TA CAQ - 18001333300120150102801-(14-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre catorce (14) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: María Patricia Olaya Rodríguez

Demandado: Municipio de Valparaíso Radicación: 18001-33-33-001-2015-01028-01

Tema: Pago de prestaciones sociales y sanción moratoria por no haberse pagado oportunamente las cesantías.

Acta número 65.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

María Patricia Olaya Rodríguez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Archivo 1, pág. 14.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: María Patricia Olaya Rodríguez

Demandado: Municipio de Valparaíso Radicación: 18001-33-33-001-2015-01028-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: María Patricia Olaya Rodríguez

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1. Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto originado de las peticiones radicadas el 27 de enero y el 2 de diciembre de 2014, en l as cuales se solicitó el pago de las prestaciones sociales por haber laborado en el

Municipio de Valparaíso.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho y de la sanción moratoria de que tratan los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2003 por el no pago oportuno de las cesantías desde el 21 de julio de 2014.

1. Se ordene la actualización de las sumas reconocidas, el pago de intereses moratorios y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Laboró en la alcaldía del Municipio de Valparaíso en el empleo de secretaria de hacienda código 020 grado 1, desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 18 de octubre de 2013. Devengaba una asignación básica de $1.872.360.

1. Al momento de su desvinculación no fueron liquidadas ni pagadas las prestaciones que se le adeudaban, tales como las cesantías, intereses a las cesantías, primas de navidad, servicios y vacaciones, bonificación de recreación y vacaciones.

1. Al momento de su desvinculación no fueron liquidadas ni pagadas las prestaciones que se le adeudaban, tales como las cesantías, intereses a las cesantías, primas de navidad, servicios y vacaciones, bonificación de recreación y vacaciones.

1. El 27 de enero de 2014 solicitó la liquidación y pago de sus prestaciones sociales. El 10 de febrero de 2014, la entidad le informó que el «día trece (13) del año en curso» se notificaría la liquidación, sin embargo, esto nunca ocurrió.

1. El 2 de diciembre de 2014, solicitó nuevamente el pago de las prestaciones sociales, pero no se le dio respuesta.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas violadas los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, 1 de la Ley 65 de 1946, 45, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978, 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, 5 de la Ley 1071 de 2006, 14 del Decreto 1374 de 2010 y 58 del Decreto 1042 de 1978.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Sostuvo que los actos administrativos adolecen del vicio de nulidad de infracción de las normas en que debió fundarse, toda vez que no se pagaron oportunamente las prestaciones sociales, en especial, el auxilio de cesantías.

Sostuvo que los actos administrativos adolecen del vicio de nulidad de infracción de las normas en que debió fundarse, toda vez que no se pagaron oportunamente las prestaciones sociales, en especial, el auxilio de cesantías.

Indicó que con la configuración del acto ficto también se negó el reconocimiento de los intereses de mora en el pago de los derechos prestaciona les y tampoco se reconoció la depreciación del peso colombiano entre el 18 de octubre de 2013 y la fecha en que este se haga efectivo, por tanto, las sumas reconocidas se deben actualizar conforme al IPC.

Señaló que la sanción moratoria empieza a computa rse al vencimiento de los 60 días hábiles contados desde la presentación de la primera solicitud; por ello, como se presentó el 28 de enero de 2014 , la mora inició el 21 de julio de 2014, es decir que a la fecha de presentación de la demanda, han transcurrido 480 días que constituyen la sanción.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Municipio de Valparaíso se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se condene en costas a la demandante, sin embargo, no expuso ningún argumento de fondo.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE la existencia del acto ficto negativo por falta de respuesta del MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, al derecho de petición presentado por la señora MARÍA PATRICIA OLAYA RODRÍGUEZ, el 02 de diciembre de 2014, y en

del MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, al derecho de petición presentado por la señora MARÍA PATRICIA OLAYA RODRÍGUEZ, el 02 de diciembre de 2014, y en consecuencia declárese su nulidad; por las razones e xpuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE ORDENA al MUNICIPIO DE VALPARAÍSO que a título de restablecimiento del derecho, reconozca, liquide y pague, las prestaciones sociales a las que ten ía derecho la demandante MARÍA PATRICIA OLAYA RODRÍGUEZ cuando laboró en el cargo de Secretaria de Hacienda desde el 02 de mayo de 2012 y hasta el 18 de octubre de 2013, para lo cual deberá tomar en cuenta los parámetros establecidos en esta providencia.

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandada (…).

2 Archivo 1, pág. 66. 3 Archivo 1, pág. 134.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

En primer lugar, se pronunció sobre el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial y la definición y naturaleza del auxilio de cesantías. Luego abordó el caso concreto.

Sostuvo que la actora estuvo vinculada a la alcaldía del Municipio de Valparaíso como

públicos del orden territorial y la definición y naturaleza del auxilio de cesantías. Luego abordó el caso concreto.

Sostuvo que la actora estuvo vinculada a la alcaldía del Municipio de Valparaíso como secretaria de hacienda desde el 2 de mayo de 2012 al 18 de octubre de 2013, sin embargo, la entidad territorial no canceló las prestaciones sociales a que tiene derecho. Por esto, coligió que la actora tiene derecho al pago de los haberes solicitados, toda vez que inicialmente la entidad le informó que pronto se liquidaría, «pero después de casi un año no se realiza tal gestión, teniendo la demandante que reiterar la solicitud, pero aún después del término legal para dar respuesta, la entidad guarda silencio, configurándose de esta forma el silencio administrativo negativo (…), por lo que el Despacho procederá a su declaratoria y en consecuencia, si nulidad al existir una violación en las normas en que debería fundarse».

Dijo que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenaría que la entidad demandada expidiera el acto administrativo por el cual se liquiden las prestaciones sociales que serán actualizadas conforme al IPC.

Sobre la sanción moratoria por la omisión en el auxilio de las cesantías, discurrió que la demandante no presentó la petición sobre este emolumento, es decir que solo se entienden reclamados todos los elementos salariales que se desprenden de la relación laboral, pero no la aplicación de la sanción moratoria , pues de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2015, «la penalidad por mora al ser un apremio al empleador por la negligencia en la gestión administrativa y

no la aplicación de la sanción moratoria , pues de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2015, «la penalidad por mora al ser un apremio al empleador por la negligencia en la gestión administrativa y presupuestal de reconocer y pagar en t iempo la cesantía, no es accesoria a dicha prerrogativa laboral y por tanto, no se deriva de la declaratoria de nulidad del acto de liquidación de la prestación social, por lo que, para reclamarla, se requiere que primero se provoque un acto administrativo frente a ella».

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

4 Archivo 1, pág. 145.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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El argumento de disenso se contrajo a la decisión de negar la sanción moratoria por la omisión en el pago oportuno de las cesantías porque no había sido objeto de reclamación en sede administrativa.

Sostuvo que el municipio demandado no liquidó las prest aciones sociales, lo que da lugar a que se aplique el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, modificado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, según las cuales, la sanción moratoria empieza a computarse al vencimiento de los 60 días hábiles contados desde la presentación de la primera solicitud.

1071 de 2006, según las cuales, la sanción moratoria empieza a computarse al vencimiento de los 60 días hábiles contados desde la presentación de la primera solicitud.

Argumentó que dicha sanción opera por ministerio de la ley y, por tanto, no requiere del reconocimiento o de una respuesta negativa del deudor para que se configure su existencia. Citó el auto del 11 de diciembre de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicación 11001-01-02-000-2014-002480-00.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.5

En auto del 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.6

Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Parte demandante.7 Reiteró los argumentos de la apelación.

1.5.2.2. Municipio de Valparaíso. Guardó silencio.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

5 Archivo 13. 6 Archivo 16. 7 Archivo 19.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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5 Archivo 13. 6 Archivo 16. 7 Archivo 19.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Con fundamento en el recurso de apelación, c onsiste en determinar si respecto de la sanción moratoria reclamada, derivada de la omisión de pagar oportunamente las cesantías, se agotó previamente la reclamación ante la entidad demandada, en virtud de que la actora laboró como secretaria de hacienda desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 18 de octubre de 2013.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la omisión en el pago de prestaciones sociales y la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y del debido agotamiento de la actuación administrativa; ii) hechos probados; y iii) caso concreto.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial.

sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y del debido agotamiento de la actuación administrativa; ii) hechos probados; y iii) caso concreto.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.1. Sobre el pago de las prestaciones sociales y la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

El artículo 2º de la Ley 244 de 1995 «por medio del cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones», estableció:

ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a pa rtir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

De acuerdo con esta norma, la entidad que tenga a cargo el pago de las cesantías dispone del término de 45 días hábiles «que se cuentan a partir de la fecha en que el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías quede en firme.»8

Sobre esta disposición normativa, el Consejo de Estado indicó:9

Como se observa, la Ley 244 de 1995, en su artículo 1º, estableció un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas, con el único fin de procurar un actuar oportuno de la administración en beneficio del administrado, de manera tal que así no se obtuviera respuesta frente al derecho prestacional –cesantíareclamado, surgía la posibilidad de reclamar indemnización, evitando así que la falta de respuesta o la respuesta evasiva le ocasionara perjuicio al administrado.

Así pues, la indemnización moratoria se concibe como una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.

los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.

Ahora, la citada disposición si bien consagra el término en que debe la administración resolver la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas del servidor, también lo es que, dicha normativa condiciona el deber de expedir la respectiva resolución al cumplimiento de todos los requisitos determinados en la Ley.

Entonces, la sanción moratoria está a cargo del empleador y se dirige a resarcir los daños que se causan al empleado por el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantías, pues el fin de la norma es proteger a los empleados públicos que se retiran del servicio y quedan cesantes.

2.2.2. Del agotamiento de la actuación administrativa.

El agotamiento de la vía gubernativa, tiene como finalidad que la entidad examine, antes de dar inicio a la controversia judicial, los derechos que los administrados reclaman, lo cual implica que a la entidad se haga la reclamación de manera concreta y frente a las condiciones particulares del peticiona rio; en otros términos, la persona deberá indicar de manera precisa cuál es el derecho que se considera vulnerado para que, de manera consecuente y precisa, la entidad evalúe la legalidad y/o procedencia de lo pedido.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de febrero de 2016, expediente 1203-14, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 9 Ibidem.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Vélez. 9 Ibidem.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En efecto, la Ley 1437 de 2011, excluyó del ordenamiento la expresión «vía gubernativa» y la denominó como «actuación administrativa» contenida en el numeral 2o del artículo 161 ibidem, pero mantuvo la disposición normativa contenida en el artículo 135 del derogado Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984 -, al establecer que «cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueron obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto».

Entonces, se trata de un requisito necesario para acudir a esta jurisdicción el cual, lejos de ser una mera exigencia formal del derecho de acción, es un presupuesto que permite a la administración efectuar un pronunciamiento previo a ser llevada a juicio y que, como tal, le genera la confianza legítima de que por razones no discutidas no va a ser sorprendida.

Así lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado, en varios de sus pronunciamientos, entre otros, en sentencias de l 15 de julio (exp. 0426) , y de l 18 de noviembre de 2010 , siendo ponente el con sejero Hernando Alvarado Ardila (expediente

pronunciamientos, entre otros, en sentencias de l 15 de julio (exp. 0426) , y de l 18 de noviembre de 2010 , siendo ponente el con sejero Hernando Alvarado Ardila (expediente 2292-08). Más recientemente, en el auto proferido el 26 de agosto de 2021 con ponencia del consejero César Palomino Cortés (expediente 1373-20), se explicó:

La Sal a precisa que el agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal sine qua non para quien pretenda acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 2º del artículo 161 del CPACA. El estudio de legalidad de los actos de contenido particular y concreto, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, podrá ser interpuesto, siempre y cuando el ciudadano haya agotado, previamente, la petición ante la autoridad competente. Dicha reclamación brinda la posibilidad a la entidad para revisar sus propias actuaciones, garantizan do así, la decisión previa de la administración y el ejercicio de la función administrativa . En ese orden, el indebido agotamiento de la vía gubernativa genera per se, en sede judicial, el rechazo de la demanda o la configuración de la excepción de ineptitud sustantiva de la misma.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, mediante sentencia de 20 de mayo de 20106, precisó:

“(…) para que se declare la nulidad de un acto particular debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo. Esto implica que los puntos que son llevados ante la jurisdicción para que sean decididos deben haberse puesto previam ente en consideración de la entidad administrativa, con el

vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo. Esto implica que los puntos que son llevados ante la jurisdicción para que sean decididos deben haberse puesto previam ente en consideración de la entidad administrativa, con el objeto de que ella misma, en principio, sea quien tenga la posibilidad de decidir favorablemente o no sobre la viabilidad de una reclamación . De todo lo expuesto fluye con meridiana claridad que lo s aspectos que fueron discutidos en vía gubernativa comprenden la materia objeto de juzgamiento dentro de un posterior proceso contencioso administrativo, en donde se discuta la legalidad de un acto y su consecuente restablecimiento del derecho; razón por la cual, sin perjuicio de que puedan esgrimirse nuevos argumentos a favor de las pretensiones, l os tópicos ventilados en vía gubernativa guían durante todas sus etapas el proceso contenciosoSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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ante la Jurisdicción y a ellos debe sujetarse tanto el juez de pr imera instancia en su sentencia como el recurrente al momento de impugnar el fallo del a quo (…)”.

De igual modo, esta Corporación en reciente pronunciamiento7 señaló que: “(…) el agotamiento de la vía gubernativa constituye un presupuesto procesal para ejercer la acción y su finalidad es, de una parte , brindar al administrado la oportunidad de reclamar el restablecimiento de sus derechos sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial y, de otra, darle a la administración la oportunidad de revisar

ejercer la acción y su finalidad es, de una parte , brindar al administrado la oportunidad de reclamar el restablecimiento de sus derechos sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial y, de otra, darle a la administración la oportunidad de revisar su decisión para que si la encuentra ilegal la modifique, aclare o revoque y así evitar el posible detrimento del patrimonio público que se causaría con ocasión del ejercicio que de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho realice el administrado contra el acto ilegalmente expedido (…)”.

Ahora, el agotamiento de este requisito no solo comprende el ejercicio de los recursos que, frente a la decisión adoptada por la administración, sean procedentes u obligatorios, sino que también se hace necesario que la persona que acude a ella exprese con total claridad el objeto de su reclamación, en tanto, lo que se quiere evitar es que, con posterioridad, se inicien procesos respecto de situaciones que no hubieren sido planteadas ante la administración. En punto a este tema, en la sentencia proferida por el Má ximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 3 de febrero de 2011 con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila (expediente 0880-10), se puntualizó:

Sin embargo, no solo el uso de los recursos agota la vía gubernativa, pues la Ley ha consagrado algunos modos de impugnar que cumplen el mismo cometido. En todo caso, para que se cumpla este requisito de procedibilidad, resulta necesario que el administrad o exprese con claridad el objeto de su reclamación o los motivos de su inconformidad , según el caso, pues lo que se busca con dicha exigencia es que ante los jueces no se inicien conflictos no planteados

que el administrad o exprese con claridad el objeto de su reclamación o los motivos de su inconformidad , según el caso, pues lo que se busca con dicha exigencia es que ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente ante la administración . No quiere ello d ecir que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para defender la misma pretensión invocada en sede administrativa, siempre que no se cambie el objeto de la petición. Así las cosas la persona que acude ante la jurisdicción de lo conten cioso administrativo para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podrá incluir nuevos argumentos y fundamentos de hecho y de derecho a los cuales no hizo mención al interponer los respectivos recursos en la vía gubernativa. Lo qu e no le es dable al demandante es incluir pretensiones distintas a las que adujo en sede administrativa o variar sustancialmente la reclamación.

Si bien los argumentos de la providencia transcrita fueron esbozados en vigencia del Decreto 01 de 1984, en la actualidad tienen plena aplicabilidad, dado que, como se dijo previamente, la Ley 1437 de 2011 no introdujo cambios de carácter sustancial al respecto.

En definitiva, una vez agotado el requisito de procedibilidad a que se ha hecho mención, el administrado puede, en sede judicial, incluir nuevos fundamentos de hecho y de derecho que no hubieran sido expuestos en sede administrativa y que le permi tan argumentar de mejor forma la demanda en aras de controvertir la decisión que la Administración adoptó frente a su reclamación, empero, lo que no es dable, es incluir pretensiones que no hubieranSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

frente a su reclamación, empero, lo que no es dable, es incluir pretensiones que no hubieranSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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sido planteadas ante la entidad, o que varíe o modifique aquellas discutidas en sede administrativa, es decir, debe existir congruencia entre lo solicitado en la vía gubernativa y lo pedido en la posterior demanda, pues de ser así, ello resulta contrario a la finalidad de la actuación administrativa.

2.3. Hechos probados.

En el expediente se encuentran los siguientes:

1. Mediante la Resolución 095 del 2 de mayo de 2012, la alcaldesa del Municipio de Valparaíso nombró a la demandante en el cargo de secretaria de hacienda código 020 grado 01 de la alcaldía municipal a partir de esa misma fecha.10

1. En la Resolución 283 del 17 de octubre de 2013, la misma funcionaria resolvió aceptar la renuncia presentada por María Patricia Olaya a partir del 18 de octubre de 2013.11

1. El 27 de enero de 2014, la demandante presentó una petición ante la alcaldía municipal, en los siguientes términos:12

Me sean canceladas las prestaciones sociales a que tengo derecho por haber laborado en la Alcaldía Municipal de Valparaíso Caquetá (…).

1. A esta petición se dio respuesta el 12 de febrero de 2014, en los siguientes términos:13

laborado en la Alcaldía Municipal de Valparaíso Caquetá (…).

1. A esta petición se dio respuesta el 12 de febrero de 2014, en los siguientes términos:13

Teniendo en cuenta su Derecho de Petición de fecha 27 de enero de 2014 y recibido en esta dependencia el día 28 de enero de los corrientes, en el que solicita se le dé una respuesta de fondo sobre la cancelación de las prestaciones sociales correspondientes a los periodos comprendidos entre el 2 de mayo de 2012 al 17 de octubre de 2013, donde laboró en el cargo de secretaria de hacienda de la Alcaldía Municipal, me permito informar que el día trece (13) del año en curso se procederá hacer la notificación de la respectiva liquidación de las prestaciones sociales a las que tiene derecho por haber laborado en el Municipio hasta el (ilegible) del mes de octubre del año 2013.

1. El 2 de diciembre de 2014, la demandante presentó nuevamente la solicitud. En esta manifestó:14

10 Archivo 1, pág. 5. 11 Archivo 1, pág. 7. 12 Archivo 1, pág. 10. 13 Archivo 1, pág. 11. 14 Archivo 1, pág. 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Teniendo en cuenta que el Municipio de Valparaíso Caquetá me adeuda mis

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Teniendo en cuenta que el Municipio de Valparaíso Caquetá me adeuda mis prestaciones sociales por haber laborado desde el 02 de mayo de 2012 a octubre 17 de 2013, solicito se me informe para cuando está programado el giro, pues ha transcurrido más de un año de mi salida del Municipio.

El 27 de enero de 2014 envié derecho de petición solicitando el pago de mis prestaciones y la respectiva liquidación de las prestaciones, donde me contestaron que el día 13 de febrero la harían llegar, el cual no sucedió así, ni le dieron respuesta satisfactoria.

1. No está probado que a esta última petición el Municipio de Valparaíso haya dado respuesta.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto.

Es claro que el auxilio de cesantías no solo constituye un derecho adquirido para el servidor público, sino que además tiene la connotación de un salario diferido, cuya finalidad es la de servir de sustento al exempleado público mientras se encuentra cesan te, lo que, en otros términos, significa que tiene derecho a recibir el pago c