TA CAQ - 180013333001-2014-00748-01-(24-08-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, veinticuatro de (24) agosto de dos mil veintitrés (2023).

Asunto: ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO

OFICIAL, CONCURRENCIA DE CULPAS

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: MÓNICA GUTIÉRREZ ZAMBRANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL Radicado: 180013333001-2014-00748-01

Acta de discusión: NRO. 49 de la fecha Link del proceso: 18001333300120140074801

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observada causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación presentado por las partes, contra el fallo de 15 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratarán los siguientes temas: títulos de imputación aplicables en accidentes de tránsito, la responsabilidad del estado cuando concurren dos actividades peligrosas en movimiento (vehículos), la culpa exclusiva de la víctima y la concurrencia de culpas.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Los señores Manuel Gutiérrez Artunduaga (víctima directa), Silvia Zambrano Mora (compañera permanente de la víctima directa), Karina Gutiérrez Zambrano (hija de

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Los señores Manuel Gutiérrez Artunduaga (víctima directa), Silvia Zambrano Mora (compañera permanente de la víctima directa), Karina Gutiérrez Zambrano (hija de la víctima directa) , Lina Liliana Gutiérrez Zambrano (hija de la víctima directa) , Mónica Gutiérrez Zambrano (hija de la víctima directa) y Edimer Gutiérrez Zambrano (hijo de la víctima directa) , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron que se declare patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios irrogados a causa de las lesiones sufridas por la víctima directa en el accidente de tránsito ocurrido el 23 de julio de 2012 cuando fue “arrollado” por una motocicleta perteneciente a la entidad de placas ZBU-01A.

Consecuencialmente solicitaron se condene a la entidad demandada al pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante para Manuel Gutiérrez Artunduaga; al igual que perjuicios inmateriales como el daño

1 Folios 234 al 251 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

2 de 18

moral en el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; al daño

Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

2 de 18

moral en el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; al daño a la salud en 400 SMLMV para la víctima directa ; también se solicitó el reconocimiento de daño a la vida de relación a favor del directo perjudicado en 200 SMLMV y 100 SMLMV para la compañera permanente y sus hijos, y que se condene en costas y agencias en derecho y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 del C.P.A.C.A.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

1. El 23 de julio de 2012, Manuel Gutiérrez Artunduaga transitaba en motocicleta dentro del casco urbano del municipio de Florencia cuand o fue investido por vehículo oficial perteneciente a la Policía Nacional de placas ZBU -01A, conducida por el patrullero Abraham Andrés Pérez

Quiroz.

1. Por el impacto, Gutiérrez Artunduaga perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital María Inmaculada, en donde por la complejidad de la multiplicidad de traumas, estuvo en coma por 15 días en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo por 20 días en el centro médico con diagnóstico de trauma craneoencefálico.

1. Agregó que por estos hechos se inició investigación disciplinaria contra el patrullero que manejaba la motocicleta, la cual fue archivada por el Jefe de Control Interno DECAQ, decisión frente a la cual se interpuso los respectivos recursos.

1. Agregó que por estos hechos se inició investigación disciplinaria contra el patrullero que manejaba la motocicleta, la cual fue archivada por el Jefe de Control Interno DECAQ, decisión frente a la cual se interpuso los respectivos recursos.

1. El 9 de mayo de 2013, la Inspección Delegada 2 de la Policía Nacional, revocó tal decisión, ordenando continuar con el trámite procesal disciplinario.

1.2. Contestación de la demanda2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional s e opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que, desde un análisis de la causa eficiente d el daño en la imputación objetiva, se debe establecer a quién de los que participaron en las actividades peligrosas se atribuye la generación o producci ón del daño ; encontrándose en el caso en particular y en concreto que el señor Manuel Gutiérrez Artunduaga conducía s in licencia de conducción vulnerando el deber objetivo de cuidado que debe tener, colocando en riesgo su propia vida y la de la comunidad. Así, consecuencialmente, se configuró el eximente de responsabilidad denominado «hecho exclusivo de la víctima» al no ser una persona idónea para conducir motocicletas lo que tuvo una consecuencia directa e inmediata en el daño.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. Sentencia de primera instancia3

En la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019 , el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió:

2 Folios 214 al 229 del archivo nro. 2, y los folios 1 y 2 del archivo nro. 3 del expediente judicial electrónico.

Administrativo de Florencia resolvió:

2 Folios 214 al 229 del archivo nro. 2, y los folios 1 y 2 del archivo nro. 3 del expediente judicial electrónico. 3 Folios 85 al 101 del archivo nro. 3 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

3 de 18

«PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y hecho exclusivo de la víctima, propuestas por la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, acorde a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- DECLARAR a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con motivo de las lesiones causadas al señor MANUEL GUTIÉRREZ ARTUNDUAGA en los hechos sucedidos el 23 de julio de 2012.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, condenar a LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar como perjuicios las siguientes sumas de dinero:

Por perjuicios morales:

Para la victima MANUEL GUTIÈRREZ ARTUNDUAGA, su compañera permanente SILVIA ZAMBRANO MORA; y sus hijas KARINA GUTIÉRREZ

Por perjuicios morales:

Para la victima MANUEL GUTIÈRREZ ARTUNDUAGA, su compañera permanente SILVIA ZAMBRANO MORA; y sus hijas KARINA GUTIÉRREZ ZAMBRANO, LINA LILIANA GUTIÉRREZ ZAMBRANO, MÓNICA GUTIÉRREZ ZAMBRANO y EDIMER GUTIÉRREZ ZAMBRANO el equivalente a veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.

CUARTO.- Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a pagar por concepto de daño a la salud en favor de MANUEL GUTIÉRREZ ARTUNDUAGA el equivalente a veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

QUINTO.- Condenar a l a Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a pagar como los perjuicios materiales – Lucro cesante consolidado y futuro:

A favor del señor MANUEL GUTIÉRREZ ARTUNDUAGA la suma de CUARENTA

Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS ($42.252.381,4)

SEXTO.- Niéguese las demás pretensiones

(…)»

En primer lugar, se pronunció sobre la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y sus elementos, y luego procedió a resolver el caso concreto.

Encontró acreditado , entre otras cosas, que: i) el 23 de julio de 2012 , el señor Manuel Gutiérrez Artunduaga ingresó a la ESE Hospital María Inmaculada de

Encontró acreditado , entre otras cosas, que: i) el 23 de julio de 2012 , el señor Manuel Gutiérrez Artunduaga ingresó a la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia y el motivo de consulta fue «accidente de tránsito, al “colicionar” (sic) la moto en el que se trasportaba con una motocicleta de la Policía, y sufrió trauma y herida en la cabeza »; ii) que presentó una pérdida de la capacidad laboral del 25,37%; iii) que la zona en la cual ocurrieron los hechos carece de señales de tránsito que ayuden a regular el tráfico vehicular; iv) que el agente de policía no tuvo presente la prelación de la vía; v) el actor no contaba con licencia de conducción; y vi) que la motocicleta conducida por el agente de la policía arrastro la motocicleta de Manuel Gutiérrez Artunduaga hasta que fue detenid a por una cuneta, causándole lesiones a ambos conductores.

Concluyó que se tenía suficiencia en los elementos probatorios para establecer el daño sufrido por el señor Gutiérrez, de igual forma, la ocurrencia de un accidenteMedio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

4 de 18

vehicular entre dos motocicletas, de las cuales una se encontraba adscrita a una entidad del Estado y manejada por uno de sus agentes.

Sobre la imputación, aplicó el título de imputación de falla en el servicio y sostuvo

vehicular entre dos motocicletas, de las cuales una se encontraba adscrita a una entidad del Estado y manejada por uno de sus agentes.

Sobre la imputación, aplicó el título de imputación de falla en el servicio y sostuvo que se acreditó una imprudencia al momento de conducir por parte del orgánico de la Policía N acional, quien al momento de los hechos debería encontrarse en las instalaciones del comando para salir a servicio de control en la vía Florencia, Suaza.

Respecto del eximente de responsabilidad, la a quo, estableció que el hecho de no tener licencia de conducción si fue decisivo en la producción del daño, pues desplegó una actividad peligrosa sin el cumplimiento de los requisitos legales. Anunció la reducción de la condena en un 30%.

En cuanto a la indemnización accedió a la liquidación de perjuicios inmateriales en el monto de 28 smmlv para cada uno de ellos frente a los morales y 28 smmlv para el señor Manuel Gutiérrez por concepto de daño a la salud. Negó el pago del daño emergente y en cuanto al lucro cesante accedió frente al señor Manuel Gutiérrez al pago reducido en el porcentaje precitado.

1.4. Recursos de apelación

1.4.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional4

Inconforme con la decisión, la parte demandada presentó recurso de apelación. Propuso como objeto del recuso que, previa revocación del fallo impugnado, se deniegue las pretensiones de la demanda. Señaló que toda vez que el accidente ocurrió entre dos vehículos existe una concurrencia de actividades peligrosas y que

Propuso como objeto del recuso que, previa revocación del fallo impugnado, se deniegue las pretensiones de la demanda. Señaló que toda vez que el accidente ocurrió entre dos vehículos existe una concurrencia de actividades peligrosas y que en el caso concreto la causa adecuada del accidente de tránsito se presentó por la falta de idoneidad del hoy demandante Gutiérrez Artunduaga, conductor de la motocicleta de placa BCX 64A, quien no contaba con licencia obligatoria para conducir este tipo de vehículos.

Alegó que era trascedente que la sala revisará cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado, y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se deriven del daño antijurídico, estableciendo si el proceder de la institución del estado tuvo o no injerencia en la producción del daño. Es así, que en el caso en particular –señalose encontró que el directo perjudico conducía la motocicleta sin contar con la licencia de conducción siéndole atribuible la generación o producción del daño, al respectó adujo:

«De acuerdo a los elementos materiales probatorios recaudados en el proceso, el hecho de la víctima es la causa esencial del accidente que causo las lesiones a MANUEL GUTIÉRREZ ARTUNDUAGA se materializó con su propia conducta imprudente y violatoria de las normas de tránsito al conducir el velocípedo sin la idoneidad necesaria, por tanto, el señor MANUEL GUTIÉRREZ debe soportar el daño que con actuación desencadeno».

Reiteró el eximente de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima. Alegó que la

idoneidad necesaria, por tanto, el señor MANUEL GUTIÉRREZ debe soportar el daño que con actuación desencadeno».

Reiteró el eximente de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima. Alegó que la causa eficiente del daño se dio por el desconocimiento y transgresión de reglamentos y normas por el hoy actor y la violación al deber objetivo de cuidado.

1.4.2. Parte demandante5

4 Folios 103 al 113 del expediente judicial electrónico. 5 Folios 114 al 118 del archivo nro. 3 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

5 de 18

Su motivo de disenso se cont rajo a la concurrencia de responsabilidades. Sostuvo que, de la lectura del informe, claramente se puede establecer que el directo perjudicado si contaba con licencia de conducción salvo que se encontraba expirada y pendiente de refrendación, por lo que si era una persona que contaba con la experticia para el manejo de motocicletas. Agregó que la causa del daño se tradujo en la imprudencia y el exceso de velocidad con el que conducía el uniformado de la Policía Nacional, por lo que aun teniendo el señor Gutiérrez Artunduaga su licencia vigente el daño se habría presentado.

También expuso no estar de acuerdo con el quantum reconocido por daño a la salud, como quiera que se limitó a reconocer exclusivamente lo de la pérdida de la

vigente el daño se habría presentado.

También expuso no estar de acuerdo con el quantum reconocido por daño a la salud, como quiera que se limitó a reconocer exclusivamente lo de la pérdida de la capacidad laboral, sin observar que las «lesiones causadas al señor Manuel Gutiérrez fueron de bastante consideración, pues duró varios días en estado de coma, el proceso de recuperación fue bastante lento y aún, a la fecha, muchas de sus actividades del diario vivir no las puede hacer por sí mismo»; es así que solicitó el aumento del monto reconocido por este perjuicio.

Finalmente, en lo que respecta al no reconocimiento del dañ o emergente, sostuvo que el actor tenía una motocicleta la cual sufrió daños al momento del accidente, los cuales se encuentran debidamente acreditados por lo que el perjuicio si ocurrió, sin embargo, no se logró probar la cuantificación de dicho daño, por lo que se debió haber condenado en abstracto.

Pidió no realizar ningún descuento por daño moral y a la salud y reconocer el daño emergente ejecutando una condena en abstracto frente a este aspecto.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de 9 de junio de 2021 6 se resolvió admitir los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia. El 1 de diciembre de la misma anualidad 7 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegatos de conclusión y concepto respectivamente.

1.5.1. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos de la alzada.

traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegatos de conclusión y concepto respectivamente.

1.5.1. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos de la alzada.

1.5.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional .9 Reiteró los argumentos de l recurso de apelación.

1.5.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación , de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

6 Archivo nro. 21 del expediente judicial electrónico. 7 Archivo nro. 27 del expediente judicial electrónico. 8 Archivo 31 del expediente judicial electrónico 9 Archivo 32 del expediente judicial electrónicoMedio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

6 de 18

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, atendiendo al artículo 164, numeral 2, literal i, d e la Ley 1437 de 2011 el cual establece que la demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente de la acción u omisión causante del

atendiendo al artículo 164, numeral 2, literal i, d e la Ley 1437 de 2011 el cual establece que la demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente de la acción u omisión causante del respectivo daño o de cuando el actor debió tener conocimiento de este.

En este asunto se demandó por hechos ocurridos el 23 de julio de 2012, por lo que la parte actora podía acudir ante esta jurisdicción hasta del 24 de julio de 2014; no obstante, el 15 de julio de 2014 presentó solicitud de conciliación extrajudicial10, es decir, faltándole 6 9 días para que operara la caducidad, y la constancia de no conciliación fue expedida el 1 de septiembre siguiente. Entonces al día siguiente se reanudó el plazo restante, pero como la demanda se radicó cuatro días después,11 es dable concluir que se presentó en tiempo.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa, se tiene que la demanda se circunscribe a obtener el pago de los perjuicios derivados del accidente de tránsito ocasionado presuntamente por imprudencia de un orgánico de la Policía Nacional en vehículo oficial y que la presenta el directo perjudicado Manuel Gutiérrez Artunduaga , su compañera permanente Silvia Zambrano Mora 12 y sus hijos Karina Gutiérrez Zambrano 13, Lina Liliana Gutiérrez Zam brano14, Mónica Gutiérrez Zambrano 15 y Edimer Gutiérrez Zambrano 16, todos legitimados en la causa por activa.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la

Gutiérrez Zambrano 15 y Edimer Gutiérrez Zambrano 16, todos legitimados en la causa por activa.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional , entidad a la cual pertenecía el vehículo involucrado en el accidente de tránsito.

2.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si i) el hecho que el señor Manuel Gutiérrez Artunduaga al momento del accidente de tránsito no contara con licencia de conducción fue la causa eficiente en la producción del daño y por ende ha de revocarse el fallo apelado. En caso contrario, ii) se decidirá si hay lugar al reconocimiento del perjuicio material por daño emergente, entre otras determinaciones respecto de los perjuicios inmateriales.

2.4. Tesis de la Sala

La Sala modificará la sentencia de primera instancia , en principio la entidad demandada no probó ninguno de los eximentes de responsabilidad alegados en la contestación de la demanda y reiterados en el recurso de alzada; empero, se acreditó la injerencia del directo perjudicado en la producción del daño. Se le haya razón a la parte actora, en pu nto a que, se debió haber reconocido el perjuicio material en la modalidad de daño emergente al encontrarse acreditado el daño a la motocicleta.

10 Ver folio 32 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 11 Ver folio 252 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 12 Legitimación acreditada con la declaración del señor José Medina y el hecho de ser la mamá de los hijos del señor Manuel Gutiérrez Artunduaga.

11 Ver folio 252 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 12 Legitimación acreditada con la declaración del señor José Medina y el hecho de ser la mamá de los hijos del señor Manuel Gutiérrez Artunduaga. 13 Folio 36 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 14 Folio 40 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 15 Folio 38 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico. 16 Folio 34 del archivo nro., 1 del expediente judicial electrónico.Medio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

7 de 18

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional,

momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.17

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado18.

En efecto, se ha señalado que « es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»19.

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridad es. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime

Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atrib ución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estad o, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

17 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 18 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 19 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán

16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 19 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarMedio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

8 de 18

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previend o, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.5.2. De la responsabilidad en accidentes de tránsito

Desde la presentación de la demanda, se señaló por la parte actora que el régimen de responsabilidad sobre el que se debe abordar este proceso es el de

2.5.2. De la responsabilidad en accidentes de tránsito

Desde la presentación de la demanda, se señaló por la parte actora que el régimen de responsabilidad sobre el que se debe abordar este proceso es el de responsabilidad objetiva, en el cual por regla general basta con demostrar el daño y la relación de causalidad, quedando relevado de acreditarse la imputación. No obstante, dicha regla cuenta con una excepción en los casos como el que acá se analiza y que bien señala el apoderado de la entidad demandad, esto es, cuando en el evento no solo participa el Estado sino también un particular en la misma actividad, pasando entonces al análisis general de la falla de servicio, en palabras del Consejo de Estado20:

58. Ahora, en los casos en que se presenta una colisión entre dos o más vehículos automotores - como sucede en el sub júdice-, existe una concurrencia de actividades peligrosas, que obliga a determinar cuál fue la causa eficiente del daño, con el propósito de definir si tal daño es o no imputable a la administración. De esta manera, como los involucrados en el suceso están creando recíprocamente riesgos, en principio, debe hacerse un análisis de la causalidad, para establecer si el accidente se produjo por causa de la acti vidad de la administración o por aquélla ejercida por las otras personas involucradas en el accidente

59. En este contexto, el operador judicial debe apreciar las circunstancias en que se produce el daño, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad y, en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos,

produce el daño, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad y, en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) para la producción del siniestro.

60. Lo anterior con miras a establecer si el daño tuvo su causa en una falla del servicio, pues será precisamente bajo este título subjetivo de imputación que deba resolverse el respectivo caso, comoquiera que ha de decirse que la falla surge de la comprobación de haberse producido el hecho como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva — del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley, lo cual, supone una labor de diagnóstico por parte del juez de las falencias en las que incurrió la administración.

En suma, el demandante no está exonerado de probar ex clusivamente el nexo causal cuando el daño ocurre en un evento en el que concurren dos actividades peligrosas, caso en el cual es la parte demandante la que tiene la carga de probar que el daño le es imputable a la demandada.

20 Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2022, dentro del proceso con radicación nro. 76001233300020120029301, ponencia del Dr. José Roberto Sáchica Méndez.Medio de control: Reparación directa

Demandante: Mónica Gutiérrez Zambrano y Otros Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-3333-001-2014-2014-00748-01

9 de 18

2.6. Validez de los medios