TA CAQ - 18001333300120170045001-(10-08-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA No. 123

Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Edinson Ever Rodríguez Bahamón

Demandado: Departamento del Caquetá- Secretaría de Hacienda

Departamental

Asunto: Contrato realidad

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2.020 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda, teniendo en cuenta la modificación introducida al artículo 247, numeral 4° del CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2.0211.

I. ANTECEDENTES.

1.1 La demanda2.

El señor EDINSON EVER RODRÍGUEZ BAHAMÓN , por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda con el fin de que se declare la nulidad del oficio número No. 009112 del 17 de noviembre de 2016, proferido por el asesor jurídico del Gobernador del Caquetá , por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de los derechos salariale s y prestacionales

de 2016, proferido por el asesor jurídico del Gobernador del Caquetá , por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de los derechos salariale s y prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos con la referida entidad, en aplicación del principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento d el derecho, solicitó se declare que entre las partes existió un vínculo laboral entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2014 en el cargo de técnico operativo en la Secretaría de Hacienda Departamental, así como se ordene el pago de los emolumentos salariales, prestacionales e indemnizatorios y de seguridad social en salud y pensiones.

Como fundamentos fácticos, se expuso que el señor EDINSON EVER RODRÍGUEZ BAHAMÓN prestó sus servicios como técnico operativo en la Secretaría de Hacienda Departamental desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.

1 Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá

un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso. (…)”. 2Fs. 279 al 300, Anexo 01-Expediente Digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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2 Se afirmó que dicha labor la desempeñó en forma personal, permanente y subordinada, cumpliendo funciones como apoyo a la gestión de la Dirección Tributaria y Fiscalización (técnico operativo).

Que las labores por él desempeñadas correspondían a las asignadas a cargos de planta en el área de fiscalización de la Dirección Tributaria de la Secretaría de Hacienda Departamental (técnico operativo código 314 grado 2) , estando orientadas a la supervisión de la ejecución de contratos de prestación de servicios, participar en puestos de control en las vías terrestres, fluviales y aéreas, visitas a establecimientos de comercio, realizar autos de aprehensión y/o decomiso de licores y cigarrillo, detección de lugares productores o expendedores de licor adu lterado o de contrabando, entre otras; las cuales forman parte de las actividades permanentes que realiza dicha entidad pública, puesto que son esenciales para el cumplimiento de sus fines, relacionados con el recaudo tributario y control del contrabando.

contrabando, entre otras; las cuales forman parte de las actividades permanentes que realiza dicha entidad pública, puesto que son esenciales para el cumplimiento de sus fines, relacionados con el recaudo tributario y control del contrabando.

Se indicó que la entidad demandada se obligaba a suministrar las instalaciones locativas, mobiliarias, útiles, equipos y materiales necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. Igualmente , se comprometía a cancelar los honorarios acordados y a suministrar la información requerida para el desarrollo del objeto contractual.

Que el señor RODRÍGUEZ BAHAMÓN se encontraba en permanente subordinación en su vinculación, toda vez que el interventor o supervisor de los contratos de prestación de servicios era el jefe del área de fiscalización, dependencia en la que prestaba sus servicios. Así mimo, cumplía el horario de trabajo comprendido así: de ocho de la mañana a doce del mediodía (8:00 a.m. a 12:00 p.m.) y desde las dos hasta las seis de la tarde (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) ; por consiguiente, no desarrollaba ninguna otra actividad laboral, pues se le exigía el cumplimiento del horario de trabajo descrito y la permanencia en la entidad, motivo por el cual la remuneración periódica que recibía era su única fuente de ingresos.

Se afirmó que, para la legalización de cada contrato de prestación de servicios, el demandante debía comprar pólizas de seguro para amparar su cumplimiento, realizar el pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Del mismo modo, de su pago mensual le era descontada la retención en la fuente por honorarios del 10%, a título de impuesto a la renta, de industria y comercio y pago de estampillas.

el pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Del mismo modo, de su pago mensual le era descontada la retención en la fuente por honorarios del 10%, a título de impuesto a la renta, de industria y comercio y pago de estampillas.

Que entre el demandante y el Departamento del Caquetá existió una verdadera relación laboral, en tanto que durante el término de su vinculación se presentaron los elementos característicos, como la prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

Como normas violadas, expuso las siguientes:

• De la Constitución Política, los artículos 1, 13, 25 y 53. - Del Código Civil, los artículos 1613 y 1614. - Ley 80 de 1993, artículo 32. - Decreto 2400 de 1968, artículo 2. - Decreto 1950 de 1973, artículo 7. - Código Sustantivo del Trabajo, artículo 24. - Ley 244 de 1995, artículo 2.

Sustenta el concepto de violación, manifestando que el acto administrativo demandado fue expedido con violación de las normas en que debería fundarse, desviaciónExpediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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3 de poder y falsa motivación, al denominar el vínculo celebrado entre las partes como un contrato de servicios profesionales, cuando en realidad era un contrato laboral , situación que desconoció el precepto contenido en el artículo 23 del Código Sustantivo

3 de poder y falsa motivación, al denominar el vínculo celebrado entre las partes como un contrato de servicios profesionales, cuando en realidad era un contrato laboral , situación que desconoció el precepto contenido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1 22 y 125 superiores, pues se reunían todos los requisitos establecidos en la normativa precitada.

Al respecto, se afirmó que entre el actor y el D epartamento del Caquetá existió una relación laboral , en tanto el ejercicio de las labores no fueron temporales sino ininterrumpidas, desarrolladas de manera personal en el cargo de técnico operativo, bajo la subordinación de sus superiores, viéndose obligada a cumplir un horario y bajo la misma exigencia y disciplina que los empleados de planta.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1 Departamento del Caquetá3.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que no están probadas por falta de supuestos de derecho en que se fundamentan y por cuanto las pruebas que se allegan no desvirtúan en nada la presunción de legalidad que reviste y subsiste en el acto administrativo acusado.

Adujo que, contrario a lo expuesto en el escrito de demanda, el actor no prestó sus servicios personales de forma continua, teniendo en cuenta que hubo una suspensión en la ejecución del servicio desde el 1 hasta el 30 de enero de 2014, rompiendo con el elemento de continuidad en la prestación del servicio y la subordinación. De igual forma, afirmó que no existió una subordinación perm anente propia de una relación laboral, situación que el actor confundió con las actividades de supervisión a la ejecución del

elemento de continuidad en la prestación del servicio y la subordinación. De igual forma, afirmó que no existió una subordinación perm anente propia de una relación laboral, situación que el actor confundió con las actividades de supervisión a la ejecución del contrato, obligación de control y seguimiento que atañe a toda entidad estatal para nombrar un supervisor del contrato, con el fin de proteger la moralidad administrativa y la transparencia de acuerdo con el estatuto anticorrupción (artículo 83).

Expuso que la relación sostenida entre e l departamento y el demandante fue una relación de carácter contractual regulada por el artículo 32 de la ley 80 de 1993, según el cual las entidades públicas pueden celebrar contratos de prestación de servicios especializados siempre y cuando no desarrollen propiamente la función pública encomendada a la entidad, ni que el servicio sea prestado por ningún empleado de la planta de personal. Igualmente, manifestó que quien celebra un contrato de prestación de servicios tiene la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales, por lo que la situación de un contratista es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo que con la administración sólo tiene ocurrencia cuando se trata de construcción y mantenimiento de obras públicas.

Finalmente, a firmó que el acto demandado no adolece de falsedad, sino que corresponde a la realidad, en el sentido de que, efectivamente, no se configuran todos los elementos ineludibles de una relación laboral, en especial por la ausencia de la subordinación como elemento estructural de este tipo de relaciones y además al no existir similitud entre las actividades realizadas por el contratista y las funciones asignadas a los técnicos operativos de la gobernación.

Propuso como excepciones las de: i) ausencia de causa para demandar por inexistencia

existir similitud entre las actividades realizadas por el contratista y las funciones asignadas a los técnicos operativos de la gobernación.

Propuso como excepciones las de: i) ausencia de causa para demandar por inexistencia de las causales de nulidad invocada; ii) inexistencia de relación laboral por ausencia de

3Fs. 279 al 300, Anexo 01-Expediente Digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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4 subordinación y salario; iii) legalidad del acto administrativo; y iv) cobro de lo no debido.

1.3. Sentencia de primera instancia4.

En sentencia del 30 de noviembre de 2.020, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió conceder las pretensiones de la demanda, a saber:

“PRIMERO. - DECLARAR que entre el señor EDINSON EVER RODRÍGUEZ BAHAMÓN y el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, existió una RELACION LABORAL, como consecuencia de la ejecución de los contratos de prestación de servicios entre los años 2013 al 2014.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativ o contenido en el oficio No. 009112 del 17 de noviembre de 2016, suscrito por el Asesor Jurídico del despacho del Gobernador del DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales como consecuencia de la e jecución

009112 del 17 de noviembre de 2016, suscrito por el Asesor Jurídico del despacho del Gobernador del DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales como consecuencia de la e jecución de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor EDINSON EVER

RODRÍGUEZ BAHAMÓN y el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - SECRETARÍA DE

HACIENDA DEPARTAMENTAL.

TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ- SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL a liquidar y pagar a favor del señor FERNANDO GASCA CAMPILLO las sumas que por concepto de prestaciones sociales devengan los empleados públicos vinculados legal y reglamentariamente, correspondientes a l os períodos efectivamente laborados en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, tomando como base para la liquidación el valor pactado en los contratos, y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones y de las sumas a pagar la entidad deberá realizar los correspondientes descuentos de ley que correspondan al demandante.

Asimismo, ORDÉNESE a la demandada el pago a favor del señor EDINSON EVER RODRÍGUEZ BAHAMÓN los porcentajes de cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión, por cada uno de esos periodos y que por Ley le correspondían al empleador, de conformidad con la Ley 100 de 1993, pagos que en virtud de las órdenes y contratos de prestación de servicios debieron ser asumidos totalmente por la

salud y pensión, por cada uno de esos periodos y que por Ley le correspondían al empleador, de conformidad con la Ley 100 de 1993, pagos que en virtud de las órdenes y contratos de prestación de servicios debieron ser asumidos totalmente por la demandante; asimismo reconocerá y efectuará los aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. - NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. - CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% de las pretensiones reconocidas. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P”.

Para arribar a tal conclusión , consideró la iudex a quo que entre el demandante y la entidad demandada se dio una relación laboral, al estar configurados los elementos de la misma, especialmente la subordinación.

Indicó que, conforme al material probatorio allegado al proceso, se acreditó que las actividades adelantadas por el actor rev estían las características de un empleo de carácter permanente, pues se desempeñó por un año como personal de apoyo a la

4Anexo 05Expediente DigitalExpediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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5 gestión ante la Dirección Tributaria de la Secretaría de Hacienda de departamento del Caquetá, cumpliendo labores primordiales para el funcionamiento de la misma, sin que su desempeño fuera autónomo e independiente como lo pretende hacer ver el extremo pasivo, quedando sin sustento la coordinación expuesta para deprecar la falta de permanencia.

Señaló que, a pesar de la interrupción en la celebración de los contratos, lo cierto es que resultaba aplicable la figura de la primacía de la realidad sobre las formalidades, por cuanto el demandante se encontraba en las mismas condiciones de un empleado de la planta de personal, ejecutando una actividad de carácter permanente y misional; por lo cual estaba sujeto a subordinación y dependencia, dando lugar al derecho del pago de prestaciones.

Finalmente, al concluir que no se trató de una relación de coordinación contractual sino laboral, donde prevaleció la subordinación, indicó que se encontraban configurados los criterios fijados por la Corte Constitucional en la s entencia C -614 de 2009 para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.

1.4. Recurso de apelación5.

Solicita el ente territorial demandado se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda.

Considera que no aparece acreditada la existencia de una relación laboral , al no presentarse la subordinación y salario como elementos esenciales exigidos por la

en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda.

Considera que no aparece acreditada la existencia de una relación laboral , al no presentarse la subordinación y salario como elementos esenciales exigidos por la jurisprudencia, además porque jamás se le impartieron órdenes al demandante ni se le exigió el cumplimiento de un horario. Así mismo, las actividades desarrolladas por el contratista no eran funciones permanentes en el Departamento del Caquetá, entidad que, en virtud del principio de colaboración armónica, presta un apoyo a la Dirección de Impuesto s y Aduanas Nacional de Colombia -DIAN, como entidad titular de la función de aprehensión y decomiso de mercancías sometidas al impuesto al consumo. Adicional a ello, por no existir similitud entre las actividades realizadas por el contratista y las funciones asignadas a los técnicos operativos de la planta global del departamento del Caquetá.

Señala que, si bien el fallador en primera instancia advirtió que era necesario realizar el cotejo de las funciones, este no fue exteriorizado en el libelo con el fin de permitir conocer el por qué las actividades del contratista guarda ban estrecha relación con las funciones del cargo de técnico operativo.

Finalmente, señala que la motivación del fallo apelado no es de recibo pues no goza de la suficiente fuerza, en razón que no se realizó un análisis profundo de todas las pruebas que permitieran la certeza requerida para proferir condena en contra del departamento del Caquetá, como lo contempla el artículo 29 de nuestra Constitución, pues las mismas no desvirtúan la presunción de legalidad que reviste y subsiste en el acto acusado.

1.5. Trámite en segunda instancia.

departamento del Caquetá, como lo contempla el artículo 29 de nuestra Constitución, pues las mismas no desvirtúan la presunción de legalidad que reviste y subsiste en el acto acusado.

1.5. Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue admitido por esta Corporación mediante proveído del 12 de agosto de 2.021 (Anexo 02C.2Instanciaexpediente digital).

5 Fs. 833 al 839, c. 3.Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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6 Atendiendo la modificación introducida al artículo 247, numeral 4°, del CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2.021, al no requerirse el decreto de pruebas en segunda instancia, una vez ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente fue ingresado al despacho para emitir sentencia.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala definir si, conforme a los argumentos de la alzada, hay lugar a revocar la sentencia de instancia por medio de la cual se declaró la nulidad del oficio No. 009112 del 17 de noviembre de 2016 , que negó la existencia de una relación

revocar la sentencia de instancia por medio de la cual se declaró la nulidad del oficio No. 009112 del 17 de noviembre de 2016 , que negó la existencia de una relación laboral entre el demandante y el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas y, como consecuencia se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar las diferencias salariales y prestaciones correspondientes. O si, por el contrario, hay lugar a confirmar la decisión proferida por la a quo.

2.3. De las pruebas allegadas al proceso.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala cuenta con el siguiente material probatorio:

• Reclamación administrativa presentada por el señor EDINSON EVER RODRÍGUEZ BAHAMÓN el día 24 de octubre de 2016, ante el Departamento del Caquetá - Secretaría de Hacienda Departamental, en la que solicitó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos debidos (f .8 al 13, Anexo 01-Cuaderno principal1Expediente Digital).

• Oficio número No. 009112 del 17 de noviembre de 2.016, suscrito por el asesor jurídico del despacho del gobernador, por medio del cual se resolvió en forma negativa la referida reclamación (f .5 al 7, Anexo 01Cuaderno principal 1-Expediente Digital).

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el departamento del Caquetá - Secretaría de Hacienda Departamental, los que se relacionan así:

Nº. CPS OBJETO DURACIÓN INICIA-

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el departamento del Caquetá - Secretaría de Hacienda Departamental, los que se relacionan así:

Nº. CPS OBJETO DURACIÓN INICIATERMINA

VALOR FORMA DE

PAGO CPS 137 del 11 de junio de 2013 Prestación de servicios de apoyo a la gestión 6 meses y 20 días

12/06/2013 al 31/12/ 2013

$16.666.667 HONORARIOS

MENSUALES CPS 165 del 24 de enero de 2014 Prestación de servicios de apoyo a la gestión 6 meses 31/01/2014 al 31/07/2014

$10.200.000 HONORARIOS

MENSUALES

• Memorando de fecha 12 de junio de 2.013 remitido al actor por el profesional universitario de fiscalización de la gobernación del Caquetá. (fl. 234 del expediente)Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

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7 2.4. Del contrato de prestación de servicios.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 80 de 19936, el contrato de prestación de servicios es aquel que celebra una entidad estatal para llevar a cabo actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la misma, y tratándose de personas naturales sólo pueden realizarse cuando dichas actividades no puedan

de servicios es aquel que celebra una entidad estatal para llevar a cabo actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la misma, y tratándose de personas naturales sólo pueden realizarse cuando dichas actividades no puedan desarrollarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Es decir, se trata de una relación contractual, que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

En cuanto a las diferencias que se presentan entre un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral, la Corte Constitucional en Sentencia C-154 del 19 de marzo de 19977, precisó:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios , la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el e lemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en

inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo co n derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo” (Resalta la Sala).

6 “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 7 Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.Expediente No. 18001-33-33-001-2017-00450-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Edinson Ever Rodríguez Bahamón Demandado: Departamento del Caquetá- Secretaría de Hacienda Departamental

8 Ahora bien, tratándose del ejercicio de funciones de carácter permanente, el decreto 2400 de 1968 en el artículo 2, inciso final8, dispone que: “Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”, lo que significa que no es viable jurídicamente acudir a la figura del contrato de prestación de servicios para disfrazar una verdadera relación labo ral, en tanto no es admisible que se contrate mediante esta modalidad para el ejercicio de actividades permanentes del giro ordinario de la entidad estatal.

Al efectuar la Corte Constitucional el estudio de exequibilidad de la referida disposición legal, precisó en Sentencia C614 del 2 de septiembre de 2009:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se

de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos” (Resalta la Sala).

La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 9, al referirse al “contrato realidad” , indicó que aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la en