TA CAQ - 180013333-004-2017-00353-01-(01-02-2023)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ

Florencia, primero (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Asunto: Privación injusta de la libertad (Ley 906 de 2004).

Medio de control: Reparación directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otros Radicación: 18001-3333-004-2017-00353-01

Acta de discusión: Nro. 4 de la fecha

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda1

1.Por vía de reparación directa los demandantes solicitaron que se declar ara la responsabilidad patrimonial de la Nación, Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que –aseveranfue objeto el señor Robinson Noguera Palechor y que, como consecuencia de ello, se les indemnice por los daños materiales e inmateriales irrogados.

2. Fundamentaron sus pretensiones relatando que el señor Robinson Noguera

que, como consecuencia de ello, se les indemnice por los daños materiales e inmateriales irrogados.

2. Fundamentaron sus pretensiones relatando que el señor Robinson Noguera Palechor fue capturado el 6 de enero de 2014 ; que el 8 de enero siguiente (sic) el Juez de control de garantías , a petición de la Fiscalía 2 4 Seccional, impuso detención preventiva en establecimiento carcelario; que el 18 de agosto de 2015 la Fiscalía solicitó preclusión de la investigación, a lo que accedió el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia; y que Noguera recobró su libertad al día siguiente.

2.2. Contestación de la demanda

3. La Rama Judicial2 indicó que se solicitó por la Fiscalía 24 Seccional de Florencia al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por inexistencia del hecho investigado, razón por la cual de presentarse algún tipo de responsabilidad debe recaer en el ente investigativo, pues fue quien no cumplió con las cargas que le correspondían. Sostuvo que la imposición de la medida de aseguramiento se fundó en los elementos probatorios y la información legalmente obtenida y exhibida por la

Fiscalía.

1 Folio 43 al 71 del expediente judicial electrónico1. 2Folio 107 al 123 del expediente judicial electrónico 1.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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4.Aseguró que se configuró eximente de responsabilidad por “hecho de un tercero”

Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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4.Aseguró que se configuró eximente de responsabilidad por “hecho de un tercero” ya que Noguera Palechor fue vinculado al proceso por informe policial que daba cuenta de unos hechos que luego se supo inexistentes.

5.Propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios, la inexistencia del nexo de causalidad y el hecho de un tercero.

6.La Fiscalía General de la Nación3 sostuvo que las actuaciones desplegadas por su defendida a lo largo del proceso penal se ajustaron al artículo 250 de la Constitución Política y a las disposiciones de la ley 906 /04; que la solicitud de detención preventiva f ue apropiada, razonada y conforme a los procedimientos legales establecidos; y que esa petición en todo caso no es vinculante para el juez de control de garantías que de manera autónoma decidió acceder a la misma. Planteó su falta de legitimación en la casusa, y finalmente objetó la cuantía de los perjuicios estimados en la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia.

7.Mediante sentencia de 31 de julio de 20194, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación – Fiscalía General de la

Nación.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la Nación – Rama Judicial, debido a que se configuró el eximente de responsabilidad denominado “hecho de un tercero” de conformidad con la

Nación.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la Nación – Rama Judicial, debido a que se configuró el eximente de responsabilidad denominado “hecho de un tercero” de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados al señor ROBINSON NOGUERA PALECHOR, por la privación de la libertad de que fue objeto, conforme lo demostrado en la presente litis.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar

a los accionantes los siguientes conceptos:

• En la modalidad de daño moral:

DEMANDANTE PARENTESCO SLMLMV

Robinson Noguera Palechor Afectado directo 100 Angie Noguera Ángel Hija 100 Mayileth Valencia Tabares Compañera permanente 100 Salomón Noguera Usecha Padre 100 Cristian Fabián Noguera Gómez Hermano 50

• Daño material en la modalidad de lucro cesante

3 Folio 50 al 67, archivo Nro. 01 del expediente judicial electrónico. 4 Folio 241 al 257, archivo Nro. 02 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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En favor del señor ROBINSON NOGUERA PALECHOR la suma dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil trecientos trece pesos con veintinueve centavos ($16.893.313,29)

QUINTO: NIÉQUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

8. Para llegar a esas decisiones estableció que se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues en el trascurso del proceso penal no se probó la conducta ilícita del señor Noguera Palechor al punto de que la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, a la que el juez correspondiente accedió. Condenó exclusivamente a la Fiscalía señalando: “…lo cual nos lleva a concluir que la responsabilidad sobre la restricción de la lib ertad finalmente estuvo en cabeza de la Nación – Fiscalía General de la Nación, pues su Delegado 24 seccional era el director de la investigación para la acreditación de los supuestos de hecho y fue quien tardo aproximadamente un año y siete meses en descu brir la inexistencia del hecho, llevando sus elementos materiales probatorios ante el juez de conocimiento en la audiencia de PRECLUSIÓN celebrada el 18 de agosto de 2015 en donde el sentido del fallo fue absolutorio”.

9.La s entencia fue complementada el 27 de febrero de 2020 5 en el sentido de denegar el reconocimiento de perjuicios materiales por daño emergente, y de

absolutorio”.

9.La s entencia fue complementada el 27 de febrero de 2020 5 en el sentido de denegar el reconocimiento de perjuicios materiales por daño emergente, y de inmateriales por daños al proyecto de vida y a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

2.4. Impugnación.

10.Inconforme con la reseñada decisión, la Fiscalía apeló6. Propuso como objeto del recurso que se revoque el fallo impugnado y se provea uno de remplazo. Como motivos de inconformidad aseguró que al momento de elevarse la solicitud de medida de aseguramiento, la misma resultaba ajustada a derecho. Agregó que en el presente caso se configuró el eximente de responsabilidad “hecho de un tercero” pues su actuación se basó en la de la Policía Nacional, que incurrió “aparentemente, lo mal llamado un falso positivo, engañando a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama judicial con sus actuaciones.”.

11.Reiteró que conforme a la Ley 906/04 quien cuenta con la facultad de decidir sobre la restricción de la libertad es la Rama Judicial , en tanto a la Fiscalía su competencia es netamente investigativa.

2.5. Trámite en segunda instancia.

12.En reparto inicial de 27 de septiembre de 2021 7 le correspondió al Despacho segundo del Tribunal Administrativo del Caquetá, en cumplimiento del Acuerdo nro. CSJCAQA21-85 de 30 de noviembre de 2021 se remitió el expediente a esté Despacho8. El 17 de febrero de 2022 se decidió avocar conocimiento 9, y el 9 de

CSJCAQA21-85 de 30 de noviembre de 2021 se remitió el expediente a esté Despacho8. El 17 de febrero de 2022 se decidió avocar conocimiento 9, y el 9 de marzo10 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

5 Archivo nro. 07 del expediente judicial electrónico. 6 Folio 263 al 291 archivo Nro. 02 del expediente judicial electrónico.

7 Archivo nro. 1. C.2. del expediente judicial electrónico. 8 Archivo nro. 4. C.2. del expediente judicial electrónico. 9 Archivo nro. 7. C.2. del expediente judicial electrónico. 10 Archivo nro. 9. C.2. del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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13.Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes

III.CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

14.Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

3.2. Problema jurídico.

Atendiendo al recurso interpuesto, y dado lo dispuesto por el artículo 320 del CGP, corresponde a la Sala establecer si la decisión de la a quo , de acceder a las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada la responsabilidad

Atendiendo al recurso interpuesto, y dado lo dispuesto por el artículo 320 del CGP, corresponde a la Sala establecer si la decisión de la a quo , de acceder a las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, es contraria a derecho y debe ser revocada, según plantea el apelante , por cuanto no hubo daño antijurídico (en la medida en que la detención se ajustó a la ley) y porque la Fiscalía no fue la que impuso la detención. De ser así, habrá de proveerse fallo de reemplazo.

3.3. Análisis de la Sala.

• Régimen de responsabilidad aplicable a asuntos de privación de la libertad.

15.De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables.

16.Es ya canónica la puntualización reiterada por el Consejo de Estado, al definir el daño como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado; al calificarlo como antijurídico por ausencia del deber de soportarlo (lo que significa, en términos prácticos, que es imputable al Estado como falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional, pues de lo contrario el daño ha de ser asumido por quien lo sufre o por un tercero), y al derivar de ello su naturaleza resarcible.

17. Uno de los eventos en los que –en abstracto - el Estado debe responder patrimonialmente por causación de daño antijurídico, es aquel en que una persona es injustamente privada de su libertad por decisión de autoridad judicia l

17. Uno de los eventos en los que –en abstracto - el Estado debe responder patrimonialmente por causación de daño antijurídico, es aquel en que una persona es injustamente privada de su libertad por decisión de autoridad judicia l competente. Así lo establece –desarrollando el precitado canon constitucional - la

Ley 270 de 1996:

ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” (…) ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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18.La Corte Constitucional emitió sentencia SU 072/1811, respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que señaló que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el 68 de la Ley 270 /96 se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis 12; pero precisó que, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones

el 68 de la Ley 270 /96 se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis 12; pero precisó que, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 13.14. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la eventual culpa de la víctima como factor causal del daño15.

19.El Consejo de Estado profirió, en agosto de 2018 , sentencia de unificación de jurisprudencia16, sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en que se reclama reparación por privación de la libertad de una persona a la que posteriormente se revoca dicha medida, y precisó:

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de

hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposici ón de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

11 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 12 Ibídem. Acápite 117 y 118. 13 Más adelante señala: ” 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 14 Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto

especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 15 Ibídem. Acápite 124. 16 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018. Expediente: 66001 -23-31-000-2010-00235 01 (46.947). CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Es de aclarar que si bien en noviembre 15 de 2019 la Sección Tercera dispuso “dejar sin efectos” la sentencia de unificación, la misma conserva relevancia como referente de decisión por cuanto (a) dados los efectos inter partes de la acción de tutela resulta cuestionable que la decisión se extienda otros procesos, y (b) en todo caso las consideraciones allí expuestas –que corresponde a las sostenidas por la H. Corte Constitucionalconstituyen doctrina jurídica con validez como criterio auxiliar en la aplicación del DerechoMedio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello. (…)

20.Entonces, el jue z ha de determinar (i) la antijuridicidad del daño (ii) de ser antijurídico, si el demandante con su actuar doloso o gravemente culposo –en términos iuscivilistasconcitó la iniciación del proceso penal y la privación de su libertad, y (iii) la imputabilidad del daño a las demandadas o a una de ellas.

21.Sobre este último item el recurrente cuestiona que se le haya condenado, cuando quien tomó la decisión de detener al señor Noguera fue un Juez de la República, y no la Fiscalía General de la Nación, que se limitó a solicitarla.

22.El Tribunal revocará la sentencia impugnada , por cuanto el daño acreditado no es atribuible a la Fiscalía General de la Nación.

23.Las pruebas recaudadas dan cuenta de los siguientes hechos:

24.Que el señor Robinson Noguera Palechor fue capturado el 6 de enero de 2014; que el 8 de enero se dio inicio a las audiencias preliminares, imponiéndose al día

24.Que el señor Robinson Noguera Palechor fue capturado el 6 de enero de 2014; que el 8 de enero se dio inicio a las audiencias preliminares, imponiéndose al día siguiente medida de aseguramiento por la conducta punible de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, parte o municiones17.

25.Que luego de realizarse las audiencias correspondientes, el 18 de agosto de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia precluyó la investigación penal a favor de Robinson Noguera Palechor. La decisión quedó en firme el mismo día18.

26. Que -según certificación del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Florenciaque el señor Robinson Noguera Palechor ingresó a esas instalaciones el 08 de enero de 2014, y salió por preclusión de la investigación el 19 de agosto de 201519.

• Análisis del Caso.

27.Procede la Sala, a establecer si las actuaciones adelantadas por las demandadas no estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico, para lo cual se abordará bajo la óptica de falla del servicio. En caso de que dicho actuar haya sido ajustado a derecho, se determinará si el perjuicio sufrido por la víctima debe ser reparado bajo el régimen de responsabilidad objetivo por “daño especial”20.

Antijuridicidad del daño:

28.Dado que la medida de aseguramiento constituye un instrumento que no ostenta carácter punitivo, sino que es una cautela dirigida a propiciar las condiciones necesarias para el cabal adelantamiento del proceso penal, es no sólo admisible sino incluso obligada su utilización. No se trata, en efecto, de una facultad

carácter punitivo, sino que es una cautela dirigida a propiciar las condiciones necesarias para el cabal adelantamiento del proceso penal, es no sólo admisible sino incluso obligada su utilización. No se trata, en efecto, de una facultad discrecional -sino de tipo regladola de imponer medidas de aseguramiento.

17 Folio 9 al 13 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 18 Folio 17 archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 19 Folio 21 del archivo Nro. 01 del expediente judicial electrónico. 20 Ver sentencia del 28 de octubre de 2022 proferida por el H. Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el nro. 76001-2331-000-2011-01344-01, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata. §23.Medio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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29.Tal como lo hace evidente la citada Sentencia de Unificación, la propia Constitución es el fundamento de la restricción a la libertad como medida preventiva en el proceso penal (subrayaremos):

La excepcionalidad que se pregona supone, en sí misma, que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto y que, por lo tanto, la imposición de medidas que lo limitan resulta legítima, siempre y cuando se den todos los presupuestos legale s que así lo permitan o lo exijan. Con todo, es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende debatir sobre la preponderancia del derecho fundamental a la

den todos los presupuestos legale s que así lo permitan o lo exijan. Con todo, es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende debatir sobre la preponderancia del derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto de la limitación de tal derecho, pues ello es incuestionable; sin embargo, lo que sí se quiere poner de presente, por un lado, es que las medidas a través de las cuales se puede restringir la libertad son, igualmente, de carácter constitucional, si se tiene en cuenta que el artículo 28 de la Carta Política dispone que las personas pueden ser detenidas o arrestadas en virtud de mandato escrito del juez, “con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” y, por otro lado, que la detención, a propósito de su carácter preventivo y excepcional, se impone con estricto cumplimiento de los requisitos que ella exige, mientras se define la responsabilidad del investigado.

Sobre el rango constitucional de la medida restrictiva de la libertad se encuentra que el numeral 1 del artículo 250, antes de ser modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, obligaba a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requirieran para asegurar que el imputado compareciera al proceso penal, l o que, como ya se dijo, es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva; se trataba, entonces, de una excepción de estirpe constitucional, respecto del artículo 28 superior.

30.El aparte resaltado pone de presente cuál es el referente p ara evaluar el ajuste a derecho de la detención preventiva: será antijurídica en caso de que no sea

28 superior.

30.El aparte resaltado pone de presente cuál es el referente p ara evaluar el ajuste a derecho de la detención preventiva: será antijurídica en caso de que no sea ordenada judicialmente por escrito, en la forma y por los motivos legalmente definidos. Y el juicio de juridicidad/antijuridicidad del daño derivado de la p risión preventiva utiliza el mismo referente: las medidas de aseguramiento (en las condiciones autorizadas por la Carta) generan daño que debe ser soportado por los ciudadanos. Pero en caso de que sean practicadas sin cumplir los requisitos de ley (que son de orden formal, unos , y de orden sustancial, otros), el daño se hace antijurídico, pues el ciudadano no está obligado a soportar la limitación ilícita de sus derechos.

31.En ese orden de ideas, como en el presente asunto se trata de la imposición de detención preventiva bajo las reglas procesales de la Ley 906/04, la Sala estudiará los criterios y requisitos legalmente pertinentes en vía de determinar la procedencia de la medida restrictiva de la libertad, en el trámite del sistema penal acusatorio.

32. Sobre las medidas de aseguramiento y los requisitos que deben ser analizados por el Juez de control de garantías para su imposición, establece el Código, lo

siguiente:

ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de

aseguramiento:

A. Privativas de la libertadMedio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.

(…).

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elemento s materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

(…).

33. Encuentra la Sala –pues así se reseña en los documentos traídos del proceso penal– que la privación de la libertad de Robinson Noguera Palechor se fundó en la solicitud elevada por la Fiscalía21, y que fue aceptada por la juez de control de garantías.

34.La juez de control de garantías justificó la imposición de la media de aseguramiento, así:

(…) el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, consagra los requisitos exigidos por la ley para establecer previo juicio de necesidad,

34.La juez de control de garantías justificó la imposición de la media de aseguramiento, así:

(…) el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, consagra los requisitos exigidos por la ley para establecer previo juicio de necesidad, proporcionalidad, adecuación y razonabilidad, la procedencia de la imposición de la media de aseguramiento intramural, los cuales se dan plenamente por la modalidad y la conducta y atendiendo las argumentaciones dadas por el señor Fiscal sobre la razonabilidad dado los hechos y los elementos de convicción presentados, pues su finalidad es la protección de la comunidad frente a la ponderación de los derechos bienes jurídicos tutelados, como lo es la seguridad jurídica, la vida, la integridad personal, la tranquilidad pública, el patrimonio económico y las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan y los delitos que se generan, siendo por ende proporcional. Necesaria conforme a los postulados del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, por el peligro para la sociedad que representa los señores imputados, y conforme al artículo 310 el daño acusado y la modalidad, que es la seguridad pública y otros bienes jurídicos que se derivan de ese porte ilegal de armas. Conducta que es reprochable ante la sociedad, tal como se indica en el artículo 310 numeral 5, pues como bien lo señaló el señor fiscal, había una división de tareas, el uno conducía y el otro iba en calidad de parrillero, pues así se predicó de la inferencia razonable de autoridad o participación. Igualmente se cumple el numeral 8, que si bien es cierto no hubo una incautación del bien automotor pero la descripción de los sujetos como

pues así se predicó de la inferencia razonable de autoridad o participación. Igualmente se cumple el numeral 8, que si bien es cierto no hubo una incautación del bien automotor pero la descripción de los sujetos como vestían y se distribuir las tareas de cada uno, ha sido muy clara, idónea y

21 18001600055320140004400_180014004002_1.wmaMedio de control: Reparación Directa Demandante: Robinson Noguera Palechor y Otros Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación y otro Radicación: 180013333004-2017-00353-01

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adecuada conforme el artículo 313 numeral 2 dado que la pena mínima a imponer es de 8 años de prisión, necesaria y razonable para proteger a la comunidad con base en el principio de solidaridad. Es proporcional frente a los bienes jurídicos, vulnerados como lo es la seguridad pública, el patrimonio económico, la vida y la i