TA CAQ - 1800133330012015-00176-01-(05-05-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, mayo cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Yesica Leandra Ospina Gómez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-001-2015-00176-01

Tema: Privación Injusta de la libertad.

Acta número 34.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 13 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Fernando, Blanca Nelly Gómez Gómez; Rosalba Gómez De Vélez; Ema Gómez De Molina; María Graciela Gómez De Garzón; Aliria Peláez Bernal; Kevin Alejandro Gómez Ardila; Sandra Milena, Gilberto Alejandro, Paula Andrea Gómez Peláez; Edwin Andrey Ospina Valencia; Valentina, Valeria, Dayana Andrea, Yesica Leandra Ospi na Gómez; Marco y Nicolás Barbero Gómez, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control

Valencia; Valentina, Valeria, Dayana Andrea, Yesica Leandra Ospi na Gómez; Marco y Nicolás Barbero Gómez, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control

1 C1, archivo 04, pág. 3.Sentencia de segunda instancia

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consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsable a la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Fernando Gómez Gómez , quien permaneció privado de la libertad desde el 18 de abril de 2012 hasta el 7 de enero de 2014 , dentro del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de secuestro simple y actos sexuales con menor de 14 años y que culminó con sentencia absolutoria del 7 de febrero de 2014.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes

1. El 22 de agosto de 2008, el señor Jorge Eliecer Penagos Arias, padre de la menor Yuliana Penagos Lozada, formuló denuncia en contra del señor Fernando

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes

1. El 22 de agosto de 2008, el señor Jorge Eliecer Penagos Arias, padre de la menor Yuliana Penagos Lozada, formuló denuncia en contra del señor Fernando Gómez Gómez por la presunta comisión de los delitos de secuestro simple y actos sexuales con menor de 14 años.

1. El 8 de marzo de 2011, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Florencia, a solicitud de la Fiscalía Primera Especializada Gaula, libró orden de captura en contra del demandante, la cual fue prorrogada por 1 año mediante decisión del 8 de septiembre de 2011.

1. El 18 de abril de 2012, el señor Fernando Gómez fue capturado en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, por lo que el Juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali le imputó los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con acto sexual violento con circunstancias de agravación.

1. El 27 de agosto de 2013 se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, despach o que desarrolló las demás diligencias de la etapa de juicio.Sentencia de segunda instancia

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1. El 28 de enero de 2014 se realizó la continuación de la audiencia de juicio oral,

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1. El 28 de enero de 2014 se realizó la continuación de la audiencia de juicio oral, en la cual se dio sentido de fallo absolutorio y se ordenó la libertad inmediata del procesado. El 7 de febrero de 2014 se llevó a cabo la audiencia de lectura del fallo.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Policía Nacional.2

Indicó que i) no se encuentra acreditado cuál fue la autoridad que realizó el procedimiento de captura del demandante, y en caso de que se compruebe que lo efectuaron agentes de policía, lo cierto es que dicha captura estaba soportada en la orden de la autoridad competente; y ii) en caso de que hubieren anomalías en el procedimiento de captura, lo cierto es que el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual lo presentó ante el juez de control de gar antías que la legalizó e impuso la medida de aseguramiento, por tanto, no le asiste responsabilidad a la Policía Nacional.

Propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva».

1.2.2. Fiscalía General de la Nación.3

Argumentó que i) la imposición de la medida de aseguramiento estuvo soportada en los requisitos que exige la Ley 906 de 2004, en la medida en que las pruebas aportadas hasta ese momento suponían una inferencia razonable de participación en el delito de parte del capturado, sin perjuicio de que en el transcurrir de la investigación la víctima directa se haya

ese momento suponían una inferencia razonable de participación en el delito de parte del capturado, sin perjuicio de que en el transcurrir de la investigación la víctima directa se haya contradicho en su versión y generara la revocatoria de la medida de aseguramiento; ii) fue el juez el que analizó si la medida cumplía los fines previstos por la ley para justificar su imposición, por lo cual, el papel del ente fiscal se limitaba a elevar la solicitud para que el juez con funciones de control de garantías decidiera sobre la privación de la li bertad del demandante; iii) en los procesos penales en los cuales se investiga la comisión de delitos contra menores de edad, la labor investigativa cobra mayor importancia por la protección constitucional reforzada; y iv) la privación de la libertad del señor Fernando Gómez Gómez no puede catalogarse como injusta en la medida en que estuvo soportada en la denuncia

2 C1, archivo 04, pág. 50. 3 C1, archivo 04, pág. 72.Sentencia de segunda instancia

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penal por un delito de gran connotación, como lo es el acto sexual violento con menor de 14 años.

Propuso la excepción de «falta de legitimación por pasiva».

1.2.3. Rama Judicial.4

Sostuvo que la actuación del Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali se concretó en decretar la medida de aseguramiento solicitada por la

1.2.3. Rama Judicial.4

Sostuvo que la actuación del Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali se concretó en decretar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente recaudada, como garantía del cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2 50 de la Constitución Política, por tanto, el demandante nunca estuvo privado de la libertad por cuenta de la Rama Judicial sino de la Fiscalía, entidad que goza de autonomía administrativa y financiera.

Propuso la excepción de «falta de legitimación por pasiva».

1.3. Sentencia de primera instancia.5

En sentencia de 13 de diciembre de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de l egitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR de manera solidaria administrativamente responsables a la NACION - RAMA JUDICIAL y la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor FERNANDO

GOMEZ GOMEZ.

la NACION - RAMA JUDICIAL y la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor FERNANDO

GOMEZ GOMEZ.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACION - RAMA JUDICIAL y a la FISCALIA GEN ERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero y a favor de las personas que a

continuación se relacionan:

Para FERNANDO GOMEZ GOMEZ como directo afectado, ALIRIA PELAEZ BERNAL en su condición de compañera per manente del afectado), GILBERTO

4 C1, archivo 04, pág. 95. 5 C1, archivo 05, pág. 134.Sentencia de segunda instancia

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ALEJANDRO GOMEZ PELAEZ, SANDRA MILENA GOMEZ PELAEZ, PAULA ANDREA GOMEZ PELAEZ en su condición de hijos del directo afectado, el equivalente a 100 SMLMV, para cada uno de ellos.

Para BLANCA NELLY GOMEZ GOMEZ, MARIA GRACIELA GOMEZ DE GARZON,

EMA GOMEZ DE MOLINA, ROSALBA GOMEZ DE VELEZ, CARLOS ARTURO

GOMEZ GOMEZ, JULIO CESAR GOMEZ GOMEZ, JORGE FABIO GOMEZ

EMA GOMEZ DE MOLINA, ROSALBA GOMEZ DE VELEZ, CARLOS ARTURO GOMEZ GOMEZ, JULIO CESAR GOMEZ GOMEZ, JORGE FABIO GOMEZ GOMEZ, JOSE ALBERTO GOMEZ GOMEZ (hermanos del directo afectado),

DAYANA ANDREA OSPINA GOMEZ, YESICA LEANDRA OSPINA GOMEZ, KEVIN

ALEJANDRO GOMEZ ARDILA, EDWIN ANDREY OSPINA GOMEZ VALENTINA OSINA GOMEZ, VALERIA OSPINA GOMEZ MARCO BARBERO GOMEZ y NICOLAS BARBERO GOMEZ (nietos del directo afectado), el equivalente a 50 SMLMV para cada uno de ellos.

QUINTO: CONDENAR a la NACION - RAMA JUDICIAL y a la NACIÓN FISCALIA GENERAL DE LA NACION a pagar al señor FERNANDO GOMEZ GOMEZ por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 16.750.723,52 Mcte).

SEXTO: Niéguese las demás pretensiones.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, según la parte motiva.

(...)

Luego de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable, procedió a desatar el caso concreto. Para tal efecto, examinó cada uno de los elementos así:

1. Daño antijurídico.

Después de realizar un recuento de las actuaciones realizadas dentro del proceso penal,

el caso concreto. Para tal efecto, examinó cada uno de los elementos así:

1. Daño antijurídico.

Después de realizar un recuento de las actuaciones realizadas dentro del proceso penal, encontró demostrado el daño antijurídico con la absolución decretada en favor del demandante, pues la detención de la cual fue objeto el señor Fernando Gómez Gómez, se tornó i legal al no desvirtuarse su presunción de inocencia, es decir, el demandante no estaba en el deber de soportar dicha carga.

1. Imputabilidad.

El a quo sostuvo que, a la luz del régimen objetivo de responsabilidad, no es procedente determinar si los jueces de control de garantías actuaron en derecho, decidieron en debida forma las solicitudes de la fiscalía u obraron en cumplimiento de un deber legal, dado que este régimen reconoce que el rompimiento de las cargas públicas se da en ejercicio legítimo del cargo por parte de las autoridades, por lo que no es dable analizar la existencia de dolo o culpa en el actuar del ente estatal.Sentencia de segunda instancia

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En lo que respecta al actuar de la fiscalía, aseguró que bajo las disposiciones de la Ley 906 de 2004, el papel del ente acusador está dirigido a adelantar todas las diligencias preliminares e investigativas de tal forma que con estas consiga el obrar del juez de control de garantías, por ende, su participación es directa y debe declararse la responsabilidad solidaria.

preliminares e investigativas de tal forma que con estas consiga el obrar del juez de control de garantías, por ende, su participación es directa y debe declararse la responsabilidad solidaria.

Frente a la Policía Nacional, sostuvo que, con fundamento en los anteriores argumentos se debía declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, aunado a que «no se logró precisar su participación en la captura del señor GOMEZ GOMEZ, y de haberse establecido, en nada incide con la decisión adoptada por la Fiscalía y el juez de control de garantías para imposición de la medida de aseguramiento».

1. Perjuicios.

Sostuvo que -) conforme a las pruebas documentales que acreditan el parentesco entre los demandantes y la víctima directa, y la presunción de dolor que se ha establecido en la jurisprudencia, resulta procedente el reconocimiento de los perjuicios morales a todos los demandantes en los montos que establece la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado; -) no así el reconocimiento del daño a la vida en relación, comoquiera que no existen pruebas sobre su causación; y -) el lucro cesante debe ser reconocido a partir de la presunción de que el actor devengaba un salario mínimo desde el 19 de abril de 2012 hasta el 30 de enero de 2014.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1. Rama Judicial.6

Manifestó que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía fueron conducentes inicialmente para demostrar que el demandante era el responsable del delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con acto sexual violento con menor de 14 años.

Manifestó que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía fueron conducentes inicialmente para demostrar que el demandante era el responsable del delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con acto sexual violento con menor de 14 años.

Recordó que el caso se consolidó en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo que quiere decir que la Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento y, desde el punto de vista subjetivo, la medida se mostraba necesaria, comoquie ra que se vislumbraba que se cumplía con lo reglado en el artículo 308 ibidem, esto es, que de todos los elementos

6 C1, archivo 05, pág. 151.Sentencia de segunda instancia

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probatorios y evidencia física se podía inferir razonablemente que el imputado podía ser el autor de la conducta delictiva y que no compareciera al proceso, pues se trataba de «una pena alta». Adicionalmente, consideró que las actuaciones del juez de control de garantías se ajustaron a derecho y ninguna responsabilidad se le puede endilgar.

Indicó que la sentencia absolutoria surgió porque las pruebas recaudadas no concretaban con certeza necesaria la responsabilidad penal del demandante, por tanto, ante la misma solicitud de absolución de parte de la fiscalía, el juez de conocimiento no tenía otra alternativa.

Finalmente, refirió inconformidad con el quantum y los criterios que se tuvieron en cuenta

solicitud de absolución de parte de la fiscalía, el juez de conocimiento no tenía otra alternativa.

Finalmente, refirió inconformidad con el quantum y los criterios que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de los perjuicios morales y m ateriales en la modalidad de lucro cesante.

1.4.2. Fiscalía General de la Nación.7

Insistió en que su actuación se contrajo a solicitar al juez de control de garantías la medida de aseguramiento, con fundamento en el material pr obatorio aportado en su momento, cuales era n los señalamientos de la menor víctima, de su hermana y las entrevistas psicológicas en las que se corroboraba la información dada por la víctima, que daban una base razonable a la inferencia de la responsabilidad del demandante.

Aseguró que la medida de aseguramiento resultaba necesaria por la edad de la menor víctima quien tenía especial protección constitucional, por el tipo de delito que atenta ba contra la libertad, integridad y formación sexual de la menor y por la pena a imponer q ue supera ostensiblemente los 4 años de prisión.

Resaltó que la simple solicitud de detención que realiza la Fiscalía General de la Nación no ata al juez, pues le corresponde analizar si se cumplen los requisitos y en su sana crítica y autonomía jurisdiccional, acoger o no la petición del ente investigador.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 22 de octubre de 2021, se resolvió admitir los recursos de apelación presentados por las entidades demandadas Fiscalía General de la Nación y la

7 C1, archivo 05, pág. 159.Sentencia de segunda instancia

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apelación presentados por las entidades demandadas Fiscalía General de la Nación y la

7 C1, archivo 05, pág. 159.Sentencia de segunda instancia

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Rama Judicial contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia,8 en los términos de la Ley 2080 de 2021. 9 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General d e la Nación y la Rama Judicial s on extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Fernando Gómez Gómez.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad. Marco normativo y jurisprudencial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la

8 Al respecto conviene precisar que, los recursos de apelación fueron concedidos por el a quo, luego de fallida la audiencia de conciliación el día 20 de noviembre de 2020 (C.1, archivo 27). 9 C2, archivo 07.Sentencia de segunda instancia

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obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.10

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obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.10

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilida d estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros11.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201812 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la liberta d, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 13 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 14-15. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima16.

De conformidad con lo an terior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los

que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima16.

De conformidad con lo an terior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminab a con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 12 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 12 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 13 Ibídem. Acápite 117 y 118. 14 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 15Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 16 Ibídem. Acápite 124.Sentencia de segunda instancia

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los particulares”. 16 Ibídem. Acápite 124.Sentencia de segunda instancia

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objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».17

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 18 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial de l Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta

tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación19:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su c riterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en

17 Ibídem. Acápite 105. 18 Ibídem. Acápite 106.

arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en

17 Ibídem. Acápite 105. 18 Ibídem. Acápite 106. 19 Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E), 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001 -23-31-0002011-00029-01(50173).Sentencia de segunda instancia

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forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los pará metros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención’.

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad