TA CAQ - 1800133330012019-000840-01-(19-10-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, diecinueve (19) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Funcionamiento puesto de salud Medio de Control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Defensoría del Pueblo Regional

Caquetá Demandado: E.S.E Sor Teresa Adele y otro Radicación: 18001-33-33-001-2019-00084001

Acta de discusión: 66 de la fecha

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la ESE Sor Teresa Adele contra la sentencia de 26 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratarán los siguientes temas: el marco normativo y jurisprudencial del tanto del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, así como el derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Gerney Calderón Perdomo , defensor del pueblo de la regional Caquetá actuando en nombre propio interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra de la Gobernación del Caquetá - Secretaría de Salud Departamental, el Municipio de Puerto Rico y la E.S.E Sor Teresa Adele, solicitando que se protejan los derechos colectivos a la moralidad

derechos e intereses colectivos en contra de la Gobernación del Caquetá - Secretaría de Salud Departamental, el Municipio de Puerto Rico y la E.S.E Sor Teresa Adele, solicitando que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, vulnerados por las accionadas por la no puesta en funcionamiento del centro de salud ubicado en el corregimi ento de Río Negro del Municipio de Puerto Rico y pidió que se les ordenara procedieran en consecuencia.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que se aduce como soporte de las pretensiones se circunscriben a que:

• El 23 de agosto de 2019, en curso de una visita que realizó la Defensoría Regional del Pueblo al corregimiento de Río Negro, del municipio de Puerto Rico, se recepcionó una queja, en la cual informó que desde el 2015, fue construido un centro de salud para ese sector, sin que hubiese sido puesto

1 Folio 1-22 Cuaderno Principal No 1Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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en funcionamiento, pese a las peticiones presentadas por la Junta de Acción Comunal.

• En esa misma fecha, se efectuó visita a lugar donde funcionaba el centro de salud, encontrando que era una casa de habitación por la que se cancelaba un canon de arrendamiento . Se evidenció que la entidad no contaba con la

Comunal.

• En esa misma fecha, se efectuó visita a lugar donde funcionaba el centro de salud, encontrando que era una casa de habitación por la que se cancelaba un canon de arrendamiento . Se evidenció que la entidad no contaba con la infraestructura adecuada, lo que generaba traumatismos para la atención de la población. Se señaló además que la obra construida para el centro de salud no estaba siendo utilizada desde el año 2015 y que estaba en total abandono por parte de las autoridades administrativas, lo que motivó que se presentaran sendas solicitudes de información, fr ente a las cuales, se comunicó que la infraestructura no c ontaba con algunos servicios públicos, tampoco con cuarto para residuos sólidos, ni tanque de almacenamiento, circunstancias estas que denotaban, según el demandante popular, un total abandono.

2. Contestación2

2.1 E.S.E Sor Teresa Adele3

Dijo el apoderado de la entidad que la prestación del servicio de salud de los usuarios que pertenecen a la Jurisdicción urbana y rural del Municipio de Puerto Rico fue contratada con la E.P.S. ASMET SALUD y que el mismo se prestaba en la cabecera municipal y no en el Centro Poblado del corregimiento de Río Negro.

Indicó que l a responsabilidad de la E .S.E. se circunscrib ía a los servicios de modalidad extramural, los cuales se realizaban a distancia, en los componentes de promoción, prevención y se operativizan a través de las brigadas o jornadas de salud, las que habían sido adelantadas en el corregimiento de Río Negro, por lo que no era posible asegurar que a la población se le hubiese negado la prestación de los servicios de salud.

salud, las que habían sido adelantadas en el corregimiento de Río Negro, por lo que no era posible asegurar que a la población se le hubiese negado la prestación de los servicios de salud.

Aseguró que la disminución de los recursos en las E .S.E. para la prestación de servicios de salud agudizó la crisis en todo el Departamento, por lo que aquellas, se habían visto obligadas a implementar medidas adicionales de austeridad en el gasto, como el traslado de promotoras de salud ubicadas en los Puestos de Salud de la zona rural a las sedes de la IPS en la cabecera municipal, con el propósito de reemplazar a los contratistas de servicios asistenc iales y garantizar a los usuarios la prestación oportuna de servicios de salud, detección temprana y protección específica, que la atención en el área rural se brinda a la población de forma periódica teniendo en cuenta la frecuencia de uso de servicios, c on los equipos asistencial extramural en los municipios del área de influencia de la E.S.E.

Pidió que se vinculara como litisconsorte necesario a la EPS Asmet Salud, Medimas, Nueva EPS, Famac ltda. y a la Unidad Médica Santa Sofía Ltda. de Puerto Rico Caquetá quienes comparten la responsabilidad directa en la prestación de los servicios de salud con la población afiliada a su cargo.

2.2 Departamento del Caquetá4

Aceptó como cierto la mayoría de los hechos y como argumentos de defensa aludió a que conforme lo preceptúa la Ley 1122 de 2007, son las Entidades Promotoras de Salud las encargadas de suministrar al paciente la integralidad de la prestación del servicio médico requerido, entendiendo que el mismo es ordenado por el médico

a que conforme lo preceptúa la Ley 1122 de 2007, son las Entidades Promotoras de Salud las encargadas de suministrar al paciente la integralidad de la prestación del servicio médico requerido, entendiendo que el mismo es ordenado por el médico tratante siempre en garantía del óptimo desarrollo del tratamiento médico asignado.

2 Archivo 3 del expediente judicial electrónico 3 Folio 56-68 C.Ppal 1 4 Folio 76-83 C.Ppal 1Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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Expuso que la responsabilidad de la E.S.E. en el municipio de Puerto Rico y dentro de la estructura de los Servicios de Salud, se circunscribe a los servicios de modalidad extramural, que son aquellos servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso, que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados.

Aseguró que a la Gobernación del Caquetá- Secretaría de Salud Departamental no le asiste un ejercicio operario en la prestación de servicio de salud de manera directa, por lo que, no es este ente el llamado a responder por el posible perjuicio que se llegare a derivar, responsabilidad que le corresponde atender a l a entidad prestadora del servicio de salud, es decir, la E .S.E. SOR TERESA ADELE, argumento éste que le valió para proponer la excepción la limitación al contenido obligacional de los derechos.

2.3 Municipio de Puerto Rico5

prestadora del servicio de salud, es decir, la E .S.E. SOR TERESA ADELE, argumento éste que le valió para proponer la excepción la limitación al contenido obligacional de los derechos.

2.3 Municipio de Puerto Rico5

Para la entidad no se vulneran los derechos colectivos invocados por no existir un puesto de salud o un hospital en determinada comunidad, máxime cuando se reconoce que el servicio se está prestando en una casa en arrendamiento donde es atendida la demanda de salud de esta comunidad, por un médico y una enfermera.

Argumentó que la falta de presupuesto torna imposible extender la cobertura a todas las necesidades que en esta materia tiene la municipalidad y que la Nación junto con el Departamento están llamadas a responder dentro del trámite constitucional , solicitando por tanto su vinculación.

Agregó que se culminó la construcción del puesto de salud y se dotó de energía y agua potable, sin embargo, la ESE Sor Teresa Adele, se ha negado a recibir la obra, alegando que carece de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual, no podría edificarse ante la insuficiencia de recursos de la entidad territorial.

3. Sentencia de primera instancia6

En la sentencia del 26 de junio de 2023, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

“PRIMERO: DECLARAR que el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y la ESE SOR TERESA ADELE están vulnerando el derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que gar anticen la salubridad pública, por las razones contenidas en la parte motiva de la presente providencia

TERESA ADELE están vulnerando el derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que gar anticen la salubridad pública, por las razones contenidas en la parte motiva de la presente providencia

SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y la ESE SOR TERESA ADELE realizar las adecuaciones estructurales, de equipos, y en general, de cualquier falencia que se presente en el centro de salud del corregimiento de Ríonegro y que no permita la prestación del servicio de manera óptima y adecuada.

Para el cumplimiento de lo ordenado en este ordinal se concederá un plazo de un (1) año a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR que no se encontró vulneración a los derechos colectivos a i) la moralidad administrativa, y; ii) la defensa del patrimonio público, por las razones contenidas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de LIMITACIÓN AL CONTENIDO OBLIGACIONAL DE LOS DERECHOS propuesta por el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, por las razones contenidas en la parte motiva de la presente providencia.

5 Folio 85-94 C.Ppal 1 6 Archivo 98 del expediente judicial electrónico.Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento de la presente sentencia, así: Procurador Judicial que designe el Ministerio Público; los

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QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento de la presente sentencia, así: Procurador Judicial que designe el Ministerio Público; los representantes y/o delegados de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO,

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, ESE SOR TERESA ADELE y MUNICIPIO DE

PUERTO RICO.

(…)”

Luego de establecer el marco normativo y jurisprudencial de las acciones populares y de los derechos sobre los cuales se pidió su protección, señaló que las pruebas recaudadas eran indicativas de que, a la fecha de presentación de la acció n constitucional, el centro de salud del corregimiento de Río Negro del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, se encontraba en una casa de habitación que había sido dispuesta para atender a la población, la cual no cumplía con los estándares físicos, biológicos y sanitarios y que aunque se había construcción de un nuevo puesto de salud, este presentaba falencias, tales como filtraciones, humedad, destrucción, deterioro, falta de funcionamiento de los sanitarios, “medicamentos vencidos, instrumentos en mal esta do y faltos de asepsia, nevera de conservación de medicamentos desconectada y presentando fallas, equipos en malas condiciones, tales como, tensiómetro, báscula, laringoscopio, autoclave y camilla” aspectos que representan un riesgo para la salud humana y una vulneración de los derechos colectivos de la comunidad.

Indicó que como en el sub lite no se contó con documento que acreditara si el Municipio de Puerto Rico se encontraba certificado en salud, sería el Departamento

representan un riesgo para la salud humana y una vulneración de los derechos colectivos de la comunidad.

Indicó que como en el sub lite no se contó con documento que acreditara si el Municipio de Puerto Rico se encontraba certificado en salud, sería el Departamento del Caquetá y la E.S.E. SOR TERESA ADELE –entidad descentralizada a través de la cual se presta el servicio de salud, los que deberían efectuar las adecuaciones físicas, de equipos y en general de cualquier falencia que se presentara en el centro habilitado en el corregimiento d e Río Negro que no permitiera la prestación del servicio de manera óptima.

4. Los recursos de apelación

4.1 Departamento del Caquetá7

Enfatizó en que el derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública no se ve afectado, conforme a la certificación suscrita por la gerente de la E .S.E. SOR TERESA ADELE de fecha 20 de junio de 2023, con la que se evidencia que el centro de salud del corregimiento de Rio Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, se encuentra habilitado desde el año 2014 y que a la fecha ha venido prestado las atenciones en salud a la po blación sin interrupción alguna.

Adicionó que la juez a de instancia no tuvo en cuenta el testimonio rendido por la Directora de Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental en audiencia de pruebas del 13 de junio de 2023, con el que señaló que “desde el año pasado se realizó una gestión ante el Ministerio de Salud dio unos recursos para hacer unos arreglos al centro de salud, por el orden de cien millones de pesos, para

pasado se realizó una gestión ante el Ministerio de Salud dio unos recursos para hacer unos arreglos al centro de salud, por el orden de cien millones de pesos, para que la ESE adelante el proceso contractual, la Secretaría de Salud hace la vigilancia, inspección y control para que los recursos sean ejecutados… la prestación del servicio es en normalidad” , dicho dinero fue asignado mediante la Resolución 2772 del 27 de diciembre de 2022, con el que se suscribió el contrato de Obra No. 234 del 24 de mayo de 2023, cuyo objeto es el “mejoramiento y adecuación del centro de salud rio negro de la sede de puerto rico de la Ese Sor Teresa Adele”.

77 Archivo 78 del expediente judicial electrónicoMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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Para la parte impugnante, resulta claro que al Departamento del Caquetá - Secretaría de Salud Departamental no le asiste un ejercicio operario en la prestación de servicio de salud de manera directa, pues su responsabilidad se ciñe a realizar un control y vigilancia de la actividad, razón por la cual no puede ser sujeto de condena por falla en la prestación de servicio médico asistencial a los usuarios del sector salud.

Dijo que conforme lo prevé el artículo 44.3.2 de la Ley 715 de 2001, le incumbe a los municipios, sin especificar que estén o no certificados en salud, establecer la situación de salud en su territorio y propender por el mejoramiento de sus condiciones determinantes y que las necesidades relacionadas con el

los municipios, sin especificar que estén o no certificados en salud, establecer la situación de salud en su territorio y propender por el mejoramiento de sus condiciones determinantes y que las necesidades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura del puesto de salud ubicado corregimiento de Rio Negro, municipio de Puerto Rico - Caquetá, son en principio, responsabilidad de la ESE SOR TERESA ADEL E y el municipio de Puerto Rico, lo que al paso da lugar a la configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.2 E.S.E. SOR TERESA ADELE8

Según el apoderado de la entidad, la juez a de instancia no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas por la entidad, con las que se pone de presente que “esta entidad financieramente no puede colocar un servicio de salud las 24 horas en el corregimiento de Aguililla de Puerto Rico Caquetá (…) la ESE SOR TERESA ADELE contrató con la EPS ASMET SALUD una gran cantidad de usuarios que pertenecen a la Jurisdicción urbana y rural del Municipio de Puerto Rico, para la cual la ESE ofertó a la EPS servicios habilitados en el marco la Resolución 2003 de 2014, o sea el servicio médico se ofertó y se contrató para ser prestado EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO RICO y no en los Centros Poblados del corregimiento de la Aguililla.”

Prosiguió recalcando que, en las veredas de los municipios de Puerto Rico, San Vicente y Belén de los Andaqu íes, la situación de orden público es delicada por presencia de grupos al margen de la ley, lo que pone en riesgo la vida del personal

Prosiguió recalcando que, en las veredas de los municipios de Puerto Rico, San Vicente y Belén de los Andaqu íes, la situación de orden público es delicada por presencia de grupos al margen de la ley, lo que pone en riesgo la vida del personal que labora en esos puestos de salud, aspecto que no tuvo en cuenta la falladora de instancia.

Aclaró que corresponde a la s E.P.S-S suministrar al paciente la integralidad de la prestación del servicio médico requerido, entendiendo que el mismo es ordenado por el médico tratante siempre en garantía del óptimo desarrollo del tratamiento médico asignado y a los Municipios garan tizar el acceso y la atención en salud a todos sus habitantes, sin que ello obste, para que la E.S.E haya realizado las adecuaciones de infraestructura y elementos médicos para seguir prestando atención a la población del corregimiento de Puerto Rico Caquetá.

Aseguró que su representada tiene en funcionamiento el puesto de salud de Rio Negro, que suscribió contrato No 234 de 2023, cuyo objeto fue el “mejoramiento y adecuación del centro de salud Rio Negro de la sede de Puerto Rico de la Ese Sor Teresa Adele”, el acta de inicio fue suscrita el 08 de junio de 2023, el día 06 de julio de 2023, el interventor allegó los respectivos avances de obra, demostrándose así que la entidad está realizando todas las adecuaciones para que el puesto de salud tenga mejores condiciones para la atención a la comunidad y con ello garantizar la prestación del servicio en excelentes condiciones, informó que frente a los medicamentos por parte de subgerencia asistencial y coo rdinación de la sede de Puerto Rico se realiza verificación de los mismos y la enfermera lleva un control de

prestación del servicio en excelentes condiciones, informó que frente a los medicamentos por parte de subgerencia asistencial y coo rdinación de la sede de Puerto Rico se realiza verificación de los mismos y la enfermera lleva un control de estos y de los insumos de la ambulancia, relacionó el último mantenimiento

8 Archivo 83 del expediente judicial electrónicoMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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preventivo y correctivo realizado en el año 2022 de los equipos médicos con los que cuenta la E.S.E. Sor Teresa Adele – Rio Negro Caquetá.

En virtud de lo anterior, solicitó revocar los numerales primero y segundo de la sentencia recurrida por configurarse un hecho superado, que no se condenara en costas a ninguna de las partes y también refirió:

“Con todo respeto señores magistrados, atendiendo la justificación técnica y legal de la responsabilidad que le asiste con ocasión a las competencias legales asignadas a la ESE SOR TERESA ADELE dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), igualmente manifestar que el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia no valoró integralmente las competencias y responsabilidades de los actores del sistema y circunscribió l a responsabilidad en la ESE SOR TERESA ADELE. Y LA GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ Y EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, tangencialmente en la EPS Asmet Salud, no vinculó a las EPS ASMET SALUD, MEDIMAS, NUEVA EPS, no valoró ni se pronunció sobre la responsabilidad ni de las

tangencialmente en la EPS Asmet Salud, no vinculó a las EPS ASMET SALUD, MEDIMAS, NUEVA EPS, no valoró ni se pronunció sobre la responsabilidad ni de las obligaciones y competencias del prestador de servicios de salud privados, asimismo solicito se excluya de responsabilidad alguna a la ESE SOR TERESA ADELE, por hecho superado frente a las pretensiones de la acción popular de la referencia.” (negrillas y subrayas nuestras)

5. Trámite en Segunda Instancia

Mediante auto de l 30 de agosto de 20239, se admitió el recurso de apelación se ordenó notificar a las partes, sin que emitieran ningún pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa Evidencia la Sala que en el caso examinado no hay lugar a examinar el presupuesta de la caducidad por cuanto, según lo prevé el artículo 810 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares pueden incoarse en todo tiempo.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que al ser titular de la acción toda persona natural o jurídica 11, el Defensor Regional del Pueblo, contaba con la facultad de promoverla. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra

titular de la acción toda persona natural o jurídica 11, el Defensor Regional del Pueblo, contaba con la facultad de promoverla. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra el Municipio de Puerto Rico, la E.S.E Sor Teresa Adele y el Departamento del Caquetá a quienes se le atribuye la vulneración de los derechos de orden colectivo. 2.3. Problema jurídico Corresponde determinar si ¿las entidades accionadas vulneraron el derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, en atención que el Centro de Salud ubicado en el corregimiento de Río NegroPuerto Rico, con cuenta con los estánda res físicos, biológicos y sanitarios

9 Anotación 4 de SAMAI 10 “ARTÍCULO 8º.- Estados de Excepción. Las acciones populares podrán incoarse y tramitarse en todo tiempo.” 11 ARTÍCULO 12.- Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las acciones populares:

1. Toda persona natural o jurídica. (…)” ibídemMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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que este tipo de infraestructuras demanda y si tal situación en caso de ser afirmativa resulta violatoria del derecho colectivo a la moralidad administrativa?

2.4. Tesis de la Sala La Sala estima que hay lugar a modificar p arcialmente la sentencia de primera instancia, en lo relativo a declarar al Municipio de Puerto Rico, vulnerador del derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la

2.4. Tesis de la Sala La Sala estima que hay lugar a modificar p arcialmente la sentencia de primera instancia, en lo relativo a declarar al Municipio de Puerto Rico, vulnerador del derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, en atención a que conforme lo consagra el artículo 311 superior y 44.3.2 de la ley 715 de 2001, las entidades territoriales están en la obligación de prestar y propender por el mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes de su jurisdicción. Dirá además la Sala que, aunque se probó que las demandadas han realizado actuaciones para enderezar la superación de la situación, las mismas han resultado insuficientes en la medida en que conforme lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la protección al derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública , se extienden a garantizar que la comunidad pueda acceder a las instalaciones y en general que se evite cualquier tipo de situación que amenacen el estado de sanidad comunitaria , lo que incluye que esté en pleno funcionamiento los elementos y servicios.

Así, atendiendo a los informes rendidos por el Departamento del Caquetá y el Municipio de Puerto Rico, el 20 de abril y 1 3 de junio de 2023, se evide nció que continúa latente la vulneración del derecho protegido en la primera instancia, como también al de la moralidad administrativa , toda vez que: (i) las baterías sanitarias no trabajan adecuadamente por falta de acoples y accesorios y por no estar bie n fijados, lo que permite la diseminación de aguas negras, (ii) algunos aparatos tales

no trabajan adecuadamente por falta de acoples y accesorios y por no estar bie n fijados, lo que permite la diseminación de aguas negras, (ii) algunos aparatos tales como el tensiómetro, la báscula, el termómetro de la nevera y el laringoscopio, presentan irregularidades técnicas que no permiten su uso en condiciones óptimas y (iii) la falta de organización de los medicamentos e insumos y de limpieza de los materiales, amenaza el estado de sanidad comunitaria.

2.5. Asunto previo Debe señalar la Sala, que el apoderado de la E.S.E Sor Teresa Adele, al sustentar la apelación, trajo argumentos que no tienen nada que ver con el objeto de la Litis y que se relacionan con un asunto donde resulta implicado el corregimiento de Aguililla de Puerto Rico Caquetá, el cual fue tratado por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en el medio de co ntrol de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos que se siguió con la radicación 18-001-33-33-002-2020-00424-0012. En ese orden y atendiendo a que el art. 320 del C.G.P, limita la competencia del Tribunal para examinar “ la cuestión decidida”, se tiene que la correspondía al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia esbozó para tomar su decisión, a efectos de solicitarle al superior que decida sobre aquello con lo que se encuentra inconforme, de esta manera, solo ser án objeto de análisis aquellos argumentos que tienen relación directa con la sentencia de primera instancia, esto es, la vulneración del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública frente al centro d e

aquellos argumentos que tienen relación directa con la sentencia de primera instancia, esto es, la vulneración del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública frente al centro d e salud del corregimiento de Rio Negro.

2.6. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos invocados por el actor.

1.1.1. Sobre el medio de control de protección de los d erechos e intereses colectivos.

12 Conforme a la consulta realizada en SAMAIMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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El artículo 88 de la Constitución Política estableció que “la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.”

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló la acción popular, la cual tiene como finalidad la protección de l os derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

El artículo 2º de la citada ley puntualiza, en efecto:

“ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar

“ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”

El objetivo esencial de la acción popular es, pues, la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, de manera que, si han sido afectados, se haga cesar los efectos de su quebrantamient o, si ello es posible. Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares, que vulnere o amenace esos intereses.

Es una acción pública, de la que la misma ley regula su cauce procesal, fundado en la prevalencia del derecho sustancial, con atención especial a los principios de publicidad, economía, celeridad y eficacia.

En el artículo 4º de la normativa en comento se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desa rrollo s