alcance, en tanto “los cambios de jurisprudencia no se pueden aplicar

constituyéndose en una barrera ilegítima, por quien está encargado de valer su contenido y alcance, en tanto “los cambios de jurisprudencia no se pueden aplicar de forma retroactiva en perjuicio de los derechos de los ciudadanos”5…

Señaló que la SU de la Corte Constitucional fue regresiva con la forma en que impuso el límite del daño ; que el Consejo de Estado había construido una línea sobre la indemnización del perjuicio en los eventos de despido de ca rácter laboral, estableciendo como medidas los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la

4 Fs. 540-550, C. principal 3. 5 Cita del texto original “Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 19957, mayo 4 de 2011, C.p. Runth Stella Correa”Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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terminación de la relación laboral, hasta el reintegro, al entender que ese criterio se compadecía con la justicia de reparación; que la postura de la Corte no unificó, sino que “de un solo golpe rompe con esa construcción jurisprudencial para imponer un límite injusto para el trabajador al que le han menguado sus derechos por parte de la administración y que espera de la justicia la reparación ”, lo que, a su juicio, solo favorece a la administración.

Indicó que el derecho a la indemnización es de origen convencional y está incorporado en instrumentos internacionales, de tal suerte que su mengua es una afrenta directa a estos , solicitando se aplique en e l caso de marras el principio de

Indicó que el derecho a la indemnización es de origen convencional y está incorporado en instrumentos internacionales, de tal suerte que su mengua es una afrenta directa a estos , solicitando se aplique en e l caso de marras el principio de convencionalidad ante la necesaria materialización de los derechos del trabajador reconocidos en instrumentos internacionales.

1.4.2. Municipio de Florencia6

Argumentó que la decisión recurrida fue contraria a lo probado en el curso del proceso, el cual se basó en interpretaciones rigoristas, valorándose únicamente lo expuesto por la parte actora.

Que la supresión del empleo de la demandante obedeció al result ado de la recomendación que arrojó la justificación técnica y no al capricho o decisión arbitraria; que, conforme a la propuesta formulada, se hizo para mejorar la prestación del servicio, la racionalización del gasto público, la redistribución de funciones y cargas de trabajo.

Indicó que el aludido estudio técnico no debe llevar la aprobación de la Función Pública, ni de la Escuela de Administración Pública, en razón a que la norma obliga únicamente a los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.

Finalmente, agregó que la infracción a las normas en que debería fundarse carece de valor probatorio, por cuanto la desvinculación de la actora obedeció al proceso de reestructuración soportado debidamente con el estudio técnico elaborado conforme las guías metodológicas impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela de Administración Pública, reestructuración administrativa en la que primó el interés general.

1.5. Trámite en segunda instancia.

conforme las guías metodológicas impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela de Administración Pública, reestructuración administrativa en la que primó el interés general.

1.5. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto del 1 de junio de 2.018 se admitió los recursos de apelación7; con providencia del 13 de agosto de 2.018 se corrió traslado para alegar8, término dentro del cual las partes presentaron sus alegaciones9.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

El Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2.011.

6 Fs. 551-554, C. principal 3. 7 Fs. 572, C. principal 3. 8 Fs. 576, C. principal 3. 9 Fs. 586, C. principal 3.Expediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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2.2. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandada, la Sala deberá establecer si e l proceso de supresión de cargos adelantado por el municipio de Florencia, dentro del cual se suprimió el cargo que ocupaba la demandante, cumplió a cabalidad con los requisitos que la ley exige para este tipo de procedimientos.

En ese entendido, es claro para la Sala que el análisis debe girar en torno a determinar si fueron observados por parte del municipio de Florencia los requisitos

a cabalidad con los requisitos que la ley exige para este tipo de procedimientos.

En ese entendido, es claro para la Sala que el análisis debe girar en torno a determinar si fueron observados por parte del municipio de Florencia los requisitos formales que consagran las normas que regulan el procedimiento para la supresión de un empleo público y la incidencia de aquellos en la decisión ; y, de otro lado, las circunstancias en las que la administración expidió el acto acusado sin el cumplimiento -según se afirma - de tales requisitos formales, para concluir si, efectivamente, la omisión es de tal gravedad que amerite declarar la nulidad de los actos administrativos acusados o si se trata de un requisito de menor entidad, cuyo desconocimiento en nada incidiría frente a la decisión de la administración.

De considerarse la nulidad de las decisiones administrativas sujeto a análisis judicial, se analizará la indemnización ordenada por la a quo , por corresponder al inconformismo planteado por la parte actora.

De ello dependerá la confirmación, modificación o revocatoria de la sentencia de primera instancia.

2.3. De las pruebas allegadas al proceso.

La Sala encuentra acreditado lo siguiente:

• La señora CONSUELO BERNAL GALINDO fue vinculada a la planta de pe rsonal del municipio de Florencia, al cargo de profesional universitario, código 219, grado 310.

• Mediante acuerdo 032 del 5 de diciembre de 2012 , el concejo municipal de Florencia autorizó a la alcaldesa para que, previo estudio técnico, reestructurara y modernizara a la administración central y descentralizada de la entidad territorial11.

Florencia autorizó a la alcaldesa para que, previo estudio técnico, reestructurara y modernizara a la administración central y descentralizada de la entidad territorial11.

• El 28 de febrero de 2.013 el municipio suscribió contrato de servicio No. 20130081 con la Corporación Soluciones Socialmente Competentes, cuyo objeto era la “ Prestación de servicios profesionales, apoyar a la Administración Municipal en la gestión para la elaboración e implementación de todos los estudios del proceso de modernización” 12.

• El 31 de mayo de 2.013, el municipio expidió el “ESTUDIO TÉCNICO DE

MODERNIZACIÓN DE FLORENCIA” 13.

• Por medio del oficio ORH-1302 calendado el 12 de septiembre de 2.013 , le fue comunicado a la actora que mediante decreto 0496 del 11 de septiembre de

10Fs. 22-23, C. principal 1. 11Fs. 81-82, C. principal 1. 12Fs. 77-83, C. 1 respuesta oficio No. 275 13Fs. 6-338, C. Memorial de SintramalfloExpediente No. 18001-33-33-002-2014-00275-01

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2.013, fue incorporada al cargo de profesional universitario, código 21 9, grado 05 del nivel profesional, de la planta de personal del municipio de Florencia14.

• Mediante decreto No. 0573 calendado el 26 de octubre de 2013, la alcaldesa estableció la planta de personal de la entidad territorial15.

05 del nivel profesional, de la planta de personal del municipio de Florencia14.

• Mediante decreto No. 0573 calendado el 26 de octubre de 2013, la alcaldesa estableció la planta de personal de la entidad territorial15.

• Por medio del decreto 0579 de 2013, el municipio de Florencia incorporó servidores públicos de la entidad a la nueva planta de personal16.

• Mediante oficio DA-0-3805 del 30 de octubre de 2.013, la alcaldesa le comunicó a la actora la supresión del cargo que desempeñaba, con fun damento en el decreto 00573 del 26 de octubre de 2.01317.

2.4. De la modificación de las plantas de personal de los municipios.

De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

El artículo 313 ib idem estableció en el concejo la facultad de determinar la estructura de la administración municipal, las funciones y sus dependencias:

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: … 6.Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escala s de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. …”

Por su lado, el artículo 315 ibidem delegó en el alcalde la atribución de suprimir o

establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. …”

Por su lado, el artículo 315 ibidem delegó en el alcalde la atribución de suprimir o fusionar entidades y dependencias, así como crear, suprimir o fusionar los empleos de