TA CAQ - 18001333300120140048101-(24-08-2022)
Detalles
- Título
- TA CAQ - 18001333300120140048101-(24-08-2022)
- Autor
- Tribunal Administrativo del Caquetá
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2022
Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión
Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez
Florencia, agosto veinticuatro (2024) de dos mil veintidós (2022)
Medio de control: Reparación directa
Demandante: Héctor Andrés Benites Sterling y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2014-00481-01
Tema: Accidente de tránsito de motociclista, quien colisionó contra obstáculos de retén militar.
Acta número 61.
ASUNTO
Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por las partes contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
1.1.1. Pretensiones.
Héctor Andrés Benites Sterling y Alba Lucer Sterling Delgado, en nombre propio y en representación de los menores Luna Valentina Almario Sterling y Stiven Nicolás Yustre Sterling, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:
1 Expediente digitalizado, carpeta cuadernos 1 y 2, archivo 1, pág. 152.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:
1 Expediente digitalizado, carpeta cuadernos 1 y 2, archivo 1, pág. 152.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
Demandante: Héctor Andrés Benites Sterling y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2014-00481-01
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- Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por las lesiones sufridas por Héctor Andrés Benites Sterling en el accidente de tránsito ocurrido el 11 de junio de 2012 en la vía que comunica los Municipios de Neiva y San Vicente del Caguán, «por la indebida y deficiente señalización del puesto de control o retén militar ubicado en la vereda Siberia, jurisdicción del Municipio de San Vicente del Cag uán por parte del Ejército
Nacional».
- Como consecuencia de lo anterior, se condene al pago de los perjuicios así:
a. Morales.
Demandante Calidad SMLMV Héctor Andrés Benites Sterling Víctima directa 100 Alba lucero Sterling Delgado Madre 100 Luna Valentina Almario Sterling Hermana 50 Stiven Nicolás Yustres Sterling Hermano 50
b. Alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida en relación, toda vez que el joven Héctor Andrés se vio obligado a abandonar sus actividades rutinarias como hacerse cargo de los negocios familiares por someterse a un largo periodo de recuperación, perjuicios que se hacen extensibles a su
vez que el joven Héctor Andrés se vio obligado a abandonar sus actividades rutinarias como hacerse cargo de los negocios familiares por someterse a un largo periodo de recuperación, perjuicios que se hacen extensibles a su núcleo familiar, dado que su madre debió dedicarse totalmente a los cuidados de su hijo:
Demandante Calidad SMLMV Héctor Andrés Benites Sterling Víctima directa 100 Alba lucero Sterling Delgado Madre 100 Luna Valentina Almario Sterling Hermana 50 Stiven Nicolás Yustres Sterling Hermano 50
c. Daño en la salud, en las modalidades de daño fisiológico y daño psicológico. 400 SMLMV a favor de Héctor Andrés Benites Sterling porque sufrió un trauma craneoencefálico severo y edema cerebral producido por la colisión, lo que ocasionó constantes dolores de cabeza.
d. Daño al proyecto de vida. 100 SMLMV a favor de Héctor Andrés Benites Sterling, toda vez que las lesiones truncaron su proye cto de vida por el menoscabo de las oportunidades personales y laborales, dado que para la fecha del accidente, tenía solo 23 años.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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e. Materiales. A título de lucro cesante, lo dejado de percibir, para lo cual se debe tomar el salario mínimo legal mensual vigente con el incremento de las prestaciones sociales , la declaración de renta del año anterior del señor
e. Materiales. A título de lucro cesante, lo dejado de percibir, para lo cual se debe tomar el salario mínimo legal mensual vigente con el incremento de las prestaciones sociales , la declaración de renta del año anterior del señor Héctor Benites Sterling, y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se determine.
- Las sumas causadas se tasen conforme a los intereses previstos en los artículos 192 inciso 3; se ejecuten en los términos establecidos por el artículo 192 inciso 2; se tramite su pago de acuerdo con el artículo 195 numerales 1, 2, 3 y se ajuste conforme al 187 inciso 4 del CPACA.
1.1.2. Hechos.
Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:
- El 11 de junio de 2012, Héctor Andrés Benites Sterling se dirigía con unos amigos al estadero recreacional «Piscinas Naturales», las cuales están ubicadas en la vía que comunica los Municipios de Neiva y San Vicente del Caguán.
Cuando salieron, aproximadam ente a las 6:15 p.m. , decidieron retornar a sus residencias.
- Héctor Andrés se desplazaba como conductor en la motocicleta Yamaha – Fazer 180cc, modelo 2012, de placa PES 17A con su amiga Laura, quien iba de pasajera. Cuando se acercaron al retén militar del Batallón Cazadores 36 ubicado en Siberia, colisionó con uno de los obstáculos del retén militar que no contaba con la señalización requerida. Ese sitio no cuenta con alumb rado público ni señales de tránsito.
ubicado en Siberia, colisionó con uno de los obstáculos del retén militar que no contaba con la señalización requerida. Ese sitio no cuenta con alumb rado público ni señales de tránsito.
- Por el impacto, Héctor Andrés Benites perdió el conocimiento y fue trasladado hasta el Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, donde ingresó al servicio de urgencias con «trauma craneoencefálico, sin tensión ar terial y múltiples laceraciones – se realiza intubación traqueal y deciden remitir a II nivel – clínica Medilaser de Florencia».
- Por la complejidad de la multiplicidad de traumas, estuvo en coma profundo durante 16 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Medilaser.
Una vez superado ese estado, continuó en tratamiento intrahospitalario, todaSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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vez que según el diagnóstico de los especialistas, presentaba «fractura de tórax, clavícula y brazo izquierdo, fractura múltiple de costilla, fractura de la diáfisis del radio, neumotórax reumático», así mismo, se le estranguló la apéndice y la vesícula, lo que requirió varias intervenciones quirúrgicas para extraerlas.
- Debido a que el retén militar donde se produjo el accidente en horas de la noche es zona rural, no fue posible que las autoridades de tránsito se trasladaran hasta
vesícula, lo que requirió varias intervenciones quirúrgicas para extraerlas.
- Debido a que el retén militar donde se produjo el accidente en horas de la noche es zona rural, no fue posible que las autoridades de tránsito se trasladaran hasta el lugar por cuestiones de orden público, razón por la cual no se levantó croquis ni informe alguno por parte de la autoridad competente.
- La vía en la cual se encontraba el retén militar es nacional, identificada bajo la nomenclatura Ruta 65, Tramo 6504, Puerto Rico – San Vicente – Mina Blanca y su mantenimiento corresponde al INVÍAS, sin embargo, «es importante precisar que las Fuerzas Militares en virtud de las competencias atribuidas por la Constitución Política, son autónomas en el desarrollo de actividades que se desarrollan en virtud de la seguridad nacional, autonomía que les permite instalar retenes militares en las vías del territorio nacional».
1.1.3. Imputación al Estado.
Consideraron que el Ejército Nacional desconoció los lineamientos del Manual EMC -01CL012 respecto de los requisitos de seguridad para la instalación de un retén militar en una vía, toda vez que no contaba con las lámparas y linternas de señales que les permitieran a los conductores identificar los obstáculos del retén militar. Además, desatendió la normatividad del Ministerio de Transporte en la materia, al no elaborar un estudio minucioso que permitiera establecer el mejor uso y ubicación de las señales p ara evitar inconvenientes.
1.2. Contestación de la demanda2.
El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.
que permitiera establecer el mejor uso y ubicación de las señales p ara evitar inconvenientes.
1.2. Contestación de la demanda2.
El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que no existe prueba de la falla en el servicio alegada, ni tampoco reposa en el plenario algún informe rendido en la entidad sobre el accidente ocurrido el 11 de junio de 2012 que dé cuenta del nexo de causalidad alegado por los demandantes . Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.3. Sentencia de primera instancia.3
2 Archivo 2, pág. 193. 3 Expediente digitalizado, carpeta cuadernos 1 y 2, archivo 2, pág. 130.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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En la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 , el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la existencia de concurrencia de culpas de las partes en el accidente de tránsito acaecido el 11 de junio de 2012 y por consiguiente responsabilidad compartida; y en consecuencia se declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – Ejército NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva.
responsabilidad compartida; y en consecuencia se declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – Ejército NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – Ejército NACIONAL, administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con motivo de las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR ANDRÉS BENITES STERLING, en los hech os sucedidos el 11 de junio de 2012.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar como perjuicios las
siguientes sumas de dinero:
Por perjuicios morales:
Para el directo afectado HÉCTOR ANDRÉS BENITES STERLING y su madre ALBA LUCERO STERLING DELGADO, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.
Para LUNA VALENTINA ALMARIO STERLING y STIVEN NICOLÁS YUSTRES STERLING hermanos del directo afecta do, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.
Perjuicios a la salud:
Para el directo afectado HÉCTOR ANDRÉS BENITES STERLING, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (sic), a pagar como los perjuicios materiales – Lucro cesante consolidado y futuro:
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (sic), a pagar como los perjuicios materiales – Lucro cesante consolidado y futuro:
A favor del señor HÉCTOR ANDRÉS BENITES STERLING la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL Q UINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS moneda corriente ($14.256.545,50 Mcte).
QUINTO: Niéguense las demás pretensiones.
(…)
SÉPTIMO: Sin condena en costas.
(…) (pág. 150-151).
En primer lugar, se pronunció sobre la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y sus elementos y, luego, procedió a resolver el caso concreto.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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Encontró acreditado, entre otras cosas, que i) el 11 de junio de 2012, el señor Héctor Andrés Benites ingresó a las 19:20 a la ESE Hospital San Rafael del Municipio de San Vicente del Caguán y el motivo de consulta fue «accidente moto»; ii) rindió declaración ante el inspector del mismo municipio , en la cual se consignó que ese día sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductor de una motocicleta, a la altura del kilometro 7, puente
el inspector del mismo municipio , en la cual se consignó que ese día sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductor de una motocicleta, a la altura del kilometro 7, puente de La Siberia, aproximadamente a las 7:10 p.m.; iii) en la descripción del evento, se registró en la historia clínica que «se movilizaba en la motocicleta de placa PES17A cuando por esquivar un hueco pierde el control llendose (sic) ocasionadose traumas y lesiones (sic)»; y iv) el actor había consumido bebidas embriagantes el día del accidente.
A partir de lo anterior, sostuvo que se probó el daño que consistió en las lesiones padecidas por el señor Benites Sterling, toda vez que se determinó el 12,5% de pérdida de la capacidad laboral.
Sobre la imputación, sostuvo que el afectado decidió incum plir los reglamentos establecidos para el ejercicio de la conducción de motocicletas, comoquiera que en la historia clínica se registró el estado de alicoramiento, por tanto, la calificación de las lesiones son el resultado de su actuación aun cuando no pueda establecerse con exactitud del grado de intoxicación etílica. Adicionalmente, discurrió:
Así al haberse determinado en principio que el actor sí había consumido licor, pero ante la imposibilidad de establecerse que estaba en condiciones que imposibilitaran o disminuyera su capacidad de reacción y destreza para maniobrar la moto que colisionó, además de la existencia de canecas, obstáculos en concreto y palos, estos elementos organizados en forma de zigzag en el referido sector; a juicio del Despacho la responsabilidad que aquí se le imputa al Ejército Nacional es a título
colisionó, además de la existencia de canecas, obstáculos en concreto y palos, estos elementos organizados en forma de zigzag en el referido sector; a juicio del Despacho la responsabilidad que aquí se le imputa al Ejército Nacional es a título de falla del servicio; porque se vislumbra una actuación irregular por parte de la entidad, al haber plantado elementos para el funcionamiento de un retén militar y no haber tenido la debida precaución frente a la correspondiente señalización, conforme lo reglamentado en el manual MC-02CLO12, o haberlos removido, hecho que solo ocurrió hasta después del precitado accidente, conforme lo manifestado por el señor CAMILO MORA QUIÑONEZ, en diligencia de recepción de su testimonio.
Por lo anterior, adujo que existió concurrencia de culpas, toda vez que, aunque se probó el estado de alicoramiento del actor, el deber de la entidad no se limitaba a instalar los obstáculos en la vía para ejercer el control en la zona sino que debía estar pendiente de todos los aspectos necesarios para la remoción de estos elementos, por ejemplo, los obstáculos que se instalaron para la disposición de los retenes. Anunció la reducción de la condena en un 50%.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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Luego abordó el reconocimiento de los perjuicios, en atención a la concurrencia de culpas.
Sobre cada uno consideró:
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Luego abordó el reconocimiento de los perjuicios, en atención a la concurrencia de culpas.
Sobre cada uno consideró:
- Morales. Como se determinó el 12.5% de la pérdida de capacidad laboral, según la jurisprudencia del Consejo de Estado se deben reconocer las sumas de 10
SMLMV para la víctima directa y su progenitora (cada uno) y 5 SMLMV para cada uno de sus hermanos.
- Daño a la vida en relación. No se reconocería, toda vez que las lesiones no generaron la afectación o vulneración de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
- Daño a la salud. De acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, reconoció 10 SMLMV a la víctima directa.
- Lucro cesante. Si bien se aportó la declaración de renta del año 2011, no se adjuntaron los soportes de los cuales se puedan extraer los ingresos reales del demandante, por tanto, en virtud del principio de equidad, se debe aplicar la regla de 1 SMLMV, al cual se le incrementa el 25% por prestaciones sociales y, a su vez, se debe deducir el 12.5% por la disminución de la capacidad laboral y el 50% por la concurrencia de culpas. Reconoció 14.256.545,50.
1.4. Recursos de apelación.
1.4.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.4
Sostuvo que a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se debe exonerar a la entidad, toda vez que no se presentaron informes sobre los hechos acaecidos el 11 de junio
Sostuvo que a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se debe exonerar a la entidad, toda vez que no se presentaron informes sobre los hechos acaecidos el 11 de junio de 2012, «si embargo lo que se acreditó es que con ocasión de un retén instalado para efectos de prestar seguridad y controlar la vía el señor HÉCTOR BENITES STERLING de una manera poco inusual, encontrándose en estado de alicoramiento se estrella contra las vallas instaladas generándole una serie de lesiones, de igual manera están instalados esos controles desde hace muchos años atrás los cuales eran conocidos». Por esto, coligió que la causa eficiente del daño se concretó en que el actor no fue precavido ni acató las medidas necesarias de seguridad.
4 Expediente digitalizado, carpeta cuadernos 1 y 2, archivo 2, pág. 152.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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Consideró que no se acreditó el daño a la salud, asunto que le correspondía a la parte actora, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso.
1.4.2. Parte demandante.5
Su motivo de disenso se contrajo a la concurrencia de culpas. Sostuvo que en la historia clínica solamente se indicó que «se le siente aliento de alcohol», sin que se haya realizado algún examen que demostraran tal situación, por ejemplo, una prueba de alcoholemia.
clínica solamente se indicó que «se le siente aliento de alcohol», sin que se haya realizado algún examen que demostraran tal situación, por ejemplo, una prueba de alcoholemia.
Por lo anterior, sostuvo que i) no hay certeza del grado de embriaguez ; ii) como no existe la prueba, la consigna de la enfermera no deja de ser una mera apreciación subjetiva que no permite concluir nada de forma contundente; y iii) no es posible determinar la eficacia o participación de Héctor Andrés Benites en el accidente que sufrió, «pues el sentir algo de aliento, no quiere decir que esté borracho o que haya ingerido una cantidad de alcohol suficiente para impedirle conducir en óptimas condiciones », especialmente si se tiene en cuenta que en la vía había obstáculos que no cumplían con las especificaciones técnicas ni con las características de tamaño, iluminación o señalización previa que indicara su presencia en el punto.
1.5. Trámite de segunda instancia.
1.5.1. Admisión del recurso de apelación.6
En auto del 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.
1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.7
Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.8 Reiteró los argumentos de l recurso de apelación.
Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.8 Reiteró los argumentos de l recurso de apelación.
5 Expediente digitalizado, carpeta cuadernos 1 y 2, archivo 2, pág. 158. 6 Archivo 14. 7 Archivo 18. 8 Archivo 20.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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1.5.2.2. Parte demandante.9 Volvió sobre los argumentos de la alzada.
1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.
2.2. Problema jurídico.
Consiste en determinar si i) la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de las lesiones padecidas por Héctor Andrés Benites Sterling en el accidente de tránsito ocurrido el 11 de junio de 2012, en el cual colisionó contra un
demandantes con ocasión de las lesiones padecidas por Héctor Andrés Benites Sterling en el accidente de tránsito ocurrido el 11 de junio de 2012, en el cual colisionó contra un obstáculo de un retén militar ; y ii) si la anotación en la historia clínica sobre el aliento a alcohol conlleva a que se declare la concurrencia de culpas.
Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.
La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imput ación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:
9 Archivo 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para,
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(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.
La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.10
Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado11.
En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede , o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12.
El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la
esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12.
El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. S obre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.
10 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.
se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.
10 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 11 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 12 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa
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Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractu al no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la mo dificación de
novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la mo dificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)
2.3.2. De la responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de obligaciones.
La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 29 de agosto de 2007 en el expediente radicado con el número interno 15526 y con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, sobre la responsabilidad del Estado por omisión, explicó:
En casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído en los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del supuesto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo , el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad p ública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano ad
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