TA CAQ - 180013333-002-2018-00161-01-(27-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ

Florencia veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Asunto: Privación de la libertad

Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y

Rama Judicial.

Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

Acta de discusión: Nro. 63 de la fecha

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver sendos recursos de apelación interpuesto s por las entidades demandadas contra sentencia de 30 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1.Por vía de reparación directa los actores solicitaron se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que -aseveranfue objeto el señor Julián Antonio Molina Rodr íguez. Pidieron que, como consecuencia de tal declaración, se les ordene indemnizar perjuicios materiales e inmateriales.

2.Como fundamento fáctico, expusieron que a petición de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías impuso, el 23 de mayo

declaración, se les ordene indemnizar perjuicios materiales e inmateriales.

2.Como fundamento fáctico, expusieron que a petición de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías impuso, el 23 de mayo de 2016, medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria, y que el 19 de mayo de 2017 se rev ocó dicha medida por parte del j uzgado Segundo Penal Municipal de Florencia, que ordenó su libertad inmediata. Posteriormente, el 15 de agosto de 2017 , el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado precluyó la investigación a su favor.

2. Contestación de la demanda

3.La Fiscalía General de la Nación contestó2, argumentando que no fue la causante del daño reclamado. Propuso como excepción la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues -dijoaunque es el ente acusador, no impone las medidas restrictivas de la libertad de los imputados, fundamento principal para ex imirla de responsabilidad frente a una detención calificada como injusta

4. Argumentó, además, que no se acreditaron los elementos esenciales para configurar la responsabilidad de su representada, cuyas actuaciones se ajustaron al artículo 250 de la Constitución Nacional, y a la ley 906 de 2004.

1 Folio 42 al 58 de archivo Nro. 4 del expediente judicial electrónico. 2 Folio 2 al 23 del archivo Nro. 5 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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5. Por otra parte objetó la cuantía de la indemnización solicitada por daño moral por superar los topes jurisprudencialmente señalados, y los perjuicios materiales por no estar probados.

6.Por su parte la Rama Judicial contestó fuera de término3.

3. Sentencia de primera instancia

7.Mediante sentencia del 30 de agosto de 2019 4, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, resolvió:

PRIMERO: declarar probado de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto del señor JOSÉ ALIRIO OROZCO, conforme las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: declarar que la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL son administrativamente y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad que fue objeto el señor JULIÁN ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ, el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2016 y el 18 de mayo de 2017.

TERCERO: en consecuencia, CONDÉNESE solidariamente a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes las siguientes sumas

a) Por concepto de perjuicios morales, así:

DEMANDANTES CALIDAD SMLMV

JULIÁN ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ Afectado directo 80

pagar a los accionantes las siguientes sumas

a) Por concepto de perjuicios morales, así:

DEMANDANTES CALIDAD SMLMV

JULIÁN ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ Afectado directo 80 DANIELA PIPICANO PENA Compañera permanente 80

YERLY DANIELA MOLINA PIPICANO Hija 80

NELLY RODRÍGUEZ BOLAÑOS Madre 80

ANDREA ELLICETH OROZCO RODRÍGUEZ Hermana 40

YUBER ROBERT MOLINA RODRÍGUEZ Hermano 40

JOSÉ EDILVER MOLINA RODRÍGUEZ Hermano 40

RUTH NAYIDY MOLINA RODRÍGUEZ Hermana 40

JORGE YECID MOLINA RODRÍGUEZ Hermano 40

DARWIN DIDIERMAN MOLINA RODRÍGUEZ Hermano 40

b) Por perjuicios materiales, así:

Para el señor JULIÁN ANTONIO MOLINA RODRÍGUEZ el valor a reconocer por lucro cesante es el equivalente a DIEZ MILLONES

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($10.085.212

M/Cte).

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

8.Para llegar a esas decisiones estableció que se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues en el

3 Folio 25 del archivo Nro. 5 del expediente judicial electrónico. 4 Folio 2 al 24 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros

3 Folio 25 del archivo Nro. 5 del expediente judicial electrónico. 4 Folio 2 al 24 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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transcurso del proceso penal no se probó la conducta ilícita del señor Molina Rodríguez al punto que la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, a la que el Juez correspondiente accedió. Condenó solidariamente a la Rama judicial a la Fiscalía al encontrar que concurrieron en la producción del daño.

4. Impugnación

9.La Fiscalía General de la Nación 5, aseguró que al momento de elevarse la solicitud de medida de aseguramiento, la misma resultaba justa, razonada, proporcional y ajustada a derecho y que se basó en la evidencia física y la información legalmente obtenida, que determinó que el señor Julián Antonio Molina Rodríguez era responsable del delito endilgado.

10.Conforme con lo anterior, precisó, respecto de las actuaciones de la Fiscalía no se concretó una falla en el servicio, por lo que se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Agregó que debe responder en el presente caso la Rama Judicial, entidad que cuenta con la facultad de decidir sobre la restricción de la libertad.

11.Pidió que se revisara el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

12.Por su parte la Rama Judicial6, expuso que las pruebas recaudadas y exhibidas

de la libertad.

11.Pidió que se revisara el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

12.Por su parte la Rama Judicial6, expuso que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía ante los jueces, fueron conducentes a demostrar que Molina Rodríguez era responsable, por lo que el juez de control de garantías accedió a la petición de detención, por encontrar acreditados los requisitos de los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004. Señaló que, entonces, la decisión se ajustó a derecho, debiendo el ciudadano soportar esa carga de orden público. Agregó que, de ser injusta la privación, debe condenarse únicamente a la Fiscalía General de la Nación. Y pidió que , en el caso de no acceder a esta pretensión, se modifique el fallo asignando en porce ntajes el pago de la condena. Reprochó que no se haya analizado por el fallador el eximente de responsabilidad denominado “culpa exclusiva de la víctima”.

5. Trámite de segunda instancia.

13.Mediante auto de 28 de febrero de 2020 7, se admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 10 de marzo se corrió traslado para alegar de conclusión 8, haciéndolo así el apoderado de la Fiscalía General de la Nación 9 quien reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, solicitando r evocar los numerales 2°, 3° y 7° de la sentencia impugnada.

14.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes

2°, 3° y 7° de la sentencia impugnada.

14.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

15.Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los actores, conforme con lo dispuesto en los

5 Folio 28 a 45 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico. 6 Folio 46 al 51 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico. 7 Folio 61, del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico. 8 Folio 67 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico. 9 Folio 72 al 78 del archivo Nro. 6 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia -, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 –trámite de la apelación-.

16.En lo que respecta la vigencia de la acción, encuentra la Sala que la demanda se presentó dentro de los términos fijados por el artículo 164.2 (i) del CPACA, ya que los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2017 (día se realizó la audiencia de preclusión y quedó ejecutoriada)10 presentando la demanda el 2 de marzo del año siguiente11.

que los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2017 (día se realizó la audiencia de preclusión y quedó ejecutoriada)10 presentando la demanda el 2 de marzo del año siguiente11.

17.Se reúne la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, tanto de la parte demandante como de las demandadas, se encuentra legitimada por pasiva, la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, puesto que la parte actora imputó el daño cuya reparación pretende; asimismo, ambas partes se encuentran representadas por apoderados debidamente constituidos.

18.En aplicación del artículo 320 del Código General del Proceso12, la Sala analizará la providencia impugnada únicamente los motivos de inconformidad planteados por los recurrentes.

19.Así las cosas, se procede a proferir sentencia de segunda instancia de conformidad con el siguiente:

2. Problema jurídico.

20.En el marco acotado por las referidas impugnaciones, procede la Sala a decidir los recursos. Al efecto, corresponde determinar si incurrió en error el a quo al concluir que se causó daño antijurídico a los demandantes. En caso de encontrar acertada la evaluación del a quo, habrá de decidirse cuál de las entidades ha de indemnizar (o si han de hacerlo ambas y en qué proporción), y verificar si el reconocimiento de perjuicios se encuentra acorde a derecho.

3. Análisis de la Sala.

3.1. Régimen de responsabilidad aplicable a asuntos de privación de la libertad.

21.De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

3.1. Régimen de responsabilidad aplicable a asuntos de privación de la libertad.

21.De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables.

22.Es ya canónica la puntualización reiterada por el Consejo de Estado, al definir el daño como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado , al calificarlo como antijurídico por ausencia del deber de soportarlo, y al derivar de ello su naturaleza resarcible.

23.Quien se considere dañado por la administración y pretenda ser reparado, debe –en general - demostrar que el daño por el que reclama tiene connotación de antijurídico, para seguidamente evidenciar su imputabilidad a la administración

10 Folio 86 al 89 del archivo Nro. 3 del expediente judicial electrónico. 11 Folio 60 del archivo Nro. 4 del expediente judicial electrónico. 12 “Aplicable a partir de su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014. “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro

cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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24.Uno de los eventos en los que –en abstracto - el Estado debe responder patrimonialmente por causación de daño antijurídico, es aquel en que una persona es injustamente privada de su libert ad por decisión de autoridad judicial competente. Así lo establece –desarrollando el precitado canon constitucional - la Ley 270 de 1996:

ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” (…) ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

25.La Corte Constitucional expidió sentencia SU 072/1813, respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que señaló que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el 68 de la Ley 270 de 1996 se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis 14; pero precisó que, independientemente

el 68 de la Ley 270 de 1996 se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis 14; pero precisó que, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 15.16. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la eventual culpa de la víctima como factor causal del daño17.

26.El Consejo de Estado emitió en agosto de 2018 sentencia de unificación de jurisprudencia18,19 sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en que se reclama reparación por privación de la libertad de una persona a la que posteriormente se revoca dicha medida, y precisó:

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no consti tuyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal

13 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 14 Ibídem. Acápite 117 y 118. 15 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen

14 Ibídem. Acápite 117 y 118. 15 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 16 Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 17 Ibídem. Acápite 124. 18 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018. Expediente: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947). CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

19 Si bien en noviembre 15 de 2019 la Sección Tercera dispuso “dejar sin efectos” la sentencia de unificación, la misma conserva relevancia como referente de decisión por cuanto (a) dados los efectos inter partes de la acción de tutela resulta cuestionable que la decisión se extienda otros procesos, y (b) en todo cas o las consideraciones allí expuestas –que corresponde a las sostenidas por la H. Corte Constitucionalconstituyen doctrina jurídica con validez como criterio auxiliar en la aplicación del DerechoMedio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con e llo dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto

autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premis as del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello. (…)

27.Entonces, el juez ha de determinar (i) la antijuridicidad del daño (esto es: si la víctima tenía, o no, el deber jurídico de soportarlo), (ii) de ser antijurídico, si el demandante con su actuar doloso o gravemente culposo –en términos iuscivilistasconcitó la iniciación del proceso penal y la privación de su libertad, y (iii) la imputabilidad del daño a las demandadas o a una de ellas.

28.Tales presupuestos guiarán la resolución del caso que contrae la atención de la Sala.

29.El Tribunal confirmará la sentencia impugnada pues no se acreditó una inferencia razonable de autoría o participación que soportara la medida de aseguramiento.

30.Las pruebas recaudadas -principalmente la documental trasladada de otras actuacionesdan cuenta de los siguientes hechos:

31. El 23 de mayo de 2016 la Fiscalía 21 seccional de Florencia , solicitó ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia imponer detención preventiva al ciudadano Molina Rodríguez por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir20, audiencia que tuvo lugar el mismo día

Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia imponer detención preventiva al ciudadano Molina Rodríguez por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir20, audiencia que tuvo lugar el mismo día ante el de la ciudad . El Juzgado impuso la medida de aseguramiento solicitada y libró boleta de detención nro. 2221 de la misma fecha.

32.El 18 de mayo de 2017 el Juzgado Segundo Penal Municipal de la ciudad revocó la medida22, y expidió boleta de libertad23.

33. El 15 de agosto de 2017 se precluyó la investigación a favor del señor Molina Rodríguez por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado . La decisión quedó en firme el mismo día24.

20 Folio 101 al 110 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 21 Folio 7 del archivo nro. 2 del expediente judicial electrónico 22 Folio 7 y 8 del archivo nro. 4 del expediente judicial electrónico 23 Folio 12 del archivo nro. 4 del expediente judicial electrónico 24 Folio 81 al 84 del archivo nro. 3 del expediente judicial electrónicoMedio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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34.Según certificación suscrita por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Florencia, el señor Julián Antonio Molina Rodríguez, ingresó a sus instalaciones el 22 de mayo de 2016 , salió por revocatoria de la medida de aseguramiento el 19 de mayo de 2017.25.

Carcelario de Florencia, el señor Julián Antonio Molina Rodríguez, ingresó a sus instalaciones el 22 de mayo de 2016 , salió por revocatoria de la medida de aseguramiento el 19 de mayo de 2017.25.

3.1.1. Análisis del Caso.

35.Procede la Sala, a fin de adoptar la decisión que se ajuste a derecho, a analizar el alcance de los señalados hechos a la luz del esquema de análisis indicado por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación ya referida:

Antijuridicidad del daño:

36.Dado que la medida de aseguramiento constituye un instrumento que no ostenta carácter punitivo, sino que es una cautela dirigida a propiciar las condiciones necesarias para el cabal adelantamiento del proceso penal, es no sólo admisible sino incluso obligada su utilización. No se trata, en efecto, de una facultad discrecional -sino de tipo regladola de imponer medidas de aseguramiento.

37.Tal como lo hace evidente la citada Sentencia de Unificación, la propia Constitución es el fundamento de la restricción a la libertad como medida preventiva en el proceso penal (subrayaremos):

La excepcionalidad que se pregona supone, en sí misma, que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto y que, por lo tanto, la imposición de medidas que lo limitan resulta legítima, siempre y cuando se den todos los presupuestos legales que así lo permitan o lo exijan. Con todo, es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende debatir sobre la pr eponderancia del derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto

todo, es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende debatir sobre la pr eponderancia del derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto de la limitación de tal derecho, pues ello es incuestionable; sin embargo, lo que sí se quiere poner de presente, por un lado, es que las me didas a través de las cuales se puede restringir la libertad son, igualmente, de carácter constitucional, si se tiene en cuenta que el artículo 28 de la Carta Política dispone que las personas pueden ser detenidas o arrestadas en virtud de mandato escrito del juez, “con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” y, por otro lado, que la detención, a propósito de su carácter preventivo y excepcional, se impone con estricto cumplimiento de los requisitos que ella exige, mientras se define la responsabilidad del investigado.

Sobre el rango constitucional de la medida restrictiva de la libertad se encuentra que el numeral 1 del artículo 250, antes de ser modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, obligaba a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requirieran para asegurar que el imputado compareciera al proceso penal, lo que, como ya se dijo, es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva; se trataba, entonces, de una excepción de estirpe constitucional, respecto del artículo 28 superior.

38.El aparte resaltado pone de presente cuál es el referente para evaluar el ajuste a derecho de la detención preventiva: será antijurídica en caso de que no sea ordenada judicialmente por escrito, en la forma y por los motivos legalmente

38.El aparte resaltado pone de presente cuál es el referente para evaluar el ajuste a derecho de la detención preventiva: será antijurídica en caso de que no sea ordenada judicialmente por escrito, en la forma y por los motivos legalmente definidos. Y el juicio de juridicidad/antijuridicidad del daño derivado de la prisión

25 Folio 37 del archivo nro. 4 del expediente judicial electrónicoMedio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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preventiva utiliza el mismo referente: las medidas de aseguramiento (en las condiciones autorizadas por la Carta) generan daño que debe ser soportado por los ciudadanos. Pero en caso de que sean practicadas sin cumplir los requisitos de ley (que son de orden formal, unos; y de orden sustancial, otros), el daño se hace antijurídico, pues el ciudadano no está obligado a soportar la limitación ilícita de sus derechos.

39. Dado que los hechos por los cuales se juzgó al demandante ocurrieron en el mes de septiembre de 2015, el marco de referencia normativo es el contenido en nuestro actual estatuto procesal penal, Ley 906 de 2004, el cual en su artículo 530 dispuso su régimen de implementación gradual, señalando que aquel empezaba a implementarse en este distrito judicial a partir del 1º de enero de 2007.

40.Frente a las medidas de aseguramiento y los requisitos que deben ser analizados por el Juez de control de garantías para su imposición, establece el Código, lo siguiente:

40.Frente a las medidas de aseguramiento y los requisitos que deben ser analizados por el Juez de control de garantías para su imposición, establece el Código, lo siguiente:

ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de

aseguramiento:

A. Privativas de la libertad

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.

(…).

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

(…).

41. Pues bien: aplicado ese rasero al sub iúdice, no puede concluirse cosa distinta a la antijuridicidad del daño irrogado a la parte demandante.

42.En efecto: en el marco de lo en precedencia consignado, la antijuridicidad del daño por privación de la libertad debe determinarse por estimación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento.

42.En efecto: en el marco de lo en precedencia consignado, la antijuridicidad del daño por privación de la libertad debe determinarse por estimación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento.

43.En ese marco estimativo, encuentra la Sala –pues así se reseña en los documentos traídos del proceso penal - que la privación de la libertad de Julián Antonio Molina Rodríguez se fundó en la solicitud elevada por la Fiscalía, en la queMedio de control: Reparación Directa Demandante: Julián Antonio Molina Rodríguez y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 18001-3333-002-2018-00161-01

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-como puso de presente el abogado oficioso del aquí actor26brilla por su ausencia el análisis personalizado de las evidencias de las que se pretendía inferir razonablemente la participación de los capturados en los múltiples hechos imputados: según puede verificarse en el respectivo registro de la audiencia27,28, la

26 “… y hoy nos preguntamos frente a la imputación que fue de autoría y frente a la medida