TA CAQ - 18001333300120160102501-(10-08-2023)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo del Caquetá

• Sala Tercera de DecisiónMagistrada Ponente: EDITH ALARCÓN BERNAL

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Florencia, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Sentencia segunda instancia Radicación: 18001-33-33-001-2016-01025-01

Medio de Control: Reparación directa

Demandantes: Johana Castro Calderón y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Link del Proceso: 18001333300120160102501

Acta de discusión: No. 46 de la fecha

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que negó las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratan los siguientes temas: Incorporación a la prestación del servicio militar obligatorio por un joven que fue víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado. La tabla de contenido es la siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Los señores Yuber Esneider Guzmán Calderón, Johana Castro Calderón, Didier Andrés Calderón, Luis Hernán Calderón, María Vianey Calderón Calderón, Yuliana Vianey Guzmán Calderón, Yarli Yurley Guzmán Calderón y Yojan David Guzmán

Andrés Calderón, Luis Hernán Calderón, María Vianey Calderón Calderón, Yuliana Vianey Guzmán Calderón, Yarli Yurley Guzmán Calderón y Yojan David Guzmán Calderón, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios morales, daños a la vida de relación y/o alteración grave a las condiciones de existencia y perjuicios materiales derivados del reclutamiento primero para la prestación del servicio militar obligatorio, desde el 29 de enero de 2013 hasta el 25 de octubre de 2014, sin tener en cuenta la normatividad legal que sobre el particular establece que no podrán ser enlistados los jóvenes que se encuentren en situación de desplazamiento.

Como consecuencia de lo a nterior solicitaron se condene a la entidad demandada al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro para Yuber Esneider Guzmán Calderón ; al igual que perjuicios inmateriales como el daño moral en equivalente a 1 20 SMLMV para la víctima directa y de 100 SMLMV para los hermanos y la mamá; a la alteración grave a las condiciones de existencia o daños a la vida relación en 120 SMLMV para la víctima directa y de 100 SMLMV para los

1 Archivo 01 y pág. 22-30 del Archivo 03 del expediente digitalizadoMedio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

Demandante: Johana Castro Calderón y Otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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hermanos y la mamá , y se condene en costas y agencias en derecho y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 del C.P.A.C.A.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

1. Yuber Esneider Guzmán Calderón y su familia, hace más de 11 años, fueron víctimas de amenazas por parte de las FARC, cuando su hermano ingresó al Ejército Nacional. En ese momento les dieron ocho días para que dejaran su finca, por lo que debieron desplazarse de la vereda El Triunfo Congor en el Municipio de Piamonte en el Cauca al casco urbano del Municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá.

2. El joven Yuber Esneider Guzmán y su familia pusieron en conocimiento su situación de desplazamiento ante el Centro de Convivencia y Reparación de Víctimas del Municipio de Florenc ia y fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas – RUV.

3. El señor Guzmán Calderón trabajaba como jornalero en veredas cercanas del Municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá, con lo cual derivaba su sustento y el de su familia, previo el momento de prestar el servicio militar.

4. Yuber Guzmán Calderón se presentó en 29 de enero de 2013 en el Batallón

sustento y el de su familia, previo el momento de prestar el servicio militar.

4. Yuber Guzmán Calderón se presentó en 29 de enero de 2013 en el Batallón de Infantería de Selva No. 34 “Juanambú” de Florencia –Caquetá, para definir su situación militar. En esa fecha fue enlistado.

5. Al enterarse de esto María Vainey Calderón fue a las instalaciones del Batallón y manifestó la situación de desplazado de su hijo Yuber Esneider Guzmán y de toda la familia.

6. El joven Guzmán fue obligado a prestar el servicio militar obligatorio en el Batallón de A.S.P.C. No. 19 Gr. Fernando Serrano con sede en Florencia, igualmente estuvo en el Batallón Especial Energético Vial No. 19 Gr.

Largacha con sede en Puerto Rico Caquetá.

7. El artículo 140 de la Ley 1448 de 2011 establece la exención de prestar servicio militar por las víctimas del conflicto armado.

1.2. Contestación de la demanda 2

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que no se estructuraba la responsabilidad patrimonial en su contra, por cuanto no se existía prueba de la falla del servicio relacionada con la indebida incorporación.

Alegó que no se allegó prueba que demostrara los reparos realizados en el momento de la incorporación por Yuber Esneider Guzmán, ni de la solicitud que se hiciera ante la unidad militar, exponiendo las razones por las que debía ser exento de prestar el servicio militar . Tampoco se demostró que durante la prestación del servicio el citado joven sufrió algún daño que requiera ser reparado.

Propuso la excepción de caducidad del medio de control.

de prestar el servicio militar . Tampoco se demostró que durante la prestación del servicio el citado joven sufrió algún daño que requiera ser reparado.

Propuso la excepción de caducidad del medio de control.

1.3. Sentencia de primera instancia 3

El 31 de marzo de 2020 el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, conforme al material probatorio, al ingresar al ejército, Guzmán Calderón suscribió declaratoria en la que manifestó no estar inhabilitado para prestar el servicio militar obligatorio y que tampoco se probó que haya puesto de presente su condición de víctima del conflicto armado al

2 Pág. 82-92 del Archivo 03 del expediente digitalizado 3 Pág. 165-180 del Archivo 03 del expediente digitalizadoMedio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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momento de su incorporaci ón, cuando tenía el de ber de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para que, dentro del trámite administrativo previsto, pueda confirmar la información suministrada por Guzmán Caderón, quien pretendía ser beneficiario de esa medida de exención, aunque si se demostr ó que ya se encontraba incluido en el Registro Único de Víctimas.

Aunado a ello, el a quo manifestó que, de acuerdo a las reglas de sana crítica y de la experiencia, para la fecha de la incorporación a la entidad demandada no presentó documento ni solicitud alguna como fundamento de su condición especial.

1.4. Recurso de apelación

la experiencia, para la fecha de la incorporación a la entidad demandada no presentó documento ni solicitud alguna como fundamento de su condición especial.

1.4. Recurso de apelación

La parte demandante 4 solicitó que la decisión se revocara y en su lugar se concedieran las pretensiones de la demanda, así mismo, argumentó que el daño se probó por cuanto Guzmán Calderón prestó el servicio militar obligatorio como soldado campesino estando exonerado de ello por cuanto era víctima del conflicto armado.

Adujo que el joven desconocía las leyes y derechos de los cuales ostentaba, razón por la cual, tampoco su familia realizó ningún requerimiento a la Unidad de Víctimas, sin que obre prueba de que el demandante haya actuado de mala fe por interponer la demanda administrativa contra la demandada5.

Así mismo, dispuso que no existe pro cedimiento a través del cual se le imponga a las víctimas de desplazamiento forzado que realice gestiones para un desacuartelamiento, en cambio, la entidad demandada si debe verificar las circunstancias personales de los soldados a incorporar, situación qu e si se encuentra reglamentada.

Mencionó que en la sentencia se le impuso al demandante una carga igual que a la entidad demandada, contrariando los preceptos constitucionales en los que se encuentra consignado que una persona que ostenta la calidad de v íctima, es una persona de especial protección por parte del Estado, incurriendo, la decisión, en un falso juicio de identidad, puesto que la entidad es la que tiene a la mano los medios, son personas capacitadas y con formación académica para verificar los antecedentes o circunstancias del soldado a incorporar, sin que se pudiera señalar

falso juicio de identidad, puesto que la entidad es la que tiene a la mano los medios, son personas capacitadas y con formación académica para verificar los antecedentes o circunstancias del soldado a incorporar, sin que se pudiera señalar que desconocía las circunstancias particulares de los saldados a incorporar, máxime si el perjudicado directo se encontraba e n el Registro Único de Víctimas; incurriendo el fallo apelado en un falso raciocinio, el cual, además, desconocía el mandato constitucional previsto en la Sentencia T-579 de 20126.

1.5. Trámite de segunda instancia

1.5.1. Admisión del recurso de apelación

Se admitió el recurso por medio de auto proferido el 30 de julio de 20217, y se corrió el traslado para alegar en virtud de auto del 01 de diciembre de 20218.

4 Pág. 184-191 del Archivo 03 del expediente digitalizado 5 Precisión que realiza el apelante para mostrar su discrepancia con la sentencia, en donde cita que “Advierte el Despacho que la condición de víctima alegada por el actor fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes en razón al trámite procesal que se adelanta en el presente medio de control, sin observarse solicitud u otro documento en el que se pueda constatar que el demandante YUBER ESNEIDER haya informado oportunamente al Departamento de Reclutamiento del Ejército Nacional”. 6 “En tal sentido, la población desplazada únicamente puede ser retenida por las autoridades militares de manera momentánea mientras se verifica su condición de desplazado, pero no puede implicar la conducción de la población desplazada a cuarteles

6 “En tal sentido, la población desplazada únicamente puede ser retenida por las autoridades militares de manera momentánea mientras se verifica su condición de desplazado, pero no puede implicar la conducción de la población desplazada a cuarteles o distritos militares, y menos aún, su retención por parte de autoridades militares por largos periodos de tiempo”. 7 Archivo 18 8 Archivo 22Medio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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1.5.2. Alegatos

La Nación –Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional9, indicó que no había falla del servicio por la incorporación y solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por insuficiencia de prueba en los perjuicios . Aunado a ello, manifestó que en ninguna de las exenciones para prestar el servicio militar obligatorio de que trata la Ley 48 de 1993, se enmarcaba la de Guzmán Calderón . Alegó que el entonces conscripto no informó a la entidad su condición de desplazamiento, aun cuando diligenció todos los formatos para su incorporación. Finalmente señaló que no se acreditó que durante la incorporación se le hubiese generado algún daño o perjuicio al señor Guzmán Calderón que debiera ser indemnizado.

Surtido el trámite en rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado, la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Surtido el trámite en rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado, la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia (artículo 153 CPACA), en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, la sentencia es susceptible del recurso de alzada (artículo 243 CPACA).

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, al encontra r que la prestación del servicio militar obligatorio del señor Guzmán cesó el 25 de octubre de 2014, la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 24 de octubre de 2016, siendo expedida el constancia de no acuerdo el 05 de diciembre de 201610 y radicada l a demanda el 06 de diciembre de 201 611 cuando aún no habían transcurrido los dos (2) años de que trata el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para demandar, tal como lo dijo la primera instancia en la audiencia inicial.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa, se tiene que demanda se circunscribe a obtener el pago de los perjuicios derivados de la responsabilidad asociada al reclutamiento de Yuber Esneider Guzm án Calderón para prestar el servicio militar obligatorio desde el 29 de Enero de 2013 hasta el 25 de octubre de

se circunscribe a obtener el pago de los perjuicios derivados de la responsabilidad asociada al reclutamiento de Yuber Esneider Guzm án Calderón para prestar el servicio militar obligatorio desde el 29 de Enero de 2013 hasta el 25 de octubre de 2014 y que la presenta el ex conscripto, sus hermanos Johana Castro Calderón, Didier Andrés Calderón, Luis Hernán Calderón, Yuliana Vianey Guzmán Calderón, Yarli Yurley Guzmán Calderón, Yojan David Guzmán Calderón y su mamá María Vianey Calderón Calderón , todos legitimados en la causa por activa entendiendo que cualquier persona puede impetrar este tipo de medios de control, no obstante se debe anotar que no reposan los registros civiles de Yuber Esneider Guzmán Calderon y Luis Hernán Calderón siendo imposible determinar el vínculo de familiaridad.

9 Archivo 25 10 Archivo 3 11 Archivo 3Medio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la NaciónMinisterio de Def ensaEjército Nacional, entidad para la cual prest ó el servicio militar el señor Guzmán Calderón. 2.3. Problema jurídico

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la presunta indebida incorporación de Yuber Esneider Guzman

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la presunta indebida incorporación de Yuber Esneider Guzman Calderón para prestar el servicio militar obligatorio desde el 29 de Enero de 2013 hasta el 25 de octubre de 2014 ; y en caso afirmativo, ii) si debe reconocerse los perjuicios pretendidos por los demandantes. 2.4. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión proferid a en primera instancia, en tanto , tal como lo concluyó el a quo, la información de la condición de víctima por parte del joven Yuber Esneider Guzmán Calderón o de su familia a la entidad castrense, es un aspecto sobre el cual no existe prueba siquiera suma ria; a contrario sensu, se advierte aquiescencia en su incorporación, aun cuando tuvo la oportunidad de haber puesto en conocimiento de las autoridades militares tal circunstancia -la de clasificación-.

De igual forma, no se allegó prueba que evidenciara un comportamiento diligente por parte del conscripto o de sus familiares, para que la entidad demandada reversara su decisión de incorporarlo, como pudo ser la presentación de peticiones o reclamos tendientes a su desacuartelamiento, circunstancia que denota una total pasividad que no puede imputarse al Ejército Nacional, a quien no se le puede reprochar por no haber corroborado una afirmación de la cual no existe prueba que efectivamente se hubiera hecho -informar verbalmente de su condición de desplazado12. 2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado

efectivamente se hubiera hecho -informar verbalmente de su condición de desplazado12. 2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, a saber: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades l a Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño

12 Se reitera la tesis expuesta por este Tribunal, Sala de Decisión Primera, en sentencia del 25 de mayo de 2023, dentro del expediente 18-001-33-33-004-2019-00464-01, Demandante: Wilmar Vera Rojas y otros, Demandado: Ejército Nacional. Magistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños.Medio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.13

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño antijurídico, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado14.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo , deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»15(Subraya por fuera de texto)

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antij urídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con

imputabilidad del daño antij urídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001 -23-31-000-2003-00450-01 (37497) y pone ncia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plant earse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

13 Consejo de Estado, Sentencia 10 de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 14 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 15 Consejo de Estado, Sentencia del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarMedio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación

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A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la parte demandante, es decir, se determinará la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

2.5.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con la indebida incorporación de conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que son ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el j uez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar de conformidad con las circunstancia en las que se produjo el daño antijurídico.

Empero, tratándose de la indebida incorporación el título de imputación escogido ha sido el de la falla en el servicio, razón por la cual el demandante tiene la carga de probar

2.6. Hechos probados

En el plenario se encuentra probado lo siguiente:

1. Yuber Esneider Guzmán Calderón prestó servicio militar en el Batallón de ASPC No. 12 “Gr. Fernando Serrano”, sede Florencia, desde el 29 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013, igualmente estuvo en el Batallón Especial Energético Vial No. 19 “Gr. Largacha”, sede Puerto Rico, desde el

de 2013 al 30 de septiembre de 2013, igualmente estuvo en el Batallón Especial Energético Vial No. 19 “Gr. Largacha”, sede Puerto Rico, desde el 01 de octubre de 2013 al 24 de octubre de 2014 , según oficio con radicado 20165560793941:MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10 del 20 de junio de 201616, emitido por el Jefe de Sección de Sistema de Información del Comando de Personal del Ejército Nacional . I nformación reiterada con la constancia expedida por el Oficial de Sección de Atención al usuario DIPER17.

1. En el Formato de proceso de concentración No. DIM-09430016422 del 25 de enero de 201318, se estableció que Guzmán Calderón se encontraba apto y no se indicó ninguna exención de ley.

1. En el acta de compromiso de prestación del servicio militar 19 como soldado regular, fechado 27 de febrero de 2013, con firma del señor Guzmán se indicó que «aunque soy bachiller, mi deseo es prestar el servicio militar en forma voluntaria como Soldado, bajo las mismas normas y parámetros que rigen para este tipo de servicio».

1. En el Oficio de Freno Extralegal de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército20, del 01 de marzo de 2013, se dejó consi gnado lo siguiente –se transcribe de manera lite ral, con la inclusión de posibles

errores-:

“CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL DICE:

16 Pág. 7 del Archivo 02 y pág. 9 del Archivo 03

errores-:

“CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL DICE:

16 Pág. 7 del Archivo 02 y pág. 9 del Archivo 03 17 Pág. 9 del Archivo 02 y pág. 11 del Archivo 03 18 Pág. 107 del Archivo 03 19 Pág. 108 del Archivo 03 20 Pág. 109 del Archivo 03Medio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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QUE ACTUACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA BAJO JURAMENTO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE FALTE A LA VERDAD TOTAL O PARTICIPE INCURRIRÁ EN PRISIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS

POR LO TANTO SOSTENGO:

1. QUE NO SOY HIJO ÚNICO

2. QUE NO VIVO EN UNIÓN LIBRE

3. QUE NO TENGO HIJOS QUE SOSTENER

4. QUE NO SOY CASADO

5. QUE MI FAMILIA NO DEPENDE DE MI

6. QUE NO TENGO UNA MUJER EMBARAZADA

7. QUE NO PERTENEZCO A NINGÚN CABILDO O GRUPO INDÍJENA

8. QUE NO TENGO PROBLEMAS FAMILIARES O PERSONALES PARA

INGRESAR A LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES ESPRO.

9. QUE NO TENGO PROBLEMAS JURÍDICOS

Como constancia dejo mi firma y huella dactilar para probar lo que afirme anteriormente”.

INGRESAR A LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES ESPRO.

9. QUE NO TENGO PROBLEMAS JURÍDICOS

Como constancia dejo mi firma y huella dactilar para probar lo que afirme anteriormente”.

1. En el o ficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas21 con radicado No. 20191110008411 del 7 de octubre de 2019 se señala que Yuber Esneider Guzmán Calderón fue valorado el 21 de agosto de 2003, encontrándose incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado junto c on su núcleo familiar .

Se relaciona como fecha del siniestro el 20 de agosto de 2003.

2.7. Análisis de la Sala, caso concreto

2.7.1. Del daño

Frente al primer elemento de la responsabilidad –el daño-, la parte demandante aduce que Yuber Esneider Guzmán Calderón fue indebidamente incorporado para prestar su servicio militar obligatorio , por cuanto, manifestó, pertenecía a la población víctima de la violencia por desplazamiento forzado y, por tanto, estaba exento de prestar el servicio militar obligatorio.

Para el efecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 216 de la Constitución Política prevé que «la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo». A su turno, la Ley 48 de 1993 (reglamentada por el Decreto 2048 de 1993) sobre el reclutamiento, consagró exenciones: i) en todo tiempo : cuando se trate de limitados físicos y

48 de 1993 (reglamentada por el Decreto 2048 de 1993) sobre el reclutamiento, consagró exenciones: i) en todo tiempo : cuando se trate de limitados físicos y sensoriales permanentes y los indígenas que residan en su territorio; y ii) en tiempos de paz para los c lérigos y religiosos, el hijo único hombre o mujer, los casados que hagan vida conyugal, inhábiles relativos y permanentes, entre otros.

Luego, la Ley 1448 de 2011 «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», en el artículo 140 consagró:

ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites

21 Pág. 144-153 del Archivo 03Medio De Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2016-01025-01

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correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar.

Al respecto, la Corte Constitu