TA CAQ - 18001333300120180066401-(07-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº 140

Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Nelson Enrique Angulo Alegría

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Subsidio familiar SLP.

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación instaurados tanto por la parte actora como por la demandada contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2.022 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, mediante la cual se concedieron parcialmente las súplicas de la demanda.

I. ASUNTO PREVIO.

Si bien el despacho del magistrado ponente tiene en la actualidad bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo con anterioridad al presente asunto -lo que en los términos del artículo 18 de l a Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho-; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia” , esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tem a objeto de debate se

2009, se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia” , esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tem a objeto de debate se refiere al reconocimiento y pago del subsidio familiar en favor de un soldado profesional, tema sobre el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado 1 ha tenido la oportunidad de pronunciarse fijando una posición unificada frente al derecho que le asiste a los soldados profesionales, entre otros, de obtener su prestación económica con inclusión del subsidio familiar devengado en actividad; motivo por el cual, con fundamento en el contenido del artículo 16 de la Ley 1285 de 2.009, la Sala se encuentra habilitada para resolver el prese nte asunto de manera anticipada.

1Sección Segunda, Magistrado William Hernández Gómez, dentro del radicado Nº 85001333300220130023701(1701-2016). Sentencia del 25 de abril de 2.019.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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Demandante: Nelson Enrique Angulo Alegría y Otros

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Subsidio familiar SLP.

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II. ANTECEDENTES.

2.1. La demanda2.

El señor NELSON ENRIQUE ANGULO ALEGRÍA, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL con el fin de que se declare la nulidad del

restablecimiento del derecho en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No 20183110616771 MDN-CGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 6 de abril de 2.018, por medio del cual se le negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar, en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 ; y a título de restablecimiento del derecho se le reconozca y ordene pagar el respectivo reajuste de salarios y prestaciones sociales que actualmente devenga y sobre los cuales tenga n incidencia la inclusión del subsidio familiar reajustado, desde la adquisición del derecho y hasta la fecha de retiro como miembro del Ejército Nacional.

Que l as sumas que arroje sean indexadas y se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, las costas procesales y las agencias en derecho.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se indicó que el actor ingresó a las filas del Ejército Nacional como soldado profesional en vigencia del decreto 1794 de 2.000.

Que al cumplir los requisitos contenidos en el artículo 11 del referido decreto, solicitó el reconocimiento del subsidio familiar a que tenía derecho por los años 2.009 a 2.014 , lo que le fue negado aduciendo la inexistencia de fundamento normativo en virtud de la derogatoria contenida en el decreto 3770 de 2.009 ; que, no obstante, con la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2.014 solicitó nuevamente el reconocimiento del subsidio familiar, siendo aceptado pero bajo

normativo en virtud de la derogatoria contenida en el decreto 3770 de 2.009 ; que, no obstante, con la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2.014 solicitó nuevamente el reconocimiento del subsidio familiar, siendo aceptado pero bajo los términos de esta norma , esto es, en un porcentaje máximo del 26% de lo devengado como asignación básica.

Se afirmó que el demandante radicó el 15 de febrero de 2.018 petición ante la entidad demandada solicitando el reajuste de subsidio familiar , conforme a lo dispuesto en el decreto 1794 de 2.000 , art. 11, previa declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2.009 , y pago de las diferencias y sumas ade udadas por concepto de dicho derecho , petición que fue despachada desfavorablemente a través del acto acusado.

Como normas violadas, se citó: de la Constitución Política los artículos 4, 13, 25, 48 y 53; de la Ley 4a de 1.992 el artículo 2, literal a; del Decreto 1794 de 2.000, artículo 11; del Decreto 3770 de 2.009, artículos 1 y 2; del Decreto 1161 de 2.014, artículo 1; de la Ley 319 de 1.996, artículo 4; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2 y 11.1; de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26 y la Observación N°

2 Estante digital. Archivo en PDF N° 01. Exp. electrónico.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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2 Estante digital. Archivo en PDF N° 01. Exp. electrónico.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Como concepto de violación , se invocó como causal invalidante d el acto acusado la infracción a las normas en las que debía fundarse , señalando que la supresión del subsidio familiar constituyó un evidente trato regresivo y desigual para los soldados profesionales que no accedieron al beneficio prestacional, sin que existan tampoco razones válidas ni razonables de modo que dentro de la misma categoría de servidores públicos que ejercen las mismas funciones en idénticas condiciones existan soldados profesionales que devenguen un subsidio familiar en condiciones restrictivas, desf avorables e irrisorias, impidiéndosele acceder a esta prestación social que tiene como fin cubrir las contingencias económicas derivadas de formar una familia.

Lo anterior, por cuanto el régimen de subsidio familiar contenido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 les otorga a quienes se encuentren casados o en unión marital de hecho vigente, el derecho a devengar el 4% de la asignación básica más el 100% de la prima de antigüedad, siendo la reglamentación más favorable; mientras que el benef icio de s ubsidio familiar contenido en el decreto 3770 de 2.009 , al parecer por razones presupuestales, derogó el

básica más el 100% de la prima de antigüedad, siendo la reglamentación más favorable; mientras que el benef icio de s ubsidio familiar contenido en el decreto 3770 de 2.009 , al parecer por razones presupuestales, derogó el referido artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 , implicando con ello la vulneración de la prohibición de regresividad prohibida por el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales -Arts. 2 y 11 -, así como por la Convención Americana de Derechos Humanos -Art. 26 - y la Observación N° 14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas.

Así, refirió que la negativa al reajuste del subsidio familiar de los soldados profesionales sometidos al decreto 1161 de 2.014 implica un desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, al principio de prohibición de regresividad, favorabilidad en materia laboral, e irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales ; lo que conlleva -en su consideración - a que en cumplimiento del artículo 4° Constitucional se de prevalencia a los instrumentos internacionales que conforman el bloque de const itucionalidad, a fin de que el decreto 1161 de 2.014 sea inaplicado al presente asunto, por inconstitucional.

Trajo a colación la declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2.009 proferida por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2.017, para concluir que al actor se le debe pagar el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2.000 , en tanto no se presenta una situación

por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2.017, para concluir que al actor se le debe pagar el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2.000 , en tanto no se presenta una situación jurídica consolidada , pues fue solo a partir de la sentencia de nulidad del decreto 3770 de 2.009 que surgió para el demandante la posibilidad jurídica de solicitar el reconocimiento en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000, lo que hasta ahora se debate.

Finalizó indicando que en cumplimiento del artículo 4 Constitucional, en aplicación del Bloque de Constitucionalidad , el decreto 1161 de 2.014 debe ser inaplicado al presente asunto, garantizando los derechos prestacionales de lExpediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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Demandante: Nelson Enrique Angulo Alegría y Otros

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demandante, procurando una igualdad real y el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.

2.2. Contestación de la demanda3.

Argumentó la entidad demandada que el acto acusado no solo goza de la presunción de legalidad, sino que, además, fue expedido con fundamento en las normas vigentes y aplicables al presente asunto , como es el decreto 1161 de 2.014, lo que excluye por completo la aplicación del 1794 de 2.000.

Propuso como excepciones las que denomin ó: (i) prescripción de los derechos laborales y (ii) La innominada.

de 2.014, lo que excluye por completo la aplicación del 1794 de 2.000.

Propuso como excepciones las que denomin ó: (i) prescripción de los derechos laborales y (ii) La innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia4.

Mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 2.022 , e l Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, decidió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 20183110616771 MDN-CGFM.COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1-10, del 06 de abril de 2018.

SEGUNDO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NACIÓNMINISTERIO DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, reconocer y pagar al señor NELSON ENRIQUE ANGULO ALEGRIA, el subsidio familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, en e l equivalente al 4% de su salario básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad, a partir del 15 de febrero de 2015 hasta la fecha de retiro del servicio, pudiendo descontar de ese valor, las sumas canceladas por ese concepto.

Así mismo, deberá reajustar y pagar las diferencias que se generen en las prestaciones sociales que se calculan con el subsidio familiar, desde el 15 de febrero de 2015 en adelante. Las diferencias generadas deberán indexarse con la formula indicada en la parte considerativa de esta providencia.

Y se faculta a la entidad accionada para que efect úe de manera indexada los descuentos por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya

parte considerativa de esta providencia.

Y se faculta a la entidad accionada para que efect úe de manera indexada los descuentos por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de conformidad c on los ex puesto en la parte motiva de esta procidencia.

CUARTO: Sin condena en costas”.

Para arribar a dicha conclusión, consideró la iudex a quo, luego de indicar que el subsidio familiar fue implementado para los soldados profesionales a partir del decreto 1794 de 2.000 , el cual posteriormente fuera derogado por el decreto 3770 de 2009 , que el go bierno nacional expid ió el decreto 1161 de 2.014, creando nuevamente dicho subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina que no lo percib ían a la luz, precisamente, del referido

3 Fs. Estante digital. Archivo en PDF N° 01. Exp. electrónico. 4 Fs. Estante digital. Archivo en PDF N° 39. Exp. electrónico.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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decreto 1794 de 2 .000, estableciendo, además, que dicha partida sería tenida en cuenta como partida computable para liquidar la asignación de retiro.

No obstante, con la sentencia expedida el 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado , mediante la cual se declaró la nulidad , con efectos ex tunc , del

en cuenta como partida computable para liquidar la asignación de retiro.

No obstante, con la sentencia expedida el 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado , mediante la cual se declaró la nulidad , con efectos ex tunc , del decreto 3770 de 2.009, esto es, dejando sin efecto s la derogatoria del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000, con lo cual revivió los efectos jurídicos de esta norma.

De ahí que, al hallar probado que las nupcias del actor se presentaron desde antes de la emisión del decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, esto es, en vigencia del decreto 1794 de 2000, surgió para el demandante el derecho al reconocimiento del subs idio familiar pretendido, es decir, en la forma prevista en el artículo 11 de la precitada norma, en el equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad; no obstante que la entidad reconoció dicho subsidio bajo los términos del decreto 1161 de 2014, en tanto mientras estuvo vigente el decreto 3770 de 2009 no podía reconocérsele el subsidio familiar con base en el decreto 1794 de 2000. Que, sin embargo, una vez expulsado del mundo jurídico el decreto 3770 de 2009 y revivido el decreto 1794 de 2000, es esta norma y no el decreto 1161 de 2014 la que regula lo concerniente al d erecho al subsidio familiar de la parte accionante, dad a la fecha en que contrajo matrimonio y estuvo vigente su vinculación.

Indicó que las dos disposiciones eran excluyentes, pues si un soldado

concerniente al d erecho al subsidio familiar de la parte accionante, dad a la fecha en que contrajo matrimonio y estuvo vigente su vinculación.

Indicó que las dos disposiciones eran excluyentes, pues si un soldado profesional tenía derecho a percibir el subsidio familiar con base en el decreto 1794 de 2.000, quedaba automáticamente excluido del subsidio establecido en el decreto 1161 de 2 .014, como expresamente lo dispone el parágr afo 3° de l artículo 1° de esta última disposición.

En consecuencia, ordenó a la demandada reconocer y pagar a favor del actor la partida de subsidio familiar, conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del 12 de septiembre de 2008 y hasta la fecha de su retiro del servicio; pudiendo la entidad descontar de este valor las sumas canceladas por este concepto, teniendo en cuenta que a partir de la vigencia del decreto 1161 de 2014 se le reconoció el subsidio familiar conforme a lo dispuesto en su artículo 1°.

Finalmente, aplicó el término de prescripción trienal previsto en el decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta que el actor elevó su pet ición el 15 de febrero de 2.018, por lo que las diferencias causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2.015 se encontraban prescritas.

2.4. Recursos de apelación.

En oportunidad , tanto la parte demandante como la parte demandada instauraron recurso de apelación contra la sentencia de instancia.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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instauraron recurso de apelación contra la sentencia de instancia.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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2.4.1. Parte demandante5.

No comparte la declaratoria de prescripción aplicada por la a quo, pues aduce que fue a partir de la declaratoria de nulidad dispuesta por el Consejo de Estado que los soldados profesionales tuvieron la posibilidad de reclamar el reajuste del subsidio familiar en los términos del ar tículo 11 del decreto-ley 1794 de 2000, actuación que se les imposibilitaba jurídicamente con anterioridad.

Que para interrumpir el fenómeno jurídico de la prescripción , el demandante tenía un término de 4 años contados a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017 y el auto del 8 de septiembre de 2017, actuación que ejecutaron oportunamente con la reclamación instaurada 15 de febrero de 2018.

Así las cosas, no se configura fenómeno prescriptivo alguno; por lo que solicita se modifique la decisión de primer grado en lo concerniente a la prescripción.

2.4.2. Apelación parte demandada6.

Reitera los argumentos expuestos desde la contestación de la demanda, para indicar que el acto administrativo atacado goza de presunción de legalidad, en tanto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, motivado en debida forma, sin que hubiera sido expedido en forma

indicar que el acto administrativo atacado goza de presunción de legalidad, en tanto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, motivado en debida forma, sin que hubiera sido expedido en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

Insiste en que lo peticionado por el actor no es jurídicamente viable, ya que la norma aplicable es el decreto 1161 de 2 .014, al cual se ajustó el acto administrativo demandado, norma que estaba vigente para la fecha de los hechos; por lo que no se vulneran los derechos ni legales ni constitucionales del demandante.

Solicita, en consecuencia, se revoque la sentencia de instancia y , en su lugar, se denieguen las súplicas de la demanda.

III. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia.

Está radicada en cabeza de esta Corporación por expresa disposición del artículo 153 del C.P.A.C.A.

3.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar , conforme a los argumentos de la alzada de la parte demandada, si hay lugar a revocar la sentencia de instancia en tanto accedió a las pretensiones de la demanda, al dispo ner por parte de la NACIÓN

5 Estante digital. Archivo en PDF N° 45. Exp. Electrónico. 6 Estante digital. Archivo en PDF N° 41. Exp. ElectrónicoExpediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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-MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL el reajuste del subsidio familiar del actor en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000, desde la adquisición del derecho hasta que se produzca el retiro del servicio , para, en su lugar, negar las pretensiones de la misma.

De otra parte, deberá determinarse, conforme a los argumentos de la alzada del demandante, si, en el evento de confirmarse la sentencia de instancia, hay lugar a modificar la para, en su lugar, disponer sob re la no operancia de l fenómeno de la prescripción con anterioridad al 15 de febrero de 2.015.

3.3. De los efectos jurídicos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Sobre este aspecto ha de decirse que los efectos de la nul idad serán siempre ex tunc cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, pero, en tanto se trate de actos administrativos de contenido general, los efectos de la sentencia deben ser ex nunc en virtud de la asimilación material de estos con la ley.

Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:

“(…) Bajo el entendido de que la ley en sentido material es tan general como la ley en sentido formal, cierta doctrina judicial del Consejo de Estado de manera acertada precisó que los efectos de nulidad de los actos administrativos de carácter general deben ser los mismos que se predican para la inexequibilidad , “(…)

sentido formal, cierta doctrina judicial del Consejo de Estado de manera acertada precisó que los efectos de nulidad de los actos administrativos de carácter general deben ser los mismos que se predican para la inexequibilidad , “(…) porque naturalísticamente se trata del mismo fenómeno, la diferencia radica en el órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto (…)”. En ese entendido, habida cuenta de que “La nulidad en el proceso contencioso administrativo (…) sólo busca que el orden jurídico del Estado sea reparado, [e] involucra una pretensión general y no particular (…) el efecto de la n ulidad de be respetar sin duda las situaciones que se han desprendido del acto nulo, constituyendo decisión independiente. Por eso, tratándose de las situaciones jurídicas creadas y consolidadas en vigencia de la ley (en sentido material y formal), no se af ectan, en virtud de la declaratoria de nulidad o de inexequibilidad de esa ley o norma jurídica a cuyo amparo se consolidaron. El cumplimiento de esa obligación, como situación jurídica, se concreta en el acto jurídico de un deber cumplido que, como tal, s e entiend e configurado y consolidado en vigencia de las citadas normas”7.

Y sobre los efectos del fallo ha dicho el Alto Tribunal:

“… para la Sala es claro que esas sentencias no tienen efectos retroactivos, como parece creerlo la parte actora. Por el c ontrario, esas sentencias tienen efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, porque si bien los actos administrativos de carácter general, con fundamento en el criterio orgánico y en sentido formal no son Leyes, sí lo son con fundamento en el criterio mate rial, porque, al

nunc, es decir, hacia el futuro, porque si bien los actos administrativos de carácter general, con fundamento en el criterio orgánico y en sentido formal no son Leyes, sí lo son con fundamento en el criterio mate rial, porque, al igual que la ley, tales actos también mandan, prohíben o permiten”8.

De la misma manera ha señalado que:

7 Consejo de Estado, Secci ón Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2011 (Exp. 76001-23-31-000-2005-02192-01 (17139). 8 Consejo de Estado, sección cuarta, Sentencia del 21 de julio de 2011 expediente 1100103270002007000500 (16356).Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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“…las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general o actos normativos tienen incidencia en las situacione s jurídic as no consolidadas9. Las consolidadas antes de la declaratoria de nulidad, consolidadas quedan.

… por tanto, esas sentencias no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, esto es, aquellas que resultan de la ejecutoria y ejecutividad de actos administrativos particulares y concretos, porque ya están vencidos los plazos para demandarlos judicialmente , y también cuando ha prescrito el derecho a pedir la devolución, por vencimiento del término establecido en la ley para ese efecto.

de actos administrativos particulares y concretos, porque ya están vencidos los plazos para demandarlos judicialmente , y también cuando ha prescrito el derecho a pedir la devolución, por vencimiento del término establecido en la ley para ese efecto.

Así, la Sa la ha adv ertido que si un particular, al amparo de una ley o acto administrativo general, adquiere un derecho determinado, se consolida a su favor una situación jurídica que no puede ser afectada por la sentencia que anule la norma o el acto general.

… asimismo, si, bajo determinada ley o acto general, un particular debió atender una obligación, eso significa que a su vez se consolida un derecho en favor de otro (que puede ser el Estado) y que, en este caso también se consolidan situaciones jurídicas para ambos sujetos10.

En ese sentido, en la sentencia que se trae a colación, la Sala concluyó que ni la inexequibilidad de la ley ni la nulidad del acto administrativo normativo o general pueden implicar ope legis que se deshagan las situaciones que se consolidaron para sostener que nunca existieron y que las cosas volverán al estado en que se encontraban antes, lo que suele resultar incluso imposible”11.

En consonancia con lo anterior, el Órgano de Cierre ya había señalado lo siguiente:

“Al respecto, se reit era que, de acuerdo con el artículo 175 del Decreto Ley 01 de 1984, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, y la nulidad de los actos generales, declarada por la jurisdicción de lo co ntencioso administrativo,

1984, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, y la nulidad de los actos generales, declarada por la jurisdicción de lo co ntencioso administrativo, tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo.”12

Por su parte, la Corte Constitucional13 precisó:

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Cuarta. Sentencia del 13 de junio de 2013. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación: 250002327000200800058 01 (17973). 10 Ibídem. 11 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA. Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Radicación: 630012331000201000351 01 No. Interno: 19938 Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión Empresarial Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familia r ICBF La Nación – Ministerio de la Protección Social Devolución de Aportes Parafiscales.

12 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Bogotá, D.C.,

veinticuatro (24) de Julio de dos mil quince (2015) Radicación: 760012331000200 801020-01 No. Interno: 19544

Asunto: Acció n de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Universidad Autónoma de Occidente Demandado: Municipio de Santiago de Cali. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 13 T121 de 2.016.Expediente No. 18001-33-33-001-2018-00664-01

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Demandante: Nelson Enrique Angulo Alegría y Otros

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Subsidio familiar SLP.

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“2.2. De los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado.

2.2.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237-2 de la Constitución Política, el Consejo de Estado conocerá de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Este Tribunal, al respecto, ha precisado que la competencia del Consejo de Estado recae sobre todos aquellos decretos que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional.14 De igual manera, se atribuye la competencia residual para conocer de los actos de contenido normativo que expide el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Banco de la República, los cuales si bien no tienen fuerza de ley, tienen importancia dentro del ordenamiento jurídico, así como los reglamentos del Presidente de la República que pretendan modificar o adicionar una ley.15

el Consejo Nacional Electoral, el Banco de la República, los cuales si bien no tienen fuerza de ley, tienen importancia dentro del ordenamiento jurídico, así como los reglamentos del Presidente de la República que pretendan modificar o adicionar una ley.15

2.2.2 A diferencia de la inexequibilidad, salvo que el fallo de la Corte expresamente disponga lo contrario, la anulación de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se entiende retirado del mundo jurídico desde el nacimiento, razón por la cual se retrotraen las cosas al estado anterior, esto por cuanto el estudio de su legalidad se remite al origen de la decisión. El Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ha adoctrinado que la diferencia entre la declaración de nulidad, y la de inexequibilidad, parte del supuesto que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe volver al estado anterior a su vigencia.16 Ahora bien, los efectos ex tunc no generan un inmediato restablecimiento de las situaciones que se hayan causado en vigencia de la norma retirada del ordenamiento jurídico, en cada caso, debe examinarse si se encuentran situaciones jurídicas consolidadas, las cuales, en atención al principio de seguridad jurídica, no pueden alterarse.17

(…)

2.2.4. Cabe destacar que frente a los efectos de las sente